Breve análisis de la formación de la Coalición Nacional

Por Federico Ilich

1. ¿Una amalgama de organizaciones?

Una frase archiconocida dice que “la unidad hace la fuerza”, expresando que al unirse sectores diversos aumentan su potencia y su radio de acción. Indudablemente que es cierto, con una salvedad: si las fuerzas que se unen no tienen objetivos claros y sólo es para aparentar, el proceso unitario más bien podría generar debilidad y no enrumbarse hacia ningún lado.

La UNAB y la Alianza Cívica, utilizando el criterio de que el pueblo y la comunidad internacional demandan la unidad de la oposición, han procedido a conformar, junto a otros actores políticos, lo que hoy conocemos como la Coalición Nacional (CN). Esta Coalición Nacional está formada por la UNAB (que no ha dejado de ser una amalgama de pequeñas agrupaciones espontáneas, movimientos en ciernes y ONG, supuestamente autónomas); la Alianza Cívica (cuya característica principal es representar los intereses de los grandes empresarios); el Partido Liberal Constitucionalista (partido zancudo que se ha caracterizado por establecer aciagos acuerdos con el FSLN); el Partido Restauración Democrática (mini partido zancudo de reciente formación con la venia del CSE orteguista); el partido Fuerza Democrática Nicaragüense (mini partido creado con vestigios de lo que fue el movimiento de la resistencia, alguna vez aliado de Ortega), el Movimiento Campesino (un movimiento social protagonista importante de las jornadas de abril, pero seriamente golpeado en sus estructuras por la represión orteguista) y una representación estudiantil (delegados de otro movimiento social incipiente, cuya representatividad es seriamente dudosa). En fin, una yuxtaposición de grupos con capacidades, intereses, atribuciones, campos de acción y responsabilidades diversas. Sus principales características son la diversidad de intereses, pluralidad de pensamientos y la dispersión.


2. El programa de la Coalición Nacional

Los propósitos u objetivos (su programa) de la Coalición Nacional están expresados en su “Misión”:

  • Transitar de la dictadura a la democracia con elecciones libres, transparentes, con observación irrestricta nacional e internacional en las que los ciudadanos puedan elegir a sus autoridades nacionales, regionales y municipales para acceder al poder.
  • Construir una Nicaragua con sólida institucionalidad democrática con justicia, sustentada en el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y de la soberanía nacional.
  • La formulación de una agenda de nación que promueva un modelo de desarrollo político, social, económico, pluriétnico y pluricultural incluyente, equitativo, pertinente, y sostenible, con igualdad de oportunidades sobre la base de la representación y diálogo de los diversos sectores de la sociedad y todas las regiones del país.
  • Promover la inversión nacional e internacional a fin de incrementar el empleo formal y digno, la reducción de la pobreza a través del impulso productivo y económico de la nación, la dinamización de todos los sectores económicos mejorando sustancialmente la calidad de vida de los nicaragüenses a través de inversiones en los sectores salud, educación y una seguridad social incluyente y de calidad.
  • Combate frontal contra la corrupción y el nepotismo, promoviendo la cultura de la transparencia.

El aspecto medular del programa se circunscribe al primer punto, el resto son objetivos de relleno que pueden ser expresados por cualquier político demagógico, ya que son generalidades. El propósito del primer punto se expresa como el “transitar de la dictadura a la democracia con elecciones libres, transparentes, con observación irrestricta nacional e internacional”.

Es decir, todo el accionar de la Coalición Nacional se realizará en función de librarnos de la dictadura a través de elecciones libres, transparentes, etc. Poniendo las cosas al revés. Porque la verdad incuestionable es precisamente lo contrario; solo pueden haber elecciones libres si previamente nos deshacemos de la dictadura, o dicho en sus términos: solo se puede “transitar a la democracia” extirpando primero el cáncer de la dictadura.

Todo el enfoque del protocolo de la Coalición Nacional está en función de una estrategia electorera para salir de Ortega, es decir, de una estrategia inviable.

La táctica fundamental en la implementación de esta estrategia lo constituye la negociación con la dictadura de las reformas electorales, donde se pretende obtener concesiones de la dictadura a partir de la presión internacional. De igual manera que Iniciativa por el Cambio, cuya apuesta (por eso suplican) consiste en que la “comunidad internacional” lleve a efecto acciones, incluido un operativo militar, que saque a Ortega del poder e instaurar su “gobierno de transición”, la Coalición Nacional apuestan a que la “comunidad internacional” presione a Ortega para que éste ceda en las reformas electores para que pueda otorgar “elecciones libres, transparentes, con observación irrestricta nacional e internacional”. Ambos no proponen a la ciudadanía un plan de lucha contra la dictadura y en favor de la democracia.


3. Una organización disfuncional

Como no es una alianza para luchar y movilizar a la población y mediante la presión popular salir de la dictadura, crearon una estructura organizativa federativa, otorgando igual representatividad a organizaciones con disímiles capacidades y potencia política. Se parte de que es un acuerdo entre iguales, lo cual constituye una tremenda falsificación de la realidad.

Con la estructura organizativa federativa se pretende que cada organización mantenga su autonomía, aunque contradictoriamente se deben crear estructuras de base comunes (los comités municipales y regionales) pensados desde una óptica electorera. Esa es una contradictio in adjecto, por cuanto las estructuras de base comunes sólo son posibles en una organización política centralizada, con una concepción política homogénea y una dirección política que tiene legitimidad entre quienes la integran. Con agrupaciones que tienen autonomía política, financiera y organizativa, la creación de organismos comunes es misión imposible, pues el principio de autonomía permite a sus integrantes actuar de manera diversa e impiden su funcionamiento.

El puesto clave dentro de toda esta arquitectura organizativa será la del secretario ejecutivo, que posiblemente será designado a Juan Sebastián Chamorro. Digo esto por cuanto el funcionamiento rotativo de las coordinaciones, la toma de decisiones por consenso (otorgando capacidad de veto a cada organización miembro), la atomización de la participación ciudadana a través de comisiones unifuncionales y comités municipales y departamentales con los mismos o más vicios (igualitarismo, rotación por sorteo de las coordinaciones, toma de decisiones por consenso, etc.) del comité nacional, conllevarán a que las decisiones se tomen burocráticamente en el puesto de quien maneja los recursos, y este será indudablemente el Secretario Ejecutivo o el gerente.

Por otro lado, conociendo el carácter clientelista y oportunistas de algunas de las organizaciones participantes es evidente que se darán problemas por la repartición del pastel que consiste, entre otros, los recursos externos que se espera aportarán para construir y fortalecer la Coalición Nacional. Ya no digamos cuando se inicie la pugna por la selección de cargos de elección popular. Por lo que todo indica que la Coalición va a ser disfuncional y se despedazarán entre quienes la integran más temprano que tarde.

4. Una alianza excluyente

Otro elemento que expresa el carácter retardatario de la Coalición es que está concebida como una fuerza excluyente, una especie de organismo de carácter monopólico en lo político. Y, aunque tímidamente plantean la posibilidad de que otras organizaciones políticas puedan integrarse, ponen una limitación inconcebible para fuerzas que se denominan democráticas y que están luchando contra una dictadura corrupta y totalitaria.

Sorpresivamente los integrantes de la Coalición han reglamentado que las fuerzas políticas con derecho a integrarse en su seno son las fuerzas zancudas, o sea, los partidos tradicionales con personería jurídica. Pues, ¿quiénes son los que tienen personería jurídica?: el PC de Alfredo César, CxL y otros zancudos ahora extintos por sus componendas. Y, como corolario, proponen como condición que el corrupto CSE sea quien otorgue las credenciales (personería jurídica) para ser parte de la Coalición. Contradiciendo el clamor popular por desconocer toda actuación de este CSE por venal y parcializado.


5. Las fuerzas emergentes poniendo la carreta delante de los bueyes

Las dos fuerzas emergentes de las jornadas de abril han sido incapaces de estructurarse como organizaciones políticas. A pesar de haber contado con el tiempo suficientes y con recursos han sido incapaces de constituirse como alternativa política de los autoconvocados. Siguen sin contar con organismos de base debidamente integrados y centralizados organizativa y políticamente. Ambos siguen siendo una amalgama de organizaciones autónomas (movimientos sociales a veces diminutos y ONG, en el caso de la UNAB, y movimientos sociales y representantes de las cámaras empresariales, en el caso de la Alianza Cívica) careciendo de estructuras políticas de base propias y diseminadas a lo largo y ancho del país. Teniendo esta carencia fundamental, y posiblemente presionados por fuerzas externas, se aventuraron a conformar la coalición con las organizaciones mencionadas en el apartado inicial de este documento. Sin estar estructurados como agrupación política se aventuraron a conformar una alianza electoral de mediano plazo, es decir, pusieron, a mi parecer, la carreta delante de los bueyes.

Los hechos indican que tanto la UNAB como la Alianza Cívica se dedicaron a conformar una instancia al estilo de la mejor ONG social, lo que corresponde a la formación de sus propios integrantes, para promover reformas electorales. De ahí la imposibilidad de dar a esta lucha un carácter político-social, porque si la dirigencia de la UNAB y la Alianza Cívica, como fuerzas emergentes y, posiblemente, legítimas, tuvieran alguna mínima formación política-partidaria debían constituir su opción política, debidamente estructurada y cohesionada como fuerza política autónoma, con su programa, sus estatutos, sus estructuras y su dirección política. Y a posteriori establecer las alianzas para fines y objetivos concretos, precisos, de corto y mediano alcance. Por ejemplo, para luchar por la libertad de los reos políticos, o bien para impulsar un paro nacional para demandar la apertura democrática, y/o bien para negociar unas reformas electorales si se miraba factible arrancarle concesiones importantes a Ortega en la perspectiva de la democratización del país. Asuntos puntuales, donde cada movimiento político concreto aporta según sus capacidades y su fuerza. Pero, claro, sólo refleja lo que llamarían el deber ser.

En tanto que la Coalición Nacional recién formada parece ser una alianza estratégica de las cúpulas, casi fusión, de dos grupos emergentes que no terminan de estructurarse, con otros actores políticos y sociales, expertos en componendas y pactos, con concepciones contrapuestas, con estructuras independientes y autónomas (sus propias tiendas de campaña) e, inclusive, con objetivos políticos diversos (más definidos por sus intereses creados).

En resumen, la Coalición Nacional es una figura organizacional hibrida con características federadas que complicará su funcionamiento y los procesos de toma de decisiones; está orientada a manejar una agenda electorera y trata de disimular el hecho de no constituir una opción desafiante al régimen para tumbarlo y remplazarlo; y es una organización excluyente y monopólica, dado que cierra puertas y construye muros que limitan su fortalecimiento como opción política. Todo parece indicar que esta “alianza estratégica” está destinada al fracaso.