Una denuncia es el acto que realiza una persona física o jurídica, de modo escrito o verbal, para poner en conocimiento de esta Auditoría Interna, un hecho que se presume irregular con respecto al manejo de los recursos institucionales, con el objetivo de que sea investigado.

Si, si a criterio del auditor las denuncias no son de su competencia o especialidad de la materia a investigar, así como en la existencia de otros procesos abiertos por los mismos hechos en otras instancias. En todos los casos anteriores, se trasladarían asegurando la confidencialidad del envío según las leyes y reglamentos que los rigen.

Al narrar los hechos puede orientarse a partir de las siguientes preguntas:

1. ¿Qué sucedió?

2. ¿Quién es el responsable?

3. ¿Cómo sucedió?

4. ¿Dónde sucedió?

5. ¿Por qué sucedió?

6. ¿Cómo afecta a la institución (Colypro)?

7. ¿Qué incumplimiento cree que hubo?

Resulta importante incluir aspectos tales como:

• Nombres

• Circunstancias

• Lugares

• Fechas

• Pretensión en relación con el hecho denunciado

• Estimación del perjuicio económico causado a la Hacienda Pública

• Pruebas (documentos, testigos)

Sí, sin embargo, según el artículo 13 del Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, no son de recepción a menos que, en casos excepcionales podrá abrirse de oficio una investigación preliminar, cuando con ésta se reciban elementos de prueba que den mérito para ello. En caso contrario, la autoridad respectiva dispondrá su archivo sin más trámite.

La R-DC-102-2019 del 14 de octubre del 2019 menciona que se le permite al denunciante el mantener su anonimato (Punto 1.3, inciso a))

Cuando esta sea anónima, según artículo 13 del Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y R-DC-102-2019 sobre Lineamientos generales para el análisis de presuntos Hechos Irregulares de la Contraloría General de la República; procede la desestimación y el archivo de la gestión cuando se presente alguna de las siguientes causales:

• a) Cuando los hechos presuntamente irregulares resulten por completo ajenos al ámbito de competencia de la Auditoría Interna.

• b) Cuando los hechos presuntamente irregulares ya hayan sido investigados o estén siendo conocidos por otra instancia con competencia para realizar el análisis y la valoración, así como para ejercer el control y las potestades disciplinarias atinentes.

• c) Cuando los hechos presuntamente irregulares, constituyan una reiteración o reproducción de asuntos o gestiones que, sin aportar elementos nuevos, refieran a temas resueltos con anterioridad por la Auditoría Interna u otras instancias competentes.

• d) Cuando los hechos presuntamente irregulares se refieran a problemas de índole estrictamente laborales que se presentaron entre funcionarios de la institución y la Administración Activa, o a desavenencias de tipo personal entre funcionarios, salvo que de los hechos se desprenda la existencia de aspectos relevantes que ameriten ser valorados por la Auditoría Interna en razón de sus competencias.

• e) Cuando el costo aproximado de los recursos a invertir para la investigación de los hechos presuntamente irregulares sea superior al valor del hecho denunciado, sin perjuicio de cualquier otra acción alternativa que en el ejercicio de sus competencias las Auditorías Internas pudieran realizar. Para aducir esta causal, la Auditoría Interna debe fundamentarse en elementos objetivos, o haber establecido de previo metodologías para el análisis de costos.

• f) Cuando el asunto denunciado refiera exclusivamente a intereses personales del denunciante, en relación con conductas ejercidas u omitidas por la Administración.

• g) Cuando del análisis inicial resulte evidente que no se ha cometido ninguna infracción al ordenamiento jurídico.