Durante las primeras semanas de febrero de este año autoridades de la Municipalidad de Turrialba, del área rectora de salud del cantón, así como de la unidad rectoría del ministerio de salud realizaron una nueva valoración de varios edificios en las márgenes del río Turrialba, ratificando que se deben mantener y hacer efectivas las órdenes sanitarias de desalojo.
Las nuevas valoraciones se realizaron a 7 inmuebles que sus propietarios habían presentado recursos de revocatoria el año anterior. Según consta en los informes finales, a cada una de estas edificaciones se les realizó una nueva investigación para verificar las razones del porqué el año anterior se habían declarado inhabitables.
En septiembre pasado se publicó el informe técnico vinculante de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias suscrito por el geólogo Julio Madrigal Mora donde se establecen los hogares y negocios que están ubicados en la zona de amenaza roja ante un nuevo evento lluvioso como el sucedido en julio del 2021.
A este documento fue al que los propietarios presentaron el recurso de revocatoria, sin embargo, según el análisis realizado por 4 profesionales, confirmaron los mismos datos suministrados en ese primer informe.
Principales puntos
En las 7 edificaciones valoradas nuevamente se identificaron algunos puntos que son las razones principales por las cuales, según las autoridades, deben ser declarados inhabitables y desalojados en un tiempo prudencial.
Entre ellos el que más aparece en la mayoría de los informes es que las edificaciones no cumplen con el retiro de 10 metros del cuerpo de agua establecido en la Ley Forestal No. 7575. Le siguen a esta, problemas de muy alta erosión por estar ubicados en la zona de amenaza roja donde se recomienda que las edificaciones que presentan esta característica no deben ni permanecer, ni ser reparadas. En todos los casos los informes apuntan a que los desalojos se realizan para resguardar la integridad física de los ocupantes.
En las valoraciones se confirmó nuevamente la orden sanitaria de desalojo, pero además se insta a que se de un acompañamiento progresivo. Dice el informe “Antes de ejecutar una orden de desalojo, se debe coordinar con las instituciones de atención social para que sean atendidos de la manera correspondiente, como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) para que los ocupantes del inmueble sean atendidos de la manera correspondiente en caso de tener una condición vulnerable y brindarles una solución de vivienda”.
Jesús Salguero Tencio: Jesús es conocido por mantener aún su trabajo de arreglo de llantas a pesar de los daños que sufrió el edificio que colinda con el río. Él sabe que la situación es dramática y asegura que pasa la mayoría del tiempo afuera ante el temor de que se derrumbe de una vez por todas. “Aquí o ha llegado nunca nadie a decirme nada de que salga y menos a darme un papel de algo. Lo único que recibí fue la ayuda económica de la cruz roja que me metieron el hombro por unos meses y estoy muy agradecido. Desde el día de las fuertes lluvias del año pasado no he parado de trabajar ni un solo día” dijo Jesus.
Más que acostumbrado está a salir de la casa ante una emergencia por lluvias. “Igual me pasó en mayo del 2002 cuando se cayó el puente y el agua del río corrió por todo lado”, comenta al mostrarnos un periódico de aquella época que ya reportaba hace 20 años su difícil situación.
“Aquí yo no vivo, aquí solo trabajo y si me cierran esto no sé a dónde me puedo llevar todas las herramientas y empezar de nuevo. Yo soy muy trabajador, pero no tengo a donde abrir otro negocio. En el barrio donde yo vivo no se permite este tipo de locales y todo mundo quiere sacarnos, pero nadie nos da una solución al problema.
Karla Carrillo Salguero: “Aquí vinieron de forma grosera y pedante a decirnos que nos teníamos que ir y demoler. Esta casa ha sido de mi familia toda una vida. Mi tío Victor “Pipo” Salguero Rivera fue un papá para mí y desde que lo amenazaron con desalojarlo se enfermo tanto del estrés y de las preocupaciones que falleció en diciembre. Ustedes me lo mataron les he dicho a los encargados. No somos delincuentes, somos víctimas” comentó Karla quien como abogada está enfrentando con recursos y demás vías, buscar una solución a la posibilidad de tener que dejar el hogar donde ha vivido siempre.
Pipo fue una persona muy reconocida en el cantón por su trabajo de sacar arena del río por muchísimos años en la calle que queda 100 metros norte de la entrada oeste del puente blanco, a donde el 16 de marzo les llegó la orden sanitaria de desalojo.
“Tenemos muchos alegatos en contra de las valoraciones que vinieron a hacer. Estos informes presentan muchísimas problemáticas a la hora de realizarse. Ya habíamos ganado un recurso anterior por la serie de incongruencias que presentaba. Ya tenemos material suficiente para volver a apelar las decisiones. Por ejemplo, dicen que mi casa no respeta los 10 metros de distancia del río, pero en el centro donde pasa el Colorado hasta hay negocios encima del río. Aquí es para todos parejo, mencionó.
Laurene Pereira Quesada: “En multiservicios La Margot ya recibimos la nueva orden sanitaria y definitivamente que estamos conscientes de lo dictado por el ministerio de salud pero lo que queremos es que nos den la posibilidad de una prórroga” dijo Laurene quien es la esposa del propietario.
Según nos comentaron, desde el día de la emergencia el año pasado y viendo las condiciones del edificio donde trabajan decidieron pedir un préstamo e invertir en una nueva edificación fuera del área de afectación del río Turrialba.
“Fue un proceso largo como usted sabe, el préstamo salió en febrero y ya estamos trabajando en la construcción del nuevo edificio, pero eso no es tan fácil ni tan rápido, así que lo que queremos es que nos den el tiempo necesario para terminar de construir y pasarnos” señaló Pereira.
Ella también indicó al igual que los anteriores casos, que ellos sienten que les ponen mucha presión a sus hogares y lugares de trabajo, pero que a las casa cercanas y negocios no les han ido a dejar ninguna orden de desalojo. “Aquí somos muchas las personas afectadas por el río y los derrumbes pero nuestros vecinos dicen que nadie les ha llegado a notificar o decir algo. No entendemos si nosotros pagamos todos nuestros impuestos y tenemos todo a ley. Solo pedimos que nos dejen trabajar” finalizó.