La administración municipal, la Junta Administrativa de la Feria, el Concejo local, la oficina de patentes, la auditoria municipal y otros entes y personas relacionados con el funcionamiento de La Feria del Agricultor, mercado libre o como le quieran llamar, NO hacen lo necesario para organizar y ordenar las actuaciones en torno a ese lugar de intercambio de productos por dinero en efectivo.
Según se desprende del dictamen entregado por la Junta Interventora del Mercado Libre, la ley prohíbe la participación de intermediarios, pero nadie le pone coto a eso, el permiso sanitario está vencido, no existen archivos que indiquen quienes tienen autorización para vender y quienes no, quienes son productores y quienes intermediarios, las tarifas están desfasadas, no hay presidente en la Junta, y esta no se reúne con regularidad, no existen actas actualizadas, en fin todo funciona en la informalidad y en el caos, relata el informe.
Según reza el informe. la auditoría municipal ofreció entregar en diciembre del 2022, el informe sobre la investigación que realiza sobre el funcionamiento del “Mercado”, sin embargo al 21 de enero del 2023, la Junta Interventora no había recibido el informe.
El informe destaca que algunos funcionarios y entes locales, no entregaron la información solicitada por la Junta Interventora, no se sabe si porque no la tienen o porque no quisieron colaborar, por ejemplo la Dra. Guiselle Solano del Area Rectora de Salud, la administración municipal en la persona del Alcalde y otros funcionarios municipales que tienen relación con el mercado de productores.
Algunas de las conclusiones del informe:
a) el incumplimiento con lo dispuesto en la Ley 6035 y su reglamento, que establecen las normas para un adecuado funcionamiento de la Feria,
b) la irresponsabilidad de la administración municipal en torno a este tema,
c) el mercado no cuenta con una estructura administrativa funcional,
d) no hay control interno de parte de los departamentos municipales correspondientes,
e) el sitio donde funciona la feria, no reúne las condiciones higiénicas que se requieren, sin que los encargados locales del Ministerio de Salud ejerzan el debido control,
f) La municipalidad le debe al INCOFER, dueño del inmueble, una suma millonaria, y no hay evidencia que tenga intenciones de honrar esa deuda, lo que podría dar al traste con el préstamo de esas instalaciones.
g) los legítimos productores no tienen prioridad en la asignación de los puestos de venta,
h) En mercado está invadido por intermediarios y no hay una base de datos donde conste quienes son los revendedores y quienes productores.