El lunes 17 de abril el portón de Colegio CTP de La Suiza amaneció con un candado, supuestamente colocado por un grupo de padres de familia que, en un comunicado, solicitaban, entre otras cosas, que destituyeran al Lic. Richard Zúñiga Mesén, como director de Colegio, y al profesor Cristián Cerdas, quien indican que se encarga de tramitar los contratos con las empresas de transporte.
Me gustaría dejar claro, dijo el director, que el responsable de la administración, soy yo, cierto que Cristian colabora, pero la responsabilidad es mía, ahora, debo explicar que tengo apenas un mes al frente de esta institución, ante esa realidad, y porque quería asegurarme de actuar a derecho, lo que hice fue elevar el asunto a la Dirección de Programas de Equidad (DPE) del Ministerio de educación (MEP), para que fueran ellos, los que dictaran lo que correspondía.
El problema surgió porque se le dio continuidad al servicio, sobre la base de contrato vigente y con las listas del año anterior, la DPE, entidad que se encarga de aportar los recursos para el transporte de estudiantes, dijo que no cancelaba el servicio prestado durante febrero marzo y los primeros días de abril, porque no se habían cumplido varios trámites administrativos, y por lo tanto el pago era ilegal.
Esta determinación provocó la reacción de los padres, quienes presentaron un pliego de peticiones y cerraron el colegio para forzar el diálogo con las autoridades del Colegio, de la Dirección Regional de Enseñanza y el MEP.
Ante el conflicto presentado, Zúñiga esperó la respuesta de la DPE, quienes habían trasladado el caso al departamento legal. La directora legal del DPR, Licda. Adriana Jiménez Ramírez, se pronunció en el sentido de ratificar la determinación de no cancelar los servicios bridados al margen de la normativa existente y sin las autorizaciones del Consejo de Transporte Público.
La representante de la empresa Montenegro, subsidiaria de Mora y Rojas que brinda el servicio de transportes, Paola Solano Montenegro, dijo que ellos dieron el servicio de buena fe, para ayudar a los estudiantes y no dejarlos sin posibilidades de asistir, el problema, dijo Solano, es que hay algunos asuntos burocráticos. “A mí me entregaron la documentación el 13 de febrero y obviamente los trámites no se hacen en dos días, en fin si no damos el servicio nos reclaman y si lo damos no reconocen el servicio brindado. Yo espero que sean conscientes y cancelen el servicio brindado”, dijo la empresaria.
Richard por su parte dijo que nunca han actuado con la intención de sacar a la empresa Montenegro, lo que pasa es que se debe entender que quienes trabajamos en el sector público, tenemos que actuar amparados en el bloque de legalidad y tenemos que respetar las normas y disposiciones vigentes, mi competencia no permite brincarme lo establecido, aunque en este caso no soy el que autorizo o desautorizo, pero si autorizara un pago a contrapelo de los requisitos, al final yo voy a asumir la responsabilidad.
“Yo espero que el asunto se resuelva convenientemente y se pueda normalizar el servicio en aquellas líneas que la empresa tenía o tenga pendiente de autorización”, terminó diciendo Zúñiga Mesén.