¿Cuál es el objetivo principal de este protocolo?
Establecer un procedimiento transparente y equitativo para la cancelación de matrícula y expulsión de estudiantes, respetando la normativa educativa chilena y garantizando los derechos de los involucrados.
¿Qué principios rectores guían la aplicación del protocolo?
Derecho al debido proceso
Confidencialidad y respeto
Proporcionalidad en las medidas
Cumplimiento de la legislación chilena (como la Ley General de Educación)
¿Cuáles son las posibles causas para la cancelación de matrícula o expulsión?
Incumplimiento grave de las normas de convivencia escolar
Conductas que atenten contra la integridad física o psicológica de miembros de la comunidad
Reiterados incumplimientos académicos, habiendo agotado previamente las medidas de apoyo
¿Cuál es el procedimiento establecido para estos casos?
Reporte del caso documentado y presentado al Consejo Escolar
Investigación preliminar con recolección de evidencia y derecho a defensa
Evaluación del Consejo Escolar, considerando medidas alternativas
Notificación oficial a los apoderados con fundamentos y vías de apelación
Derecho a apelación dentro de 10 días hábiles
Notificación a autoridades, si corresponde
¿Qué derechos tienen los estudiantes y apoderados durante este proceso?
Tienen derecho a ser informados del caso, a presentar su versión de los hechos, y a apelar por escrito dentro de un plazo de 10 días hábiles tras la notificación oficial.
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