Por Belén Pulgar

La sobrepesca o el mal uso de los recursos marinos abiertos pueden provocar su colapso. Para hacer frente a este problema, muchos gobiernos restringen el acceso a los sectores de pesca. Sin embargo, las prácticas corruptas obstaculizan los beneficios de ese método.

Los gobiernos suelen establecer una cuota que asegura la sostenibilidad de los recursos marinos para evitar la sobreexplotación. Sin embargo, la evidencia empírica sugiere que las cuotas establecidas por consultores externos pueden modificarse mediante la colusión entre pescadores y consultores. Y con los recursos cada vez más escasos y el acceso a estos cada vez más costoso, los incentivos para las prácticas corruptas seguramente aumentarán.

El investigador de EfD Chile Juan Rosas, y el coautor José Antonio Carrillo-Viramontes, analizaron las circunstancias en las que se da la colusión entre organizaciones artesanales y agentes externos, alterando el equilibrio sostenible del sistema.

¿Quién debe fiscalizar a los monitores?

El objetivo de los Derechos de Uso Territorial para la Pesca (TURF) es otorgar derechos colectivos que controlen a los pescadores y los responsabilice por el uso de los recursos comunes. Pero, aunque los TURF pueden reducir la sobrepesca y monitorear esta situación, el comportamiento de las organizaciones depende en parte de si los recursos son escasos o abundantes.

Originalmente, el sistema TURF fue diseñado para que las organizaciones gestionen todos los asuntos relacionados con el área, incluidas las cuotas de pesca. Ese sería un escenario ideal para los reguladores, ya que la aplicación es costosa. Pero en realidad, las organizaciones pesqueras comparten las responsabilidades de gestión con los reguladores.

Los autores expusieron dos tipos de colusión, vertical y horizontal, y cómo pueden darse entre una organización artesanal y un agente externo. La colusión vertical es cuando los agentes externos incluyen a los inspectores que son autoridades legales, mientras que la colusión horizontal se refiere a la participación de consultores externos.

Ahora bien, si los consultores externos determinan las cuotas ecológicas y los inspectores regulan el cumplimiento de estas cuotas, ¿cuál es el papel de las organizaciones de pesca artesanal y los reguladores para salvaguardar la sostenibilidad? Y, ¿quién vigila a los monitores? Esas son dos de las preguntas planteadas por los autores de este estudio, invitando a otros a continuar investigando sobre el tema para reducir la brecha entre la teoría y la práctica.

La colusión es más probable cuando las existencias son altas

Los resultados del estudio sugieren que es más probable que ocurra colusión cuando la reserva inicial de recursos es alta. Cuando escasea, es menos probable que ocurra la colusión con un consultor externo, esto se debe principalmente a que los consultores externos tienen que ser más cuidadosos al establecer la cuota que cuando los recursos son abundantes. Además, los resultados mostraron que el consultor experto puede alegar que hay un stock bajo si la organización propone una colusión para que haya capturas ilegales sin exceder los límites biológicos.

Si bien “la probabilidad de colusión ante la escasez aumenta considerablemente, esta información es relevante para los hacedores de políticas” que tienden a considerar la cuota legal como el límite máximo sostenible, explicó Juan Rosas. Los reguladores deben aumentar las sanciones para los agentes involucrados en malas prácticas, como la colusión, y la política debe centrarse en reducir la colusión cuando hay abundantes recursos naturales.