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Artículo publicado en la revista Fuego Amigo en abril de 2016 para el monográfico Socialdemocracia.
¿Quién es el Partido Socialista Obrero Español? Segundo artículo en el que analizamos la evolución ideológica del PSOE a través de los programas presentados desde 1977. Política exterior, autodeterminación, nacionalizaciones o igualdad son algunas de las políticas a las que seguimos la pista.
Retomamos el análisis de la identidad del PSOE, a través de sus programas, centrándonos esta vez en las propuestas políticas específicas. En esta segunda entrega vemos cómo ha mutado su posición respecto al derecho de autodeterminación, la transformación de su posición en política exterior, la defensa de un cada vez más reducido sector público o el distanciamiento de la clase trabajadora.
Autodeterminación modulada por los años
La presencia casi diaria del debate sobre la posible independencia de Cataluña hace innecesaria una exposición muy prolija de datos sobre la mutación del PSOE en lo referido al derecho de autodeterminación.
En el programa de 1977, la voluntad popular era la única fuente de legitimidad reconocida por el Partido Socialista. Se ha hecho célebre el vídeo del mitin que Felipe González pronunció en Eibar, en 1976, en el que gritaba a un público entusiasmado: “¡Gora Euskadi askatuta!” (¡Viva Euskadi libre!). No obstante, ni el discurso de González, ni la predisposición en 1977 a aceptar que la voluntad popular expresara su deseo a la independencia fueron manifestaciones espontáneas.
Unos años antes, en el Congreso de Suresnes, se habían sentado las directrices a seguir en lo relativo a la diversidad de nacionalidades que integraban el Estado español. La contestación que el PSOE decidió dar a la cuestión fue “el pleno reconocimiento del derecho de autodeterminación, que comporta la facultad de que cada nacionalidad pueda determinar libremente las relaciones que va a mantener con el resto de los pueblos que integran el Estado español”. En qué ha quedado ese compromiso, es bien conocido.
De entrada, soberanos
Junto a algunas posiciones económicas, la política exterior es una de las que más ha mutado en la ideología del PSOE. Sin embargo, la histórica indiferencia en la sociedad española hacia la política exterior hace que sea una de las transformaciones que más desapercibida ha pasado.
De la proclamada colaboración con el Tercer Mundo en relación de igualdad, el Partido Socialista se movió hacia el impulso de la neocolonización empresarial de regiones como América Latina, o al apoyo de acuerdos de explotación comercial en África, en muchas ocasiones disfrazados tras la cooperación internacional. De la defensa de la independencia de nuestro país y la lucha contra los intereses imperialistas, el PSOE pasó a reclamar una unión atlántica más estrecha. Y en el capítulo más conocido en esta área, asistimos al salto del pacifismo y las propuestas de neutralidad, a la integración de España en la estructura militar de la OTAN.
En el programa de 1977 las relaciones del Tercer Mundo y la independencia de España se marcaron como prioridades de la política exterior: “Una España democrática (…) independiente de los imperialismos y en cooperación con el tercer mundo. (…) debe rechazarse cualquier noviciado que reduzca a nuestro país a un papel secundario en el continente”.
En ese mismo año, Felipe González declaró en una entrevista lo siguiente: “no queremos que nuestro pueblo tenga que soportar el riesgo de la guerra o de la tensión entre las superpotencias. Que aquí, en este país, haya bases nucleares para nosotros es algo que va en contra de los intereses de nuestro pueblo, por consiguiente, lo rechazamos (…) Nosotros defenderíamos siempre un proceso de neutralización de nuestro país, y de neutralización activa, ni siquiera pasiva” .
En el programa de 1982, respecto a la autonomía de España en el escenario internacional, y su relación con la OTAN, aún se recogía esto: “El PSOE reafirma su filosofía contraria a la política de bloques militares que de hecho consagra la división del mundo en zonas de influencia perpetua (…) En este sentido, el Gobierno trabajará para lograr un mayor techo de autonomía para España, desvinculándola progresivamente en el plano militar del Bloque del Atlántico Norte”. Cuatro años después, el gobierno socialista convocó un referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN, en el que se manifestó a favor de la misma.
Uno de los réditos políticos más importantes que obtuvo el PSOE en 2004 procedió de la política exterior; en concreto de la retirada de las tropas españolas de Irak. La política exterior adquirió una gran relevancia en el programa electoral, después de años de desatención. Si es que se recogía, este ámbito aparecía poco desarrollado y en las últimas páginas. En 2004, por primera vez, el programa lo abrió una sección llamada: “La paz, los derechos humanos y el Derecho Internacional”. Pero los alegatos en contra del “sometimiento de España en aspectos relevantes a las prioridades y a los intereses norteamericanos” se quedaron en algo anecdótico. La medida fue puntual y no hubo ningún interés en construir un plan integral en política exterior.
Alfonso Guerra anuncia la celebración del referéndum sobre la entrada de España en la OTAN.
En programas posteriores, como en este ejemplo de 2015, la política exterior volvió a abandonarse, relegada a los últimos puntos, limitada a seguir instrucciones de otros Estados y doblegada a los intereses que, una vez, Felipe González calificó de imperialistas: “Consideramos que las relaciones transatlánticas entre EEUU y la UE son de la mayor trascendencia (…) nuestra aspiración es la de ampliar sustancialmente el horizonte de nuestras relaciones bilaterales con EEUU”.
A cada uno, según sus necesidades
La política económica simboliza el proceso de metamorfosis de la socialdemocracia europea, con el abandono de las prioridades económicas que contribuyeron a la extensión de su éxito. Probablemente, la medidas económicas adoptadas y aceptadas en los últimos años (desde los ochenta hasta principios de este siglo) sean las decisiones que más han dañado su identidad.
El PSOE ha seguido una evolución similar al resto de partidos socialistas europeos. Es difícil reconocer a un mismo partido en la apresurada reforma del artículo 135 de nuestra Constitución y en el Felipe González que, en 1977, sostenía que garantizar el empleo era más importante que los problemas de inflación.
Un giro importante en relación al empleo se dio en 1982, con la aparición de la fórmula de los contratos temporales, más conocidos hoy como contratos basura. En la década de los setenta, las soluciones al paro planteadas por el Partido Socialista no requerían que el trabajador asumiera los perjuicios provocados por un mercado que no era capaz de satisfacer la demanda de empleo. En el programa de 1979, las propuestas pasaban por programas “de inversiones públicas, planes de jubilación anticipada en condiciones dignas, la revisión de los sistemas de financiación de la Seguridad Social destinada a reducir el coste del trabajador, la ampliación del abanico de prestaciones, o mecanismos sancionadores rápidos y eficaces para combatir los abusos y los fraudes”.
En el programa de 1982 apareció la idea de los contratos temporales. El Partido Socialista marcó unos límites para evitar el abuso, de modo que “los contratos temporales constituyan un recurso excepcional, evitándose que representen para algunos colectivos la única vía posible de acceso a un trabajo remunerado”. Aunque la proliferación de contratos temporales ocurrió años más tarde, este enunciado marcó el giro del PSOE en materia de empleo. Con los contratos temporales como respuesta al elevado desempleo, por primera vez, el Partido Socialista legitimaba que los daños de un sistema económico deficiente los pagara el trabajador.
A partir de los noventa, los que habían nacido como un tipo excepcional de contrato se extendieron en numerosos sectores productivos, impulsados desde el Partido Socialista, como se ve en el programa de 1996: “Se seguirán fomentando los contratos a tiempo parcial (…) se fomentarán los permisos temporales de formación”. Con esta postura resulta desconcertante que en el spot electoral del PSOE para la campaña de 2004, sus votantes le mostraran a la oposición un “No a los contratos de diez días”.
Después de ver los antecedentes, no es ninguna sorpresa que en las actuales negociaciones para formar gobierno, PSOE y Ciudadanos hayan alcanzado un acuerdo en materia de empleo. En el camino hacia el contrato único, el propio programa del Partido Socialista de 2015, defendía la reducción de los contratos a tres modalidades: indefinido, temporal y de formación.
La seducción de Thatcher
En su andadura durante la transición, el Partido Socialista no tuvo reparos en posicionarse a favor de la nacionalización de sectores estratégicos de la economía como medida a tomar en caso de necesidad. Por si hay alguna sospecha de enajenación marxista, es preciso aclarar que esta postura fue mantenida después de Suresnes. En la entrevista que Eduardo Sotillos le hizo a Felipe González, en 1977, el líder socialista consideraba que la nacionalización era la vía de transformación de la estructura económica: “Será el instrumento de la nacionalización y de pasar a manos del estado unos determinados sectores de la economía, por ejemplo, un sector del crédito para orientar, justamente esa economía, en beneficio de la colectividad. O por ejemplo, la industria extractiva (…) se han nacionalizado o se han socializado las pérdidas y se han privatizado las ganancias. Hay que cambiar ese hacer de la Administración (…) Para nosotros habría que combinar nacionalización con un proceso de socialización”.
En el programa de 1979, el PSOE mantuvo su predilección por la nacionalización: “Nuestro Gobierno intervendrá en el sector energético para conseguir la satisfacción de las necesidades del país al menor coste social”. Los principios económicos que guiaban entonces las políticas socialistas significaban que el auxilio del Estado a entidades bancarias en crisis no consistiría en un préstamo público, sino que implicaría el inicio de la nacionalización de una parte del sector bancario. En aquel momento, el Banco Rural y Mediterráneo, conocido como el “banco de los sindicatos verticales”, arrastraba enormes pérdidas que lo condenaban a la bancarrota. La medida planteada por el Partido Socialista para solucionar el problema fue la siguiente: “La transformación del Banco Rural y Mediterráneo en una entidad de propiedad enteramente estatal (…) La experiencia de este banco servirá para facilitar a medio plazo la existencia de un segmento totalmente nacionalizado dentro del sistema bancario”. En 1981, el Banco Exterior adquirió la entidad quebrada. A lo largo de los ochenta, el Estado tuvo que inyectar capital en el Banco Exterior para garantizar su solvencia. Poco después se creó un holding bajo Argentaria, que a lo largo de la década de los noventa fue privatizado.
El viraje ideológico respecto al papel del estado en la economía llegó en 1982. La nacionalización desapareció del programa e, incluso, se dejó la puerta abierta a la externalización de servicios, hasta entonces, de propiedad pública: “Las empresas públicas estarán abiertas e interesadas en la colaboración con el capital privado, sin más exigencias que su acatamiento a la legislación vigente”. En el programa de 1996 la atención la acaparó el sector privado, sosteniendo la difusión de algunos productos financieros con medidas que facilitaban su movilidad en los mercados, o con incentivos fiscales por la contratación de planes de pensiones, seguros y mutualidades. A partir de entonces se reforzó esta tendencia y el Partido Socialista comenzó a defender políticas económicas propias del liberalismo.
De la inicial necesidad de establecer medidas de defensa frente a los monopolios de servicios públicos, aún recogida en el programa de 1982, el PSOE pasó a situar, en 2004, el problema de la economía española en la “carencia de grupos industriales de tamaño grande en relación con los mercados de referencia”. De acuerdo a esta línea, en 2015, el Partido Socialista se comprometió a fomentar la concentración de poder económico en un menor número de empresas: “es necesario ayudar a las empresas a crecer, a fusionarse, a expandirse”.
A pesar de su función estratégica y del evidente carácter de servicio de uso común, la red de transporte sufrió desde la década de los ochenta un apresurado proceso de liberalización. Lejos queda el compromiso del Partido Socialista con la protección de los bienes comunes, gestionados desde el estado, en beneficio de la colectividad. En 1996 el compromiso del Partido Socialista con los intereses del pueblo se abandonó y se firmó con los beneficiarios de las masivas liberalizaciones. En el programa, en lo referido a la red de carreteras se situaron “como objetivos prioritarios: preparar al sector para la nueva etapa de liberalización que debe afrontar en el marco del Mercado Único Europeo”. En relación al transporte aéreo también “consideramos fundamental potenciar la adaptación del sector al proceso de liberalización en curso en la Unión Europea”. Y sobre el transporte marítimo, el Partido Socialista estaba dispuesto a que el Estado asumiera los costes de su reforma “de cara a su definitiva liberalización en 1999.”
En 2004, las declaraciones programáticas revelaban una preocupación por el daño que este tipo de medidas hubieran podido causar, y por ello “el Partido Socialista propone recuperar el papel a jugar por el sector público”. Sin embargo, bien porque la recuperación de los principios ideológicos socialistas era fingido de cara a las elecciones, o bien porque el Partido Socialista se encontraba controlado por su relación con los beneficiarios de las liberalizaciones, la intención de recuperar al sector público quedó en papel mojado. La grandilocuencia del propósito se desmoronaba en el propio programa, en el que se establecieron políticas incoherentes. Al mismo tiempo que se prometía “la recuperación del sector público”, se dejaba claro que “la presencia del sector público en la economía no sobrepasará los límites actuales en el conjunto del ciclo económico”.
No obstante, las mayores incongruencias entre los buenos propósitos socialistas, pronunciados durante la campaña, y las medidas específicas se concentraron en el programa de 2015. En él, la ruptura con una posible recuperación del sector público era tajante, y sustituida por un esfuerzo “para abrir mercados y acabar con situaciones injustas en materia de sobreprotección”. El Partido Socialista intentó ubicarse como el principal opositor a las políticas liberales que han dominado el gobierno de los últimos años, denunciando que “las políticas de externalización y privatización han reducido la calidad y puesto en entredicho la equidad del sistema de bienestar”. Este lenguaje guió la campaña socialista y justificó la necesidad de que los ciudadanos apoyaran al PSOE en las urnas.
Sin embargo, si nos atenemos al programa socialista de ese año, las políticas propuestas iban por lares muy diferentes. No sólo parecía no preocuparle al Partido Socialista la política liberal criticada, sino que se mostraba como el principal promotor de externalizaciones, privatizaciones y liberalizaciones en sectores tan delicados como la educación. El PSOE garantizó en el programa de 2015 “dar entrada a la participación privada en los organismos (estatales y autonómicos)”, “impulsar la creación de clusters sectoriales o territoriales en torno a universidades” y se comprometió a que bajo su Gobierno “la privatización de Bankia se llevará a cabo, de acuerdo con las autoridades europeas”. Por si quedaban dudas, el apoyo al TTIP se remataba con un impulso de la “liberalización de los mercados de bienes y servicios”.
¿Qué le queda al Partido Socialista del Partido Socialista?
Con la lectura de los documentos programáticos resulta difícil reconocer elementos de continuidad en el Partido Socialista desde la primera vez que se presentaron a las elecciones, tras la caída del régimen franquista, hasta hoy. La distancia ideológica entre las declaraciones durante las campañas electorales y las medidas políticas propuestas en los programas es considerable, especialmente llamativos resultan los preceptos marcados en economía, o la mutación de la política exterior.
¿Existe entonces algo que permita identificar al Partido Socialista como un lugar de encuentro de posiciones comunes y mantenidas en el tiempo y, que ayude a diferenciarlo de otros partidos, a pesar del acuerdo en diversas áreas?
Las políticas diferenciadoras más relevantes y con cierta continuidad son las relativas a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. Aunque los primeros programas no acababan de precisar ninguna propuesta concreta, más allá del acuerdo o desacuerdo con los planteamientos, el problema siempre estuvo presente. La inicial identificación de una gran brecha material se plasmó en posteriores medidas dirigidas, sobre todo, al ámbito del empleo. Más adelante se abordó la violencia machista y se intentó solventar la infrarrepresentación de mujeres en el sector público.
Muy vinculado a la igualdad entre mujeres y hombres está la cuestión del aborto. La lucha por dejar en manos de las mujeres la decisión de interrumpir un embarazo ha sido una constante en los programas del PSOE. Desde las primeras demandas para legalizar el aborto en determinadas circunstancias, el Partido Socialista ha ido ampliándolo hasta alcanzar una de las legislaciones más progresistas.
Cartel del PSOE en defensa del derecho de las mujeres al aborto.
La ley de atención a personas en situación de dependencia no hace acto de presencia en los programas socialistas hasta el siglo XXI, pero se puede considerar un paso más en la ampliación de los servicios públicos prestados en materia de sanidad. No obstante, la ambigüedad y las contradicciones respecto a la externalización de servicios públicos, que explícitamente el PSOE ya defiende en la universidad, oscurecen medidas puntuales como la mencionada. Algo similar ocurre con la protección de medio ambiente, presente desde el inicio en sus programas, las buenas declaraciones del PSOE quedan empañadas con el impulso de la urbanización del suelo y la participación en la cultura del pelotazo desde la década de los noventa.
Como dato curioso, un último factor de continuidad que se observa en los programas del Partido Socialista, en este caso por su ausencia, es su postura hacia la monarquía. Desde los primeros años analizados, la consideración de la monarquía es inexistente, ni siquiera se han hallado referencias en aquellos años setenta de mayor combatividad ideológica. La introducción de la cuestión en el debate público por parte de partidos de reciente aparición tampoco ha sido suficiente para que el Partido Socialista lo incluyera en su agenda.
Cuando nos preguntamos por las causas de la mutación del PSOE la respuesta no es clara ni existe una única explicación extensible a todas las áreas de gobierno. Algunos líderes socialistas lo achacan a la diferencia entre hacer un proyecto de país desde la oposición a ejecutarlo en el Gobierno; otros al idealismo de la juventud. Viendo las dádivas obtenidas por algunos miembros del Partido Socialista, después de sus años de gestión pública, es pertinente mencionar la corrupción de la ideología y la renuncia de los principios a cambio de beneficios personales, normalmente, económicos. Finalmente, hay que considerar el agotamiento de la respuesta a las fisuras sociales y económicas, que convirtieron al PSOE en el partido más fuerte de España durante 13 años consecutivos. Algunos de los elementos identitarios del Partido Socialista se configuraron sobre las debilidades reconocidas en nuestro país. Después del éxito conseguido en algunos puntos, de los errores cometidos en otros, y de la defraudación en muchos de ellos (desde la corrupción a los giros ideológicos vistos a lo largo de este artículo), el PSOE se muestra, por el momento, incapaz de repetir la gesta, resurgir de sus cenizas y crear un proyecto de país que dé respuesta a los problemas que marcan la vida de la mayoría de su pueblo.
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