10.931 jóvenes en Colombia tienen procesos abiertos por rebelión y terrorismo entre los años 2000 y 2022.
Sin importar la tipología, el sistema judicial criminaliza a los estudiantes a través de recursos jurídicos.
La sistematización del fenómeno de criminalización es incompleta.
Las cifras y las historias que contienen los hechos de criminalización de estudiantes en los últimos años siguen siendo alarmantes: 10.931 jóvenes tienen procesos abiertos por rebelión y terrorismo entre los años 2000 y 2022; y 911 han sido asesinados entre 1949 y 2022. El análisis de los datos, los más de 10 expertos consultados, los nuevos testimonios encontrados y las confesiones de testigos en algunos procesos de esclarecimiento de la verdad en el país, como los conseguidos por la Comisión de la Verdad, se encuentran en la nueva edición de este trabajo periodístico.
La investigación da continuidad a la primera entrega de “Criminalización de estudiantes en Colombia”, desarrollada por la Unidad de Investigación Periodística (UIP) junto con Lizeth León, periodista independiente y becaria de la Fundación Gabo por su libro periodístico sobre un caso de criminalización de un estudiante. Además, cuenta también con el aporte investigativo de Jorge Wilson Gómez, autor del libro Ambos venimos de morir: Susurros acechantes del estudiante caído.
En abril de 2021, la divulgación de la primera parte de la investigación coincidió con la coyuntura social y la movilización de miles de jóvenes que se lanzaron a las calles a protestar en contra de una reforma tributaria que no hacía justicia a las condiciones económicas ni a la precaria situación de empleo y educación. Los jóvenes en Colombia jugaron un papel fundamental en las movilizaciones y protestas que tuvieron lugar en el país, pero también fueron uno de los grupos más afectados por la violencia y la represión policial. Muchos jóvenes fueron detenidos de manera arbitraria, agredidos y heridos durante las protestas, y algunos perdieron la vida en medio de la violencia; por lo que el tema, a pesar de hacer parte de la historia del país desde hace décadas, sigue vigente.
Según datos analizados por la UIP y obtenidos de bases de datos de la Fiscalía General de la Nación, entre enero de 2000 y diciembre de 2022, en Colombia se abrieron 10.931 procesos judiciales a jóvenes entre los 15 y los 25 años de edad, por los delitos de rebelión y terrorismo. Es importante aclarar que en el proceso de actualización de la información de los años recientes, entre 2019 y 2022, la Fiscalía entrega los datos por grupos etarios clasificados como adolescentes (14-17 años) y jóvenes (18-26). Sin importar la tipología, en todos los casos el sistema judicial opera bajo el mismo patrón: la criminalización de estudiantes a través de recursos jurídicos que los jóvenes deben enfrentar bajo las reglas del propio sistema.
La UIP analizó las bases entregadas por la Fiscalía con los nombres de jóvenes cuyos procesos la UIP conocía de antemano, pero no estaban registrados. Los vacíos hacen que la sistematización del fenómeno sea incompleta, pues no se sabe cuántos jóvenes entre los rangos de edad seleccionados quedaron por fuera de la base consultada. Llama la atención que en el último periodo analizado (2019-2022), de 212 casos por terrorismo y rebelión 150 aparecen sin información del grupo armado; 45 vinculados con el Ejército de Liberación Nacional; 6 con otros grupos armados organizados, y 3 con lo que el sistema de la Fiscalía nombra como “otras guerrillas”. No hay mención a grupos paramilitares como sí ocurre con los datos estudiados entre el año 2000 y 2018.
Desde el asesinato de Gonzalo Bravo el 7 de junio de 1929 en Bogotá, hasta el asesinato de Jesús David Díaz en Julio de 2022 en Chochó, Jorge Wilson Gómez cuenta 845 estudiantes caídos en toda la geografía nacional, a través de una base de datos elaborada por él y actualizada por la UIP en los últimos años. Del año 29 pasa al 45, y a partir de allí todas las décadas estan marcadas por el asesinato de estudiantes en el marco de protestas, paros, guerras de paramilitares y guerrilleros, y estatutos que validaron la detención y tortura de civiles. Si a ese dato se suman otros 63 estudiantes asesinados, además de Díaz, en el marco del estallido social que nació el 28 de abril de 2021, el resultado es 911 estudiantes caídos, de los cuales 108 son mujeres y 801 son hombres.
Es importante recordar que la criminalización de la protesta social va en contra de los derechos humanos y de la democracia. La segunda versión de Criminalización de estudiantes en Colombia refleja la importancia de dar a conocer la brecha de persecución, judicialización, detención arbitraria, criminalización, abuso y detención de estudiantes en Colombia. Frente a la importancia de estas investigaciones periodísticas, la directora de la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano, Juliana Castellanos, asegura que “ser estudiante en Colombia supone un riesgo que todavía no hemos caracterizado ni cuantificado en su real dimensión”.
