La Contraloría General dejó al descubierto lo que venía ocurriendo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, con múltiples irregularidades en el manejo presupuestal. Inconcebible.

Eloísa Erazo Rojas arribó a Cali huyendo de las borracheras de su marido, Edison, quien se embriagaba cada fin de semana, después de salir de una finca en Samaniego, y llegaba a casa a acabar con todo y con todos.

Le temía a la mirada encendida de odio, a la contundencia de los golpes y a las múltiples incoherencias que decía, preso de un delirio interminable, como si el aguardiente que se bebía en la fonda estuviera mezclado con veneno de escorpiones.

La mujer venía con dos maletas grandes y tres niños pequeños.

“Dormimos tres noches en la terminal de transportes y, finalmente, cuando me vieron pidiendo sobras en un restaurante, alguien me habló de una vivienda barata de alquiler.” A vuelta de pocas horas estaba asentada en la ladera, en el barrio Siloé, ese conglomerado de casas que parece un pesebre, sobre todo en las noches cuando se ven luces aquí y allá y, en lo alto, una estrella multicolor.

Eloísa junto con sus hijos fue una de las víctimas del deslizamiento de tierra, a finales de noviembre del 2016, que dejó seis personas muertas, una decena de heridas y a sinnúmero de familias en la calle.

Dio su nombre en un censo y quedó esperando la ayuda que, le dijeron, vendría de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Nunca llegó.

Sí, la misma entidad que desde hace poco más de cuatro años, anidaba un entramado de saqueadores que sustrajeron alrededor de 5 billones de pesos, de forma taimada, mientras informaban que hacían su mejor esfuerzo por ayudar a las víctimas de los desastres.

Eloísa vende empanadas y papas aborrajadas, junto a la plaza de Cayzedo. Jamás volvió a Nariño, como tampoco oyó más de la ayuda de la Unidad del Riesgo. 

Como ella, infinidad de colombianos no comprenden que haya quienes aspiran a ocupar cargos públicos en diversas entidades, para esquilmar y no para servir…