El comercio exterior en la Constitución Mexicana

SUMARIO: 1. Primer imperio. 2. Constitución de 1857. 3. Constitución de 1917. 4. Ley de Comercio Exterior de 1993. 5. Tratados Internacionales

Resumen: La evolución del comercio exterior en México al amparo de su centenaria constitución política, ha ido desde el monopolio de la federación para su legislación, pasando por la concurrencia de facultades con el Ejecutivo y actualmente primando las negociaciones internacionales que han convertido a nuestro país en un actor preponderante en el concierto de la economía globalizada. Consecuencia de lo anterior, es que las normas regulatorias que atañen a la introducción y extracción de mercancías al y del territorio nacional se incorporan a la legislación interna mediante Leyes del Congreso de la Unión, Decretos del Ejecutivo así como Tratados Internacionales que al ser firmados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado de la República, forman parte del bloque normativo Ley Suprema de la Unión.

Palabras clave: Comercio exterior, tratados internacionales, facultades del ejecutivo, arancel.

Abstract: The evolution of foreign trade in Mexico, under its centennial Political Constitution is born with the federation’s monopoly for its legislation. Subsequently, by the concrescence of faculties with the executive power and currently giving priority to the international negotiations that have transformed our country into a preponderant actor as orchestrated by a globalized economy. In consequence, regulatory norms that appertain either the introduction or removal of merchandise from and into national territory are embodied into the internal legislation through various instruments. In which, laws from the Congress of the Union and executive´s power decrees stand out, as well as international treaties that are part of the regulatory block “Supreme law of the Union” after being signed by the executive power and ratified by the Republic´s Senate.

Key Words:

Foreing trade, international treaties, actions of President, tariff .

Hablar del comercio exterior en México, es remontarse al inicio mismo de su nacimiento como nación independiente. Así la Junta Provisional Gubernativa en diciembre de 1821 decretó el Arancel general interino e instrucción para gobierno de las aduanas marítimas en el gobierno libre del imperio[1], constituyendo así el primer documento jurídico expedido en la nación libre, al amparo de la Regencia presidida por el futuro emperador Agustín I.

Dentro de este Arancel es destacarse que su comisión redactora solamente consideró habilitados y en consecuencia aptos para la importación y exportación de mercancías, los puertos de S. Blás, Acapulco, Alvarado, Veracruz y Tampico, puesto que eran los únicos que poseían instalaciones aduaneras y por ende, los que podían impedir el contrabando con el consecuente daño a la hacienda pública.

Igualmente fijó un derecho único del 25% por la importación de “géneros, frutos y efectos de todas las Naciones”[2], destacándose que reservó a los tratados específicos que al efecto se establecieran, la posibilidad de fijar un derecho diferente a las importaciones de españoles y de americanos recién independizados. A diferencia de la actual Ley Aduanera, el pago del derecho de importación -hoy impuesto- se fijó en fecha posterior a su despacho.

Por otra parte, el arancel agrupó las mercancías en seis clases y ordenándose alfabéticamente en las mismas, correspondiendo al primera para comestibles, vinos, licores, especería, fierro, acero y algunos otros artículos por analogía; la segunda para lienzos de lino y cáñamo; la tercera lanas; la cuarta sedas: algodones para la quinta y papel para la sexta.

Es de resaltar que el artículo VII consignó que todo lo que no estuviere prohibido estaría permitido desembarcar en cualquiera puerto habilitado del Imperio Mexicano, y que respecto de las mercancías que no quedaren comprendidas dentro de las cinco clases arriba mencionadas, quedaría el vista facultado para fijar su precio, conforme corresponda proporcionalmente a otras con las que tengan mayor analogía. Al respecto, es importante mencionar que salvo pocas excepciones[3], el arancel establecía el precio de la mercancía.

Respecto de la mercancía prohibida, contempló la importación de algodón en rama, pasta en fideo, cera labrada, galones, canutillo, lentejuela y cinta de algodón principalmente, en tanto que quedaba libre de derechos la introducción de instrumentos para ciencia y cirugía; maquinaria para agricultura, minería y artes; libros sin empastar que no fueran contrarios a la religión y buenas costumbres; música, simientes de plantas, lino en rama y animales vivos.

Para las exportaciones, este decreto gravó la salida de oro, plata, grana cochinilla, polvo de grana, granilla y bainilla (sic), quedando el resto de las mercancías libres de derechos.

Finalmente es de mencionarse que el documento que tratamos, detallaba prolijamente el procedimiento para la internación, revisión y pago de derechos por las mercancías introducidas, así como las obligaciones del personal que intervenga en dichos procesos.

No solo en el México independiente se sucedieron una larga lista de acuerdos especificando aranceles y su determinación, sino que también se empezaron a sentar las bases para la firma de tratados comerciales, iniciando en el mismo 1821 con la Gran Bretaña[4].

Es de todos sabido la efímera vida que tuvo el primer imperio mexicano, por lo que caído este, se publica en noviembre de 1827 el “Arancel para las aduanas marítimas y de la frontera de la República mexicana”[5] el cual trajo algunas novedades como el que los Estados donde se encontraren las aduanas nombraran interventores a fin de vigilar la debida aplicación y el cobro de los derechos, calificación de mercancías, evitar contrabando y perseguir los fraudes; se designó al importador como responsable del total adeudo de derechos, permitiéndose pagar en dos momentos, el cual se dividirá por mitad, debiéndose pagar la primera en el puerto dentro de noventa días posteriores a la descarga, y la segunda dentro de los noventa días posteriores al primer pago; se estableció una exención parcial –de dos quintas partes- a las mercancías importadas por las aduanas marítimas de Yucatán, Chiapas y territorios de Californias[6], así como de la sexta parte que le correspondiesen a los importados mediante buques nacionales; hay un incremento notable a la prohibición de importación de ciertas mercaderías, bajo pena de comiso[7] de entre las que destacan el aguardiente de caña, arroz, café, chocolates, colchones, sal común y zapatos entre muchas otras y; se ampliaron a nueve las categorías para la clasificación de los artículos y asignación de cuotas.

Para la Constitución de 1857, estamos frente a un escenario contrario a su antecesora del 1836, formada por una fuerte carga liberal, contraria en consecuencia en muchos aspectos a su homóloga conservadora previamente citada.

Derivado de este liberalismo se reconocieron los derechos del hombre y decretó su artículo 1° que todas las leyes y autoridades del país deben respetar y sostener las garantías otorgadas por la misma, también apuntó la libertad de expresión, de asamblea, de portación de armas y en materia económica la abolición de las alcabalas.

Sobre este punto, se destaca que para 1857 no se reservó para la Federación ninguna de las facultades que posteriormente se arrogó. Así la redacción original del artículo 124 de dicha constitución estableció: “Para el día 1° de junio de 1858 quedarán abolidas las alcabalas y aduanas interiores en toda la república”.

Si bien es cierto la inclusión en el texto constitucional del contenido anterior no ameritó la confluencia de argumentos tan virulentos como apasionados que generaron la prohibición de adquisición de propiedades a las corporaciones eclesiásticas, la exclusión de los eclesiásticos en puestos públicos, la abolición de los fueros eclesiástico y militar, así como la enseñanza laica, y la libertad de cultos, pues habrá que recordar que la fracción conservadora de la época propugnaba por el regreso de la Constitución de 1824, en tanto que el ala radical lo hacía por un nuevo modelo constitucional, el que a la postre fue vencedor.

Sin embargo, el numeral que apuntamos no estuvo exento de controversias suscitadas entre el 28 y el 31 de enero de 1857, en el que algunos diputados trataron de impedir que la Comisión redactora presentara el texto del artículo que transcribimos, alegando que antes de abolir un impuesto, debía determinarse si el mismo pertenecía a la Federación o a los Estados, situación que se consideró debió formar parte del primer congreso constitucional. No obstante lo anterior, a la par de la “muy atendible de que en cuestiones financieras no es conveniente dictar resoluciones que alteren notablemente la fuente de recursos de la administración pública, sin tener presentes todas las condiciones de actualidad y sin reemplazar el recurso que se destruye y cuyo importe es necesario, con otro que lo sustituya”[8].

Es de aclarar que si bien la alcabala no es en sí mismo un impuesto al comercio exterior, se suele asociar dentro de la geografía legislativa nacional en el mismo apartado, toda vez que está estrechamente vinculado con el establecimiento impuestos o restricciones a la circulación interior de toda clase de mercancías (incluidas las extranjeras) como se aprecia de la lectura del artículo 131 constitucional -antes 124 en su homóloga de 1857-, particularmente de su primer párrafo. Sin embargo, es de notarse que si bien la Nación recibía ingresos fundamentales en el rubro del comercio exterior, también lo es que la mayoría de los Estados lo recibían por concepto del comercio interior. Así, prácticamente la mitad de los ingresos ordinarios de la Federación provenían de las aduanas marítimas y fronterizas en el caso de las alcabalas también era alto, puesto que representaba entre el veinte y el setenta por ciento de los ingresos ordinarios[9].

Así, se tiene que los impuestos al comercio exterior lejos de limitar la circulación de mercancías al interior del país -como la alcabala- podían funcionar en sentido positivo, es decir, protegiendo a la industria productiva nacional, no obstante la fuerte dependencia hacia los impuestos al comercio exterior hizo que la desaparición de las alcabalas y su transición al impuesto del timbre –con las implicaciones a la libre circulación de mercancías- demoró desde que se proyectó por Matías Romero a fines de la década de 1860, hasta finales del S. XIX[10].

Sin embargo, el numeral que apuntamos no estuvo exento de controversias suscitadas entre el 28 y el 31 de enero de 1857, en el que algunos diputados trataron de impedir que la Comisión redactora presentara el texto del artículo que transcribimos, alegando que antes de abolir un impuesto, debía determinarse si el mismo pertenecía a la Federación o a los Estados, situación que se consideró debió formar parte del primer congreso constitucional. No obstante lo anterior, a la par de la “muy atendible de que en cuestiones financieras no es conveniente dictar resoluciones que alteren notablemente la fuente de recursos de la administración pública, sin tener presentes todas las condiciones de actualidad y sin reemplazar el recurso que se destruye y cuyo importe es necesario, con otro que lo sustituya”[11].

El Diputado Gregorio Payró argumentó en contra afirmando que el desarrollo de las potencias europeas como Inglaterra, Francia y Alemania se centraban en la libertad de conciencia y en el comercio, en contraposición al rezago de la monarquía española.[12] Y continuó diciendo que “Las alcabalas son un impuesto odioso por mil motivos. Las Establecen los Estados que no trabajan para vivir del trabajo de los demás”[13].

Continuó con su alocución solicitando no solo la extinción de las alcabalas y las aduanas interiores, sino también la prohibición expresa al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los Estados para decretar impuestos sobre los efectos que se trasladen de un punto a otro, en un plazo de un año.

Otro argumento que fue valorado en la discusión que nos ocupa, fue uno de vertiente meramente política, ya que el partido progresista había prometido su abolición a través del Plan de Ayutla. “Según D. Miguel Lerdo de Tejada, el primer impuesto que con el nombre de alcabala se estableció en México después de la independencia , fue el que instituyó la Regencia por decreto de 20 de febrero de 1822, ordenando que pagaran en las aduanas interiores los aguardientes y los vinos de procedencia extranjera el 20 por ciento”[14].

Por lo anterior, el Diputado Moreno dice “que se ha recordado ya que la abolición de las alcabalas es una promesa del plan de Ayutla; tiene que añadir que jurado este plan por el Congreso, los diputados serán perjuros si aprueban el dictamen, y un perjurio desacreditará toda la Constitución”[15].

Como era de esperarse, la declaración política pudo más que los argumentos económicos, fiscales, y de territorialidad y se quedó el texto del artículo 124, aboliendo las alcabalas para el 1° de junio de 1858. Sin embargo, por sendos decretos del Presidente Juárez, al terminar la Guerra de Reforma en 1861, el artículo que nos toca comentar estableció: “El día 1° de enero de 1862 cesará en toda la República el cobro de las alcabalas por los efectos nacionales” en tanto que muy a tono con la falta de congruencia de Juárez, para 1862 el texto era: Se reestablecen por ahora las alcabalas en los Estados de la República donde no las haya actualmente”[16].

Si bien es cierto que de las alcabalas cobradas por las aduanas interiores se derivaban a los Estados una fuerte importante de sus recursos, también constituyeron un fuerte impedimento para el desarrollo del mercado interno común, debido al sobrecosto que implicaba la introducción de mercancías de una entidad a otra e inclusive, su mero tránsito[17].

Como se pudo ver, durante la república juarista no solo no se acató el mandato constitucional de abolición de las alcabalas, sino que éstas se instauraron en aquellos Estados donde ni siquiera las había en el pasado. Posteriormente el paso en el poder del Presidente Manuel González no modificó sustancialmente el statu quo, ya que solamente prorrogó en dos ocasiones la existencia de las alcabalas, hasta el 1° de diciembre de 1887, según el decreto del 26 de noviembre de 1884[18].

Como es de todos sabido, el último Presidente de la República del S. XIX fue Porfirio Díaz, bajo cuyo régimen el Congreso decretó un par de reformas al artículo 124, no para la prórroga a las alcabalas, sino al perfeccionamiento de las restricciones estatales al tránsito de mercancías, con lo que se perfiló que para el 1° de mayo de 1896 se contara ya con una redacción sustancialmente similar a la que adopta la siguiente constitución y que más adelante comentaremos. El contenido del numeral que estamos tratando textualmente estableció:

“Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia; pero sin que la misma Federación pueda establecer ni dictar en el Distrito y Territorios Federales, los impuestos y leyes que expresan las fracciones VI y VII del artículo 111”[19].

Con la modificación anterior, encontramos uno de los fundamentos actuales para que el Congreso de la Unión legisle en materia de comercio exterior, como actividad propia y que por ende no pueden ejercer las entidades de la República.

“La constitución del 57 pretendió abolir las alcabalas, lo que equivalía a proscribir cualquier forma impositiva a la cual le fuera aplicable el término “alcabala”: la denominación de este término no la daba la Constitución, pero se infería de nuestros antecedentes fiscales que por alcabala debía entenderse todo impuesto que impidiera el libre tránsito de las mercancías. Descubierta esta última característica en un impuesto, tendría el mismo que reputarse alcabalatorio y, por ende, inconstitucional”[20].

Para el Congreso de Querétaro, la fuerza liberal que había influido al constituyente del 1857 había desaparecido y en su lugar apareció el empuje del grupo revolucionario triunfante que plasmó en la carta magna el resultado de la batalla. Si bien es una constitución pionera en derechos sociales, también lo es contraria al interés privado, primando el Estado contra el interés individual y dentro de aquél, la figura del Presidente de la República, la cual estaba muy disminuida en el cuerpo constitucional precedente.

Félix Palavicini da cuenta del origen del texto discutido en Querétaro, cuando menciona la entrega al constituyente por parte de Venustiano Carranza, en los siguientes términos: “Una de las más grandes satisfacciones que he tenido hasta hoy, desde que comenzó la lucha que, en mi calidad de gobernador constitucional del Estado de Coahuila, inicié contra la usurpación del gobierno de la República, es la que experimento en estos momentos, en que vengo a poner en vuestras manos, en cumplimiento de una de las promesas que en nombre de la revolución hice en la heroica ciudad de Veracruz al pueblo mexicano: el proyecto de Constitución reformada…”[21].

Como resultado de lo anterior, se puso a discusión el contenido del artículo 130 constitucional en los siguientes términos:

“Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia; pero sin que la misma Federación pueda establecer ni dictar en el Distrito y Territorios Federales, los impuestos y leyes que expresan las fracciones VI y VII del artículo 117

Está a discusión. ¿No hay quien haga uso de la palabra? Se reserva para su votación.

El artículo 131 dice:[22] […]”.

Es de notarse el poco interés que mereció el tema que nos ocupa al constituyente, bueno, en realidad debemos decir al equipo del Presidente Carranza quien fue quien presentó el Proyecto de Constitución.

Sólo como referencia, se transcribirá el contenido de las fracciones VI y VII del artículo 117 invocado, para tener la certeza respecto de qué materias carecía la Federación facultades para legislar:

“Artículo 117. Los Estados no pueden, en ningún caso:

[…]

VI. Gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros con impuestos o derechos cuya exacción se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos o exija documentación que acompañe la mercancía;

VII. Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impuestos o requisitos por razón de la procedencia de mercancías nacionales o extranjeras, ya sea que esta diferencia se establezca respecto de la producción similar de la localidad, o ya entre producciones semejantes de distinta procedencia;

[…]”

Así, se retomó el espíritu de las reformas de Limantour en el sentido de prohibir a los Estados no solo a abstenerse de imponer derechos de tonelaje y de cualquier otro en puertos, también contribuciones y derechos sobre la importación o exportación.[23] Cabe resaltar que si bien el texto del artículo que reproducimos se sometió a votación bajo el numeral 130, terminó siendo aprobado como 131, sin que exista en el diario de debates correspondiente notación alguna sobre el particular, lo que vuelve a confirmar la diferencia entre el legislador de la constitución del 1857 y la de 1917.

Ya jurada y proclamada la constitución de 1917, tuvo su primera reforma, adicionando un segundo párrafo a su artículo 131 el 28 de marzo de 1951, que dispuso:

“Art. 131 […]

El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras; así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, en beneficio del país. El propio Ejecutivo al enviar al Congreso el Presupuesto Fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida”[24].

La reforma recién citada se publicó a la par del Decreto a través del cual se concedieron para el ejercicio fiscal de 1951 al Presidente Miguel Alemán facultades para crear, suprimir, aumentar o disminuir las cuotas de las tarifas de importación y exportación; señalar precios para la aplicación de esas cuotas; restringir y prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la moneda y la producción nacional, o de realizar cualquier otro propósito en beneficio de la Nación.

Es indudable que la reforma apuntada se verifica en un momento en que el presidencialismo en México atravesaba un momento muy importante, lo cual es fácilmente advertible en la explicación que en su momento ofreció el Poder Ejecutivo a través de la iniciativa de reforma constitucional presentada por el Presidente Alemán a la Cámara de Diputados. De la misma se desprende el razonamiento para la enmienda solicitada que: "Ha sido práctica parlamentaria ya ancestral en el Estado mexicano que ese H. Congreso de la Unión otorgue al Ejecutivo Federal la facultad de elaborar todas las disposiciones complementarias de las Leyes Fiscales y no simplemente la de proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia. Esa costumbre, no privativa de México, es conocida por la doctrina extranjera con el nombre de Leyes Marcos, porque el órgano legislativo se limita a sentar en ellas mismas los principios generales del ordenamiento sin descender a los detalles, los cuales son encomendados al Poder Ejecutivo tanto por lo que respecta a su precisión cuanto por lo que atañe a adaptarlos a las exigencias cotidianas, dentro del marco que ha sido trazado por los principios rectores consignados en las propias leyes”[25].

Y más adelante detalla que “La práctica aludida, sin embargo, por obedecer a una necesidad impuesta por la realidad, tanto patria como la de todos los países, especialmente en los estudios de los derechos administrativo y fiscal o financiero, lejos de que deba desaparecer, es indispensable que se conserve. Más, para ello, todo auténtico estado de derecho, como lo es el Estado mexicano, debe constitucionalizarla a efecto de que tenga como fundamento no una simple costumbre, como hasta ahora, sino una clara institución jurídica”[26].

A mayor inri, continua la justificación presidencial en el sentido de afirmar "La Colaboración del Poder Ejecutivo con ese H. Poder Legislativo, que se propone, en modo alguno infringe decisión política fundamental emanada del Constituyente 1916-1817. En efecto, con la iniciativa de adición que se propone no hay violación al principio de la división de poderes consagrado en el artículo 49 de nuestra Carta Magna, porque es conocido el hecho de que nuestra Constitución vigente no ha plasmado una teoría rígida de la división de poderes haciendo de los mismos, poderes dislocados, sino, por el contrario, una división flexible que impone hablar de una verdadera colaboración entre ellos”[27].

Para rematar diciendo “Por así decirlo, el Ejecutivo gozará esencialmente de la facultad de reglamentar en texto constitucional desarrollado en forma mínima por el Congreso de la Unión como órgano legislativo constituido. El propio texto constitucional aludido, proscribe que el legislativo se deposite en una sola persona y por expresado con antelación queda desvirtuada esta posibilidad, ya que el Congreso subsiste y el Ejecutivo simplemente colaborará con él en una mínima proporción”[28].

De la lectura a la iniciativa presentada por el ejecutivo, se desprende claramente el desprecio hacia el Poder Legislativo y al principio de separación de poderes, por lo que sin considerar la soberanía de aquél, el Ejecutivo propuso la adición del segundo párrafo concediéndose de manera atemporal las facultades en materia de comercio exterior que hemos venido comentando.

Es de resaltarse la certera opinión y valentía intelectual del diputado Gonzalo Chapela, quien afirmó en la discusión de la iniciativa de marras el 23 diciembre lo siguiente:

"Considero indebido, desde todos los puntos de vista, que el Congreso de la Unión abdique de sus atribuciones específicas de Poder Legislativo, rompiendo con ello las bases fundamentales de la Estructura democrática del Estado Mexicano, sobre todo cuando la abdicación se pretende hacer en forma definitiva, convertida en un principio constitucional que pugnaría con las tradiciones más limpias de México y con los esfuerzos históricos que el pueblo mexicano ha desarrollado para cimentar un régimen de instituciones.

"Considero innecesaria una atribución desorbitada de facultades permanentes, aun sobre la base de las necesidades que la iniciativa y del dictamen señala, desde el momento en que la propia colaboración de Poderes que se invoca es suficiente para que, sin romper el sistema constitucional mexicano, puedan tener respuesta pronta y educada las exigencias internas e internacionales a las que dictamen e iniciativas se refieren.

Por las consideraciones anteriores, pido a esta H. Cámara que se rechace el dictamen y se deseche la iniciativa manteniendo los textos actuales de los artículos 131 y 49 de la Constitución Federal de la República”[29].

Por su parte, en su turno al habla, el diputado Juan José Hinojosa entre otras cosas refirió lo siguiente, en defensa del ataque de la bancada oficialista que propugnaba por aceptar la iniciativa presentada:

“A lo que nos oponemos es a la entrega, y a esto se reduce el debate. Aceptamos que los Poderes no son estancos definitivos ni están cercados por valladares infranqueables. Debe una auténtica y vigorosa cooperación entre los Poderes; pero de ninguna manera debe haber la entrega definitiva, no transitoria, sino definitiva, puesto que se consagran en la Constitución funciones que específicamente corresponden al Poder Legislativo. Ya lo señalaba el señor diputado Jaime Robles y Martín del Campo: Hay la ley marco, hay otros caminos, sin necesidad de recurrir a consagrar en la Constitución la claudicación del Congreso, sin necesidad de erigir en precepto constitucional la renuncia a nuestras funciones específicas”[30].

Como cierre a la discusión en la Cámara de Diputados el C. Jorge Saracho Álvarez terminó la defensa de la iniciativa propuesta, con una carga demagógica y servilmente presidencialista manifestó:

"En consecuencia, el paso que pretende darse no es paso antidemocrático, no es un paso que lastime la división de los Poderes, no es un acto de albazo ni de sorpresa al pueblo de México cuya presentación, aunque mal llevada si se quiere, radica en esta Cámara. No es un acto contrario a los intereses de México, como decía el señor diputado Martín del Campo; y yo digo a esta honorable representación, al contrario de sus palabras: señores diputados, por el bien de México, por el bien de la patria, aprobamos la iniciativa”[31].

Consecuentemente, a continuación se procedió a la votación:

“El C. secretario Sánchez Gutiérrez Edmundo: Se pregunta si se considera suficientemente discutido el asunto. En votación económica sírvanse manifestarlo. Suficientemente discutido. Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general. Por la afirmativa.

El C. secretario Vázquez Pallares Natalio: Por la negativa:

El C. secretario Sánchez Gutiérrez Edmundo: queda aprobado en lo general, por 86 votos por la afirmativa y 4 en contra.

(Votación).

El C. secretario Sánchez Gutiérrez Edmundo: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?

El C. secretario Vázquez Pallares Natalio: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa? Se procede a recoger la votación de la Directiva.

(Votación).

El C. secretario Vázquez Pallares Natalio: Está a discusión el dictamen en lo particular.

(La Secretaría, de conformidad con el artículo respectivo del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, dio lectura a los dos artículos que forman este proyecto y se encuentran insertos al ponerse el mismo a discusión en lo general; poniéndolos a discusión uno por uno y no habiendo sido objetados, se reservan para su votación nominal).

Se va a proceder a recoger la votación en lo particular. Por la afirmativa.

El C. secretario Sánchez Gutiérrez Edmundo: Por la negativa.

(Votación).

El C. secretario Vázquez Pallares Natalio: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?

El C. secretario Sánchez Gutiérrez Edmundo: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa? Se procede a recoger la votación de la Mesa. (Votación).

El C. secretario Vázquez Pallares Natalio: Fue aprobado en lo particular el proyecto de adición al artículo 131 y la reforma al artículo 49 de la Constitución General de la República por 86 votos de la afirmativa y 4 de la negativa. Pasa al Senado para efectos constitucionales”.

Así pasó a la colegisladora el proyecto de reforma constitucional, que a la postre se publicó en los mismos términos que fue enviada, el 28 de marzo de 1951, luego de la aprobación correspondiente por parte de las legislaturas locales.

Cabe hacer notar que a partir de 1952, que ya había entrado en vigor la adición al segundo párrafo del numeral 131 constitucional, el Ejecutivo ya no contaba con facultades para señalar precios para la aplicación de las cuotas de las tarifas de importación y exportación y que se eliminara la finalidad expresa de estabilidad de la moneda, aunque lógicamente, dicho fin perfectamente puede quedar englobado en el cajón de sastre “o de realizar cualquiera otro propósito, en beneficio del país”

La presunta urgencia argumentada en la iniciativa de adición al artículo 131 constitucional, quedó muy superada por la realidad como suele ocurrir cuando hay carencia de motivos serios, ya que fue diez años después, hasta 1961 cuando el Legislativo por vez primera invoca el uso de la facultad que le confiere el segundo párrafo del artículo 131 constitucional expidiendo la Ley Reglamentaria del Segundo Párrafo del Artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estuvo vigente hasta el 14 de enero de 1986, fecha que entró en vigor la Ley Reglamentaria del Artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior que la sustituyó.

La aparición de la Ley Reglamentaria de 1961 puede denotar o bien que era innecesaria la adición del segundo párrafo al artículo 131 constitucional y por ello el Congreso emitía disposiciones en materia de Comercio Exterior, y/o que la urgencia en su agregación, no era tal, puesto que transcurrieron prácticamente dos sexenios sin ser ejercida.

No obstante, se debe reconocer que la esta ley reglamentaria de 1961, ciñó las facultades concedidas al Presidente de la República a los términos constitucionales, ya que dispuso que la facultad en su favor tenía la finalidad de obtener el mejor aprovechamiento de los recursos financieros nacionales y de regular la economía del país mediante el mantenimiento de niveles razonables de importación de artículos extranjeros, y consistieron de acuerdo a la fracción I de su artículo 1, en aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las Tarifas Generales de Importación y Exportación, y crear otras, en tanto que dentro de la fracción II quedó el fijar el monto máximo de los recursos financieros aplicables a determinadas importaciones y vigilar el cumplimiento de los acuerdos respectivos, a efecto de que no se sobrepasen de los límites que se establezcan. Sin embargo en el artículo 6 se condicionó el ejercicio de la facultad concedida a que anualmente al enviar el presupuesto fiscal de cada año, diera cuenta al Congreso del ejercicio de las facultades de la fracción I y solicitara la autorización respectiva[32].

Más adelante, por publicación en el Diario Oficial de la Federación del 8 de octubre de 1974[33], se modificó el primer párrafo del artículo que comentamos para quedar redactado de la siguiente manera:

“Art. 131. “Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia; pero sin que la misma Federación pueda establecer ni dictar en el Distrito Federal, los impuestos y leyes que expresan las fracciones VI y VII del artículo 117 […]”.

Es decir, con la anterior reforma únicamente se elimina la alusión a los Territorios Federales, puesto que para esa época ya habían dejado de existir, habiéndose admitido a la Federación como nuevos Estados a Quintana Roo y Baja California Sur, el 8 de octubre del mismo año.

La vigencia de la Ley Reglamentaria del Segundo Párrafo del Artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue hasta el 14 de enero de 1986, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Reglamentaria del Artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior, que facultó al Ejecutivo Federal entre otras cosas para (i) aumentar, disminuir o suprimir las cuotas arancelarias de las tarifas de exportación e importación y para crear otras, (ii) establecer medidas de regulación o restricciones a la exportación o importación de mercancías consistentes en Requisito de permiso previo para exportar o importar mercancías de manera temporal o definitiva; Cupos máximos de mercancías de exportación o de importación en razón de los excedentes de producción, de los requerimientos del mercado o de los acuerdos y convenios internacionales; Cuotas compensatorias, provisionales y definitivas, a la importación de mercancías en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional; Prohibir la importación o exportación de mercancías y (iii) restringir de la circulación o el tránsito por el territorio nacional de las mercancías procedentes del y destinadas al extranjero, por razones de seguridad nacional, de salud pública, de sanidad fitopecuaria o conservación o aprovechamiento de especies[34].

Si bien esta ley contuvo un articulado mucho más específico y detalló la manera en que el Ejecutivo podría ejercer la facultad delegada, consignó como objeto de la propia ley el regular y promover el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquier otro propósito similar en beneficio del mismo, eliminando la obligación de que las facultades extraordinarias se concedían condicionadas al objeto de la misma. No obstante, mantuvo al final de su artículo primero la obligación por parte del Ejecutivo Federal de someter ante el Congreso el uso que hubiera hecho de las facultades concedidas.

Finalmente, la Ley de Comercio Exterior que abrogó la Ley Reglamentaria que recién comentamos, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1993[35] y reformada el 24 de enero de 2006[36].

Con la aparición de esta nueva ley, no solo se eliminaron las condicionantes constitucionales impuestas al Ejecutivo en el sentido de que se le concederían anualmente facultades extraordinarias para legislar en materia de comercio exterior, en casos de urgencia a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, en beneficio del país, sino que también eliminó la obligación de someter al Congreso anualmente, el ejercicio de la facultad concedida. Con lo anterior, se hace patente la renuncia completa del Poder Legislativo Federal para ejercer en exclusiva, las facultades que se contienen en el primer párrafo del artículo 131 constitucional y 73 fracción XXIX, primer numeral.

Además de las supresiones recién comentadas, la Ley de Comercio Exterior incrementó las facultades del Ejecutivo, ya que en su numeral 4 consigna en su favor: (i) Crear, aumentar, disminuir o suprimir aranceles; (ii) Regular, restringir o prohibir la exportación, importación, circulación o tránsito de mercancías, cuando lo estime urgente; (iii) Establecer medidas para regular o restringir la exportación o importación de mercancías; (iv) Establecer medidas para regular o restringir la circulación o tránsito de mercancías extranjeras por el territorio nacional procedentes del y destinadas al exterior; (v) Conducir negociaciones comerciales internacionales a través de la Secretaría, (vi) Coordinar a través de la Secretaría, la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos de los estados en las actividades de promoción del comercio exterior, así como concertar acciones en la materia con el sector privado, y (vii) Coordinar a través de la Secretaría, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que administren o controlen una restricción o regulación no arancelaria se encuentren interconectadas electrónicamente con la Secretaría y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además de las adiciones de los apartados (v) a (vii) restringió la modalidad de urgencia que es un principio de procedencia de la facultad a nivel constitucional, a mero principio de procedencia a nivel de ley federal, y exclusivamente para los supuestos de regulación, restricción o prohibir la exportación, importación,

circulación o tránsito de mercancías, haciendo una distinción que el texto constitucional no hace.

Al parecer no conforme el legislador ordinario de ampliar el espectro de aplicación de las facultades contenidas en la Constitución en favor del Ejecutivo, consignó en la Ley de Comercio Exterior un sinfín de facultades en favor de la Secretaría de Economía, con poca pulcritud en cuanto a técnica legislativa se refiere, puesto que en ocasiones son más amplias que las concedidas al propio Ejecutivo, como es el caso de la fracción III del artículo 5[37].

Finalmente el 29 de enero del año de 2016[38], se realizó la última modificación al primer párrafo del artículo 131 de nuestra constitución, el cual elimina la restricción para que la Federación pueda imponer en el Distrito Federal, los impuestos y leyes que expresan las fracciones VI y VII del artículo 117 y que transcribimos páginas atrás.

Así, la redacción actual del primer párrafo citado, es del tenor siguiente:

“Artículo 131. Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia.

[…]”

Pareciera que con la reforma, lo que se pretendió fue eliminar la restricción a la Federación para establecer.

Pasando al tema de interpretación constitucional por parte del Poder Judicial, este ha magnificado las ya amplias facultades del concedidas por el Legislativo en favor del Ejecutivo en materia de comercio exterior, pues no solo ya no tendrá que someter a autorización su ejercicio, sino que también se le exime de motivación para su ejecución, y no obstante que el precepto establezca textualmente que la delegación se realiza para que responda con efectividad “cuando lo estime urgente, con el propósito de regular el comercio exterior, la economía del país o la estabilidad de la producción nacional”, el intérprete constitucional resolvió que este último al emitir un decreto en términos del artículo 131, segundo párrafo constitucional no está obligado a explicar los fundamentos o motivos por los cuales lo expidió y promulgó, en virtud de que esa función sólo requiere que la autoridad correspondiente esté constitucionalmente facultada para ello, según se aprecia de las tesis: COMERCIO EXTERIOR. LA APROBACIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 131, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, RESPECTO DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONCEDIDAS AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN LA MATERIA, NO ES UN REQUISITO QUE CONDICIONE SU VALIDEZ[39] y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS DECRETOS EXPEDIDOS POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN USO DE LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS OTORGADAS POR EL ARTÍCULO 131, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS[40].

Así tenemos que el artículo 131 recién comentado es una de las principales fuentes de nuestro andamiaje jurídico en materia de comercio internacional. Para entender a cabalidad la estructura legal de dicho comercio, no se puede soslayar la injerencia de los numerales 73 y 133 de nuestra Constitución.

Así en virtud del contenido del diverso 133, se incorporan a nuestro derecho interno el contenido obligacional derivado de múltiples tratados o acuerdos internacionales suscritos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado de la República. Dentro de este gran apartado, podemos ubicar a dos grandes rubros que implica este Derecho Internacional Público; (i) La adhesión de nuestro país a diversos organismos internacionales reguladores del comercio internacional y (ii) La suscripción de múltiples Tratados internacionales sobre la materia que nos ocupa.

Respecto del primer rubro, es importante traer a colación que nuestro país es miembro de pleno derecho de la Organización Mundial de Comercio[41], por lo que es signataria de diversos tratados multilaterales originados al amparo de su antecesor Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio[42] entre los que destacan el de Valoración Aduanera, Antidumping, para el Trámite de Licencias de Importación, Subvenciones y Medidas Compensatorias y Salvaguardias entre mucho otros que integran el Anexo 1A del Acuerdo por el que se crea la referida Organización[43].Muy importante es también la Organización Mundial de Aduanal de Aduanas[44], de la cual deriva el Convenio del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, el cual suscribe nuestro país y que no es otra cosa que la tarifa de los impuestos generales de importación y exportación y la nomenclatura que clasifica a las mercancías.

Nuestro país también participa en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico[45] que tiene dentro de sus múltiples fines y que interesan al objeto de este trabajo son el alcanzar un crecimiento económico sostenible, así como estabilidad financiera y posibilidades de progreso en el nivel de vida de los países miembros, con el fin de contribuir al desarrollo económico mundial, la contribución al crecimiento del comercio mundial, fortaleciéndolo de manera multilateral, por lo que nuestro país participa activamente en sus respectivos Comités de Comercio e Inversión.

Igualmente participa México en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se estableció con el fin de aprovechar la creciente interdependencia de las economías de la región. APEC tiene como objetivo crear una mayor prosperidad para los habitantes de la región, fomentando un crecimiento económico inclusivo, equitativo, sustentable e innovador. Dentro de este Foro es que nació lo que a la postre se conociera como Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica[46], del cual hablaremos más adelante.

Finalmente con carácter regional, nuestro país es signatario de la Asociación Latinoamericana de Integración[47], con la que comparte acuerdos y preferencias arancelarias con prácticamente todos los países sudamericanos y Cuba, bajo los principios de pluralismo en materia política y económica; convergencia progresiva de acciones parciales hacia la formación de un mercado común latinoamericano; flexibilidad; tratamientos diferenciales en base al nivel de desarrollo de los países miembros; y multiplicidad en las formas de concertación de instrumentos comerciales. Recientemente junto con Colombia, Chile y Perú nuestro país forma parte de la Alianza del Pacifico[48] que busca crear una área de integración hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales, personas y economía, impulsando un mayor crecimiento, desarrollo económico y competitividad de las economías de sus integrantes, para articular la plataforma política de integración económica y comercial en la región Asia-Pacífico.

Por otra parte, respecto de los Acuerdos o Tratados Comerciales que más que crear un organismo internacional, se ciñen a beneficios económico-comerciales, destacan como marco rector La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados,[49] la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías[50], La Convención de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental[51].

En cuanto a los tratados meramente comerciales, se cuenta 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países (Estados Unidos, Canadá, Comunidad Económica Europea, Japón, entre otros), 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (Alemania, Australia, Austria, China, Corea, Francia, Panamá, Reino Unido y Suecia entre otros) y 9 acuerdos de complementación económica / de alcance limitado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (Brasil, Argentina y Uruguay entre otros)[52] y pendiente de ratificación el TPP[53], celebrado con economías de la región Asia-Pacífico como Estados Unidos, Canadá, Vietnam, Singapur y Australia entre otros.

Desde otro punto de vista, habíamos adelantado la importancia del artículo 73 constitucional dentro del desarrollo del comercio internacional mexicano, detallando ahora que dicha referencia se basa en el primer numeral de su fracción XXIX, a través del cual expresamente se faculta a la Federación a establecer contribuciones sobre el comercio exterior. Si bien ya el 131 contenía esta facultad, no quisimos dejar la oportunidad de comentar que dicha facultad se reitera en el diverso artículo 73.

El GRUPO ACADÉMICO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES (GADEC) de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana surge con ocasión del centenario de la Constitución Mexicana (1917-2017), para promover la investigación en materia constitucional por parte de académicos, tanto nacionales como extranjeros.

El GADEC busca en primer término generar estudios sobre la Constitución Mexicana desde distintos ángulos: génesis histórica, evolución normativa, jurisprudencia, doctrina, etc.

Asimismo, y respondiendo a la necesidad de profundizar en el conocimiento del régimen constitucional, como sistema de gobierno: orígenes, evolución y principales modalidades en los diferentes sistemas jurídicos, publicará estudios sobre Historia y Teoría Constitucional, así como de Derecho Comparado.