Artículo 22

Texto Vigente

Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.

No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas:

I. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal;

II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito, respecto de los bienes siguientes:

a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aún cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.

b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior.

c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo.

d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.

III. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes.

Evolución Normativa

Desde su entrada en vigor en 1917, esta disposición ha sufrido seis reformas.

Texto original

El texto original constaba de tres párrafos: prohibición de distintas penas (mutilación, infamia, marcas, azotes, tormento de cualquiera clase, multa excesiva, confiscación de bienes) y, en general, cualquier otra pena inusitada y trascendental. Segundo párrafo autorizaba la aplicación total o parcial de bienes hecha por la autoridad judicial para el resarcimiento del daño causado por la comisión de un delito o para el pago de impuestos o multas. Finalmente, prohibía la pena de muerte por delitos políticos, reservando la posibilidad de su aplicación exclusivamente para los casos de traición a la Patria en guerra extranjera, parricidio, homicidio calificado, al plagiario, al salteador de caminos y por delitos graves del orden militar, entre otros.

28-12-1982: En el artículo 22 se agrega que no se considerará como confiscación el decomiso de bienes en caso de enriquecimiento ilícito, previsto en el artículo 109 constitucional, reformado en la misma fecha y en el cual se establecen nuevas reglas referentes a la responsabilidad de servidores públicos.

03-07-1996: La reforma permite el decomiso –que tampoco habrá de considerarse confiscación– de bienes propiedad del sentenciado (o respecto de los cuales se conduzca como dueño, si no acredita la legítima procedencia de los mismos), por delitos de delincuencia organizada.

08-03-1999: Se adiciona un tercer párrafo, ampliando los supuestos en que no deberá considerarse confiscación a la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono. Asimismo, se aplicarán a favor del Estado los bienes asegurados con motivo de una investigación por delincuencia organizada, mediante resolución judicial, habiendo respetado la garantía de audiencia a terceros y acreditado plenamente el delito de delincuencia organizada.

09-12-2005: Abolición total de la pena de muerte. Se suprimen los supuestos en que aún cabía su aplicación (derogación del párrafo cuarto) y se incorpora expresamente en la Constitución la prohibición de la pena de muerte –mediante su inclusión en el catálogo de penas prohibidas (párrafo primero)–, a fin de dar cumplimiento a tratados internacionales y garantizar la protección de la vida humana.

18-06-2008: Se introduce el principio de proporcionalidad en materia penal: “Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado”. Se introduce la figura de extinción de dominio, mediante un procedimiento jurisdiccional y autónomo (del de materia penal), en casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, respecto de bienes relacionados con los delitos.

27-05-2015: Al catálogo de los delitos por los que se autoriza la extinción de dominio se introduce el de enriquecimiento ilícito.

Criterios Jurisprudenciales Relevantes

Sobre penas prohibidas, inusitadas y trascendentales

PENAS PROHIBIDAS. Tesis: 2174. Apéndice 2000. Quinta Época. Segunda Sala. Tomo II, Penal, P.R. SCJN. Pag. 1023. Tesis Aislada (Penal)