Como sociedad tenemos la responsabilidad de garantizar que el ejercicio de la maternidad en Colombia sea plenamente compatible con el desarrollo de la dignidad humana y de los demás derechos fundamentales de las mujeres, en especial su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a ejecutar su proyecto de vida con autonomía, al trabajo y a reconocer el valor social del cuidado, al ejercicio de su profesión u oficio y al ejercicio autónomo de sus derechos reproductivos. 

La tarea de la  justicia constitucional es asegurar que ninguna mujer tenga que renunciar a sus sueños ni a sus derechos por ser madre sino que, por el contrario, la condición de la maternidad le asegure a la persona la realización de sus proyectos individuales y aportar a la familia y a la sociedad, desde esa sinigual condición, en función del amor y del caminar la existencia junto a los hijos.

Desde la administración de justicia, rendimos homenaje a las madres de Colombia en toda su diversidad: madres trabajadoras, madres cabeza de hogar, madres rurales y urbanas, madres víctimas, madres cuidadoras. A todas ellas, nuestra admiración, respeto y cariño porque son pilar fundamental de la sociedad, porque sostienen con su esfuerzo cotidiano a  familias y comunidades, y porque enfrentan desafíos que aún exigen respuestas decididas del Estado.

De manera especial, extiendo un saludo y reconocimiento a las madres que hacen parte de la Rama Judicial. Cada una de ustedes, desde su rol en la justicia, hace posible lo que parece imposible: compatibilizar las altas exigencias del servicio público de administración de justicia con la crianza, el cuidado y el amor de sus hijos e hijas. Su compromiso, su entrega y su esfuerzo silencioso fortalecen no solo la justicia, sino también el tejido social de Colombia.

Desde la labor que adelantamos en la Rama Judicial y en calidad de comisionado de la Corte Constitucional para la Comisión Nacional de Género, reafirmo el compromiso que nos une con una justicia que respete, proteja y garantice sus derechos, promoviendo una perspectiva de género que haga visible y transforme las desigualdades, para hacer una sociedad más equitativa e incluyente”.

Las consecuencias de la violencia de género son devastadoras, así como sus repercusiones permanentes en la salud física y mental de las víctimas. 

En la Rama Judicial se promueve una cultura de cero tolerancia con las conductas que constituyen acoso sexual y por razones de género, y la creación de espacios laborales y contractuales seguros y libres de toda forma de violencia, acoso y discriminación.

Para ello se han creado mecanismos de prevención, atención y protección; así como un protocolo que aplica a magistrados de Altas Cortes y tribunales, jueces, empleados judiciales y administrativos, contratistas, practicantes, judicantes y demás personas que presten sus servicios o se encuentren de cualquier forma vinculadas a la Rama Judicial.