El resultado de la lucha revolucionaria contra la dictadura de Batista culminó con el ascenso al po­der político de un Gobierno Provisional Revolu­cionario, representativo de las clases interesadas en el derrocamiento del tirano y en la solución de los problemas más apremiantes de la nación. Se inició una profunda revolución social, sobre todo, después del 16 de febrero, cuando Fidel asumió el cargo de primer ministro, anunció su programa y comenzó a dirigir la política general del gobier­no. Los llamados ministros retrancas, opositores a la profundización del proceso revolucionario, no podían contener los cambios radicales. Más bien, se vieron precisados a irse decantando del ejercicio del poder. Había llegado el momento de cumplir el Programa del Moncada.

Medidas como la rebaja de las tarifas eléctricas y telefónicas, de los alquileres y medicamentos; la creación del Departamento de Bienestar Social para atender a los desamparados; el uso público de las playas; el saneamiento de la administración pública, entre otras, contribuyeron a que las más amplias capas sociales estuvieran indefectiblemen­te al lado de la Revolución, fenómeno que definió la postura radical de la Revolución Cubana y pre­paró el camino hacia la Reforma Agraria.

En ese lapso fue significativo que la Ley Funda­mental de la República se refiriera a la Reforma Agra­ria y el consiguiente reparto de tierras, a los tipos de pagos de las indemnizaciones en caso de expropia­ción forzosa de la tierra. También dispuso la vigencia de la Ley no. 3 de la Sierra Maestra, y se aclaró su carácter provisional, al tiempo que se informaba el estudio del texto definitivo. 1

El 3 de febrero de 1959, en una concentración popular en Guantánamo, Fidel demandó del Go­bierno Revolucionario la aprobación de una am­plia Ley de Reforma Agraria, al tiempo prometió su aplicación, pues la Ley no. 3 de la Sierra era insuficiente en las condiciones de Cuba. Días des­pués, el Consejo de Ministros acordó crear una comisión presidida por Humberto Sorí Marín, mi­nistro de Agricultura, para el estudio y reglamen­tación de la Ley Agraria. Debido a los componen­tes de dicha comisión, Fidel comenzó a reunirse con Ernesto Che Guevara, Alfredo Guevara, Oscar Pino Santos, Antonio Núñez Jiménez, Segundo Ceballos y Vilma Espín. De las reuniones con este grupo salió el proyecto de Ley Agraria, presenta­do en abril al Consejo de Ministros.

En medio de este complejo proceso político, tu­vieron lugar ocupaciones ilegales de tierra: unos, azuzados por elementos desestabilizadores de la Revolución y otros, de manera espontánea. Para poner coto a esta práctica, se adoptó la Ley 87, del 20 de febrero de 1959, referida a la ocupación irresponsable de la tierra. Su contenido subraya­ba el propósito del Gobierno Revolucionario de realizar una “Reforma Agraria amplia, organiza­da y justa”. Dicha ley consideró antipatriótico y contrarrevolucionario fomentar la anarquía y la desorganización en los campos.2

A partir de este momento, se inició una fase de concientización de los campesinos, sobre la espe­ra de la Ley Agraria y, con los obreros, de la ne­cesidad de priorizarla con su apoyo. Se preparó una campaña sin precedentes que la enfocó como medida económicamente elemental para salir del subdesarrollo y la dependencia, fundamento de la justicia social para elevar el nivel de vida y con­dición indispensable para la futura industrializa­ción del país. Del mismo modo, se intensificó la tarea de crear las condiciones subjetivas y obje­tivas para la promulgación de la ansiada ley en medio de la aplicación de otras medidas econó­mico-sociales también importantes; de presiones de todo tipo, internas y externas para contener el cauce renovador del proceso que se anunciaba.

Demostrativo del avance de la política agraria fue el primer reparto de tierras, el 1.º de marzo a los campesinos de Las Martinas en Pinar del Río, donde se otorgaron 340 títulos a igual número de familias.3 En ese acto Fidel señaló: “[...] esto no es nada, esto es, si acaso, el primer paso [...]”.4 De hecho, fue el inicio real y objetivo de la Refor­ma Agraria en Cuba.

Si las medidas anteriores no lesionaron la raíz del andamiaje económico de la Isla, la primera Ley de Reforma Agraria, sin un objetivo socialista, susci­tó una gran conmoción en las fuerzas económicas de la nación. Proclamada el 17 de mayo de 1959, desde la histórica comandancia de La Plata, en la Sierra Maestra, puso de relieve la sensatez revolu­cionaria en medio de la premura. La aplicación de la ley fue un proceso que abarcó hasta algo más de 1961. Fijó el máximo de tenencia de la tierra en 30 caballerías (402 ha), límite que podía extenderse a 100 caballerías en función de rendimientos pro­ductivos por encima del 50 % de la media nacional. Fue otorgado en propiedad el mínimo vital de dos caballerías (26,8 ha) a familias de cinco personas que las trabajaran, las cuales podían obtener hasta cinco caballerías con facilidades de pago. Más de 100 000 familias campesinas fueron beneficiadas y el Estado se fortaleció con el traspaso del 40 % de las tierras.5 El latifundio fue proscrito, así como la posibilidad para los extranjeros de obtener tierras cubanas. La aplicación de su contenido le otorgó un profundo carácter antimperialista y popular.

Primero se intervinieron las fincas más exten­sas y en manos de geófagos o cuyos dueños no emplearan campesinos. En ellas se organizaron cooperativas. En la segunda fase de la Reforma Agraria, en 1960,6 las plantaciones cañeras fueron cooperativizadas violentándose el desarrollo de las fuerzas productivas, aunque la cooperativa fue válida ante la parcelación de la tierra en pequeños minifundios.7 A finales de ese año, las cooperati­vas agropecuarias pasaron a granjas del pueblo, un paso de avance, así se restituyó el obrero agrícola.

La ley creó el Instituto Na­cional de Reforma Agraria (INRA), presidido por Fidel y con Antonio Núñez Jiménez como director. Era un organismo técnico que, por sus funciones, devino una ins­titución estatal de primer orden, pues: “Fidel duplicó en el INRA las más importantes funcio­nes del Gobierno Revolucionario. A más de las facultades agrarias, el Comandante en Jefe creó, por resolución del organismo, su Departamento de Industrialización, el de Comercialización, el Departamento de Pesca y otros importantes or­ganismos nacidos al calor de la Revolución [...]”.8 Con ello ampliaba considerablemente la autori­dad y activ++idad del INRA respecto a otras es­feras de la economía nacional. Antes de terminar 1959, “El INRA [era] la Revolución hecha orga­nismo, como la Ley de Reforma Agraria [fue] la Revolución hecha Ley”.9 Todos los organismos del Estado se vieron precisados a cooperar con el programa del INRA y a los jefes de las zonas de desarrollo agrario les fue otorgada jerarquía de máxima autoridad en cada territorio. La ac­ción del INRA fue una forma sui géneris del ejercicio del poder.

También se estructuró el país en zonas de desarrollo agrario (ZDA), vigentes hasta la se­gunda mitad del año 1961. Fueron concebidas 26 ZDA como homenaje a las acciones del 26 de julio de 1953;10 pero la práctica demandó la creación de otras hasta completar 29, dos en Oriente y una en el centro del país. A partir de 1961 y de acuerdo con los planes del Go­bierno, las granjas del pueblo, las cooperativas cañeras y la Asociación Nacional de Agriculto­res Pequeños (ANAP)11 fueron los organismos responsables de intensificar la producción de los campos.

La diversificación de los cultivos y la producción pe­cuaria caracterizó la Reforma Agraria. Además de incremen­tarse los cultivos agrícolas de poca producción antes de 1959, aumentó la cría de ga­nado porcino y bovino y la de aves, con lo que se amplió el mercado interno.12 Se buscó disminuir importaciones y suministrar una base de mate­rias primas para la industria nacional. Al rever­tir la situación económica, el INRA elevó el es­tándar de vida del campo cubano. La aparcería, el arrendamiento y todas las formas de explota­ción desaparecieron.

La cristalización de esta ley constituyó, en ese momento, el colofón del pensamiento cubano alrededor de los temas agrarios desde la época colonial, sustentado por los intereses de clases en cada circunstancia, enriquecido con la expe­riencia internacional. En ella se sintetizaban las aspiraciones del movimiento campesino desde el nacimiento de esta clase social en la nación.

Por el contrario, la oligarquía y las compañías estadounidenses reaccionaron de forma violen­ta. No aceptaron la indemnización ofrecida por el Gobierno Revolucionario:13 tanto unos como otros rechazaron este tipo de pago y hasta re­nunciaron a las 30 caballerías que les dejaba la ley. Iniciaron así una escalada de agresiones de todo tipo impulsadas desde el exterior por Esta­dos Unidos, que desembocó en una aguda lucha de clases. Los grandes ganaderos mostraron ser el estrato social más reaccionario. Los dueños de grandes extensiones de tierra, especialmente compañías extranjeras, comenzaron a sabotear la producción. Intentaron dividir el movimiento obrero azucarero y atentaron contra la economía y la subsistencia de la población.

Sin embargo, las masas no eran simples es­pectadoras de los cambios, sino protagonistas en vínculo estrecho con la máxima dirección del proceso. El dinamismo de las transformaciones y su honda raíz humanista cambiaron la eferves­cencia revolucionaria en conciencia revoluciona­ria. Sin duda, la Ley Agraria fue determinante, pues, más que una reforma, alcanzó la categoría de revolución agraria.

1 Tirso Clemente: “Legislación revolucionaria”, en Hu­manismo, Fondo de Cultura Económica, año VII. no. 53- 54, Publicaciones Cultural. S. A., La Habana, enero-abril de 1959, p. 395.

2 Mined: Documentos de nuestra historia, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1971, p. 48.

3 Instituto de Historia del Movimiento Comunista y de la Revolución Socialista de Cuba: El pensamiento de Fidel Castro, Editora Política, La Habana, 1983, p. 193.

4 Idem.

5 Con la recuperación de bienes malversados y las propie­dades de las personas que abandonaron definitivamente el país, se formó el incipiente sector estatal de la econo­mía. El Estado cubano confiscó más de 300 empresas constructoras, 14 centrales azucareras y la Cuban Telepho­ne Company; hasta abril de 1960, más de cuatrocientos mi­llones de pesos.

6 A partir de la Resolución no. 142, del 2 de febrero de 1960, se creó la Comisión Nacional para la aplicación de la Ley de Reforma Agraria en la Industria Azucarera. Las comi­siones locales se crearon por centrales azucareros.

7 La cooperativa cañera, dejó de existir en 1962, cuando el Congreso Nacional de Cooperativistas Cañeros, en agosto, acordó su transformación en granjas especiales, a sugerencia de Fidel.

8 Antonio Núñez Jiménez: En marcha con Fidel, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1982, pp. 308- 309.

9 Idem.

10 Fernando Vecino Alegret, jefe de ZDA-O28, entrevis­ta concedida a la autora, a través de la doctora Rittaly Agüero Feria, La Habana, 3 de mayo del 2003.

11 La ANAP surge como iniciativa de Fidel en la Plenaria Na­cional Azucarera efectuada en diciembre de 1960. A par­tir de aquí comenzó el proceso de constitución en la base hasta que se llegó a la gran Plenaria Nacional en mayo de 1961, en la que quedó oficializada como organismo único que agruparía a todos los campesinos del país. El coopera­tivismo en la organización de la producción cañera dejó de existir en 1962, cuando se formaron las granjas especiales.

12 Véase Mayra San Miguel Aguilar: La reforma agraria en Holguín: 1959-1961, Ediciones Holguín, Holguín, 2005.

13 A través de bonos estatales de sólido respaldo, los cuales podían ser cobrados en un plazo de 20 años a un interés del 4,5 %.