OCTAVO  BOLETÍN  - ESPECIAL AMASSURU RECOPILACION LA COSTILLA ROTA

Seguridad y violencias contra las mujeres: nuevos abordajes con perspectiva de género 

DICIEMBRE 10 2024

Hoy, 10 de diciembre de 2024, en el marco del Día de los Derechos Humanos, cerramos los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, una campaña que conecta directamente con el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este periodo nos recuerda la urgencia de erradicar las violencias de género y de garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, como un derecho humano fundamental.

Con este boletín, inauguramos una serie de recopilaciones de los artículos publicados durante el año en nuestro espacio en La Costilla Rota, donde mujeres de la Red Amassuru han compartido más de 30 artículos sobre una diversidad de temas relacionados con seguridad, defensa y justicia - ejes temáticos de nuestra red.  En esta primera entrega, reunimos 14 artículos enfocados en la seguridad y las violencias contra las mujeres desde nuevos enfoques con perspectiva de género, ofreciendo análisis profundos y propuestas innovadoras para transformar las políticas y prácticas en contextos diversos, poniendo en el centro la justicia, la equidad y los derechos humanos.

Un primer grupo de artículos destaca la necesidad de transformar las políticas de seguridad para enfrentar las violencias estructurales desde enfoques de género, participación ciudadana y coordinación regional. Estos textos señalan que no basta con enfoques tradicionales ni análisis limitados a estadísticas; es esencial cuestionar estereotipos, comprender las complejidades socioculturales y diseñar estrategias inclusivas que respondan a las realidades locales y globales. Desde la integración de mujeres en la toma de decisiones hasta la gestión de fenómenos como la migración, la seguridad debe abordarse de manera sostenible y adaptada a los retos actuales.

Por otro lado, la inclusión de perspectivas de género en políticas locales de seguridad es clave para responder a problemáticas específicas. En Colombia, los PISCC promueven la participación de mujeres en estrategias de seguridad, mientras que en Córdoba, Argentina, los alcaldes asumen un rol clave con Guardias Locales de Prevención. Además, enfrentar rentas criminales requiere enfoques intersectoriales, integrando género, salud, educación y desarrollo económico para una seguridad más equitativa y sostenible.

Finalmente, dos artículos destacan cómo las narrativas tradicionales perpetúan enfoques que marginan a las mujeres en las políticas de seguridad. Mientras la epistemología feminista cuestiona estructuras patriarcales en la producción del conocimiento, las soluciones militarizadas en Ecuador reflejan la exclusión de problemáticas de género en contextos de violencia estructural. Como bonus, un artículo sobre las mujeres bajo el régimen talibán en Afganistán evidencia que la lucha por un enfoque de género es una necesidad universal, trascendiendo regiones y contextos, frente a diversas formas de opresión y exclusión.

Con esta serie de recapitulaciones de artículos de Amassuru en La Costilla Rota, buscamos no solo reflexionar sobre los desafíos persistentes en torno a la violencia contra las mujeres, sino también destacar las iniciativas y estrategias que están marcando una diferencia en la región. Este editorial es una invitación a seguir explorando, aprendiendo y actuando, porque la lucha por una vida libre de violencia para todas las mujeres debe ser una prioridad constante.

La Red Amassuru agradece profundamente a La Costilla Rota por crear este espacio de debate, reflexión y discusión, abierto a las participantes de nuestra red, interesadas en promover perspectivas transformadoras. Este espacio no solo moviliza temas de gran relevancia, sino que también impulsa un diálogo inclusivo desde un enfoque de género, permitiendo visibilizar y cuestionar las desigualdades estructurales que enfrentamos como sociedad. La invitación a todas las participantes de Amassuru para aprovechar este espacio de discusión está permanente abierta.

Invitamos a todas y todos los lectores a disfrutar de esta lectura crítica y enriquecedora, que busca contribuir a la construcción de un mundo más justo y equitativo.

Katherine Aguirre Tobón

Fundadora de Amasuru e Investigadora del Instituto Igarapé

Redefiniendo la seguridad pública: género, participación y desafíos regionales

La violencia armada en México, especialmente contra mujeres, se ha intensificado en los últimos 20 años debido al ingreso de armas provenientes de Estados Unidos, exacerbado por la expiración de la prohibición de venta de armas de asalto en 2004 y la guerra contra el narco iniciada en 2007. En el Estado de México, líder en feminicidios y violencia contra mujeres, se destacan formas de violencia distintas: mientras la mayoría de asesinatos de hombres ocurren con armas de fuego, los feminicidios suelen implicar otros objetos. La falta de datos detallados sobre el tipo y origen de las armas limita la capacidad de combatir este fenómeno, lo que subraya la necesidad de mayores controles, campañas de desarme y una mejor coordinación entre México y Estados Unidos para frenar el flujo de armas ilegales.

Destaca la urgencia de priorizar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en México como herramienta clave para enfrentar el incremento alarmante de la violencia feminicida. A pesar de avances legislativos como la reforma de 2022, persisten fallas estructurales, incluyendo insuficiencia presupuestaria, falta de coordinación entre niveles de gobierno y omisiones en la medición de la efectividad de las medidas implementadas. Estas carencias, combinadas con tensiones entre el gobierno y organizaciones feministas, subrayan la necesidad de revitalizar este mecanismo y garantizar su eficiencia en la protección de los derechos de las mujeres.

La atención a mujeres víctimas de violencia debe ser integral y centrarse en el reconocimiento de cada caso, facilitando procesos para superar vínculos dañinos y acceder a un sistema legal que restituya derechos. En Santiago de Cali, la Secretaría de Seguridad y Justicia implementa un modelo innovador con atención médica, psicológica, psiquiátrica y legal, enfocándose en respuestas inmediatas que protejan la vida y dignidad de las mujeres.

El análisis crítico de los datos oficiales sobre seguridad en México es esencial para mejorar su utilidad en la formulación de políticas públicas efectivas. No basta con las cifras cuantitativas; es fundamental incorporar perspectivas cualitativas, como las experiencias de violencia de género, para entender el problema de manera integral. Un ejemplo significativo es el trabajo de colectivos como “Madres Buscadoras de Sonora,” quienes, ante la desconfianza en registros oficiales, han logrado localizar a miles de personas desaparecidas, vivas y fallecidas, a través de acciones independientes. Este caso subraya la necesidad de combinar datos duros con las voces y conocimientos prácticos de la sociedad civil para diseñar estrategias de seguridad que respondan a las realidades locales y humanicen las políticas públicas.

El feminicidio debe ocupar un lugar central en la agenda de seguridad ciudadana y convivencia territorial, ya que no se trata solo de incluir a las mujeres en las estadísticas, sino de transformar las instituciones y prácticas de seguridad desde una perspectiva de género. Esto implica reconocer los factores estructurales que reproducen las violencias, como los estereotipos de masculinidad y feminidad, y abordar las jerarquías y comportamientos que perpetúan la desigualdad y la impunidad. Las acciones deben ser profundas y orientadas a generar cambios culturales y estructurales que enfrenten la producción y reproducción de las violencias de manera integral y efectiva.

En Ecuador, la militarización de la seguridad interna ha sido legitimada y legalizada mediante reformas legales y consultas populares, situando a las Fuerzas Armadas como el eje principal en la lucha contra el crimen y la violencia. A pesar del alto grado de aceptación ciudadana hacia estas medidas, reflejado en la aprobación de consultas sobre endurecimiento de penas y el uso militar en funciones policiales, los resultados han evidenciado un desgaste significativo en las Fuerzas Armadas, como lo demuestra el aumento de solicitudes de baja voluntaria. Además, el debate sobre desconstitucionalizar la prohibición de bases militares extranjeras plantea interrogantes sobre su viabilidad como política de seguridad, subrayando la necesidad de un enfoque integral que aborde la violencia desde sus raíces estructurales y no dependa exclusivamente de soluciones militarizadas.

La migración masiva en Chile plantea desafíos significativos en términos de seguridad nacional y derechos humanos, especialmente para mujeres y niñas migrantes, quienes son más vulnerables a la explotación y violencia. Para enfrentar estas amenazas, es fundamental adoptar políticas integrales que incluyan cooperación regional, protección de derechos humanos y un enfoque de género, asegurando respuestas coordinadas que combinen seguridad, desarrollo y cohesión social.


Políticas locales con enfoque de género: un desafío transformador

Combatir las rentas criminales es un desafío central de las políticas de seguridad, ya que requiere un trabajo articulado entre la nación y las ciudades, además de una coordinación intersectorial dentro de las propias ciudades. Las secretarías de desarrollo económico desempeñan un papel clave al abordar las condiciones económicas que alimentan estas actividades ilícitas, mientras que las secretarías de salud y educación son pilares fundamentales para prevenir y mitigar los impactos sociales de estas dinámicas criminales.

La participación de las mujeres en todos los niveles de operación y toma de decisiones en los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) es crucial para garantizar un enfoque inclusivo y equitativo. En Colombia, el proceso de formulación de estos planes para el período 2024-2027 plantea desafíos respecto a la incorporación de un enfoque de género y la participación efectiva de las mujeres. Espacios como los consejos de seguridad de mujeres y las mesas de trabajo son fundamentales para incluir temas como violencias basadas en género, seguridad en el transporte público, ciberseguridad y protección de mujeres migrantes, entre otros. Sin embargo, la baja convocatoria y el enfoque tradicional de las autoridades en seguridad y defensa limitan estas iniciativas, subrayando la necesidad de consultas directas, mayor transparencia y acceso público a los PISCC, así como un acompañamiento más activo del Gobierno nacional para garantizar que las voces de las mujeres sean escuchadas y sus necesidades reflejadas en las políticas de seguridad.

La nueva Ley de Seguridad Pública y Ciudadana de Córdoba (Ley N° 10.954/2023) introduce un enfoque innovador al integrar a los gobiernos locales como actores clave en el sistema de seguridad provincial, mediante la creación de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia. Este modelo, basado en el paradigma de proximidad, busca fortalecer la capacidad de los municipios para prevenir violencias y delitos, complementando el trabajo de la policía provincial. Sin embargo, su implementación enfrenta desafíos como la necesidad de fortalecer capacidades locales, establecer mecanismos efectivos de monitoreo y garantizar la sostenibilidad política y operativa más allá de los ciclos electorales, con el objetivo de consolidar una política de seguridad transformadora y replicable.


Hacia enfoques de seguridad con perspectiva de género

La epistemología feminista no es una moda, sino una herramienta esencial para la seguridad femenina. Al cuestionar el conocimiento tradicional, influido por valores patriarcales y androcéntricos, propone una visión crítica que desmantela dicotomías jerárquicas y da voz a quienes han sido marginadas. Su relevancia radica en que la forma en que se percibe a las mujeres afecta directamente su tratamiento en la sociedad. Promoviendo prácticas inclusivas, reflexivas y orientadas a la justicia social, la epistemología feminista no solo busca entender el mundo, sino transformarlo, generando mejores condiciones de igualdad y seguridad para las mujeres.

El artículo analiza cómo las prácticas discursivas en seguridad, moldeadas por intereses hegemónicos y discursos masculinizados, desfiguran la perspectiva de género y marginan enfoques preventivos y estructurales. A través de narrativas que legitiman el uso de la violencia estatal para combatir la criminalidad, se excluyen problemáticas como las mujeres criminalizadas, las redes de explotación y los derechos de víctimas vulnerables. En Ecuador, estas dinámicas se evidencian en decretos como el del conflicto armado interno, que privilegian soluciones militarizadas mientras ocultan cifras clave y generan sub-narrativas fragmentadas. Redefinir la seguridad requiere desmontar estas narrativas y fomentar prácticas discursivas inclusivas y responsables, capaces de integrar enfoques emergentes y equitativos que respondan a las realidades del país.

Bonus

Desde la retoma del poder talibán en 2021, Afganistán vive un régimen de apartheid de género que ha eliminado derechos fundamentales para mujeres y niñas. El 30 de junio de 2024, en la reunión de Doha, la ONU aceptó negociar con los talibanes bajo condiciones que excluyeron a las mujeres, traicionando los principios de la agenda Mujer, Paz y Seguridad. Este acto legitima un régimen misógino que perpetúa la opresión y niega la participación femenina en la vida pública y política. A pesar de ello, las mujeres afganas continúan resistiendo, denunciando el silencio internacional y exigiendo una acción inclusiva y justa.

Agradecimiento especial