Si sucesos como el Motín de Aranjuez o la guerra de la Independencia reflejan el protagonismo del pueblo español como agente político importante, la redacción de la que es considerada por autores y autoras como la primera Carta Magna de la Historia de España cuanto menos apuntaba el futuro político liberal que se establecerá tras la muerte de Fernando VII.
Las fuentes que nos ha ido legando la historia son abundantes. Si se rastrea en cualquier documento se pueden encontrar datos que informan sobre la configuración de la distribución y denominación del parcelario que se insertaba en el término de Alcaudete de la Jara. Topónimos que, en algunos casos se han perdido, o al menos una parte de los mismos. Este es el caso de los terrenos que pertenecieron en su momento al Hospital de Santiago de Toledo denominados Mondarga y Mondarguilla, para cuyo arrendamiento, Isidro Granda otorgó un poder especial a su paisano Luis Gutiérrez de Castro (a finales de 1820) con el objetivo de negociar ante el administrador de la citada institución benéfica de la Ciudad Imperial, Diego de la Torre, el arrendamiento de las tierras en cuestión[1].
Con el nombre de Mordazga aparece una posesión de la orden de Calatrava en el año 1484, institución de la que pasaría a la de Santiago e 1492. En las Relaciones de Felipe II, aparece este nombre nuevamente, ubicada a continuación de la dehesa del Concejo. Pertenecía al Hospital de Santiago de los Caballeros de Toledo. En el siglo XVIII el Catastro de Ensenada señala la existencia de las "dehesillas de Mordazga y Mordazguilla", cercanas al caserío[2].
Años más tarde, esta tierra, situada al sitio denominado Dehesilla, tenía 70 fanegas de extensión, y estaba delimitada por las tierras de Pedro Nolasco Mansi, por el sur y el este; con el camino que va al Membrillo por el oeste; y por el norte con la dehesa de Simón Villarroel. Los terrenos fueron privatizados por medio de subasta pública (en la fase de desamortización de tierras reactivada por Pascual Madoz en 1855), siendo adquiridos por el señor Mansi el 24 de diciembre de 1859, en representación del cual asistió a la recogida de escrituras Eustaquio Arnaiz (su agente de negocios)[3]
Quizá, aquellas Mordazga y Mordazguilla (o Mondarga y Mondarguilla) con el tiempo se han integrado en las tierras que se conocen con el topónimo de Dehesillas, término que aparece, cuanto menos, en el ecuador de la Centuria de la Ilustración (S. XVIII). Un patrimonio inmaterial que, como todo el que engloban los terrenos de la jareña villa, guarda un pedazo de historia en su horizonte más profundo.
Fuentes empleadas
[1] Archivo Histórico Provincial de Toledo (AHPT), Protocolos notariales, año 1820.
[2] PICAVEA-MATILLA, E.: Orígenes y desarrollo de la señorialización en la villa de Talavera de la Reina y su tierra (siglos XIII.XV), Excmo. Ayto. de Talavera de la Reina Talavera de la Reina, 2007, págs. 227 y 232; VIÑAS, C. y PAZ, R.: Las relaciones Topográficas de Felipe II; ALFONSO SANTORIO, Paula: "Alcaudete en el Catastro del marqués de la Ensenada. Año de 1752", en: Centenario. Alcaudete. 100 años de villazgo (1911-2011), Excmo. Ayto. de Alcaudete de la Jara, Talavera de la Reina, 2011 pág. 95.
[3] AHPT, Fondo Hacienda, 2030, Exp. 3
El seis de abril de 1911, desde palacio, Alfonso XIII disponía que se otorgara el título de villa a Alcaudete de la Jara, y a su Ayuntamiento el tratamiento de excelencia. Así se publicaba en la Gaceta de Madrid dos días después, cuando era ministro de Gobernación don Trinitario Ruiz y Valarino[1]. Esta atribución tenía un carácter más honorífico que funcional dentro de la Administración, además reflejaba la capacidad de influencia de las élites políticas vinculadas a Alcaudete en el ámbito palaciego y parlamentario.
Pero, si en el régimen liberal (aquel orden político que se impuso tras la muerte de Fernando VII en 1833) la declaración de villazgo venía a ser una muestra de prestigio, anteriormente, en lo que se conoce como Antiguo Régimen, tenía unas connotaciones mucho más relevantes de cara al papel que podía desempeñar una localidad dentro de la jerarquía administrativa de la monarquía hispánica.
El significado de la palabra villa tiene sus raíces en época romana como zona de explotación agrícola. Con este carácter de distrito rural permaneció durante el periodo visigótico y en la Reconquista en reinos como Castilla, León o en el principado de Cataluña. Con el tiempo irá variando dando lugar a diferentes estructuras. En algunas ocasiones es la base de grandes concentraciones poblacionales, mientras que en otras lo es de pequeños focos rurales. En el plano jurídico, la villa se caracterizaba por estar dotada de un corpus propio. Es lo que en muchas ocasiones se conoce como cartas pueblas o "cartas de población" que los reyes entregaban. En estos textos legales se registraban una serie de privilegios que se intentaron mantener a lo largo del Medievo. En siglos previos al XIX (sobre todo desde el XV al XVIII) se atribuía la denominación de villa a aquellas poblaciones que poseían ciertas dimensiones en extensión y habitantes. Esto suponía el goce de ciertos privilegios y exenciones, fundamentalmente en los planos político y administrativo. La villa poseía un alcalde que administraba justicia, tanto en ámbito civil como en el criminal.
Entre los motivos aludidos estaban los que impulsaron a las gentes de Alcaudete de la Jara a solicitar el privilegio de villazgo, como se refleja en una carta de poder que el Concejo, Justicia y vecinos del aún lugar mandaban redactar, ante el escribano público que en aquel momento existía en la localidad (don Matías Bonilla y Contreras). Este documento, fechado el 8 de diciembre de 1816, estaba signado por las siguientes autoridades:
Feliciano Bonilla y Contreras. Alcalde
Juan Parro y Domingo Gregorio. Regidores
Felix González de Salas. Procurador síndico general del común
Gregorio Fernández Cadalso, Nicolás Gutiérrez de Castro, Isidro Granda, Nicasio Piñón, Vicente del Valle, Vicente Fernández Baleno, Francisco Y Nicolás del Pino, Castor Fernández Ollero, Felix del Amo, Tomás Bodas, Patricio Rodríguez, Alfonso Chico, Manuel Hermoso, Manuel Juárez, Antonio Bonilla y Contreras. Todos estos como vocales del Concejo.
Blas José Albanel. Maestro del lugar.
A todo este elenco de personajes representativos de Alcaudete se sumaban una enorme cantidad de vecinos de la localidad, en apoyo de la petición solicitada por las instituciones públicas.
Concejo, capitulares y vecinos, además de poner a disposición del proceso los bienes propios y rentas del Concejo, afirmaban que el pueblo estaba en aquel momento bajo la jurisdicción de la villa de Talavera de la Reina, lo que suponía que los pleitos, asuntos civiles y criminales que surgían en el lugar tenían que ser resueltos en Talavera (a pesar de existir un alcalde como se ha citado anteriormente). Esto suponía una serie de desavenencias entre la población debido a que:
“…por asuntos de leve interés se forman ruidosas contiendas, y por otra parte, se ocasionan a estos moradores y vecinos excedísimos[sic] gastos y notables perjuicios (que pueden evitarse) en la ventilación de que cualesquiera demanda que les ocurra, por cuanto para promoverla en su primera instancia tienen precisión de pasar con frecuencia a aquella villa [Talavera], y faltan a la asistencia de sus casas y familias, por cuya causa advierten que les faltan algunos aumentos que pudieran tener y resultarles de la continua aplicación a su trabajo y labranzas a que viven destinados la mayor parte…”
Otro argumento que empleaban las gentes de Alcaudete para justificar su solicitud era que Talavera se situaba a cuatro leguas. A esto añadían que en el camino había algunos tramos en muy mal estado, y que habían tenido lugar en dicha vía robos y otros excesos. También exponían que ni el Jébalo, ni el arroyo de Los Frailes tenían puentes, lo que los hacía intransitables cuando el caudal que arrastraban era abundante, produciéndose ahogos y algunas desgracias cuando no había habido más remedio que vadearles. Otro factor natural que dificultaba el tránsito hacia Talavera era, en opinión de los solicitantes, el propio Tajo, debido a que en algunas zonas el camino estaba próximo a su cauce, y era inundado por el río cuando se producían crecidas. El puente de entrada a Talavera suponía otro inconveniente para las gentes que venían del sur hacia la Ciudad de la Cerámica, por ser en parte de madera, estructura esta que era en ocasiones deteriorada por las avenidas de dicha arteria fluvial, con el consecuente perjuicio de las personas que debía pasar a Talavera para resolver asuntos urgentes o que buscaban el amparo de la Justicia.
Esta solicitud al rey se fundamentaba también en que la población era de 130 vecinos (hay que tener en cuenta que vecino solía ser el cabeza de familia de cara a los padrones), lo que se consideraba suficiente para que:
“…se sirva en conformidad a lo prevenido en su Real Cédula de gracia al sacar concederle la que de villa real ordinaria solicita obtener de su real persona con todas las dificultades, regalías y privilegios que en tales casos son anejos, y con el requisito de que su jurisdicción y límites de ella se entienda precisamente al mismo servicio alcabalatorio[6] que actualmente tiene y le pertenece, bien sea bajo la mancomunidad de pastos que lleva la citada villa de Talavera y demás pueblos de su tierra, o bien dejarle fuera de ella, y para sí mismo privativa y exclusivamente cerrado a coto redondo con el único aprovechamiento de este vecindario…”
El pueblo y vecindario se comprometían a asumir todos los gastos que pudieran surgir del procedimiento burocrático a seguir. Para la tramitación otorgaban un poder especial a Vicente Ferrer Carrera, agente de negocios de los Reales Consejos, vecino de la villa de Madrid, para que, en nombre y representación del Concejo y su comunidad de vecinos tramitase ante el monarca, el Consejo de Castilla y los jueces y tribunales correspondientes la solicitud de villazgo citada.
El escribano que daba fe de esta solicitud y otorgamiento de poder era don Matías Bonilla y Contreras (cuya familia todo parece indicar que provenía de los Navalucillos), quien sería un personaje clave tanto para Alcaudete, como para toda la comarca de la Jara, al ser el primer componente de una saga de liberales que ostentarán un considerable poder político y económico a lo largo del siglo XIX y parte del XX. Como pincelada decir que en 1836 se encontraba entre los miembros que formaron parte de la Diputación Provincial de Toledo, cuando esta institución se establecía de forma definitiva (como uno de los elementos propios del sistema político liberal), proponiendo la creación de una comisión de armamento para hacer frente a los ataques carlistas que la zona a la que representaba (partido de Puente del Arzobispo) y la provincia en general estaban padeciendo.
El carlismo fue un movimiento sociopolítico contrario al liberalismo, que surgió en España, tras la muerte de Fernando VII, aunque tiene precedentes anteriores, como fueron los realistas del Trienio Liberal (1820-1823) o los agraviados de la Década Absolutista (1823-1833). Entre 1833 y 1876, fue motivo en su choque contra el liberalismo, de varias guerras civiles y enfrentamientos bélicos de menor entidad[1].
La figura que dirigió este movimiento reaccionario fue el hermano del rey, Carlos María Isidro (de donde proviene el nombre), quien no se resignaba a renunciar a sus derechos sucesorios. El enfrentamiento era ya inevitable cuando el 20 de junio de 1833, la princesa Isabel realiza el juramento ante las cortes. En aquel momento don Carlos estaba ya refugiado en Portugal (desde marzo) y se niega a jurar lealtad a su sobrina. Estos hechos aceleraron el proceso conspirativo que había arrancado en los acontecimientos que tuvieron lugar en La Granja entre el 18 y el 22 de septiembre de ese mismo año. Tras el fallecimiento de Fernando VII el 29 de septiembre, don Carlos, con el apoyo del Miguel I de Portugal, firmaba en Abrantes un manifiesto en el que reclamaba la Corona española[2].
En la cercana Talavera, el día 2 de octubre por la noche, los voluntarios realistas, encabezados por el administrador de correos de la Ciudad de la Cerámica, Manuel María González, proclamaban rey al hermano de Fernando VII, comenzando una contienda que duraría hasta 1840, en que sería sometidos los últimos reductos levantinos, y un enfermo Cabrera huía de España en el mes de julio[3].
En la provincia de Toledo, las bandas de carlistas o facciosos llegaron a cobrar lo que Hilario Rodríguez denomina como “impuesto revolucionario”. Con el dinero recaudado compraban los avituallamientos necesarios. En Alcaudete se encontraron varios talleres que confeccionaban boinas y vestimentas que eran recogidas y remuneradas por la banda liderada por el faccioso Felipe[4].
En este contexto, tuvo lugar el ataque que se describe en el periódico de la época El Eco del Comercio, en cuyo número 1373, publicado el 1 de febrero de 1838, se detallaba con un lenguaje propio de los liberales españoles, cargado de romanticismo, dicho suceso de la siguiente manera:
“Según cartas de Alcaudete, las facciones al mando de Felipe, Carrasco, Carnicero y el hijo de Jara en número de 300 caballos y 200 infantes entraron en dicho punto el día 24. Quemaron doce casas, y robaron y saquearon cuanto pudieron. Pero 35 valientes nacionales les opusieron una resistencia tenaz que produjo los buenos efectos de que no ardiera toda aquella villa, y de escarmentar a los forajidos, que sufrieron la pérdida de 3 muertos y 30 heridos.
La columna del señor Perurana llegó a tiempo de secundar el valor de aquellos defensores, dando muerte a diez rebeldes.”
[1] CANAL, Jordi, “Carlismo”, en en FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier y FUENTES, Juan Francisco (dirs.), Diccionario político y social del siglo XIX español, Alianza, Madrid, 2003, p. 119.
[2] GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, “La primera guerra Carlista (1833-1840)”, en ARÓSTEGUI, Julio, CANAL, Jordi y GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, El carlismo y las guerras Carlistas. Hechos, hombres e ideas, La Esfera de los Libros, Madrid, 2003, pp. 49-50.
[3] GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, Op. cit. pp. 50 y 64-65.
[4] RODRÍGUEZ DE GRACIA, Hilario, La guerra de los Siete Años en Toledo, Temas toledanos, IPIET, Diputación de Toledo, 1988, p. 59.
Casa Cuartel de la Guardia Civil de Alcaudete de la Jara (1910-1930)
Proyecto de 1910[1]
En dicho año se iniciaba un proyecto que, al igual que sucedió con las escuelas, terminaría siendo cristalizado de un modo diferente al que se ideó en un principio. El 13 de septiembre de 1910, el arquitecto provincial (probablemente don Ezequiel Martín y Martín), enviaba un proyecto para la Casa Cuartel de la Guardia Civil y las viviendas de los maestros a la alcaldía de Alcaudete de la Jara, con el fin de que se surtieran los efectos legales necesarios para la puesta en marcha de las obras que se ideaban en dicha documentación.
En la memoria explicativa, realizada por el arquitecto provincial tras el reconocimiento de las antiguas dependencias para la Guardia Civil y los dos profesores de Enseñanza Primaria que había en la localidad, definía la situación y estado de dichas estructuras del modo siguiente:
“…Solicitado por el Municipio de Alcaudete de la Jara, pasé al pueblo con objeto de reconocer el Cuartel de la Guardia Civil y las casas que ocupan los profesores de Primera Enseñanza; siendo todas ellas de alquiler y con dificultad para encontrarlas...”[2]
En su consecuencia, el citado Municipio acordó construir un edificio que reuniera las condiciones necesarias para instalar en él la Casa Cuartel para el citado cuerpo de seguridad, además de dos viviendas para sendos profesores, con la debida independencia unas de otras. Al efecto se escogió un solar que poseía el Ayuntamiento en una plazuela a espaldas de la iglesia, que limitaba con el campo y que, en opinión del técnico, era lo suficientemente capaz, sano e independiente, para erigir la edificaciones referidas.
En la fachada principal, que estaría situada en la plazuela citada, El centro se destinaría a la entrada al cuartel, mientras las crujías de la derecha e izquierda se destinarían a las viviendas de los dos maestros, con entradas independientes entre sí y del cuartel.
La entrada principal sería un gran zaguán, que terminaría en un patio grande por donde se penetraría a la sala de armas, despacho y habitación para un oficial, viviendas para seis guardias, cuadra y pajar, situando un pozo en el centro del patio, con una pila para lavar y un abrevadero.
Las viviendas para los profesores constaría cada una de un portal, despacho, gabinete, cocina, comedor, tres alcobas y un corral.
Las de los guardias serían de dos categorías:
Cuatro estarían destinadas a guardias casados con familia. Estas estarían compuestas por un portal, gabinete, cocina, tres alcobas y un corral
Dos dependencias se reservarían para solteros o recién casados sin hijos. En este caso estarían compuestas de portal, gabinete, cocina, dos alcobas y un corral.
Los cimientos y zócalos se construirían de con mampostería ordinaría con mortero de cal y las demás trazas de paredes con machones, jambas, dinteles, umbrales y verdugadas de ladrillo de mortero de cal y cajones de tapiales de tierra.
La cubierta, a dos aguas, estaría compuesta por una armadura de madera y teja árabe ordinaria. Por su parte, los pavimentos serían de baldosa sencilla, empedrados y terrizos.
La decoración sería austera y sencilla, restringiéndose a las formas simétricas que la geometría imponía a los materiales de construcción.
Estas serían, a grandes rasgos, los las ideas básicas que regirían los planos, presupuesto y estado de las obras pensadas para el proyecto, que el arquitecto provincial propondría.
Detalles de los planos realizados por el arquitecto provincial en 1910 para la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Alcaudete de la Jara. Fuente: Archivo de la Diputación Provincial de Toledo. Legajo núm. 3240, núm. 9.
Nuevas instalaciones[3]
Como ya sucediese con las construcciones que se inauguraron en 1927 para la enseñanza de los niños y niñas de la localidad, las instalaciones que estrenaba Alcaudete décadas después, varió de lo que inicialmente se diseñó en el proyecto de 1930. También era otro el lugar que se seleccionó para erigir las edificaciones.
El 24 de junio de 1930, se inauguraban en Alcaudete las nuevas infraestructuras para la Casa Cuartel de la Guardia Civil, edificado a instancias del Ayuntamiento, regido en aquel momento por Julián Cáceres, en unos terrenos cedidos, a la par de los que se destinaron a las escuelas y a las casas de los maestros por Gabriel de la Puerta. Así lo escribía para el periódico El Castellano, Manuel Alonso en ese mismo mes.
El conjunto de personas que, en representación de las instituciones públicas, así como el benefactor se reunían en el Ayuntamiento, para posteriormente dirigirse al lugar de la inauguración. Entre las mismas se encontraba el propio De la Puerta, el capitán de la Benemérita Acevedo Juárez, el teniente Rodríguez Valero, el alcalde o el diputado provincial Gómez Granda, entre otros. Dicha comitiva era recibida por la fuerza que componía el destacamento, compuesta en aquel momento por cuarto números y el sargento Olmeda Ramírez.
La bendición estuvo a cargo del coadjuntor, acto para el cual se erigió un altar en el arco de entrada a las diversas dependencias, y en el que se elevó el pabellón nacional. Acabado el acto religioso, maestro de las obras, señor Dápica, hizo entrega del edificio al alcalde, quien a su vez, hizo lo mismo con el capitán de la Guardia Civil, y este último lo pasó al comandante de puesto, el citado señor Olmeda.
El edificio se situaba en la parte meridional del casco urbano de Alcaudete, entre las escuelas y las casas de los maestros. Sus dimensiones eran de 43 metros de fondo por 32 de ancho, formando un cuadrilátero la zona destinada a los efectivos de la Guardia Civil con un patio central de 20 por 20 metros. Además de las dependencias individuales, las infraestructuras estaban dotadas de sala de armas, archivo y dependencias para jefes y oficiales (todas amuebladas), situadas a la derecha del pórtico de entrada. En la zona sur, separada mediante un muro con puerta central, se ubicaron los espacios destinados a las cuadras, evacuatorios y demás dependencias de higiene. En el salón de sesiones, los invitados recibieron el correspondiente convite, con motivo del evento (presidido por el señor De la Puerta por voluntad expresa del alcalde que le cedió su puesto). A los asistentes mencionados se sumaron los maestros y maestras, médicos, oficiales de Correos y Telégrafos y el juez municipal de la villa.
[1] Archivo de la Diputación Provincial de Toledo. Legajo núm. 3240, núm. 9
[2] Archivo de la Diputación Provincial de Toledo. Legajo núm. 3240, núm. 9
[3] El Castellano, lunes, 7 de julio de 1930, pág. 3