Observamos, tal como lo plantea Skliar (2008), que resulta necesario comprometernos con la concientización de la comunidad en torno al sentido del “estar juntos” valorando las diferencias como inherentes a toda relación de alteridad, con la gesta de políticas públicas que garanticen las condiciones necesarias para que las personas con discapacidad participen de la vida comunitaria, así como con la promoción de la autonomía en la toma de decisiones, estos dos últimos planteos en sintonía con el eje transversal de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). 

La CDPD brinda un cuerpo normativo basado en un Modelo Social como un parámetro de aplicación de políticas en discapacidad a nivel mundial. 

En la Argentina es la Ley N°26378 la que aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 2006.

Desde este posicionamiento institucional, abierto a continuar problematizándose, consideramos que es posible avanzar en política pública e institucional sustentada en la hospitalidad y propiciatoria de entornos accesibles y seguros para todas las personas a partir de los cuales garantizar la práctica efectiva de los derechos.