Como Vértice Urbano trabajamos por hacer y pensar en ciudades y territorios que sean sostenibles y justos para todas las personas. Reconocemos en la forma de expansión, construcción y transacción de las viviendas, barrios y ciudades hoy un problema profundo que segrega a nuestra sociedad y que nos aísla de las diversas realidades que habitan el territorio. 

El lugar y las condiciones donde vivimos y desarrollamos es fundamental para darnos certezas, seguridad y facilidades para desarrollar nuestra vida cotidiana. No es lo mismo prolongar la expansión desmedida de las ciudades, donde los trabajos quedan a más de una hora de distancia, faltan servicios sociales o los espacios públicos son cada vez más inseguros; que ciudades que promuevan una mixtura social y de usos que nos permitan conocer y reconocer a nuestros vecinos y vecinas, que se centre en las personas y que moverse en ella no dependa exclusivamente del automóvil. 

Lamentablemente la propuesta de nueva Constitución no sólo reproduce el modelo urbano en el que vivimos hoy, sino que lo profundiza. El artículo 30 nos habla del derecho a la vivienda, sin embargo el titular por más atractivo que sea, viene con una trampa, ya que según los pactos internacionales, la vivienda adecuada está definida a partir de 7 atributos que garantizan entre ellos la seguridad de la tenencia, la ubicación, calidad y habitabilidad, que luego en esta propuesta de constitución no se establecen y por el contrario se detallan atributos que van en la dirección contraria a responder a los problemas de desigualdad sobre la vivienda, como la exención del pago de contribuciones -mecanismo que aporta a la equidad territorial- o el énfasis en la adquisición de propiedad como forma de garantizar la vivienda.

En relación a lo anterior, ha sido largamente demostrado que el modelo de respuesta al problema de la vivienda en Chile basado en la entrega de propiedad a través de subsidios, no ha sido exitoso. Se han generado ciudades desiguales, con viviendas mal ubicadas, de reducido tamaño y que no responden a los ciclos vitales de las familias. A la gente lo que le genera satisfacción es tener la libertad de usar su vivienda y la garantía de que no se la van a quitar, pero la propiedad no es la única forma de entregar esto. En gran parte del mundo se está avanzando en otras modalidades de tenencia que aseguren esa libertad y certeza, ya que seguir en un modelo de construcción de viviendas en zonas periféricas que expanden la ciudad sin capacidad de entregar un hábitat digno, donde se carga un peso sobre las familias y especialmente a las mujeres para resolver la vida cotidiana, es insostenible social y ambientalmente.

En cuanto a la exención de contribuciones, este es un tema grave, ya que la Ley N°17.235 sobre Impuesto Territoriales (contribuciones), aporta el 60% de lo recaudado por cada municipio a través del pago de contribuciones al Fondo Común Municipal, con excepción de las comunas de Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura, que aportan el 65%. Dicho Fondo se distribuye entre las comunas, de acuerdo a factores como el nivel de pobreza y la cantidad de predios que no pagan contribuciones existentes en ella. Al ser este un impuesto redistributivo, repercutirá fuertemente en las comunas con menores ingresos y tendrá un directo impacto en sus habitantes.

Cabe mencionar que más del 77% de las viviendas actualmente están exentas de pago de este impuesto, por diversas razones. Es decir que sólo el 12% de las viviendas, que corresponden al sector más acomodado, está sujetas al pago de contribuciones. Por lo que esta norma está hecha con especial interés en los sectores de la sociedad que tienen mayores ingresos, en desmedro de las comunas con menos ingresos económicos.

En este sentido, superficialmente pareciera que se avanza en la garantía de la vivienda adecuada, pero en el fondo, el Consejo Constitucional se preocupó de desmantelar esa garantía al delimitarla bajo el mismo sistema actual centrado en la propiedad y con peor sistema de recaudación territorial a través de la exención de contribuciones.

Aspiramos a territorios sostenibles, queremos ciudades justas para todas y todos y que las viviendas sean para las personas y no para el mercado. Por esto y más, juntas votamos EN CONTRA.