Transición o Traición

(ALEGATO POR UNA SEGUNDA TRANSICIÓN)

Si hubiese que resumir el drama histórico de España en una sola palabra (con todas las limitaciones científicas que este tipo de proceder tiene), ésta sería “contraciclo”. España perdió totalmente  el tren de la Reforma Protestante, luego el del precapitalismo mercantilista, luego el de la Revolución Industrial (y ello hasta nada menos que 1914), luego el de la parlamentarización real de las monarquías absolutas […] España, además, perdió su Imperio cuando los demás países conquistaban el suyo. Tuvo la dictadura de 1923 cuando, después de la I G.M, prácticamente todas las autocracias europeas que aún existían antes de 1914 habían desaparecido. Luego, la reacción nacional-católica (que no fascismo, que a eso ni llegamos) ascendente y la cobardía de los “bien pensantes” acabó con la experiencia republicana del 31. La represión de ese primer intento de transición hacia la modernidad fue tan atroz que posibilitó que un dictador cuartelero de tres al cuarto se mantuviera en el poder cuarenta años y muriera en su cama tras un curriculum  represivo que hace palidecer a muchos dictadores.

 

Sin embargo, el desarrollo económico de la época, uno más entre los diferentes milagros -alemán, francés, italiano, nipón- que caracterizaron los “30 gloriosos años” del crecimiento económico keynesiano, creó las condiciones objetivas para un cambio, que el sacrificio que la izquierda hizo de la mayoría de sus reivindicaciones posibilitó que fuera al menos hacia una monarquía parlamentaria. Obtuvo España partidos políticos y elecciones libres pero bajo control, con partidos eliminados de antemano, medios de comunicación sin plácet previo pero “económicamente seguros”, cierta capacidad de negociación frente al capital (hoy ya ninguna y sin la puesta fundamental en entredicho de sus consecuencias más negativas), ingreso en la Comunidad Europea pero con bases militares anglosajonas en nuestro país, y han tenido los españoles que integrarse en la OTAN mucho más allá de lo que lo han hecho varios países de Europa (por ejemplo, Francia, Austria, Irlanda, Suecia, Finlandia, etc.) Lo más grave es que, incluso en relación con esa transición de finales de los 70, con los años, España ha retrocedido: las rentas del capital crecen desde hace una década en forma desbocada mientras que las de los trabajadores no cesan de disminuir en términos reales; el Estado del Bienestar está puesto soterrada e insidiosamente en entredicho, ladrillo a ladrillo; el Gobierno juega cada vez a la solidaridad comunitaria europea; se apuesta, tanto peperos como socialistas, por una mundialización paleo-liberal sin más; aquí, nadie va a la cárcel por robar si la magnitud del robo es lo suficientemente alta y los apoyos gobierno- institucionales suficientes; en cuanto a los grandes grupos de poder económico profranquistas o franquistas aún siguen, básicamente en el machito (algún día, alguien tendría que investigar cómo este poder ha pasado de padres a hijos, sin que se produzca, en el fondo, ningún parpadeo serio), y eso sí, reforzados cada vez más por sus homólogos transnacionales. Finalmente, el país se re-fundamentaliza: no sólo no se ha llegado a la libertad religiosa plena (dado que aún hay religiones discriminadas) sino que se está volviendo a la identificación entre españolismo y catolicismo (de ahí las declaraciones de Fernández-Miranda –democristiano de pro-, muy en consonancia con la Sra. de Pujol –democratacristiana de pro- sobre la mayor facilidad de integración de los “inmigrantes latinoamericanos” (El País, 12-III-01), como si España no tuviera nada que ver con el mundo árabe o con la Europa (nuestro continente) del Este.

 

Pero lo que es peor es la pérdida del poco poder que el pueblo obtuvo en esa 1ª Transición. Sigamos siendo buenos chicos: pasemos (por ahora) por alto el hecho de que la primera institución política del país se hereda por la vía del libro de familia; pasemos sobre una esclerotización, una oligarquización, y una nepotización cada vez mayor de las fuerzas políticas,  que reducen la intervención del pueblo a escoger, de vez en cuando, entre aquellos que le son propuestos por un sindicado político único (sin más alternativa), siendo los candidatos más afectos al sistema debidamente apoyados por los medios financieros, mediáticos e institucionales. Sin ninguna garantía, por cierto, de los que los españoles vayan a elegir lleven a cabo una política realmente favorable a la gente de a pie y sí que esté sometida a las presiones, incluso a los dictados, de familias que llevan siglos gobernando, y de un capitalismo transnacional. No digamos ya el pésimo efecto que, sobre la extensión geográfica de la democracia que intentó ser el Estado de las autonomías, ha tenido el que, en el fondo, nunca haya sido realmente devuelto el poder al pueblo, nunca haya llegado a ser poder ejerciente del pueblo (que si no, por ejemplo en relación con ETA, otro gallo nos hubiera cantado).

 

En realidad, ante lo que nos hallamos, en vistas a ese retroceso, es ante una traición por parte de la clase política española, traición que básicamente reside en considerar la transición desde un sistema un régimen parlamentario como punto final. ¡Cuando esa transición no era más que, se dijo, un punto de partida hacia cada vez más democracia! Explica Guy Hermet, en un magnífico libro titulado “La Traición democrática: Populistas, republicanos, y demócratas” (París, 1998; pág. 112) que “el recurso a la palabra transición puede significar que la democracia representa... menos un dispositivo institucional entregable llave en mano que una ética de la esperanza, que una obra a largo plazo siempre edificándose necesariamente en la vía de la profundización so pena de quedar reducida a un sistema de gobierno rutinario sólo capaz de suscitar el desaliento tranquilo de algunos súbditos resignados a no soñar en nada más.

En revancha, los políticos – accionistas [de hoy] no se imaginan ni por un segundo que su función tutelar podría no ser más que transitoria en la espera de un futuro más avanzado... [Y] se dispensan a sí mismos de cualquier otro juego político que aquél consistente en rejuvenecer el catálogo de ventajas tangibles que prometen a los electores para que éstos tengan a bien renovar su mandato o delegación de poder que les han otorgado a ciegas. Y si consideran pues esos políticos, desde esa perspectiva, que ya no están concernidos por cualquier otro tipo de transición, porqué no sustituimos en este caso esa noción demasiado modesta [de transición democrática] por esta otra, más exacta de <<Traición democrática>>... Una estrategia de escamoteo, cuando no de secuestro”.

 

Hubo secuestro pues de la voluntad popular por las clases dominantes. Olvido interesado de que la democracia es el poder del pueblo, ciertamente; para el pueblo, sin duda; pero, sobre todo, por el pueblo. Como lo demuestra Bernard Manin en su obra definitiva “Principios del Gobierno Representativo” (Madrid, 2000), la democracia sólo existe no sólo cuando cualquier ciudadano que se sienta capacitado pueda tener las mismas oportunidades que los demás algún día de ejercer el poder, de alternar las situaciones de gobernado y gobernante, sino que las leyes deben incentivar eso; es decir: hacer que efectivamente todos los ciudadanos pueden participar del poder y del gobierno, y ello directamente y no por la vía de unos representantes parlamentarios que inevitablemente, parcial o totalmente, terminan por gobernar para sí mismos...

 

De ahí que, a priori, existan medidas de profundización democrática que deben  ser aplicadas para iniciar la “Segunda Transición Española”, la transición real hacia la democracia. Y que ya es hora que comience; pues es suave reconocer que el sistema parlamentario clásico y la representación política no están maltrechos sino caducos; de hecho, el ascenso cada vez más notorio e inquietante de la abstención, del voto en blanco y de los demagogos seudopopulistas (fuera de España, pero aquí también llegará en cuanto los candidatos a líderes seudopopulistas dejen de ser chorizos) demuestra que este sistema representativo  agoniza.

 

¿Y qué medidas concretas podrían proponerse desde esta óptica?

 

En primer lugar, la renovación del Congreso de los Diputados por mitad al final del segundo año de la legislatura (de manera a hacer depender mas directamente la labor legislativa y los planes y programas de los partidos políticos de la sanción y de la voluntad populares); posibilidad de convocatoria de elecciones anticipadas en una circunscripción (y por ende de destitución de sus representantes) si el 50% de los electores de la misma firman una petición en dicho sentido(por la misma razón anterior); atribución de los escaños no en función de los votos expresados sino del censo de votantes inscritos y consecuentemente no ocupación por ninguna fuerza política de los escaños atribuidos a la abstención (ello de forma a dejar claro a cuantos de los votantes, es decir, a qué parte de la voluntad popular, representan tanto el parlamento como la mayoría parlamentaria, la cual seria calculada sobre el total de escaños de las cámaras); referenda vinculantes estando obligado el Gobierno a convocarlo si medio millón de firmas de los ciudadanos lo solicitan; implantación, regulación y generalización de la práctica refrendaría en los Municipios; mayor proporcionalidad de la ley electoral elevando la cifra de diputados a 450; igualdad de acceso a los medios de comunicación públicos para todas las fuerzas políticas; referéndum sobre la forma del Estado (monarquía sí o no) en cada caso de sucesión a la Jefatura del Estado; y establecimiento de la responsabilidad penal del órgano máximo de poder de cada fuerza política (según sus estatutos propios) en caso de incumplimiento notorio de programa electoral, el cual deberá ser depositado ante notario en cada campaña electoral a las elecciones generales (dicha responsabilidad sería establecida ante los tribunales por un Consejo de Defensa de la Democracia compuesto por cien miembros elegidos, y renovados con ocasión de cada elección general, siendo incompatibles en dicha selección las listas de partidos al Parlamento y a cualquier otro cargo institucional).Y publicidad inmediata a todos los ciudadanos de las actuaciones y comunicaciones de la Administración Pública. Y, sobretodo, derecho de revocación: a partir del término de la primera mitad del mandato, cualquier cargo electo puede ser revocado (en cuyo caso, otra persona deberá ser elegida en su lugar, posteriormente) si así lo deciden, por votación el mismo número de votantes más al menos uno más que los que le eligieron originariamente.

 

La democracia es el poder por el pueblo, es “el pueblo gobernante”. Lo cual implica la toma de las medidas que ya mencionadas, más reforzar claramente las incompatibilidades de manera a desconcentrar los puestos de responsabilidad pública actualmente ostentados por demasiado pocas personas; y establecer el carácter vinculante de referenda más generalizados y más fáciles de convocar a petición popular.

 

Y conocemos los dos argumentos que los que no creen en la capacidad del pueblo van a esgrimir: el primero es que las cuestiones son cada vez más complejas y, por lo tanto alejadas de la comprensión de los comunes mortales, es decir de la gente de a pie; pero, segundo argumento, digamos que “compensatorio” del anterior: el pueblo no sabe gobernar, pero sí elegir a los que le deben gobernar. Comencemos por esto último: este segundo argumento es tan peregrino que equivale a obviar que algo hay que saber sobre política para poder saber tan bien elegir a los políticos. Porque, para escoger por votación qué conductor debe llevar el autobús, los pasajeros deben tener, al menos, nociones suficientes de cómo se conduce correctamente un autobús. Si al pueblo se le reconoce pues la capacidad para elegir a los gobernantes, hay que reconocerle entonces que también sabe de qué va un buen gobierno. Vayamos ahora al primer argumento: la incapacidad del pueblo, derivada de su falta de conocimientos, para decidir sobre asuntos cada vez más complejos. Es ésta una monserga indigna por varias razones: la primera porque pasa por alto el grado cada vez más alto de conocimientos adquiridos a lo largo, en el caso de la mayoría de los países europeos, de más de 150 años de educación obligatoria periódicamente ampliadas en edad y niveles de conocimiento; la segunda, porque es un argumento muy manido: periódicamente, e independientemente del nivel educacional alcanzado por las poblaciones, siempre se ha decretado la superioridad de las supuestas elites sobre las clases populares. Lo cual causa risa pues parece como si, a cada nuevo  peldaño de conocimiento alcanzado por el pueblo, correspondiera el mantenimiento favorable de la supremacía a los dirigentes […] como por un milagrito.

 

Pero ¿es que acaso alguien puede negar que el desfase de conocimientos en beneficio de  las clases dominantes es hoy mucho menor que, pongamos por caso, durante el reinado de Luís XIV; además, si la cuestión es el acceso al conocimiento ¿no ha llegado ya la hora de poner todos los medios de ese conocimiento al alcance del ciudadano de a pie?, ¿y no pueden esos medios aumentar esa participación popular en los asuntos públicos que los políticos califican cínica e hipócritamente, en sus niveles actuales, como lamentablemente insuficiente?.

 

Hablemos entonces de la explosión de las telecomunicaciones, de la informática, de Internet y de las “redes”.

 

Con todo este despliegue de infraestructuras que están siendo utilizadas en muchos ámbitos para su mejor desarrollo (como el comercio electrónico, los bancos, la medicina, etc.) y, si tenemos en cuenta que la sociedad es cada vez más plural y que como apuntábamos anteriormente, las formas de participación ciudadana no son suficientes, ¿por qué no utilizar más clara y masivamente las nuevas tecnologías como instrumento que pueda favorecer la información y la comunicación también en la política?. ¿Porqué no permitir que los ciudadanos, -de la misma manera que están empezando a hacer uso de Internet para otros fines- lo puedan usar también para generar más democracia?

 

Mal que les pese a las clases políticas europeas: las nuevas tecnologías ofrecen un abanico tan amplio de posibilidades que hacen posible la superación de los muchos límites de comunicación existentes hasta ahora.      Mediante el uso de la red, no sólo se puede incrementar la cantidad de información que las Instituciones (por ejemplo Ayuntamientos y demás administraciones, incluidos la estatal y las autonómicas) pueden transmitir a los vecinos, a los Ciudadanos, sobre cualquier medida  que se esté estudiando o llevando a cabo en dichas Instituciones, si no que, lo verdaderamente sorprendente es que la información puede viajar precisamente en el sentido contrario al habitual, es decir desde el Ciudadano hacia Ayuntamientos, Parlamentos, Gobiernos, opinando y haciendo el Ciudadano sugerencias, consultas o propuestas relativas a los asuntos tratados. Las posibilidades van incluso mas allá, ya que la red facilita la participación en grupos de discusión, lo cual permitiría, siguiendo con el ejemplo anterior, mayor agilidad para la discusión y propuesta de temas en asociaciones de ciudadanos.

 

¿En el fondo de que se trata? Primero de aumentar considerablemente las fuentes de información y de conocimiento a disposición de la Ciudadanía; segundo, de que exista un diálogo entre representante y representado. De esta forma, es mayor el conocimiento que tendrían las Administraciones de los intereses colectivos y se podrían elaborar unas políticas más ajustadas a las propias necesidades reales, lo que generaría un mayor nivel de satisfacción por parte de la sociedad respecto a las políticas llevadas a cabo.

 

El Ciudadano pasaría entonces, de ser un mero receptor, a poder ser también emisor, si lo desea. El asunto es disponer de los medios técnicos necesarios (es fácil) y la voluntad política de querer hacerlo viable (es más difícil, pues se aumenta el grado de control de la Ciudadanía sobre el representante). Y conste que estamos hablando de algo tan elemental como “el reconocimiento y protección del derecho a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de comunicación” (art.20.1 de la Constitución) además de ser una información que se mueva en todas direcciones.

 

Los comunistas podrían incitar la interiorización de esa nueva lógica o de las posibilidades que se abren ante nosotros, para favorecer el acceso al debate político. De hecho, casi resulta mas complejo asimilar o simplemente ser capaces de creernos que este sistema puede ser factible, que técnicamente hacerlo viable o ponerlo en marcha, en sí, es fácil. A pesar del esfuerzo económico que supone crear y distribuir el software y los medios técnicos desde las instituciones, es imprescindible no dejar el plano de la política fuera del sistema de la red, cuando resulta que a otros niveles, como por ejemplo en el sector de la banca se  utiliza para ofrecer otra vía de comunicación entre el Ciudadano -en este caso cliente- y la entidad financiera.

 

Se puede comenzar aplicando estas nuevas expectativas en el ámbito local, por resultar más cercano al ciudadano, y por lo tanto ser más conocido. Este último lo que necesita es tener acceso a un ordenador que a través de un modem esté conectado a la red. Aquí precisamente entra el papel de los grupos políticos e instituciones para involucrarse de tal forma que puedan ofrecer el servicio, es decir, toda la parte relativa al diseño de software y medios técnicos. Un elemento primordial para su puesta en práctica es el compromiso político de hacer de todo este sistema un servicio universal, que sea accesible a todas las personas, sin exclusión por causas de tipo económico o de desconocimiento de la metodología a  utilizar. Deberán establecerse, por lo tanto, las garantías oportunas para que sea un proceso sin limitaciones a ningún sector de la población. Es precisamente aquí donde entra en juego el papel de las instituciones y de los grupos políticos para garantizar:

 

1. Un acceso plural, mediante una legislación relativa a tarifas reducidas, al uso de la red, así como proporcionar conocimientos informáticos básicos y gratuitos para favorecer el acceso a cualquier persona que no este familiarizada con el uso del ordenador. Pensando mas a largo plazo, se deberá, desde el propio sistema educativo plantear el uso de la informática como un instrumento para el propio desarrollo del curso, y no como una simple asignatura.

 

2. La instalación de múltiples centros dotados de equipos informáticos para facilitar una utilización del sistema con carácter público.

 

3. El desarrollo legislativo oportuno que permita un acceso homogéneo y equilibrado estableciendo los límites adecuados al abuso de poder por parte de los grandes agentes económicos del mundo de las nuevas tecnologías.

 

4. La elaboración de unos sistemas con unas garantías de seguridad máxima respecto al software utilizado.

 

Las posibilidades que ofrece el uso de las redes como vía de comunicación, conocimiento y participación, estableciendo las garantías señaladas anteriormente, dará lugar a una nueva relación Ciudadano-Administración ya que facilitará una gestión más directa por el interesado. Supongamos una administración local que utiliza la red como medio de comunicación. Esto favorecerá una agilidad mayor, un acceso más directo y mayor transparencia de su gestión. Un ejemplo del uso de la red, es el caso de la Declaración de la Renta. Como verán ustedes, para sacarle el dinero a la ciudadanía sí que se han puesto los medios y ha sido técnicamente factible…

 

Se trata además de un sistema que facilita la gestión con la Administración, al ser utilizado como un mecanismo de consulta orientativa, con el objeto de conocer la opinión de los ciudadanos sobre una cuestión determinada, mediante preguntas ya sea de respuesta cerrada o abierta, o, se puede ir más allá, caso deseable en el que las consultas a la ciudadanía se consideren como respuestas vinculantes. En este caso, estaríamos hablando de democracias más directas, puesto que supone el restablecimiento (al igual que en el caso de los referenda vinculantes) del mandato imperativo, elemento democratizador esencial ya que coloca a los representantes del pueblo realmente bajo el control del pueblo, elemento que fue escamoteado en su día, en todas las constituciones, de los sistemas representativos dados, se dijo las dificultades de comunicación de la época, muy evidentemente hoy  superadas. Hay que tener en consideración, que en el caso de ser las respuestas de tipo vinculante, el nivel de seguridad necesario dentro de la red debería ser considerablemente mayor. Lo que haría necesario la identificación estricta de cada ciudadano cada vez que accede a la red y emite su voto, para que se cumplan los parámetros legales de cualquier elección: voto libre, secreto, directo, universal e igual.

 

Pero respecto a esta utilización de Internet como acceso a la Administración, ya se ha avanzado técnicamente. Así la aprobación hace dos años, en Consejo de Ministros,  del Real Decreto-Ley sobre firma electrónica cuyo objetivo es establecer el marco jurídico necesario para garantizar seguridad de la información (documentos) que viaja por la red: “Es un mecanismo que permite identificar formalmente el autor o autores del documento que la recoge”. El fin último de la firma electrónica sería que en un documento tramitado a través de la red, mediante firma electrónica, quede constancia de la autenticidad de la persona que lo emite como si hubiese sido una firma manuscrita.

 

Pero, además de esas medidas de tipo institucional y legislativo destinados a profundizar en el control democrático del poder por el pueblo y a producir un salto cualitativo radical en participación ciudadana, para llevar al éxito esa 2ª Transición le corresponderá a los comunistas defender unas medidas muy ideológicas de defensa del poder del pueblo. Porque el poder del pueblo no está sólo amenazado por la degradación interna del Sistema y la bajísima participación popular desalentada por tener siempre que escoger entre defensores del “Pensamiento Único” (mejor del pensamiento cero”) sino también por los nuevos poderes que han surgido amparados no sólo en el ultra-liberalismo sino también en la mundialización económica, que es la forma alegórica de encubrir la del capital. El combate para ser eficaz implica también ir, irrenunciablemente, ir a la rehabilitación de las ideas de Clase, Nación y Estado. De Clase, pues frente al predominio creciente del capital, hay que reivindicar urgentemente la unión de todos aquellos que constituyen la nueva clase trabajadora (y que puede ser definida, con el troskista Daniel Bensaid, en su libro “Marx el intempestivo” (Paris 1995), como aquélla integrada por todos aquellos que no obtienen la mayor parte de su renta de las de su capital y se puede añadir, también por los pequeños y medianos empresarios). La Nación también, pues ésta, desde la Revolución Francesa, lleva implícito ese valor hoy tan combatido como es la igualdad, y sobre todo porque define el marco geográfico físico en el que se ejerce la voluntad popular, quedando claro que ésta es soberana frente a cualquier otro poder. Medítese sobre la tesis de Emmanuel Todd (en su excelente trabajo sobre “La Ilusión económica”, París 1999) de que no es la mundialización la causante de la crisis de la idea nacional, sino el abandono de esta última por unas elites que se sienten supranacionales lo que está posibilitando el avance de la mundialización. Más aún, frente al “Golpe de Estado Invisible” en favor del capital y de la oligarquía de Bruselas que supone  la Europa post-Maastricht, o bien se reafirman la Clase y la Nación, o bien habría que plantear la siguiente ruptura: o Europa significa más democracia y más independencia, o habrá que replantear muchas cosas. Reivindicación del Estado, finalmente, porque hoy por hoy no hay otro árbitro válido en la rivalidad entre le capital y el trabajo, y porque la merma del Estado nos deja aún más indefensos frente a la mundialización. Frente al “Estado Residual”, hay que convocar a todos para defender el Estado de la voluntad popular, vía por cierto para impedir la transformación del Estado de Bienestar en “Estado penitencia”.

 

 

 

Jorge Verstrynge                 

 

 

 

Mi agradecimiento a Mónica de Miguel Ageitos, de la Universidad del País Vasco, por su “Alternativa a la crisis de la representación: la Tecnopolítica”. Salamanca, Octubre de 1997.