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PRISION DOMICILIARIA - LEY 750 DE 2002

PRISION DOMICILIARIA

Ley 750 de 2002

Competencia para conocer del recurso de apelación contra una decisión dictada por un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.

De esta guisa, si bien es cierto el Tribunal atendiendo el derrotero jurisprudencial imperante, venía asumiendo el conocimiento en segunda instancia dentro del marco de la ley 906 de 2004 - artículo  478 concordante con el art. 34 No. 6, del recurso de apelación  contra el auto sobre prisión domiciliaria que profería el Juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, también lo es que conforme se dejo plasmado en el auto mención, la Corte Suprema de Justicia cambió la postura sostenida al respecto,  determinando  que el competente para conocer de la prisión domiciliaria  es el Juez que profirió la condena.

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE CALI

SALA DE DECISIÓN PENAL

SISTEMA ACUSATORIO

 

Santiago de Cali, Abril Veintiocho (28) de dos mil nueve (2009)

 

 

             Sería del caso entrar a desatar el recurso de apelación interpuesto por el sentenciado  ALEXANDER SANCHEZ DELGADO contra el auto  de fecha noviembre 24 de 2008, por medio del cual el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali,  negó la prisión domiciliaria solicitada con base a la Ley 750 de 2000, de no ser  porque se carece de la competencia para  hacerlo, atendiendo reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia que entre otros apartes dice:

 

“(…)En tales condiciones,  necesariamente la pacífica jurisprudencia que había sentado la Sala respecto de la definiciones de competencia consistente en que el recurso de apelación interpuesto contra la decisión que dictaba el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, por razón de la negativa de conocer la prisión domiciliaria, lo conocía el funcionario de segunda instancia de quien dictó el fallo de primera, puesto que dicho instituto no era un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, tiene que recogerse por las razones expuestas en precedencia.

 

En efecto, si a partir de la sentencia en precedencia señalada, la Corte consideró que la prisión domiciliaria es un verdadero mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, entonces el conflicto de competencia debe resolverse, según lo preceptuado por el artículo 478 de la Ley 906 que reza:

 

“Las decisiones que adopte el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en relación con mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y la rehabilitación, son apelables ante el juez que profirió la condena en primera o en única instancia”.

 

Vale reiterar que la mentada norma no conlleva a predicar un aparente conflicto normativo con el artículo 34.6 de la citada Ley 906 de 2004, que asigna a las salas penales de los tribunales superiores el conocimiento del recurso de apelación interpuesto contra la decisión del juez de ejecución de penas, en tanto que, como también se ha advertido, la “controversia se dirime por el principio de especialidad de la norma procesal, a la que auxilia el criterio del precepto posterior, porque el artículo 478 ejusdem que se revisa hace parte del Libro IV, que desarrolla única y específicamente la temática de la ejecución de la sentencia.

 

“Adicionalmente, la norma examinada en concreto escinde de la multiplicidad de materias de las que conocen los jueces de ejecución de penas –redención de penas, acumulación jurídica de penas, aplicación de penas accesorias, libertad vigilada, extinción de la condena, entre otros – aquellas que deciden sobre los mecanismos sustitutivos privativos de la libertad; lo que devela que por excepción y especialidad, estos temas son del conocimiento del juez que profirió la condena.”

 

Así, en el supuesto que ocupa la atención de la Corte, surge claro que la disputa frente a la competencia tiene génesis sobre quien es el funcionario que debe conocer del recurso de apelación contra una decisión dictada por un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, referente al no otorgamiento de la prisión domiciliaria por la condición de madre de cabeza de familia, según lo preceptuado por la Ley 750 de 2002, que de acuerdo con la actual postura de la Corte constituye este instituto un “mecanismo sustitutivo de la prisión”.

 

Por manera que de conformidad con el artículo 478 de la Ley 906 de 2004, dicha competencia radica en el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Armenia, despacho judicial que profirió la condena en primera instancia.

 

En consecuencia,  la Corte asignará la competencia al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Armenia para que conozca del recurso de apelación interpuesto contra la providencia fechada el 31 de julio de 2008 por medio del cual el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Armenia negó a María Elvira Valdéz Quintero la sustitución de la prisión formal por prisión domiciliaría, lugar a donde se remitirá la actuación. (…)”[1]

 

De esta guisa, si bien es cierto el Tribunal atendiendo el derrotero jurisprudencial imperante, venía asumiendo el conocimiento en segunda instancia dentro del marco de la ley 906 de 2004 - artículo  478 concordante con el art. 34 No. 6, del recurso de apelación  contra el auto sobre prisión domiciliaria que profería el Juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, también lo es que conforme se dejo plasmado en el auto mención, la Corte Suprema de Justicia cambió la postura sostenida al respecto,  determinando  que el competente para conocer de la prisión domiciliaria  es el Juez que profirió la condena.

 

En este orden de ideas   atendiendo que se trata de un pronunciamiento jurisprudencial  reciente, donde se analiza  un supuesto de hecho igual al que a esta Sala ocupa,  por economía procesal,  se dispone la remisión inmediata del diligenciamiento al  Juzgado Primero Penal del Circuito de Cali, para que resuelva el recurso de apelación interpuesto, teniendo en cuenta que fue la autoridad que dictó  la sentencia No. 231 el 8 de noviembre de 2007, por medio de la  cual se condenó a  ALEXANDER SANCHEZ DELGADO a la pena de prisión  de 38 meses y 12 días,  y multa  de  uno punto seis (1.6) S.M.L.M., así como a las accesorias de ley,  como autor  del punible de Tráfico, Fabricación  o porte de estupefacciones, negándose el subrogado de la suspensión condicional de la Ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.

 

 

Entérese a los sujetos procesales y cúmplase

 

             

 

 

ESPERANZA DURÁN ARIZA

     Magistrada

 

 

                               ORLANDO ECHEVERRY SALAZAR

                                           Magistrado

 

 

MARÍA ESTHER NOVOA PARRA

      Magistrada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Auto dirime conflicto de competencia radicado  30763 del 2 de diciembre de 2008, M.P. Dr. JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS

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