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PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL

 

PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL

Interrupción de la acción penal cuando la persona es dejada en libertad a través de una acción constitucional de habeas corpus.

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI

Sala de Decisión Penal

 

 

Magistrado Ponente: Roberto Felipe Muñoz Ortiz

 

 

Proyecto aprobado mediante Acta No. 081

 

 

Santiago de Cali, veintiuno (21) de abril de dos mil nueve (2009)

 

 

 

OBJETO DE LA DECISIÓN

 

 

Revisar, conforme a la apelación sustentada por el Defensor, el Auto Interlocutorio No. 167 de abril 23 de 2008, proferido por el Juzgado 5º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, con el cual  negó la prescripción de la sanción penal solicitada por la condenada YADIRA IBÁNEZ QUINTERO.

 

 

ANTECEDENTES

 

 

El Juzgado 17 Penal del Circuito de Cali emitió la Sentencia No. 01-120 de noviembre 6 de 2002 en contra de Yadira Ibáñez, imponiéndole una pena de 40 meses de prisión y multa de $200.000 como autora responsable del delito de estafa agravada en concurso homogéneo, al paso que le negó el subrogado penal de la condena de ejecución condicional, por lo que dispuso librar orden de captura, la que se materializó el 31 de diciembre de 2005 en las instalaciones del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, cuando pretendía salir del país, por funcionarios de la Oficina de Migración del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS.

 

 

Como para esa fecha los Juzgados Penales del Circuito se encontraban en vacancia judicial, la señora Ibáñez Quintero fue trasladada al Centro de Reclusión de Mujeres, solicitándole a su Director que la mantuviera recluida “mientras la autoridad solicitante, JUZGADO 17 PENAL DEL CIRCUITO DE CALI, reinicia labores por término de Vacaciones colectivas que son de público conocimiento; Autoridad Judicial a la cual se debe avisar tan pronto inicie labores nuevamente”.[1] No obstante, como consecuencia de la interposición de hábeas corpus, el Juez 4º Penal del Circuito Especializado de Cali, a través del Interlocutorio No. 002 de enero 3 de 2006, le concedió la libertad.[2]

 

 

El proceso pasó al Juzgado 5º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali para la vigilancia y ejecución de la sentencia proferida en contra de la señora Yadira Ibáñez Quintero.

 

 

La procesada Yadira Ibáñez solicitó al Juez de Ejecución, en memorial del 21 de noviembre de 2007, con fundamento en los artículos 89 y 90 del Código Penal, la prescripción de la pena por haber transcurrido más de cinco años desde la ejecutoria del fallo.[3]

 

 

DECISIÓN DE LA PRIMERA INSTANCIA

 

 

El Juez 5º de Ejecución de Penas profirió el Interlocutorio No. 167 de abril 23 de 2008, negando la solicitud de extinción de la pena por prescripción, bajo el argumento de que el término prescriptivo fue interrumpido el 31 de diciembre de 2007, en virtud de la captura ordenada en la sentencia, lo que conllevó a que los 5 años comenzaran a contarse nuevamente desde el día en que fue dejada en libertad por el habeas corpus (Ene. 3/06)  hasta el 2 de enero de 2011.[4]

 

 

DEL RECURSO DE APELACIÓN

 

 

El Apoderado de la señora Yadira Ibáñez Quintero manifestó que la decisión del A quo es contraria a la norma constitucional y desconoce los derechos fundamentales del debido proceso y de libertad. Luego de hacer referencia al principio de legalidad, precisó que la omisión del Juzgado de legalizar la captura, no puede ser atribuida a su poderdante, pues la administración de justicia prevé la ocurrencia de eventualidades durante épocas como las decembrinas donde existen vacaciones judiciales colectivas, y por ende es solo a ella a través de sus órganos a quien pesa el imperativo de administrar justicia respetando cabalmente los procedimientos legales, a contrario sensu sería incorrecto pensar que por tratarse de un caso particular donde fue imposible contactar al Juzgado 17 Penal del Circuito de Cali que había librado la respectiva orden de captura, debiera de contera ser revestida de legalidad la captura, dejando de lado que nunca existió orden de encarcelamiento en contra de la condenada YADIRA IBAÑEZ QUINTERO”.

 

 

Que “… en sana lid, la decisión que debió ser adoptada por el Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, fue la de declarar la extinción de la sanción penal por prescripción, en tanto en el plenario se observaba con diamantina claridad que el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito de Cali, condenó a mi representada  a la pena principal de cuarenta (40) meses de prisión, por el punible de Estafa Agravada, mediante sentencia condenatoria No. 01-120 del 6 de noviembre de 2002, la cual tomo ejecutoria en fecha 21 de noviembre de 2002, y a la fecha de presentación de la solicitud, habían transcurrido más de cinco (5) años desde que quedó debidamente ejecutoriada la sentencia condenatoria, no obstante que la pena impuesta fue de cuarenta (40) meses de prisión; significa lo anterior sin mayor esfuerzo que la sanción penal había prescrito a su favor y así debió decretarse, ordenando además de la cancelación de la orden de captura, que pesaba en su contra.

 

 

Vistas las cosas de esta manera, nunca debió tener la captura posteriormente declarada ilegal por parte del Juez 4º Penal del Circuito Especializado, como legalmente suficiente para dar por interrumpida la prescripción de la sanción penal y menos aun como lo hizo el Juez de Ejecución de Penas que ante tal situación en un claro desatino hermenéutico, sea necesario contar nuevamente los cinco años de que habla el artículo 89, cuando es claro que la norma en su contenido no se pronuncia en ese sentido, como si lo hace el artículo siguiente, ya que si bien el artículo 91 del Estatuto de Penas, advierte en su inciso final “Producida la interrupción del término comenzará a correr de nuevo por un lapso de cinco (5) años.” Es claro que esta norma tiene aplicación exclusivamente para el caso de la multa y no para la prescripción de la sanción penal.[5]

 

 

Seguidamente, reiteró la procedencia de la extinción de la pena por haber transcurrido más de cinco años desde la ejecutoria de la sentencia.

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA

 

 

Esta Colegiatura es competente para desatar la presente impugnación, conforme a lo preceptuado en el artículo 80 de la Ley 600 de 2000, circunscribiéndonos únicamente a los aspectos impugnados.

 

 

El problema jurídico se limita a determinar si por el hecho de haber sido capturada la condenada y luego dejada en libertad, a través de una acción constitucional de habeas corpus, se interrumpió el término de prescripción de la sanción penal (art. 90 del C. Penal) y comenzó a correr de nuevo.  

 

 

El A quo, en la decisión recurrida, sostuvo que “… en este caso, ocurre, que el día 31 de diciembre de 2005, esto es, casi un año, antes del 16 de noviembre de 2007, fecha en la que vencía el término prescriptivo de cinco años, la fulminada, YADIRA IBAÑEZ QUINTERO fue APREHENDIDA por el GRUPO DEL DAS asignado a la Oficina de Migración del Aeropuerto ALBONAR de Palmira EN VIRTUD DE ESTA SENTENCIA y por ORDEN DE CAPTURA dictada por el juez de conocimiento de manera legal y oportuna, cuando pretendía salir del país, con destino a la ciudad de HOUSTON.  … (…) … Por lo expuesto, al interrumpirse el término de prescripción de la sanción penal, no es procedente declarar la prescripción solicitada, por el contrario, estima esta judicatura, que una vez fue puesta en libertad la persona capturada el día 3/01/2006 por la orden del Juez de Habeas Corpus, en esta fecha inicia nuevamente el término de prescripción de cinco años, por tanto, este término culmina el día 2/01/2011.[6]

 

 

En efecto, le asiste razón al Juez de primer nivel, pues si la sentencia No. 01-120 proferida el 6 de noviembre de 2002 por el Juzgado 17 Penal del Circuito de Cali, a través de la cual condenó a YADIRA IBÁÑEZ, identificada con la C.C. No. 31.214.081 de Cali, a la pena de 40 meses de prisión y multa de $200.000, negándole la suspensión condicional de la ejecución de la pena, como autora penalmente responsable del delito de ESTAFA AGRAVADA en concurso homogéneo, decisión que quedó ejecutoriada el día 15 del mismo mes y año y el 31 de diciembre de 2005 se hizo efectiva la orden de captura librada por el Juez de conocimiento en contra de IBÁÑEZ, cuando aún se encontraba vigente la pena, conforme al artículo 89 del C. Penal, que reza:

 

 

“La pena privativa de la libertad, salvo lo previsto en tratados internacionales debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, prescribe en el término fijado para ella en la sentencia o en el que falte por ejecutar, pero en ningún caso podrá ser inferior a cinco (5) años.”

 

 

En lo anterior no existe controversia, debido a que la pena fue de 40 meses de prisión, por la tanto, se extinguía a los cinco (5) años, es decir, el 14 de noviembre de 2007, empero, al haberse presentado la captura (Dic. 31/05) y libertad casi que inmediata de la condenada, el 3 de enero de 2006, como consecuencia de un habeas corpus, resulta lógico entender que el término de prescripción de la sanción privativa de la libertad se interrumpió, de acuerdo a lo estatuido en el artículo 90 del mismo ordenamiento, que señala:

 

 

“El término de prescripción de la sanción privativa de la libertad se interrumpirá cuando el sentenciado fuere aprehendido en virtud de la sentencia, o fuere puesto a disposición de la autoridad competente para el cumplimiento de la misma.” (Subrayas fuera del texto)

 

 

El recurrente en sus juiciosos planteamientos, arguyó que el A quo desbordó las restricciones constitucionales en su actividad interpretativa, que se debe hacer acudiendo a un criterio finalista, que tome en cuenta las metas y objetivos establecidos en la Carta, de acuerdo con los criterios “pro-libertatis” y “pro-homine”, derivados de la filosofía humanista que inspira el constitucionalismo colombiano.

 

 

Lo anterior es cierto, pero también lo es que, cuando el sentido de la ley es claro, no se debe desatender su tenor literal so pretexto de consultar su espíritu.[7]

 

 

En el  estudio de los asuntos que se someten a la decisión jurisdiccional, el funcionario puede hallarse en cuatro situaciones diversas en la aplicación de las leyes: i) existe disposición legal precisa y clara aplicable al caso, ii) el texto legal aplicable es oscuro, iii) coexisten dos disposiciones legislativas aplicables al asunto, la una anterior y posterior la otra y iv) no hay disposición aplicable porque la ley no ha contemplado el caso. Para todas estas ocurrencias la misma ley consagra e impone reglas y principios de interpretación  por vía de doctrina que resuelven las situaciones conflictivas  en su aplicación para los fines de la justicia, siendo claro que la que no ofrece ningún tipo de dificultad es la primera situación, esto es, cuando la disposición es clara y precisa como acontece con el artículo 90 del código penal, por cuanto no tiene ningún vacío.

 

 

La norma es tan clara que sobra entrar a explicarla o interpretarla, pues qué discusión existe en cuanto a que el término de prescripción de la sanción privativa de la libertad se interrumpe cuando el sentenciado es aprehendido en virtud de la sentencia o es puesto a disposición de la autoridad competente para el cumplimiento de la misma.

 

 

No está por demás, indicar que si el articulo 90 no hace alusión expresa a que el término prescriptivo comenzará a contarse nuevamente, así debe entenderse porque el legislador fue muy claro en señalar que el término se interrumpe, luego, entonces, la consecuencia es que comenzará a correr de nuevo.

 

 

Nos preguntamos: será que si una persona condenada a 10 años, es capturada faltándole 15 días para que opere la prescripción de la sanción privativa de la libertad, sólo tendría que purgar los 15 días que le hacen falta o la totalidad de la pena?, la respuesta no requiere de mayores esfuerzos mentales, pues la misma se deduce del tenor literal del artículo 90, en el entendido de que el sentenciado deberá purgar la totalidad de la pena de prisión, en virtud de la interrupción del término de prescripción.

 

 

En el presente caso, tal como lo dedujo el  A quo, el término de prescripción de la sanción privativa de la libertad fue interrumpido a partir del 31 de diciembre de 2005, fecha en la cual, YADIRA IBÁÑEZ, fue aprehendida[8] como consecuencia de la orden de captura proferida por el Juez 17 Penal del Circuito de Cali el 15 de diciembre de 2005[9], para dar cumplimiento a la sentencia, a través de la cual la condenó a la pena de 40 meses de prisión por el delito de ESTAFA AGRAVADA y le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

 

 

Consideramos que no existe ninguna duda que la señora IBÁÑEZ fue capturada “en virtud de la sentencia” proferida por el Juez 17 Penal del Circuito, quien igualmente libró la respectiva orden de captura que dio lugar a su aprehensión por funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad, dispuestos en el Aeropuerto “Alfonso Bonilla Aragón” de Palmira, para la fecha indicada. Otra cosa es que, por una ligeraza de un juez constitucional, al decidir un habeas corpus, considerando que su captura fue ilegal, la haya dejado en libertad.

 

 

La justicia no se puede convertir en “rey de burlas”, cuando el recurrente pretende convencer que YADIRA IBÁÑEZ no estuvo retenida al haberse declarado la ilegalidad de su captura, pues, no se puede desconocer que si bien no fue puesta a disposición de la autoridad competente y, por ende, no se libró la respectiva boleta de encarcelación, el artículo 90 del C. Penal, exige una de dos condiciones: i) que el sentenciado fuere aprehendido en virtud de la sentencia o ii) que el sentenciado fuere puesto a disposición de la autoridad competente.  

 

 

Así las cosas, al haberse dado la primera condición, pues la aprehensión fue consecuencia de la orden de captura librada por el Juez que profirió la sentencia condenatoria en contra de YADIRA IBÁÑEZ, el término de prescripción de la sanción privativa de la libertad se interrumpió a partir del 31 de diciembre de 2005, debiéndose correr de nuevo por un lapso de cinco años contados a partir del día en que fue dejada en libertad, estos es, desde el 3 de enero de 2006 hasta el 2 de enero de 2011. Por consiguiente, se confirmará la decisión recurrida.

 

 

Por lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI, SALA PENAL,

 

 

RESUELVE:

 

 

1.- CONFIRMAR en su integridad la decisión recurrida.

 

 

3.- Contra la presente decisión no procede ningún recurso.

 

 

Cópiese, notifíquese y devuélvase

 

 

 

 

 

 

ROBERTO FELIPE MUÑOZ ORTIZ

Magistrado Ponente

 

 

 

 

 

 

SOCORRO MORA INSUASTY

Magistrada Integrante de Sala

 

 

 

 

 

 

 

JUAN MANUEL TELLO SÁNCHEZ

Magistrado Integrante de Sala

 

 

 

 

 

DIEGO ARMANDO DELGADO

Secretario Sala Penal

 

 



[1] Folios 20-24

[2] Folios 59-62

[3] Folios 48-49

[4] Folios 63-67

[5] Folios 107-108

[6] Folios 65 y 66

[7] Artículo 27 del C. Civil

[8] Folio 20-24

[9] Folio 18

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