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PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL 3

 PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL

Tratándose del fenómeno de la prescripción de la acción, se debe tener en cuenta la etapa procesal en que se encuentre el compendio, con el fin de determinar si aquella ha operado, ya que el legislador creó un límite a esta prerrogativa que parte exclusivamente de la base de la instancia procesal, presentándose por ello en dos estadios a saber:

El primero, en la etapa de instrucción, donde existe la figura de la interrupción del término de prescripción y que opera cuando se ha proferido resolución de acusación o su equivalente, siempre que se encuentre en firme. El segundo, en la etapa de juicio, cuyo término se cuenta a partir de la ejecutoria de la providencia que califica el sumario, y por la mitad de la pena máxima establecida para el delito sin que sea inferior a cinco (5) años.

 

Centrándonos en el estudio de la figura frente a este caso en particular, encuentra la Sala que efectivamente el fenómeno prescriptivo ha tenido operancia en relación al punible de ESTAFA imputado, como quiera que contabilizando el término a partir de la fecha de la interrupción de la prescripción en la instrucción, esto es, con la ejecutoria de la resolución de acusación, se tiene que ha transcurrido un tiempo superior a los cinco (5) años establecido como límite para adelantar la acción penal.

Fecha: 06 05 09

Radicación: 11 2006  00242  01

Acta 066

Conducta punible: Estafa

Decisión de primera instancia: Absolvió al procesado.

Decisión de segunda instancia: Decreta la prescripción de la acción penal disponiendo el cese de toda actuación penal y civil.

MP. Orlando Echeverri Salazar

 

 

 

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO

JUDICIAL DE CALI

  -Sala de Decisión Penal-

 

 

Magistrado Ponente

 

ORLANDO ECHEVERRY SALAZAR

 

 

PROTECTO DISCUTIDO Y APROBADO EN ACTA No.066

 

                             

Santiago de Cali, mayo seis (6) de dos mil nueve (2009).

 

 

 
OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

 

 

Se pronuncia la Sala de Decisión Penal sobre la viabilidad de decretar la prescripción de la acción penal, dentro del proceso seguido contra el señor MIGUEL JOSÉ URIBE ROMERO como autor del delito de ESTAFA, según Sentencia ordinaria absolutoria No.075 de diciembre 18 de 2008 proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Descongestión de Cali[1].

 

 

ANTECEDENTES PROCESALES

 

Los supuestos fácticos que dieron origen a éste proceso, fueron sintetizados por el Juez de conocimiento en los siguientes términos:

 

 

“…Las presentes diligencias tuvieron origen en virtud a la compulsa de copias que hiciera la Fiscalía Seccional 90 de ésta ciudad, relacionadas con la denuncia presentada por el señor HERNÁN MOLANO GONZÁLEZ en contra de MIGUEL JOSÉ URIBE ROMERO, dando cuenta en calidad de Gerente de la Industria de Licores del Valle, celebró contrato el día 27 de julio de 1987 con el señor MIGUEL S. URIBE WILLIAMSON para que distribuyera sus productos en Estados Unidos, con una duración a 5 años; contratos que se fueron prorrogando y el último de ellos tuvo fecha de vencimiento al 27 de julio de 1998.

 

Posteriormente se intentó en varias oportunidades celebrar un nuevo contrato adicionando nuevos requisitos exigidos por la entidad pero que la empresa A. ROMERO TRADING COPORATIONN a través de su representante MIGUEL JOSÉ URIBE, no cumplió y pese a habérsele vencido el contrato se le siguieron haciendo ventas autorizadas mediante resoluciones y según los pedidos; modalidad bajo la cual se le hizo entrega de mercancía el 23 de junio de 2000 cancelada mediante cheques No.207 por valor de $US.16.192.74 y No.211 por valor de $US.16.692, títulos valores que fueron impagados, uno por fondos insuficientes y el otro por orden de no pago, habiendo recibiendo por parte de la firma la mercancía a su entera satisfacción…” (fl.979 C.O.4).

 

 

 

ACTUACION PROCESAL

 

La Fiscalía Seccional 69 de la Unidad II de Patrimonio Económico, mediante resolución No.229 de noviembre 4 de 2003, calificó el mérito del sumario profiriendo resolución de acusación contra el señor MIGUEL JOSÉ URIBE ROMERO, por el injusto de ESTAFA, diligencia que, en virtud de la interposición del recurso ordinario, quedó ejecutoriada el 12 de marzo de 2004, fecha en la que se pronunció la segunda instancia confirmando la decisión.

 

La etapa del juicio le correspondió al Juzgado Once Penal del Circuito de Cali, que luego de celebrar las audiencias de rigor, por virtud del Acuerdo PSAA08-4879 de junio 11 de 2008, remitió las diligencias al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Descongestión de Cali, el cual se pronunció mediante Sentencia ordinaria No.075 de diciembre 18 de 2008, resolvió absolver al procesado MIGUEL JOSÉ URIBE ROMERO por el injusto de ESTAFA.

 

Dentro del término de traslado, el apoderado de la Parte civil allegó memorial manifestando su entera inconformidad con la anterior providencia, remitiéndose las diligencias a la Corporación para desatar el recurso interpuesto, las cuales fueron recibidas en el despacho del ponente el 4 de marzo hogaño.

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA

 

 

La figura de la prescripción, ha sido consagrada en el numeral 4° del artículo 82 del Código Penal, como una forma de extinción de la acción penal, basada en el transcurso del tiempo, donde el Estado pierde toda la facultad sancionatoria que tenía contra los sujetos pasivos de la acción.

 

En los artículos 83 y siguientes ídem, obran de manera expresa los requisitos y parámetros a valorar para efectos de dar aplicación a la figura, dentro del trámite de una actuación penal. Es importante resaltar, que tratándose del fenómeno de la prescripción de la acción, se debe tener en cuenta la etapa procesal en que se encuentre el compendio, con el fin de determinar si aquella ha operado, ya que el legislador creó un límite a esta prerrogativa que parte exclusivamente de la base de la instancia procesal, presentándose por ello en dos estadios a saber:

 

El primero, en la etapa de instrucción, donde existe la figura de la interrupción del término de prescripción y que opera cuando se ha proferido resolución de acusación o su equivalente, siempre que se encuentre en firme. El segundo, en la etapa de juicio, cuyo término se cuenta a partir de la ejecutoria de la providencia que califica el sumario, y por la mitad de la pena máxima establecida para el delito sin que sea inferior a cinco (5) años.

 

Recuérdese que en el artículo 83 del C.P, antiguo 80 de la derogada Ley 100 de 1980, se dice que la acción dentro del proceso penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso puede ser inferior a 5 años, ni exceder de 20, salvo para los delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura y desplazamiento, donde el término de prescripción es de 30 años.

Existe otra excepción, y es cuando se trata de conductas desarrolladas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones, de su cargo o con ocasión de éste, o que hubiese participado en su desarrollo, ya que la misma norma prevé en el inciso 5° que el término de prescripción se aumentará en una tercera parte, aunque sin exceder del límite máximo fijado -inciso 7° ídem-. En todas estas eventualidades, el legislador dispuso que para efectos de determinar el término de prescripción, se deben tener en cuenta las causales sustanciales modificadoras de la punibilidad.

 

En cuanto a la iniciación del término de prescripción, establece el artículo 84 de la misma obra, que comenzará a correr desde el día de la consumación de los hechos, tratándose de conductas punibles de ejecución instantánea, con la limitante temporal ya anotada.

 

Retomando la segunda eventualidad procesal en que procede la prescripción -la etapa del juicio-, tenemos que el término de prescripción corre a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación, iniciándose nuevamente el conteo de los términos, esta vez teniendo como referencia la mitad del término máximo previsto para la sanción, sin que pueda ser inferior a 5 años, ni superior a 10, fenómeno que el legislador ha denominado “interrupción y suspensión del término prescriptivo de la acción”. Así, textualmente lo dispone el artículo 86 del Código Penal:

 

 

“...La prescripción de la acción penal se interrumpe con la resolución acusatoria o su equivalente debidamente ejecutoriada.

 

Producida la interrupción del término prescriptivo, éste comenzará a correr de nuevo por un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83. En este evento el término no podrá ser inferior a cinco (5) años, ni superior a diez (10)...”.

 

 

 

Es claro entonces, que el tiempo transcurrido hasta la calificación del sumario, con resolución en firme, no puede ser tenido en cuenta para contabilizar el término de prescripción en la etapa subsiguiente como es la del juicio, pues los cómputos corren nuevamente, aún con unos factores limitantes espaciales disímiles.

 

Centrándonos en el estudio de la figura frente a este caso en particular, encuentra la Sala que efectivamente el fenómeno prescriptivo ha tenido operancia en relación al punible de ESTAFA imputado, como quiera que contabilizando el término a partir de la fecha de la interrupción de la prescripción en la instrucción, esto es, con la ejecutoria de la resolución de acusación, se tiene que ha transcurrido un tiempo superior a los cinco (5) años establecido como límite para adelantar la acción penal.

 

Esto por cuanto que, el delito mencionado reglado en el artículo 356 del Decreto Ley 100 de 1980, consagra una pena máxima de diez (10) años de prisión, cuya mitad para efectos del término de prescripción, sería de cinco (5) años, tiempo que coincidencialmente se identifica con el previsto como mínimo en la norma sustantiva para estos efectos.

 

 

Ahora, la resolución de acusación mediante la cual se calificó el mérito del sumario, quedó ejecutoriada con el pronunciamiento emitido el 12 de marzo de 2004 por 

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