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EXTINCION DE LA ACCION PENAL

 

EXTINCION DE  LA ACCION PENAL

Prescripción.

Término prescriptivo de la pena

Los perjuicios a que fue condenado el penado se pueden ejercer ante la jurisdicción civil

Encuentra con asombro éste Juez colegiado, que la instancia de ejecución de penas y medidas de seguridad, para efectos de resolver la puntual y clara petición del sentenciado, haya apelado a una interpretación anacrónica y errada de la norma, que a todas luces, resulta lesiva para los intereses del penado, para no decretar a favor de éste la extinción de la pena por prescripción.

Esto por cuanto que, ante un supuesto vacío normativo en lo que corresponde al cálculo del término de prescripción de la sanción penal, cuando el procesado se encuentra privado de la libertad; resolvió acoger un criterio doctrinal de antaño que riñe con las garantías procesales y con las actuales corrientes propias de un derecho penal constitucional regido por la Carta de 1991, como si el desarrollo jurídico de los últimos 18 años no le hubiera pasado por la oficina, que, por lo mismo, no comulga con el pensar del Ad quem.

En efecto desde la mas estricta sindéresis se tiene que el termino de prescripción se interrumpe con la captura del procesado que no ha esta privado de la libertad, de lo que se infiere que cuando está en libertad por no haberse ejecutado la pena,  por decisión judicial  - suspensión de su ejecución – o por voluntad del mismo penado – fuga o contumacia-  el tiempo de prescripción corre ininterrumpidamente hasta que se produzca la aprehensión o se revoque la suspensión y se materialice la captura, siempre que ese término de sanción para el Estado que no haya cumplido.

 

En ese mismo orden la decisión del juez de ejecución de penas contraría todo orden y toda lógica, por decir lo menos, pues se llega al absurdo de pensar que cuando el penado esta libre, pese a la sentencia condenatoria que ordena la privación de la libertad, el término de prescripción no está suspendido y corre ininterrumpidamente, entre tanto, al procesado a quien el Estado le ha beneficiado con la suspensión de la ejecución de la pena, no le corre dicho término hasta tanto no cumpla con el periodo de prueba, es decir se produce, según el A quo, una suspensión del término de prescripción en ese caso.

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO

JUDICIAL DE CALI

-Sala de Decisión Penal-

 

 

Magistrado Ponente

ORLANDO ECHEVERRY SALAZAR

 

 

PROYECTO DISCUTIDO Y APROBADO EN ACTA No. 059

 

 

Santiago de Cali, abril veintinueve (29) de dos mil nueve (2009).

 

 

MOTIVO DEL PRONUNCIAMIENTO

 

 

Decide la Sala Penal el recurso de apelación interpuesto por el defensor de confianza del sentenciado ORLANDO MAÑUNGA BETANCOURT[1], contra el auto interlocutorio No.105 de febrero 9 de 2009 proferido por el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali[2], mediante el cual se negó su solicitud de prescripción de la sanción penal, dentro del proceso seguido en su contra por el delito de INASISTENCIA ALIMENTARIA.

 

 

EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS

 

 

Fue sintetizada por la A quo, en los siguientes términos:

 

 

“Se conocieron mediante querella de parte invocada el 12 de julio de 2000 ante la Inspección Permanente de Policía Municipal de Yumbo (Valle), por la señora ANA MARITZA CAMAYO CHACÓN, representando al menor MIGUEL ORLANDO MAÑUNGA CAMAYO; quien brevemente relató que denunció hace tres años al padre de su hijo ante el Instituto de Bienestar Familiar, donde se llegó a un acuerdo de aportar mensualmente la suma de $10.000°°, pero nunca cumplió con ello, procediendo luego a denunciarlo ante la Comisaría de Policía y luego en Fiscalía donde los citaron a una conciliación comprometiéndose a cancelar la suma de $360.000 (por los tres años debidos) y cuota mensual de $20.000 que se incrementarían cada año, de este acuerdo sólo cumplió 4 meses y de allí en adelante no volvió a aportar la cuota. Es esa la razón por la cual nuevamente acude ante la justicia ordinaria pidiendo la protección a los derechos Constitucionales de su hijo y la sanción del procesado por su actuar doloso en que viene incurriendo, y que ésta vez no está dispuesta a conciliar…” (fl.56).

 

 

ANTECEDENTES PROCESALES

 

 

El Juzgado Segundo Penal Municipal de Yumbo, mediante sentencia ordinaria de febrero 11 de 2002, condenó al señor ORLANDO MAÑUNGA BETANCOURT a la pena principal de 1 año de prisión y multa de 10 días de salario mínimo legal mensual vigente, más la accesoria de rigor, como autor del injusto de Inasistencia alimentaria. Por concepto de perjuicios materiales, le impuso la suma de $10.126.800°° y por los de orden moral 100 gr. oro, dentro del término de 12 meses, contado a partir de la ejecutoria del fallo. Reconoció el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, teniendo como periodo de prueba el lapso de 2 años, contado a partir de la ejecutoria del fallo, teniéndose que presentar periódicamente ante el juzgado de ejecución de penas correspondiente.

 

En firme lo anterior, las diligencias fueron avocadas por el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, despacho que mediante auto interlocutorio No.746 de noviembre 28 de 2008, resolvió revocar el beneficio de la suspensión condicional de la pena y, en consecuencia, ordenar la captura inmediata; procedimiento último que se hizo efectivo el 15 de enero de 2009.

 

 

DECISIÓN RECURRIDA

 

 

El 30 de enero de 2009, la defensa selectiva allegó memorial instando “la prescripción de la pena y consecuente libertad inmediata”, argumentando que la aprehensión del reo se materializó vencido el término -de 5 años- que el Estado tiene para ejercer su poder sancionatorio.

 

Solicitud que no prosperó, según lo resuelto en providencia interlocutoria No.105 de febrero 9 de 2009, toda vez que el A quo consideró que el término prescriptivo para estos efectos, ha de contarse a partir de la fecha de ejecutoria de la providencia condenatoria ó, de ser el caso, de aquella que revoca el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena pues, tal decisión interrumpe dicho término.

“…Si contamos el término prescriptivo de la pena (sic) partir de la ejecutoria del auto interlocutorio No.746 de fecha 28 – 11- 008, por el cual se revocó el subrogado penal de suspensión condicional de la ejecución de la pena acaecida el día 30-12-2008, como lo indica el precedente doctrinal de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, la pena prescribe el día 29-12-2013” (fl.241).

 

 

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE

 

Insiste el apoderado del acusado en que se decrete el cese de procedimiento a su favor por advenimiento del fenómeno de la prescripción de la sanción penal, al considerar que el artículo 89 de la Ley 599 de 2000, es clara, y no admite interpretación en sentido distinto a que el término de prescripción es de 5 años, contado a partir del momento de ejecutoria de la decisión de condena, en concordancia con lo expuesto en el canon 187 del Estatuto procedimental.

 

Por lo anterior, solicita compulsa de copias contra el funcionario de origen por su actuación irregular, ajena al derecho y garantías del procesado.

 

 

 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

                                                            

Encuentra con asombro éste Juez colegiado, que la instancia de ejecución de penas y medidas de seguridad, para efectos de resolver la puntual y clara petición del sentenciado, haya apelado a una interpretación anacrónica y errada de la norma, que a todas luces, resulta lesiva para los intereses del penado, para no decretar a favor de éste la extinción de la pena por prescripción.

 

Esto por cuanto que, ante un supuesto vacío normativo en lo que corresponde al cálculo del término de prescripción de la sanción penal, cuando el procesado se encuentra privado de la libertad; resolvió acoger un criterio doctrinal de antaño que riñe con las garantías procesales y con las actuales corrientes propias de un derecho penal constitucional regido por la Carta de 1991, como si el desarrollo jurídico de los últimos 18 años no le hubiera pasado por la oficina, que, por lo mismo, no comulga con el pensar del Ad quem.

 

Para mayor claridad, es pertinente citar, en su orden, el penoso concepto doctrinario que abandera el A quo y, las normas de procedimiento que reglan el instituto de la prescripción como causal de extinción de la sanción penal:

 

Del extracto que cita el funcionario, se advierten relevantes las siguientes líneas:

 

“…Podría entonces, suponer que el artículo 88 se refiere únicamente a aquellas situaciones en que el sentenciado no está privado de la libertad en el momento de ejecutoriarse la sentencia. Pero ni siquiera ésta apreciación resulta solamente válida, ya que tampoco puede comenzar a correr término prescriptivo cuando a la ejecutoria de la sentencia el afectado se encuentre en libertad porque, por ejemplo,  ha sido concedida suspensión condicional de la condena, por cuanto en dicha hipótesis la libertad del sentenciado ha sido legalmente autorizada y resultaría perfectamente absurdo que mientras el Estado, de una parte, dispone la no ejecución de la pena, de otra tenga en cuenta tal determinación como comienzo del término que habría de conducirlo a abstenerse de ejecutarla por prescripción…”[3].

 

Del Código actual vigente, se tiene:

  

    Art.88. Son causas de extinción de la sanción penal.

 

1.- La muerte del condenado

2.- El indulto

3.- La amnistía impropia

4.- La prescripción

5.- La rehabilitación para las sanciones privativas de derechos cuando operen como accesorias

6.- La exención de punibilidad en los casos previstos en la ley

7.- Las demás que señale la ley              

          

       Art.89. Término de prescripción de la sanción penal.

 

“…La pena privativa de la libertad, salvo lo previsto en tratados internacionales debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, prescribe en el término fijado para ella de la sentencia o en el que falte por ejecutar, pero en ningún caso podrá ser inferior a cinco (5) años.

 

La pena no privativa de la libertad prescribe en cinco (5) años.

 

            Art.90. Interrupción del término de prescripción de la sanción privativa de la libertad.

 

“…El término de prescripción de la sanción privativa de la libertad se interrumpirá cuando el sentenciado fuere aprehendido en virtud de la sentencia, o fuere puesto a disposición de la autoridad competente para el cumplimiento de la misma…” .               

 

 

En este orden, resulta inadmisible considerar que el tiempo que el sentenciado gozó del subrogado de la condena de ejecución condicional, sea tenido en cuenta en su contra y sólo, a partir del momento en que fue aprehendido, por razón de la revocatoria del beneficio y la correspondiente orden de captura, inicie nuevamente el conteo de los términos para efectos de analizar el fenómeno de la prescripción, que en este caso, se fijan en el monto mínimo de 5 años.

 

El legislador es claro en determinar que la potestad sancionatoria del Estado, se extingue, entre otras, por la figura de la prescripción[4], misma que opera a partir de la fecha en que adquiere ejecutoria la sentencia adversa (art.187 CPP), sin que dicho término resulte inferior a 5 años (art.89), viéndose interrumpida cuando el judicializado es aprehendido por virtud de lo allí ordenado ó es puesto a disposición de la autoridad con fines de su cumplimiento (art.90).

 

Luego, no es como lo cita y afirma el operador de justicia que, si bien la sentencia adversa adquirió ejecutoria en julio 14 de 2003, el tiempo por el cual el procesado se congració con la suspensión condicional de la ejecución de la pena -dentro del cual, no cumplió con fidelidad las obligaciones impuestas durante el periodo de prueba de dos años-, se congela, ó mejor, no se descuenta en su favor, para efectos de la prescripción de la sanción, sino a partir del momento en que adquiere firmeza la providencia interlocutoria por medio de la cual se resolvió revocar el beneficio.

 

Determinaciones como la citada, revocatoria del beneficio, que en nada deben inferir en el ejercicio aritmético para efectos de la extinción de la pena por la causal atribuible al paso del tiempo pues, insístase, tal interpretación construida en perjuicio riñe con el criterio garantista que debe imperar en las decisiones judiciales, en este caso, observada desde la óptica de quien es sujeto pasivo de la acción represora del Estado.  

 

Sobre la temática, la Corporación homóloga con sede en el Distrito Judicial de Tunja se pronunció en éste sentido;

 

“…La prescripción como instituto jurídico de carácter extintivo pretende teleológicamente en todas las esferas del derecho imponer un límite temporal al ejercicio de las acciones o de los derechos para precaver la inseguridad que se generaría si las situaciones jurídicas no se consolidaran de manera definitiva; empero, en materia penal, ese fenómeno ofrece dos vertientes claramente diferenciadas: la prescripción de la acción y la prescripción de la pena.

       

Respecto a la prescripción de la pena, el Art. 89 del C.P. regula la materia de manera similar a como lo hacía el artículo 87 del Decreto-ley 100 de 1980, que era la norma vigente a la época de los hechos, al señalar que: “La pena privativa de la libertad, salvo lo previsto en tratados internacionales debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, prescribe en el término fijado para ella en la sentencia o en el que falte por ejecutar, pero en ningún caso podrá ser inferior a cinco (5) años”.

 

A pesar de que el actual Código Penal no es explícito en señalar desde cuándo empieza a correr el término prescriptivo de la pena, lo cual si hacía el artículo 88 del decreto-ley 100 de 1980, basta una interpretación sistemática del mismo, para colegir que es a partir de la ejecutoria de la sentencia, porque hasta que no se produzca ésta, según lo estipulado por el artículo 86 ibídem, está corriendo el término de prescripción de la acción, y por simple lógica, un mismo lapso no podría transcurrir simultáneamente para la prescripción de la acción y de la pena[5]…”.

 

 

Providencia que cita, el pacífico pensamiento de la Corte Constitucional sobre el particular:

 

 

“…La prescripción es la cesación de la potestad punitiva del Estado después de transcurrido el periodo de tiempo fijado por la ley, opera tanto para la acción como para la pena. En la prescripción de la pena el Estado renuncia a su potestad represiva por el transcurso del tiempo, anulando de esta manera el interés de hacer efectiva una condena o sanción legalmente impuesta…”[6].

 

 

Fácil es concluir que, en julio 7 de 2008 el Estado perdió la facultad sancionatoria que tenía contra el procesado ORLANDO MAÑUNGA BETANCOURT, esto es, para hacer efectiva la ejecución de la pena corporal impuesta mediante sentencia ordinaria por el delito de INASISTENCIA ALIMENTARIA, sin que para ello incidan las determinaciones adoptadas por la instancia de penas durante el lapso de prescripción de 5 años en el que no estuvo privado de la libertad, esto es, la revocatoria del subrogado de la condena de ejecución condicional de la pena por incumplimiento de las obligaciones impuestas, específicamente la que atañe al pago efectivo de los perjuicios.

 

En efecto desde la mas estricta sindéresis se tiene que el termino de prescripción se interrumpe con la captura del procesado que no ha esta privado de la libertad, de lo que se infiere que cuando está en libertad por no haberse ejecutado la pena,  por decisión judicial  - suspensión de su ejecución – o por voluntad del mismo penado – fuga o contumacia-  el tiempo de prescripción corre ininterrumpidamente hasta que se produzca la aprehensión o se revoque la suspensión y se materialice la captura, siempre que ese término de sanción para el Estado[7] que no haya cumplido.

 

En ese mismo orden la decisión del juez de ejecución de penas contraría todo orden y toda lógica, por decir lo menos, pues se llega al absurdo de pensar que cuando el penado esta libre, pese a la sentencia condenatoria que ordena la privación de la libertad, el término de prescripción no está suspendido y corre ininterrumpidamente, entre tanto, al procesado a quien el Estado le ha beneficiado con la suspensión de la ejecución de la pena, no le corre dicho término hasta tanto no cumpla con el periodo de prueba, es decir se produce, según el A quo, una suspensión del término de prescripción en ese caso.

 

Resulta, pues, dentro de tamaña hermenéutica, más favorable para efectos de la prescripción huir de la pena que merecer el beneficio de la suspensión de la aplicación o ejecución de la misma.

 

En consecuencia, se decretará la extinción de la pena por prescripción a favor del procesado y, en consecuencia se dispondrá su libertad inmediata, debiéndose oficiar a las autoridades que correspondan pues, se insiste, el procedimiento de captura devino cuando se había superado el tiempo límite que el Estado tenía para hacer efectiva la sentencia adversa, careciendo de relevancia que durante el periodo de prueba aquel se haya sustraído del cumplimiento íntegro de la obligación pecuniaria impuesta[8].   

 

OTRAS CONSIDERACIONES:

 

1.- en primer lugar y si bien aparece claro que el penado no pago los perjuicios a los que fue condenado, con el advenimiento de la prescripción de la pena y el descuido de los interesados como también del juez de ejecución de penas con relación al cumplimiento de las obligaciones impuestas en la sentencia, deviene imposible ejercer su cobro dentro de ésta resmada, más sin embargo, los interesados o perjudicados y víctimas del delito beneficiados de la condena en perjuicios pueden ejercer esos derechos en ante la jurisdicción civil, si a bien lo tienen.

 

2.- Por otro lado, el defensor ha solicitado que la sala compulse copias para que se investigue la conducta del juez, a lo cual accederá la Colegiatura considerando la situación presentada de suma gravedad, por cuanto sobre el tópico que generó la decisión mucho se ha dicho por la doctrina y la jurisprudencia, siendo de verdad su comprensión de poca dificultad como para encontrar alguna razonabilidad en la postura del Juez, y por lo menos la sala no la atisba. Así las cosas se ordenarán que por Secretaría se compulsen las copias de la actuación para que los entes de investigación penal y disciplinaria investiguen y califiquen desde sus órbitas de competencia el comportamiento del Juez  quo y tomen las decisiones que consideren de acuerdo con la ley.

 

 

En consecuencia, EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI, VALLE DEL CAUCA, SALA DE DECISIÓN PENAL,

 

 

RESUELVE

 

1.           REVOCAR EL AUTO INTERLOCUTORIO No.105 DE FEBRERO 9 DE 2009, PROFERIDO POR EL JUZGADO QUINTO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE CALI, atendiendo a las razones anotadas en el cuerpo de este proveído.

 

2.           DECRETAR LA EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN A FAVOR DEL SEÑOR ORLANDO MAÑUNGA BETANCOURT POR EL DELITO DE INASISTENCIA ALIMENTARIA,  según lo expuesto en precedencia.

 

 

3.           EN CONSECUENCIA, SE DISPONE SU LIBERTAD INMEDIATA, PARA LO CUAL HA DE OFICIARSE A LAS AUTORIDADES QUE CORRESPONDAN.

 

4.           SE ORDENARÁ QUE POR SECRETARÍA SE COMPULSEN LAS COPIAS DE LA ACTUACIÓN PARA QUE LOS ENTES DE INVESTIGACIÓN PENAL Y DISCIPLINARIA PARA QUE INVESTIGUEN Y CALIFIQUEN DESDE SUS ÓRBITAS DE COMPETENCIA EL COMPORTAMIENTO DEL JUEZ  QUO Y TOMEN LAS DECISIONES QUE CONSIDEREN DE ACUERDO CON LA LEY.

 

5.           CONTRA ESTA DECISIÓN NO PROCEDE RECURSO ALGUNO.

 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

RANULFO GUERRERO GUERRERO

-Primer revisor-

 

 

 

 

 

LEOXMAR BENJAMIN MUÑOZ ALVEAR

-Segundo revisor-

 

 

 

 

 

ORLANDO ECHEVERRY SALAZAR

-Magistrado Ponente-

 

 

 

 

 

DIEGO ARMANDO DELGADO

-Secretario-



[1] Doctor JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA NARANJO.

[2] A cargo del doctor HECTOR ARMANDO CAICEDO PAZMIÑO.

 

 

[3] “Derecho Penal General y Especial –Curso de capacitación para Jueces de la República- Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Bogotá DC, febrero de 1989, pags.229 y ss”.

[4] “…La prescripción es la cesación de la potestad punitiva del Estado después de transcurrido el periodo de tiempo fijado por la ley. La prescripción opera tanto para la acción como para la pena. En la prescripción de la pena el Estado renuncia a su potestad represiva por el transcurso del tiempo, anulando de esta manera el interés de hacer efectiva una condena o sanción legalmente impuesta. De acuerdo con nuestro Ordenamiento Constitucional no hay penas imprescriptibles. Es decir, que a la luz de las normas constitucionales que hoy rigen no puede existir pena alguna, sea cual fuere su índole (criminal, disciplinaria, contravencional, policiva, fiscal, administrativa, tributaria, etc.), que no prescriba…”. (Sentencia C 240 de mayo 19 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz).

 

[5] Tribunal del Distrito Judicial de Tunja, auto interlocutorio No.135 de octubre 19 de 2007, MP. José Alberto Pabón.

[6] Sentencia C-997 de octubre 12 de 2004 M.P. Jaime Córdoba Treviño.

 

[7] La prescripción afecta el Ius Puniendi

[8] Juzgado Segundo Penal Municipal de Yumbo, Valle, Sentencia ordinaria No.008 de febrero 11 de 2002, radicado No.2001-147-00, ejecutoriada, según constancia visible a folio 104, el 14 de julio de 2003, luego que el Juzgado Doce Penal del Circuito de Cali se pronunciara inadmitiendo el recurso de alzada, mediante auto interlocutorio No.004 de mayo 28 de 2003.

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