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RECURSO DE APELACIÓN - Incremento pensional.

  REPÚBLICA DE COLOMBIA  -  RAMA JUDICIAL

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI

SALA LABORAL

 

 

                        REF.: ORD. PRIMERA INSTANCIA

                        DTE.: HERNÁN TORRES TRIANA

                        DDO.: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

                        RAD.: 760013105 00120090151001

                       

                        Magistrado Ponente: Dr. FERNEY ARTURO ORTEGA FAJARDO

 

 

AUDIENCIA No. 38

En Santiago de Cali, a los once (11) días del mes de febrero del año dos mil once (2011), siendo el día y hora previamente señalados para la celebración de la presente audiencia, el Magistrado Dr. FERNEY ARTURO ORTEGA FAJARDO, se constituyó en audiencia pública y declaró abierto el acto.

 

Conforme a los términos acordados en la Sala de Decisión de que da cuenta el Acta número 04 del pasado veintiséis (26) de febrero de dos mil once (2011), se procede a dictar la siguiente

 

SENTENCIA No. 6

Procede la Sala de Decisión a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte actora contra la sentencia número 212 proferida por el Juzgado Primero laboral Adjunto del Circuito de Cali, el día 30 de septiembre de 2010.

 

 

I. ANTECEDENTES

 

El señor HERNÁN TORRES TRIANA, instauró proceso Ordinario Laboral de Primera Instancia contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES – SECCIONAL VALLE DEL CAUCA, con el fin de que se condene a esa entidad al reconocimiento del incremento del 14% sobre el salario mínimo legal vigente para cada época con destino a su cónyuge señora LUCILA VICTORIA DE TORRES cuatro años hacía atrás de la reclamación administrativa debidamente indexado más costas procesales. 

 

II. HECHOS DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN

 

Alega el demandante como fundamento de sus pretensiones que:

 

El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES mediante Resolución 11247 del 24 de agosto de 2000 concedió pensión de invalidez, siendo beneficiario del régimen de transición.

 

Contrajo matrimonio con la señora LUCILA VICTORIA DE TORRES el 3 de diciembre de 1974, fecha desde la cual ha venido respondiendo económicamente por ella y comparte mesa y lecho.

 

Agotó reclamación administrativa respecto del incremento pretendido, obteniendo respuesta negativa.

 

El Instituto demandado, al descorrer el traslado de la acción instaurada en su contra, se opone a todas las pretensiones aduciendo que no tienen fundamento legal, como quiera que el derecho pensional del actor está regulado por la Ley 100 de 1993 y el Decreto 758 de 1990 que consagra los incrementos pretendidos se encuentra derogado.

 

Formuló en su defensa las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, prescripción con base en lo dispuesto en los artículos 488 del C.S.T. y 151 del C.P.T. y de la S.S., buena fe e innominada.

 

III. TRÁMITE Y DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

 

Correspondió el conocimiento del proceso al Juzgado Primero laboral del Circuito de Cali, y en el Juzgado Adjunto del mismo se profirió la sentencia número 212 del 30 de septiembre de 2010, donde se absolvió al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de todas las pretensiones, como quiera que el derecho pensional del actor no se reconoció con base en el régimen de transición.

IV. RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la decisión de primera instancia, la apoderada de la parte actora, interpuso dentro del término legal recurso de apelación, argumentando que aún lo que se reconoció al actor fue una pensión de invalidez y no de vejez, tiene igualmente derecho al reconocimiento del incremento por personas a cargo, pues la Ley 100 de 1993 no derogó el incremento por personas a cargo previsto en el Decreto 758 de 1990.


V. TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

En virtud de lo dispuesto  por el artículo 82 del Código Procesal del Trabajo y de la seguridad social

se dio traslado a las partes para presentar sus alegaciones o solicitar la práctica de pruebas a que se refiere el artículo 83 ibidem.

 

La apoderada del actor insiste en su argumento los incrementos por personas a cargo no fueron derogados por la Ley 100 de 1993, aclarando que estos no forman parte integrante de la pensión, cita como precedente jurisprudencial la sentencia del 5 de diciembre de 2007 de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia.

Surtido el trámite procesal respectivo, revisado el proceso se encuentra que no existe causal de nulidad que invalide lo actuado, razón por la cual se procede a dirimir de fondo la litis,  previas las siguientes

 

CONSIDERACIONES

Corresponde en esta ocasión a la Sala de Decisión desatar el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte actora contra la sentencia proferida por el Juez de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 82 del C.P.T. y de la S.S.

 

1.                  PROBLEMA JURÍDICO

 

El objeto de la litis se centra en determinar si procede o no el reconocimiento y pago del incremento por cónyuge reclamado por el demandante a cargo del demandado a pesar de fundarse el reconocimiento de la pensión de invalidez en la Ley 100 de 1993.

2. ANÁLISIS DEL CASO

 

Se encuentra acreditado que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES reconoció al señor HERNÁN TORRES TRIANA pensión por invalidez de origen no profesional a partir del 20 de enero de 2000, por el cumplimiento de los requisitos de que trata el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, por cuanto presenta una pérdida de capacidad laboral del 76% (folio 7).

 

La negativa del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES para reconocer el incremento por cónyuge que reclama a través de esta acción el actor, se funda en que éste tipo de prestación no se encuentra incluida en la Ley 100 de 1993, legislación aplicada para el reconocimiento de la pensión a favor del actor.

 

Es preciso resaltar que el tema del incremento pensional por cónyuge e hijos a cargo, de que trata el Decreto 758 de 1990, para las personas que fueron pensionadas en virtud del régimen de transición que contempla la Ley 100 de 1993, ha sido ampliamente estudiado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, concluyendo en múltiples pronunciamientos, entre ellos la sentencia del 27 de julio de 2107 (expediente 21517) en la cual se expresa:

 

“El Instituto de Seguros Sociales por Resolución 008545 de 12 de mayo de 1999 (folio 17, 18 y 19, cuaderno 2) reconoció expresamente que al asegurado LUIS HERNANDO HERRERA SILVA se le aplicaba el Art. 36 de la Ley 100 de 1993 para concederle su pensión de vejez y que por tanto el régimen correspondiente a su caso era el anterior a la expedición de la nueva normatividad.

Cuando a los beneficiarios de un régimen de transición se les reconoce que las normas propias para su caso son las contenidas en el régimen anterior, quiere decir ello que todos sus derechos pensionales se derivan de la regulación vigente antes de entrar en aplicación las nuevas disposiciones. El axioma es sencillo: Si a los beneficiarios de pensiones de vejez se les aplica un régimen anterior vigente, es todo en su conjunto y no solamente, como se pretende, una parte de la normatividad que venía rigiendo. Y esta premisa es válida para todos los trabajadores que se hallan cobijados por las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990 y su Decreto reglamentario.

En el caso presente, el beneficiario, por la “transición” de la Ley 100 de 1993, es sujeto del régimen contenido en el Acuerdo ISS 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año en concordancia con las normas que lo complementan.” (Subrayas fuera de texto).

 

Esta posición fue ratificada por la Corte Suprema en sentencia del 5 de diciembre de 2007 (expedientes 29751, 29531, 29741), concluyendo que los aludidos incrementos mantienen su vigencia no obstante no hayan sido incluidos de manera expresa en el régimen de prestaciones que contiene el actual sistema pensional, por el contrario por no estar expresamente regulados, debe entenderse que conservan su pleno vigor y no equivocadamente que se encuentran tácitamente derogados.

 

Pero es que el caso, ahora sometido a consideración de esta Sala de Decisión, difiere de la generalidad de los que se examinan, en la medida que el incremento pretendido lo es como accesorio a una pensión de invalidez reconocida bajo el imperio de la Ley 100 de 1993 por lo que carece de fundamento el reclamo que por vía de apelación se impetró contra la sentencia del Ad quo.

 

Para mayor claridad, debe resaltarse que el régimen de transición es aplicable solo respecto de la pensión de vejez, según lo contempla el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y la prestación económica que le fue reconocida al actor fue por invalidez de origen común, por tanto no podría aplicarse en su caso la normatividad anterior, es decir, el Acuerdo 049 de 1990, porque este perdió su vigencia respecto de las prestaciones distintas a la pensión de vejez y como quiera que el incremento es un derecho accesorio de la pensión, no es factible que se aplique una norma para el reconocimiento de la pensión y otra para concederle un beneficio adicional, aún cuando reúna los requisitos del régimen de transición, porque esa no fue la condición que se tuvo en cuenta para otorgarle la prestación económica principal, su derecho pensional le fue otorgado por reunir los requisitos de que trata el artículo 39 de la Ley 100 de 1993.

 

Bajo esas circunstancias, le asiste razón al Juez de Instancia en su análisis jurídico, por cuanto, el aquí demandante no fue pensionado en virtud del régimen de transición y por tanto no le es aplicable el Decreto 758 de 1990 norma que consagra el incremento pensional reclamado, siendo entonces improcedente el reconocimiento del mismo.

 

VI. CONCLUSIÓN

 

Al actor le fue reconocida la pensión por invalidez de origen no profesional por cumplir los requisitos de que trata el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, norma que no consagra ningún tipo de incremento por personas a cargo.

VII. DECISIÓN

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley

 

RESUELVE

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia recurrida.

 

SEGUNDO: Costas a cargo de la parte apelante. Tásense por Secretaría incluyendo una suma de $200.000 como agencias en derecho.

 

TERCERO: Cumplidas las diligencias respectivas, vuelva el expediente a su Juzgado de Origen.

 

NOTIFÍQUESE EN ESTRADOS, CÓPIESE Y DEVUÉLVASE

 

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en constancia como aparece

 

 

 

FERNEY ARTURO ORTEGA FAJARDO

Magistrado Ponente

 

 

 

ANTONIO JOSÉ VALENCIA MANZANO                     FABIÁN VALLEJO CABRERA

Magistrado                                                           Magistrado

 

 

 

 

 

  



  

 

 

  

 

 

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