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INCREMENTO PENSIONAL - 14% Por su conyuge

REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI

SALA LABORAL

 

 

                        REF.: ORD. PRIMERA INSTANCIA

                        DTE.: HERNANDO DE JESÚS OROZCO

                        DDO.: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

                        RAD.: 760013105 0072009005701                                                  

                       

                        Magistrado Ponente: Dr. FERNEY ARTURO ORTEGA FAJARDO

 

 

 

AUDIENCIA No. 40

 

En Santiago de Cali, a los once (11) días del mes de febrero del año dos mil once (2011), siendo el día y hora previamente señalados para la celebración de la presente audiencia, el Magistrado Dr. FERNEY ARTURO ORTEGA FAJARDO, se constituyó en audiencia pública y declaró abierto el acto.

 

Conforme a los términos acordados en la Sala de Decisión de que da cuenta el Acta número 04 del pasado veintiséis (26) de febrero de dos mil once (2011), se procede a dictar la siguiente

 

SENTENCIA No. 8

 

Procede la Sala de Decisión a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte actora contra la sentencia número 454 proferida por el Juez Séptimo  Laboral del Circuito de Cali, el día 21 de octubre de 2010.

 

 

I. ANTECEDENTES

 

El señor HERNANDO DE JESÚS OROZCO, instauró proceso Ordinario Laboral de Primera Instancia contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, con el fin de que se condene a esa entidad al reconocimiento y pago del incremento del 14% por su cónyuge, retroactivo al 1 de marzo de 2002, indexación y costas.

II. HECHOS DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN

 

Las pretensiones del demandante tienen la siguiente fundamentación fáctica:

 

·        Mediante Resolución 00936 de 2002 el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, reconoció pensión de vejez a partir del 1 de marzo de 2002.

 

·        Hace vida conyugal con la señora VICTORIA E. SAAVEDRA con quien contrajo matrimonio el día 4 de agosto de 2006 y depende económicamente de él, pues no recibe ningún tipo de pensión.

 

·        Elevó reclamación administrativa sin obtener respuesta.

 

El Instituto demandado, al descorrer el traslado de la acción instaurada en su contra, aceptó los hechos relativos al reconocimiento de la pensión de vejez a favor del actor, respecto de la convivencia y la dependencia económica que se alega en la demanda manifestó no constarle por lo cual habrá de probarse. Se opuso a todas las pretensiones indicando que el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 no es aplicable al caso del actor, pues se encontraba derogado a la fecha en que éste se pensionó, estando en vigencia la Ley 100 de 1993, y la aplicación del régimen pensional anterior en virtud del régimen de transición, sólo opera respecto de la edad requerida, el tiempo de cotización y el monto de la pensión.

 

Propone como excepciones de fondo la inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, prescripción con base en el artículo 50 del Decreto 758 de 1990, buena fe, violación al principio constitucional de sostenibilidad del sistema, e innominada.

 

 

III. TRÁMITE Y DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

                                                                                                                      

Correspondió el conocimiento del proceso al Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cali, donde se profirió la sentencia 454 del 21 de octubre de 2010, absolviendo al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de las pretensiones del actor, concluyendo que a pesar de ser aplicable a favor del actor el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990 respecto del incremento reclamado, éste no acreditó dentro del sumario que cumpliera con los requisitos que exige dicha normatividad para acceder al incremento pretendido.

 

IV. RECURSO DE APELACIÓN

 

Inconforme con la decisión de primera instancia, la apoderada de la parte actora, interpuso dentro del término legal recurso de apelación, argumentando que el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 sólo exige la dependencia económica y ésta se presume por la existencia del vínculo matrimonial.

 

Agrega que la dependencia económica es una afirmación indefinida y por tanto no requiere ser demostrada, más aún cuando se trata de derechos pertenecientes a personas de la tercera edad relacionados con la seguridad social.

 

Aduce que la cónyuge del actor carece de ingresos para subsistir y en virtud del artículo 411 del Código Civil los esposos se deben alimentos congruos.

 

Finaliza manifestando que dentro de las potestades del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, ésta ordenar la comparecencia de los testigos.


V. TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

 

En virtud de lo dispuesto por el artículo 82 del Código Procesal del Trabajo y de la seguridad social 

se dio traslado a las partes para presentar sus alegaciones o solicitar la práctica de pruebas a que se refiere el artículo 83 ibidem. No obstante, las partes guardaron silencio.

 

Surtido el trámite procesal respectivo, revisado el proceso se encuentra que no existe causal de nulidad que invalide lo actuado, razón por la cual se procede a dirimir de fondo la litis,  previas las siguientes.


CONSIDERACIONES

 

Corresponde en esta ocasión a la Sala de Decisión desatar el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte actora contra la sentencia proferida por el Juez de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 82 del C.P.T. y de la S.S.

 

1.                  PROBLEMA JURÍDICO

 

No está en discusión la calidad de pensionado del actor, ni tampoco que a éste se le aplican las previsiones del Acuerdo 049 de 1990 respecto del incremento por cónyuge que aquí se reclama. La discusión radica en establecer si éste cumplió los requisitos de esa norma para acceder al referido incremento.  

 

ANÁLISIS DEL CASO

 

Se encuentra acreditado que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES reconoció al señor GABRIEL AYALA CRUZ pensión de vejez a partir del 29 de marzo de 2004, por el cumplimiento de los requisitos de que trata el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, por ser beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (folio 10).

 

El Acuerdo 049 de 1990 consagra el incremento por personas a cargo que aquí se reclama, en su artículo 21, así:

 

“. Las pensiones mensuales de invalidez y de vejez se incrementarán así:

(…)

b) En un catorce por ciento (14%) sobre la pensión mínima legal, por el cónyuge o compañero o compañera del beneficiario que dependa económicamente de éste y no disfrute de una pensión.

Los incrementos mensuales de las pensiones de invalidez y de vejez por estos conceptos, no podrán exceder del cuarenta y dos por ciento (42%) de la pensión mínima legal.”

 

Si bien es cierto en el texto de la norma no se exige textualmente el requisito de la convivencia en el caso de la cónyuge, si es un condicionante expreso el hecho de acreditar la dependencia económica, situación que no puede ser objeto de presunción ni de confesión por ser éste un hecho susceptible de modificarse en el transcurso del tiempo.

 

Si bien es cierto el artículo 411 del Código Civil impone la obligación a los cónyuges de proveerse alimentos congruos, ello no implica que esa situación se presente en el caso en concreto, pues nada se demostró sobre la falta de ingresos que alega el actor respecto de la señora VICTORIA E. SAAVEDRA.

 

No está exonerada la parte actora de probar su dicho, en primer lugar porque en el hecho sexto no se está haciendo una afirmación indefinida al señalar que la cónyuge del accionante depende económicamente de él, y segundo porque esta manifestación fue puesta en entredicho por la entidad demandante, quien alegó que la misma no le constaba y que debía acreditarse en el sumario.

Al respecto la Corte Constitucional en sentencia C-070 de 1993, precisó que las reglas y principios jurídicos que regulan la actividad probatoria - entre ellos los principios de la carga de la prueba - delimitan la forma válida para incorporar los hechos al proceso y de controvertir su valor para definir su incidencia en la decisión judicial. Así mismo, que el sistema de cargas procesales obedece a la racionalidad de las reglas y principios de la actividad probatoria y a la crítica del juicio normativo por el cual se adjudican efectos jurídicos a los hechos debidamente demostrados en el proceso, por tanto, la representación de éstos se lleva a cabo principalmente a través de los medios de prueba a disposición de las partes al ser utilizados en el tiempo y la forma definidos por el legislador, en el marco de lo constitucionalmente permisible.

Ha determinado además la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia, que los principios y reglas jurídicas relacionadas con la iniciativa, carga y evaluación de la prueba tienen su asiento en la lógica, en la experiencia y en los valores de lo equitativo y lo justo determinados por el legislador en cada momento histórico. En consecuencia, los derechos sub-lite dependen de la acción u omisión del interesado, ya que las cargas procesales imponen a la parte asumir ciertas conductas o abstenciones cuyo incumplimiento puede generar riesgos de una decisión desfavorable y, por ende, el no reconocimiento de sus derechos subjetivos.

Ante las falencias probatorias en el plenario, en virtud de lo preceptuado en los Artículos 177 del C.P.C. y 1757 del C.C., donde se establece que incumbe probar a las partes las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta, así como el supuesto de hecho que consagra el efecto jurídico que ellas persiguen, la parte que no cumple con esa carga probatoria soporta el riesgo de la ausencia de su demostración en el juicio.

La Honorable Corte Suprema de Justicia respecto de lo expuesto, ha expresado:

 

"Es deber procesal demostrar en juicio el hecho o el acto jurídico de donde procede el derecho, o de donde nace la excepción invocada. Si el interesado en dar la prueba, no lo hace, o la da imperfectamente, o se descuida o equivoca en su papel de probador, necesariamente ha de esperar un resultado adverso a sus pretensiones" (Casación publicada en la Gaceta Judicial XI, pág. 53)"

 

Como quiera que la recurrente pretende que se recepcionen en esta instancia los testimonios que dejaron de surtirse en la etapa inicial del proceso, es preciso señalar que el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo faculta al juez de segunda instancia para ordenar la práctica de pruebas, pero esto sucede cuando en la primera instancia y sin culpa de la parte interesada se hubieren dejado de practicar las pruebas decretadas, situación que no se presenta en el sublite puesto que los testigos fueron citados en la dirección aportada por la parte demandante (folios 3 y 70 a 73) sin que se pudiera surtir la diligencia ante la inasistencia de los mismos y no se presentó excusa ni solicitud de fijar nueva fecha.

El juzgado de conocimiento fijó fecha y hora para realizar audiencia en la cual se decidiría respecto del cierre del debate probatorio, a la cual no compareció la recurrente y tampoco manifestó inconformidad posterior con relación al auto que declaró cerrado el debate probatorio.

 

VI. CONCLUSIÓN

Al ser insuficientes los medios probatorios utilizados para demostrar la dependencia económica de la señora VICTORIA E. SAAVEDRA  respecto del pensionado por vejez, dicha falencia se traduce en decisión desfavorable a las pretensiones del demandante.

VII. DECISIÓN

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley

 

 

RESUELVE

 

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia recurrida.

 

SEGUNDO: Costas a cargo de la parte apelante. Tásense por Secretaría.

 

TERCERO: Cumplidas las diligencias respectivas, vuelva el expediente a su Juzgado de Origen.

 

NOTIFÍQUESE EN ESTRADOS, CÓPIESE Y DEVUÉLVASE

 

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en constancia como aparece

 

 

 

FERNEY ARTURO ORTEGA FAJARDO

Magistrado Ponente

 

 

 

 

ANTONIO JOSÉ VALENCIA MANZANO          FABIÁN VALLEJO CABRERA

Magistrado                                                               Magistrado