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PATRIA POTESTAD - Ejercicio de la patria potestad.

Rad. 76001311000520090008001

PATRIA POTESTAD.

Ejercicio de la patria potestad por padre extramatrimonial.

Extracto:

“El súbito interés del demandado, luego de conocer la sentencia que establece la filiación a la que se opuso dentro del proceso, de propiciar unas normales relaciones paterno filiales con el hijo que ha ignorado todo este tiempo, no parecen sincera. Su excusa, basada en el desconocimiento de su condición paterna no es ahora admisible, pues si su interés era el de conocer su relación paterna, pudo haberse sometido al examen genético con una antelación bastante mayor. Incluso, pudo haber procedido al reconocimiento tan pronto supo del resultado del examen, antes de todas formas de que la juez hubiera tenido que pronunciarse al respecto.

 

República de Colombia

 

Tribunal Superior Del Distrito Judicial de Cali

Sala de Familia

Magistrado Sustanciador: José Luis Aramburo Restrepo

Cali,  febrero siete (7) de año dos mil once (2011).

 

Proyecto aprobado según Acta No. 05

 

Procede la Sala a desatar el recurso de apelación que ha propuesto la parte demandante Defensora de Familia contra la sentencia de primer grado  dictada por el Juzgado Quinto de Familia el 12 de mayo del presente año.

 

 

I.        ANTECEDENTES

 

El proceso que ahora culmina se inició el 30 de enero de 2009 con demanda presentada por la Defensora  de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Valle. En dicho escrito, narra la funcionaria, quien actúa en pro del mejor interés de XXXXXXXXXXX, en lo estrictamente pertinente, que como producto de las relaciones sexuales sostenidas entre LINA FERNANDA AGUIRRE y JOSÉ IGNACIO MARÍN MARÍN desde el mes de octubre de 1994 hasta mayo de 1995, nació XXXXXXXXX el 29 de diciembre de 1999. Indica igualmente que el demandado conoció desde un comienzo de la preñez de su exnovia y que sólo tres meses después del nacimiento de su hija, JOSÉ IGNACIO la conoció. En la diligencia del reconocimiento  voluntario de paternidad  realizada  el 10  septiembre de 2008, al ser citado ante la Defensoría del Centro Zonal  Manizales dos de Chinchiná Caldas- ICBF  el señor MARIN expresó su interés en someterse a prueba genética, para tener certeza sobre su paternidad.

 

Conforme los hechos anteriores, pide la defensora declarar a JOSÉ IGNACIO MARÍN MARÍN como padre de XXXXXXXXXXX, a quien se le asignará una cuota para cubrir los alimentos de su hija. Pide que la patria potestad y la custodia sean radicados exclusivamente en la madre. Igualmente, incluir la obligación de prestar alimentos.

 

La demanda, atrás mencionada, fue admitida por el Juzgado Quinto de Familia el 10 de febrero de 2009 providencia que dispone su notificación y traslado, tanto al demandado como al defensor de familia, y ordena el examen genético de paternidad previsto en la Ley 721 de 2001. Puesta en su conocimiento de la demanda, el demandado guardó silencio.

 

El juez ordenó que MEDICINA LEGAL practicara la prueba de ADN, lo que ocurrió el 2 de febrero de 2010. La prueba, que arroja como resultado una probabilidad de paternidad del demandado superior a los 99, 999%, fue traslada legalmente para su objeción, sin manifestación alguna.

 

En consecuencia, el JUEZ  QUINTO DE FAMILIA, en la sentencia objeto de este recurso, halló que la relación filial estaba cabalmente probada, lo que conducía a la declaratoria de la filiación pedida.

 

Congruentemente con las conclusiones fácticas, el fallo declara que el señor JOSÉ IGNACIO MARÍN MARÍN es padre extramatrimonial de XXXXXXXXXXX, quien por tanto debe en lo sucesivo llevar el apellido de su padre y llamarse, XXXXXXXXX MARÍN AGUIRRE.

 

En cuarto lugar, declara mantener en ambos padres  los de derechos de la patria potestad parental,  sobre la adolescente XXXXXXXXX.

 

Fija igualmente alimentos a cargo del padre en  la suma equivalente al  25% mensual del salario mínimo legal mensual vigente y lo condena al pago de las costas del proceso.

 

Notificada la decisión, la Defensora de Familia la recurrió pero circunscribió su disconformidad al punto cuarto, relativo a los derechos de la patria potestad.

 

 

II.      RECURSO

 

La Defensora de Familia expresa su disconformidad con la sentencia 260 de fecha del 12 de mayo de 2010  en su punto cuarto de la parte resolutiva, en el sentido que la sentencia  C-145 de 201 de la Corte  Constitucional claramente señaló  que es potestativo del juez  privar o no la patria potestad al padre que fue declarado por sentencia judicial como tal para lo cual debe contar  con los hechos y situaciones. Arguye la Defensora de Familia que no existe información obtenida   por  el juzgado (estudio socio familiar entre otros ) que indique claramente que el demandado a proporcionado a la menor elementos para cubrir gastos  de crianza  y menos el de asistencia moral y de protección, responsabilidades que han sido cumplidas exclusivamente por la madre ha asumido solo la  madre, como se señala en los hechos de la demanda. También es cierto que el demandado se presentó a la prueba de ADN voluntariamente también lo es que asumiendo el debido proceso  el despacho puso  en conocimiento  del demandado la prueba de ADN, que lo señalaba como padre biológico de la niña, sin que este manifestara su voluntad de restablecer  el derecho vulnerado el de reconocer a la menor como su hija por haberse despejado científicamente su duda, por lo que afirma que  el demandado no esta investido  de los presupuestos para ejercer la patria potestad  de XXXXXXXXXXX.

 

III.   CONSIDERACIONES

 

Reducido este recurso a un preciso punto, el Tribunal se ha de preguntar por los presupuestos jurídicos sobre el ejercicio exclusivo de la potestad materna (que no en rigor patria potestad, pues no le corresponde al padre) sobre el menor objeto de la filiación declarada, y si dicha declaración es consistente con el marco normativo respectivo.

 

En el punto de ejercicio de la patria potestad por el padre extramatrimonial es preciso recordar que el Art. 62 del Código Civil, luego de las modificaciones introducidas por sendos artículos 1° del Decreto 2820 de 1975 y 772 de 1975, contiene, en su ordinal 1) un inciso del siguiente tenor:

 

“Cuando se trate de hijos extramatrimoniales, no tiene la patria potestad, ni puede ser nombrado guardador, el padre o la madre declarado en tal juicio contradictorio. Igualmente, podrá el juez, con conocimiento de causa y a petición de parte, conferir la patria potestad exclusivamente a uno de los padres, o poner bajo guarda al hijo, si lo considera más conveniente a los intereses de éste. La guarda pondrá fin a la patria potestad en los casos que el artículo 315 contempla como causales de emancipación judicial; en los demás casos la suspenderá” (D. 772/75, art. 1°)

 

No obstante, la Corte Constitucional, en sentencia C-145 de 2010 M.P: EDUARDO MENDOZA MARTELO condicionó la constitucionalidad de esa disposición a la realización del principio de mejor interés del menor, cuando quiera que se establezca, mediante el trámite previsto en el Parágrafo Tercero de la Ley 721, la utilidad para el niño o joven el ejercicio conjunto o individual de la patria potestad. Incluso aunque el Art. 44 de la Ley 1395 derogó expresamente ese parágrafo, cabría sostener aquí la subsistencia de esa disposición, basada en su necesidad constitucional, para fines de definir aspectos relacionados con la potestas parental.

 

Ahora, incluso entendida la norma de esa forma, no hay en el asunto en examen elementos de juicio serios con fundamento en los cuales se hubiera podido apartar el juzgador del criterio general de ineptitud del padre vencido en un proceso de filiación para ejercer la patria potestad. Esa imposibilidad justamente sanciona la actitud cuanto menos negligente del padre, traducida en la necesidad de quienes representar los intereses de su hijo de llevar el proceso hasta el final.

 

El súbito interés del demandado, luego de conocer la sentencia que establece la filiación a la que se opuso dentro del proceso, de propiciar unas normales relaciones paterno filiales con el hijo que ha ignorado todo este tiempo, no parecen sincera. Su excusa, basada en el desconocimiento de su condición paterna no es ahora admisible, pues si su interés era el de conocer su relación paterna, pudo haberse sometido al examen genético con una antelación bastante mayor. Incluso, pudo haber procedido al reconocimiento tan pronto supo del resultado del examen, antes de todas formas de que la juez hubiera tenido que pronunciarse al respecto.

 

Así que la decisión recurrida será revocada en el aspecto pertinente, contenido en el punto cuarto. De otro lado, la declaratoria de filiación implica su registro; sin embargo, ello no lleva una “corrección”, como lo indica el punto tercero de la sentencia. En materia de registro, para aludir debates intrascendentes para los fines propios del proceso a decisión de la Sala, esta ha sentado el criterio de que basta advertir a los interesados sobre la necesidad del registro, como lo ordena el Art. 22 del Decreto 1260, sin que sea aceptable imponerle a las autoridades a cuyo cargo está esta actuación, sometidos como está esa función a la supervisión administrativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el imponerles que éste se haga de determinada forma.

 

 

 

IV.    DECISIÓN

 

Por las anteriores consideraciones, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Cali, en Sala de Decisión, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE:

 

1°. REVÓCASE el punto CUARTO de la sentencia recurrida. En su lugar DECRÉTASE la perdida de los derechos parentales del señor JOSE IGNACIO MARÍN MARÍN frente a su menor hija.

 

2°.  En los demás puntos, que no fueron controvertidos, la sentencia se CONFIRMA.

 

Sin condena en costas por haber prosperado el recurso.

 

CÓPIESE Y NOTIFÍQUESE

 

Los magistrados,

 

 

 

JOSÉ LUIS ARAMBURO RESTREPO                                          HENRY CADENA FRANCO

 

 

 

JULIO CÉSAR PIEDRAHÍTA SANDOVAL