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IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD - Termino de caducidad.

 Rad.76001311000320060057701


IMPUGNACION DE PATERNIDAD.

Causales.

Reconocimiento por escritura pública de la paternidad extramatrimonial.

Caducidad de la acción.

Práctica de la prueba de ADN

 

Extracto:

“…queda por ver si se presentó la caducidad de la acción, que ocurría si no se accionaba dentro del término de sesenta días, bajo el régimen anterior a la Ley 1060, unificado por la sentencia C-310 del 31 de marzo de 2004. El inicio del término era el mismo del surgimiento del “interés actual” que en esta acción surge con la muerte de …, ocurrida el 20 de julio de 2006,  pues en vida de éste el actor no estaría legitimado para accionar la filiación.”

   

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

SALA DE FAMILIA DE DECISION

JOSÉ LUIS ARAMBURO RESTREPO

 

 

Santiago de Cali, febrero once (11) de  dos mil once (2011). 

 

Proyecto aprobado mediante Acta No.07

 

Decide la sala el recurso de apelación, con el cual la parte demandante expresa su inconformidad con la sentencia proferida por el Juzgado Tercero de Familia de esta ciudad el 28 de enero del pasado año que declaró probada la excepción de cesación del derecho a la acción impugnatoria propuesta por la parte demandada.

 

I.  ANTECEDENTES 

 

El día 2 de agosto de 2006, ROSA ELVIRA ARÍAS DE GARCÍA, por intermedio de apoderado judicial, presenta escrito de demanda por medio de la cual impugna la paternidad de la menor ANGIE VALERIA GARCÍA LOAIZA. En tal escrito relata la demandante que su hijo JESÚS ARCADIO GARCÍA ARIAS convivió por un lapso de 2 años con la señora ROSALINA LOAIZA OJEDA, madre de ANGIE GARCÍA LOAIZA, menor que fue reconocida por el difunto como su hija sin serlo, ya que según afirmaciones de la demandante, éste no sostuvo relaciones sexuales extramatrimoniales con ROSALINA en la época en que se presume la concepción del artículo 29 del Código Civil.

 

Admitida la demanda por el JUEZ TERCERO DE FAMILIA de esta ciudad, al cual fue repartido, fue notificada a la madre de la demandada, quien le dio respuesta por conducto de apoderado judicial. En el escrito correspondiente, señala que las afirmaciones de la actora deben ser probadas, pues el trato filial, personal y público que le profesó el causante a su menor hija fue de conocimiento público. Además, afirma que el reconocimiento de la menor ANGIE VALERIA se realizó mediante escritura pública, con lo que se cumple la previsión del Artículo 219 del Código Civil reformado por la Ley 1060 de 2006.

 

Además de oponerse a lo pretendido por la actora y opone a la acción las excepciones de caducidad, cesación del proceso y la innominada. Acompaña a su contestación la Escritura Pública No. 154 del 27 de enero de 2007 otorgada ante el Notario 14 del Círculo de Cali, mediante la cual reconoce JESÚS ARCADIO GARCÍA ARIAS  a la menor ANGIE VALERIA GARCÍA LOAIZA, aporta además acta de conciliación No. 470 de la Comisaria de Familia de Fray Damián, dentro de la cual el causante ratificó el reconocimiento de la menor y en la que hace un ofrecimiento de alimentos.

 

De las excepciones formuladas se corrió los traslados de ley, término dentro del cual el apoderado de la actora se pronunció. Desvirtúa la excepción de caducidad argumentando que la demandante en calidad de madre del fallecido, impetro la impugnación de la paternidad dentro de los términos oportunos establecidos en la ley 1060 de 2006 afirmando que la escritura de reconocimiento aportada en la contestación, no es suficiente para acoger esta excepción, señalando que la ley ha establecido unas causales de impugnación de paternidad y un procedimiento, por lo que solicita la práctica de la prueba de ADN contemplada en la ley 721 de 2001.

 

El juez ordenó que MEDICINA LEGAL practicara la prueba de ADN, lo que ocurrió el 25 de junio de 2008. La prueba, que excluyo de la paternidad al causante, fue traslada legalmente para su objeción, sin manifestación alguna.

 

Rituado el proceso, con la recepción de los documentos que constituyen todo el material probatorio a valorar, el 28 de enero de 2010, el JUZGADO TERCERO DE FAMILIA, a cuyo cargo correspondió su trámite, decidió el proceso mencionado con sentencia en la que declaró la prosperidad de la excepción de merito de cesación del derecho a la acción impugnatoria.

 

La parte demandante, desfavorecida con el resultado del pleito, apeló de la sentencia, manifestación en virtud de la cual el proceso ha llegado a esta instancia de decisión.

 

 

II.  SENTENCIA RECURRIDA

 

La sentencia impugnada, dictada el 28 de enero de 2010, empieza como es usual con un recuento de las actuaciones procesales, tales como la demanda, su contestación y las pruebas recibidas. Alude luego brevemente a las alegaciones oportunas de las partes.

 

En su acápite considerativo, después de dar por satisfechos los presupuestos procesales, el juez estimó que cesaron los derechos de la actora en su calidad de heredera, ya que según evidencia aportada al proceso, el padre de la menor la reconoció expresamente como su hija mediante instrumento público, acto cognitivo, volitivo y afectivo en la primacía familiar procurando el bienestar integral de su hija.   

 

Conforme a los argumentos expuestos por las partes, señala que la excepción referida a la cesación del proceso por cumplimiento de lo establecido en la norma jurídica esta llamada a prosperar. Resalta que la desestimación de la demanda deviene de manera específica y singular de lo previsto en la ley para el ejercicio de la acción impugnatoria cuando se presentan circunstancias y condicionamientos como los evidenciados en la actuación, cuando es proveniente de heredero.

 

Lo anterior, lo lleva a declarar la prosperidad de la excepción de merito de cesación del derecho a la acción impugnatoria y a condenar en costas a la parte demandante.

 

 

III.  EL RECURSO

 

La demandante, disconforme con la decisión que se acaba de reseñar, apeló de la misma. En su sustentación, trascribe el artículo 11 de la ley 1060 de 2006, modificatorio del artículo 248 del Código Civil.  Hace notar que la prueba de ADN que se le practicó demostró con plenitud que la menor ANGIE VALERIA GARCÍA LOAIZA no pudo tener como padre al señor JESÚS ARCADIO GARCÍA ARIAS, prueba que lo excluyó de la paternidad.

 

Además de lo anterior, señala que la sentencia del a quo es violatoria de la verdadera identidad y a un nombre por parte de la menor, al no protegerle los derechos consagrados en el artículo 6° de la ley 1060 de 2006, por lo que solicita que se revoque la sentencia y se acojan todas y cada una de las pretensiones de la demanda.

 

 

 IV.  CONSIDERACIONES

 

Se discute, como aspecto jurídico esencial, si al reconocimiento por escritura pública de la paternidad extramatrimonial le es aplicable la disposición del Art. 219 del Código Civil, con la consecuencia de excluir de hacer cesar el derecho de la actora, heredera del padre que reconoce, de obtener la declaratoria de filiación real.

 

La respuesta negativa a esta cuestión previa no admite dificultad alguna. El Artículo 219 del Código Civil, modificado por el Art. 7º de la Ley 1060 de 2006, está incluido dentro del Título  del libro primero del Código Civil, que trataba de “los hijos concebidos en el matrimonio”.

 

Desde luego la ley 1060 introdujo importantes modificaciones al sistema de filiación contenido en el Código Civil. Entre ellas, quizás la que más trascendencia tiene es la contenida en el Art. 214, que extiende la presunción de filiación a los compañeros permanentes en uniones reconocidas como tales, con lo que se cobijan estos hijos con la presunción legal propia de los legítimos y se les extiende, por tanto, las normas protectoras que antes eran exclusivas de los hijos matrimoniales. Es por ello que en la nueva versión del Art. 219 desaparece una alusión directa al marido, único que tradicionalmente podía impugnar la filiación legítima en vida, y a los herederos del marido a quienes pasaba esta acción luego de la muerte de éste.

 

No obstante, es obvio que la acción de impugnación regulada por el Art. 219 en su nueva versión es la filiación presunta o legalmente asignada, que pertenece al marido o compañero permanente, cuando vivos, a los herederos de uno u otro, muerto el presunto padre, a un tercero que pruebe su interés con prueba sumaria o al propio hijo. Otra cosa ocurre cuando la filiación no resulta de la presunción o asignación legal derivada del matrimonio o de una unión marital entre compañeros permanentes previamente declarada, sino que resulta del reconocimiento por parte de quien se declara padre extramatrimonial por cualquiera de los medios previstos en la Ley 75 de 1968, como es el asunto subjudice.

 

Esta interpretación, más que plausible, está expresamente confirmada con la propia Ley 1060, que modifica, en su artículo 11, el Art. 248 del Código Civil, disposición originalmente concebida para regular la impugnación de la legitimación, pero que por mandato del artículo 5º de la Ley 75 de 1968 fue extendida a todos los casos de impugnación del reconocimiento.

 

El texto actual de la disposición es el siguiente:

Artículo 248. En los demás casos podrá impugnarse la paternidad probando alguna de las causas siguientes:

 

1. Que el hijo no ha podido tener por padre al que pasa por tal.

 

2. Que el hijo no ha tenido por madre a la que pasa por tal, sujetándose esta alegación a lo dispuesto en el título 18 de la maternidad disputada.

 

No serán oídos contra la paternidad sino los que prueben un interés actual en ello, y los ascendientes de quienes se creen con derechos, durante los 140 días desde que tuvieron conocimiento de la paternidad.

 

El nuevo texto tiene algunas modificaciones respecto del originalmente contenido en el Código Civil. En primer lugar, precisa las causales; en relación con la impugnación de la paternidad se debe acreditar que “el hijo no ha podido tener por padre al que pasa por tal”.

 

En segundo lugar, se distingue entre quienes muestren un interés actual y los ascendientes legítimos del padre que reconoce, para incluir un término de caducidad más breve para éstos. Con la modificación no se puede sostener que los padres de quien reconoce no están jurídicamente facultados para demandar, pues quedan al nivel de cualquiera que muestre interés actual, aspecto que forzosamente les favorece. Dicho interés actual proviene, en primero lugar, de que si el reconocido es hijo único del causante, ellos adquieren vocación hereditaria; en segundo lugar la filiación impugnada es causa de obligaciones alimentarias y personales frente al hijo reconocido y sus abuelos, quienes por ello se ven afectados jurídicamente con la relación filial reclamada.

 

De ello se concluye, en síntesis, que la actora está legitimada para acudir, ante la muerte del padre que reconoce, en un proceso de impugnación del reconocimiento, proceso que se dirige, al igual que el que ejerce el propio padre, contra el hijo, representado legalmente por su madre.

 

El triunfo de la pretensión de impugnación, conforme el artículo 148 citado, está condicionado a que en el proceso se pruebe que quien aparece como padre, en virtud de su propio reconocimiento, no ha podido tener esa calidad. Bajo el sistema de pruebas indirectas, inevitable bajo la redacción tanto del Código Civil como de la Ley 75 de 1968, esta causal se entendía como el conjunto de circunstancias que llevaban a concluir que en la época de la concepción, presunta conforme la regla del Art. 92 ampliamente conocida, había habido un alejamiento físico entre quien posteriormente vino a reconocer al hijo, lo que impedía dar por ciertas las relaciones sexuales entre quienes aparecen como padres del hijo de cuya filiación se trata.

 

Pero esta aproximación al tema filial ha cambiado radicalmente con los desarrollos en la genética, que han conducido a las pruebas de filiación, practicadas conforme estándares internacionales, a niveles de certeza que pueden llegar a ser casi absolutos. Aunque sigue habiendo algún pequeño resquicio para las pruebas indirectas en los escasos eventos en que el examen de ADN no resulta convincente (por ejemplo, los gemelos monocitóticos), el examen técnico tiende a acaparar la convicción sobre la filiación real, tanto cuando se trata de atribuir a alguien la filiación como de negarla. Por ello, a partir de la Ley 721 de 2001, el resultado de la prueba de ADN, cuando los marcadores genéticos conducen a probabilidades superiores al 99,9% puede llegar a ser concluyente.

 

En el proceso que concluye, se recogieron sendas muestras de sangre a la niña y la madre de esta, por una parte, y los padres y  a los hermanos del padre fallecido y luego de comparar los marcadores genéticos de las primeras con los últimos, la prueba concluye: (folio 85)

 

Fue posible deducir el perfil genético del presunto abuelo paterno en 13 de los 18 sistemas genéticos analizados. Teniendo en cuenta este perfil deducido y el perfil de la presunta abuela paterna, no es posible que un hijo biológico de la pareja de los presuntos abuelos paternos sea el padre biológico de la menor ANGIE VALERIA. Por tanto se excluye la paternidad. .

 

La fuerza demostrativa de la prueba genética quedó completa por virtud de su traslado, efectuado por auto del 26 de marzo de 2009, por cuanto no se presentó objeción alguna.

 

Las declaraciones testimoniales recibidas a GALDYS MARY LÓPEZ LOAIZA (Fol 55)  y a HYRAN DE JESÚS RAVE HENAO (Fol 56), dan cuenta de una relación de pareja entre ARCADIO GARCÍA y ROSALINA LOAIZA OJEDA. Sin embargo, de tales declaraciones se puede deducir que dicha relación habría empezado hacia 2004, pues los declarantes, quienes conocieron a Arcadio de vieja data, solamente se relacionaron con ROSALINA seis años atrás, cuando la niña tenía más de cinco años de nacida, hecho ocurrido el 11 de septiembre de 1998.

 

Por su parte MARÍA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ SARRIA (fols. 58 y 59), quien afirma haber conocido tanto a ARCADIO como a ROSALINA unos veinte años atrás, poco puede aclarar el asunto, pues dejó de verse con ellos durante muchos años y luego, cuando la encontró a ella, ya le contó haber tenido una hija y estar viviendo con el causante. LEIDA AMPARO MURILLO OCAMPO (fol 63) apenas conoció a ARCADIO GARCÍA hacia el año 2002, cuando ANGIE VALERIA tenía unos tres años y declara que en esa época, él presentaba a ROSALINA como su novia. GABRIEL PERDOMO ROJAS (fol 66) compañero de trabajo del difunto, no conoció a ROSALINA y, por tanto, no supo de la relación de Arcadio con ella.    

 

Los testimonios reseñados someramente no tienen la fuerza suficiente para empañar el alto nivel de confiabilidad que ofrece la prueba genética, cuya conclusión es de abrumadora contundencia. De ella resulta indiscutible que el señor JESÚS ARCADIO GARCÍA no ha podido tener por padre a la niña ANGIE VALERIA, presupuesto fáctico necesario para la prosperidad de la acción.

 

Finalmente, queda por ver si se presentó la caducidad de la acción, que ocurría si no se accionaba dentro del término de sesenta días, bajo el régimen anterior a la Ley 1060, unificado por la sentencia C-310 de 31 de marzo de 2004. El inicio del término era el mismo del surgimiento del “interés actual”, que en esta acción surge con la muerte de JESÚS ARCADIO GARCÍA, ocurrida el 20 de julio de 2006, pues en vida de éste el actor no estaría legitimado para accionar la filiación.

V.  DECISIÓN

 

Por las anteriores razones, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Cali, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley RESUELVE:

 

1°. REVÓCASE la sentencia recurrida.

 

2°. En su lugar, DECLÁRASE que ANGIE VALERIA GARCÍA no ha podido tener por padre a JESÚS ARCADIO GARCÍA ARIAS, por lo que se accede a la IMPUGNACIÓN DEL RECONOCIMENTO que éste hizo de aquella mediante escritura pública No. 154 del 27 de enero de 2004 otorgada ante la Notaría Catorce.

 

3°. Se advierte a los interesados sobre la necesidad del registro, en la forma legal, de esta sentencia.

 

No se causaron costas en esta instancia.

 

CÓPIESE y  NOTIFÍQUESE.

 

Los Magistrados,

 

 

 

JOSÉ LUIS ARAMBURO RESTREPO

 

 

 

 

HENRY CADENA FRANCO

 

 

 

JULIO CÉSAR  PIEDRAHÍTA SANDOVAL

 

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