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TERMINACION DEL PROCESO POR PERENCION

PERENCION

Proceso ejecutivo.

Art. 23 de la Ley 1285 de 2009.

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

 

 

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI

SALA CIVIL

 

Magistrado Ponente: CARLOS ALBERTO ROMERO SÁNCHEZ

 

 

Santiago de Cali, catorce de febrero de dos mil once.

 

Proyecto discutido y aprobado en Sala Civil de Decisión, según acta No. 011  de la fecha.

 

Proceso:

Ejecutivo

Demandante:

Leasing Capital S.A. C.F.C.

Demandado:

Coomoepal Ltda.

Radicación:

76001-31-003-012-1996-18627-01                        

Asunto:

Apelación de Auto

 

OBJETO DEL PROVEÍDO

 

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada, contra el auto interlocutorio de fecha 30 de noviembre de 2009, por medio del cual el Juzgado Doce Civil del Circuito de Cali negó la terminación del proceso de la referencia por perención.

 

ANTECEDENTES

 

1.- Leasing Capital S.A. Compañía de Financiamiento Comercial inició por conducto de apoderado judicial, acción ejecutiva en contra de la Cooperativa Integral de Motoristas y Transportadores Coomoepal Ltda. Su conocimiento correspondió al Juzgado Doce Civil del Circuito, despacho que en sentencia No. 204 del 31 de julio de 2003, declaró probada de manera parcial la excepción de prescripción formulada por la ejecutada, y dispuso seguir adelante con la ejecución respecto de las cuotas causadas a partir del 4 de agosto de 1997 hasta diciembre 4 de 1998.

 

2.- Surtida la liquidación de las costas y del crédito, aprobadas en autos del 1 de septiembre de 2003 y 4 de noviembre de 2004, respectivamente[1], en escrito del 30 de octubre de 2009 –folio 218-, la parte demandada solicita se de aplicación a la perención consagrada en el artículo 23 de la Ley 1285 de 2009, por tratarse de un proceso ejecutivo que se encuentra en secretaría desde hace más de un año, sin que haya sido impulsado por parte del demandante; petición que fue negada por el despacho judicial de origen en auto del 30 de noviembre de 2009, por tratarse de un asunto en el que ya se profirió la respectiva sentencia.

 

EL RECURSO INTERPUESTO

 

Contra la anterior decisión la apoderada judicial de la cooperativa demandada interpone recurso de apelación, para lo cual aduce que el proceso ejecutivo tiene como finalidad que el deudor responda por las obligaciones de conformidad con el titulo que ampara el cumplimiento de las mismas; agrega que la sentencia no le pone fin al proceso ejecutivo, reiterando que es el pago de la obligación la que produce tal situación.

 

A renglón seguido, afirma que el artículo 23 de la ley 1285 de 2009 en ningún momento manifiesta que la norma no se debe aplicar cuando dentro del proceso se haya dictado sentencia, insistiendo en que el proceso lleva inactivo en la secretaria del despacho más de un año y, por tanto, cumple con los requisitos de la norma en cita, solicitando, en consecuencia, se revoque el auto objeto de recurso, se decrete la perención del proceso y se ordene el levantamiento de las medidas cautelares.

 

CONSIDERACIONES

 

1.- El problema jurídico que compete abordar a la Sala, estriba en esclarecer si, en el presente caso, tiene aplicación los efectos del artículo 23 de la Ley 1285 de 2009, al haber transcurrido el cómputo de nueve meses sin que el proceso haya tenido actividad imputable a la parte actora y, si el no perfeccionamiento de medidas cautelares cuando existe sentencia en el proceso ejecutivo, constituye causa de terminación anormal del proceso por vía de la perención.

 

2.- Para imprimir eficiencia, celeridad y economía a las actuaciones judiciales, el legislador expidió la ley 1285 de 2009, por medio de la cual reformó la ley Estatutaria de la Administración de Justicia. En su artículo 23 literal a), establece la perención en los procesos ejecutivos, norma que exige el estricto cumplimiento de presupuestos fácticos para su operancia, como son: i) que efectivamente el expediente permanezca en secretaría durante nueve meses y ii) que dicha permanencia en secretaría se dé por falta del impulso que corresponda exclusivamente al ejecutante. En presencia de tales supuestos, procede declarar la perención, con la devolución de la demanda y sus anexos, y, de ser el caso, el levantamiento de las medidas cautelares, aparejada de la condena en costas y perjuicios al demandante.

 

La Corte Constitucional al realizar el estudio previo de constitucionalidad a la norma reiteró la naturaleza sancionatoria de la perención y su finalidad como mecanismo de descongestión de los despachos judiciales. Así expresó:

“(…) 3.- En cuanto a la perención, la Corte ya ha tenido ocasión de explicar que constituye “una forma de terminación anormal del proceso, de la instancia o de la actuación, que opera de oficio o a petición de parte, como sanción a la negligencia, omisión, descuido o inactividad de la parte a cuyo cargo esté la actuación. También ha destacado su armonización con los preceptos constitucionales, en virtud de importancia como institución sancionatoria para hacer efectivos los principios de celeridad, economía, eficiencia y efectividad en el desarrollo de los procesos ante la administración de justicia. Ha dicho al respecto:

La perención tiene por finalidad imprimirle seriedad, eficacia, economía y celeridad a los procedimientos judiciales en la medida en que permite racionalizar la carga de trabajo del aparato de justicia, dejando en manos de los órganos competentes la decisión de aquellos asuntos respecto de los cuales las partes muestran interés en su resolución en razón del cumplimiento de las cargas procesales que les ha impuesto la legislación procedimental.

En este sentido, la perención armoniza perfectamente con los mandatos constitucionales que le imponen al Estado el deber de asegurar la justicia dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político, económico  y social justo (Preámbulo y artículos 2, 228 y 229 de la C.P.).

Tal como se planteó reiteradamente en la exposición de motivos y en el trámite del proyecto de ley en el Congreso de la República, una parte muy significativa de los procesos que atiborran los anaqueles judiciales corresponde a acciones ejecutivas que fueron abandonadas durante su trámite por quienes están legalmente obligados a propiciar su impulso.

Ante esta circunstancia, considera la Corte que el restablecimiento de la perención en los procesos ejecutivos, como medida derivada de la injustificada inactividad de la parte actora, constituye un mecanismo idóneo y constitucionalmente admisible para contribuir eficazmente a la descongestión del aparato judicial, dentro del margen de configuración propio del Legislador”[2]. (Resalta la Sala).

 

 

No cabe duda entonces que, la perención implica una sanción para el promotor del proceso cuando sin justificación lo abandona, no obstante corresponderle su impulso o la realización de la gestión correspondiente, permitiendo así que el expediente permanezca en la secretaría durante un tiempo superior al previsto en la ley; con esta figura se castiga la negligencia del demandante para cumplir con una carga procesal de su incumbencia, y que impide la continuación del proceso hasta su desenlace final en sentencia.

 

3.- La redacción del literal a) del artículo 23 de la ley 1285 de 2009 es del siguiente tenor: “(…) a) Perención en procesos ejecutivos. En los procesos ejecutivos, si el expediente permanece en la secretaría durante nueve (9) meses o más por falta de impulso cuando este corresponda al demandante o por estar pendiente la notificación del mandamiento de pago a uno o varios ejecutados de un auto cuando la misma corresponda adelantarla al ejecutante, el juez de oficio, o a solicitud del ejecutado, ordenará la perención con la consiguiente devolución de la demanda y de sus anexos y, si fuera del caso la cancelación  de las medidas cautelares evento en el cual condenará en costas y perjuicios al ejecutante. El auto que ordene devolver la demanda es apelable en el efecto suspensivo, y el que lo deniegue en el devolutivo” (Resalta la Sala).

 

En este orden de ideas, a efecto de verificar los motivos de la providencia que hoy se cuestiona, se ha de indagar sobre el acto procesal a cargo del demandante, por cuya omisión el proceso ha permanecido en la secretaría durante el término arriba indicado; aspecto sobre el cual afirma la entidad ejecutante en el escrito visible a folio 227 del cuaderno de copias que, la ley no puede presumir la obligación del acreedor de rematar bienes que no ha podido embargar o embargar bienes que la parte pasiva muy hábilmente ha sabido esconder en cabeza de terceros, situación que, según dice, se colige fácilmente en el proceso que nos ocupa.

 

Del expediente arrimado se aprecia que el mandamiento de pago fue expedido el 27 de febrero de 1997 (fl.16 Cdno.1); en sentencia del 31 de julio de 2003, se ordenó seguir adelante con la ejecución (fls.122 a 124 Cdno.1); y, una vez practicadas las liquidaciones de costas y del crédito, se les impartió la respectiva aprobación en providencias del 1 de septiembre de 2003 (fl. 130 Cdno. 1) y 4 de noviembre de 2004 (fl. 211 y 212 Cdno. 1), respectivamente.

 

 

De la redacción de la norma en estudio y de conformidad con lo manifestado por la entidad ejecutada, quien alega que el proceso ejecutivo no termina con la sentencia, considera la Sala que el acto procesal a cargo del demandante, es aquel que resulta útil para el adelantamiento de la litis con miras a la resolución del conflicto mediante sentencia, como fin último que interesa a la descongestión de los despachos judiciales y, a no dudarlo, el tema de cautelas resulta marginal a este propósito. 

 

4.- Por supuesto que, el artículo 23 de la ley 1285 de 2009, no prohíbe expresamente la aplicación de la perención para procesos ejecutivos en los cuales se haya dictado sentencia; no obstante, la teleología de la norma en la forma antes expuesta, margina toda posibilidad de interpretación en contrario. No debe desconocerse que una vez proferida sentencia en el proceso ejecutivo, los actos procesales que se encuentran pendientes de cumplir, son los concernientes a su ejecución o materialización (liquidación del crédito y costas, avalúo y remate de bienes), y no propiamente para el “adelantamiento del proceso”, razón por la cual en esos eventos se torna improcedente la operancia de la perención.

 

Contrario a los fines de descongestión y violatorio del principio de cosa juzgada, acceso a la administración de justicia, debido proceso y seguridad jurídica, sería autorizar la terminación anormal del proceso cuando ya se ha dictado sentencia en firme y ejecutoriada. Por supuesto que allí existe la declaración judicial de un derecho contenido en un titulo ejecutivo, y en modo alguno el legislador dispuso la extinción de esta relación sustancial, aún cuando su efectividad dependa de la realización de etapas subsecuentes que se adelantan con el concurso de ambas partes y por supuesto del juez, no solo del ejecutante.

 

Al respecto la Corte Constitucional ha manifestado[3]:

 

“(…) Como vemos, la referencia que la expresión acusada hace a la primera instancia adquiere pleno sentido, por cuanto, como bien lo señalan los intervinientes, no puede regularse de la misma manera los efectos de la perención si ha habido o no ha habido sentencia. Así, si las diligencias se encuentran en primera instancia, y se dan los presupuestos de la perención, es razonable que la ley ordene la terminación del proceso, pues todavía no ha habido sentencia. Por el contrario, si ha habido apelación, y el proceso se encuentra en segunda instancia, y el expediente permanece en secretaria por seis meses o mas, abandonado por los sujetos procesales, entonces es lógico que el juez decrete la perención, pero seria absurdo que ésta ocasionara la terminación del proceso, pues ya hubo sentencia de primera instancia. Por ende, es razonable que en tal evento, la ley establezca que el efecto de la perención es declarar desierto el recurso y dejar en firme la sentencia de primera instancia.”

 

De lo anterior, debe colegirse que tal como lo hizo la a quo, no es procedente decretar la perención del proceso, pues al haberse dictado sentencia ya no había proceso que impulsar, y el paso subsiguiente es dar cumplimiento al fallo, actuación que puede ser adelantada por cualquiera de las partes.

 

5.- En suma, como quiera que en las particulares circunstancias expuestas, no es posible predicar la perención de un proceso ejecutivo con sentencia en firme, y que la alegada parálisis de la ejecución no es imputable a la falta de impulso atribuible en forma exclusiva a la demandante, la decisión materia de alzada deberá ser confirmada.

 

En mérito de lo expuesto, esta Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior de Cali,

 

 

RESUELVE

 

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia apelada.

 

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

 

 

 

CARLOS ALBERTO ROMERO SÁNCHEZ

Magistrado

 

 

 

JULIÁN ALBERTO VILLEGAS PEREA

Magistrado

 

 

 

JOSÉ JAIRO GONZÁLEZ NIETO

Magistrado



[1] Folios 130 y 211-212 del cuaderno de copias.

[2] Sentencia C-713 del 15 de Julio de 2008, MP. Clara Inés Vargas Hernández.

[3] Sentencia C-568 de 2000, MP. Dr. Alejandro Martínez Caballero.