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RECURSO DE ANULACION DE UN LAUDO ARBITRAL

LAUDO ARBITRAL

Recurso de anulaciòn.

Contrato de leasing

Causales previstas en los num. 4º, 6º, 8º y 9º  del Decreto 1818 de 1998.

 

 

REPÚBLICA  DE  COLOMBIA

 

 

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI

SALA CIVIL

 

Magistrado Ponente: CARLOS ALBERTO ROMERO SÁNCHEZ

 

 

Santiago de Cali, catorce de febrero de dos mil once.

 

Proyecto discutido y aprobado en Sala Civil de Decisión, según acta No. 011 de la fecha.

 

Asunto:                      Recurso de Anulación Laudo Arbitral                  

Convocante:              Jairo Antonio Quiroz  Campaña

Convocado:              Inversora Pichincha S.A. C.F.C.

Radicación:              76001-91-11-000-2010-00010-01

 

 

Se pronuncia la Sala sobre el recurso de anulación impetrado por el apoderado judicial del señor Jairo Quiroz Campaña en su condición de parte convocante, contra el laudo arbitral de fecha 27 de septiembre de 2010, proferido por el Tribunal de Arbitramento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali, conformado por los árbitros  Jorge Enrique Crespo Botero, Fabio Díaz Mesa y Luis Eduardo Arellano Jaramillo, dentro del asunto de la referencia. 

 

ANTECEDENTES

 

1.- En la solicitud de integración del Tribunal de Arbitramento, la apoderada de la parte convocante anticipa los hechos que a continuación sintetiza la Sala:

 

a).- Que celebró contrato de leasing No. 1123579, con Inversora Pichincha S.A., el 11 de Julio de 2007, respecto del tractocamión 9900 6x4 marca Internacional, modelo 2008.

b) Las principales características del contrato de leasing entre otras son, el proveedor (Internacional Truck and Engine Corporation), el valor del mismo (US$94.000), la vigencia del contrato, el plazo de pago de los cánones (desde el 18 de enero de 2008 hasta el 18 de enero de 2013), la suscripción de un contrato de seguro por cuenta del locatario y la observancia de las normas comerciales y civiles colombianas.

 

c) El 3 de agosto de 2007, se consigna en una cuenta bancaria a solicitud de Inversora Pichincha, la suma de $30.000.000, a efecto de cubrir gastos de importación del vehículo, el cual fue adquirido  por la convocada según consta en declaración de importación privada 062007100332393-0 del 14 de diciembre de 2007.

 

d) En el mes de enero de 2008, el convocante fue requerido por un asesor de Inversora Pichincha para que asumiera los gastos de obtención de consecución de la cesión de derechos de certificación de registro por parte de dicha Compañía, a través del señor Fernando Iván Mosquera, por un valor de $20.000.000, suma que fue cancelada el 16 de enero de 2008.

 

e) El trámite de la matrícula del vehículo fue realizado por Inversora Pichincha  ante la Secretaría de Tránsito de Guacarí (V), quien allegó la documentación correspondiente, entre ellos el documento de cesión, y  obtuvo la licencia de tránsito No. 07-2566647 del 18 de enero de 2008 y la asignación de la placa No. KUM-455.

 

f) Inversora Pichincha S.A., contrató por cuenta del locatario la póliza para automóviles No. 12954074 del 27 de  mayo de 2008, con la aseguradora Colseguros S.A., la cual amparaba el riesgo de pérdida total del vehículo, siendo dicha compañía la primera beneficiaria.

 

g) Como el vehículo sufrió un accidente el 24 de Julio de 2008,  se dio aviso a la Inversora Pichincha y a Colseguros S.A.; la aseguradora objetó la reclamación mediante escrito del 19 de septiembre de 2008, dirigido a Inversora Pichincha, por inconsistencias de fondo en la matrícula y reposición del vehículo de placas KUM-455, circunstancia que se encuentra como exclusión dentro de la póliza contratada.

 

h) El Ministerio de Transporte mediante Resolución 003978 del 22 de septiembre de 2008, expidió certificación de cumplimiento de requisitos para el registro inicial del vehículo de transporte de carga dado en leasing; resolución que fue remitida a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Guacarí, mediante oficio del 25 de septiembre de 2008.

 

i) El convocante a través de su mandatario judicial tuvo conocimiento del trámite del registro inicial del vehículo dado en leasing, el 29 de septiembre de 2008, cuando le fue expedida copia de la carpeta de matrícula inicial a la Secretaría de Tránsito de Guacarí.

 

j) Los cánones de arrendamiento fueron cancelados de manera puntual hasta que Colseguros S.A., negó la reclamación. Debido a ello, procedió a solicitar la terminación del contrato de leasing  toda vez que la deficiencia en la matrícula inicial del vehículo era imputable a la Inversora Pichincha, petición que le fue resuelta de manera negativa el 31 de marzo de 2009, ante la alegada ausencia de responsabilidad conforme a las cláusulas contractuales.

 

Con fundamento en lo anterior, solicitó se declarara: i) la existencia del contrato de leasing No. 1123579 del 11 de Julio de 2007, suscrito con la Inversora Pichincha; ii) El incumplimiento del contrato por parte de la compañía; iii) la falsedad del contenido del documento denominado “CESIÓN DE DERECHOS DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA MATRÍCULA INICIAL PARA UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE DE CARGA” obrante en la carpeta de matrícula inicial del vehículo de placas KUM-455, porque la firma ni la huella consignadas, corresponden a las del señor Jairo Quiroz Campaña; iv) El uso del referido documento por parte de Inversora Pichincha S.A., ante la Secretaría de Tránsito de Guacarí a fin de obtener la matrícula del vehículo KUM-455; v) Que Inversora Pichincha S.A., tramitó y obtuvo después del siniestro del automotor la certificación de cumplimiento de requisitos para el trámite inicial del vehículo dado en leasing, expedida por el Ministerio de Transporte; vi) Que el registro inicial de un vehículo de transporte terrestre automotor de carga, sólo es permitido hasta tanto se cuente con la Certificación de Cumplimiento de Requisitos para el Registro Inicial; vii) La cláusula vigésima del contrato de leasing no implica la condonación del dolo o culpa grave de la Inversora Pichincha, dentro de la obtención de la matrícula inicial del vehículo de placas KUM-455; viii) la objeción de la reclamación del siniestro por parte de Colseguros S.A., por deficiencias en la matricula inicial del vehículo asegurado; ix) El señor Jairo Quiroz Campaña, en virtud del contrato de leasing de importación No. 1123579, pagó a la Inversora Pichincha, la suma de $75.922.000, por concepto de importación del vehículo y cuotas mensuales de arrendamiento, así como también la suma de $20.000.000 por la consecución de la cesión de derechos de certificación de registro inicial; x) la resolución del contrato de leasing y la condena al pago de los dineros cancelados con ocasión de dicho contrato, los perjuicios causados por haber sido reportado como deudor moroso y dejado de cancelar el seguro, así como también el valor de la experticia anexa a la demanda; todo lo anterior sin perjuicio de los intereses moratorios y la condena en costas.

 

2.- Trabada la litis con el extremo convocado, éste procede a contestar oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, proponiendo las excepciones que denominó “VIGENCIA E INALTERABILIDAD DEL CONTRATO DE LEASING DE IMPORTACIÓN 1123579”; “AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DE INVERSORA PICHINCHA S.A. EN LA OBTENCIÓN DEL CUPO PARA LA MATRÍCULA INICIAL DEL TRACTO CAMIÓN KUM-455”; “FALTA DE CAUSA SUSTANCIAL PARA DEMANDAR”; “AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DE LA DEMANDADA”; “LA GENÉRICA E INNOMINADA”.

 

3.- Surtido el trámite respectivo y evacuadas en su totalidad las pruebas decretadas, mediante laudo arbitral del 27 de septiembre  de 2010, el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Cali declara impróspera la objeción que por error grave formuló la parte convocante al dictamen grafológico rendido en el proceso; así como también declaró probada la tacha de falsedad propuesta por la convocada respecto de los documentos de fechas 25 de agosto de 2008 y 11 de septiembre de 2008 dirigidos al Ministerio de Transporte; denegó las pretensiones de la demanda; condenó en costas y al pago de agencias en derecho al convocante, entre otras disposiciones.

 

DEL LAUDO ARBITRAL

 

El Tribunal de Arbitramento, en el pronunciamiento objeto del recurso de anulación, después de narrar los antecedentes del litigio en el denominado “capítulo I” de su decisión, verifica la conformación de los presupuestos procesales, define las posiciones de ambas partes para descender al análisis de las pruebas recaudadas y definir el problema jurídico.  

 

Ya en el acápite de consideraciones se refiere al marco normativo que rige la constitución y funcionamiento  de las compañías de leasing, define el contrato de leasing, la naturaleza consensual del mismo, la vigencia de las disposiciones contractuales durante la época de la celebración del contrato y las que emergen durante el desarrollo de lo pactado; las partes que intervienen en el contrato de leasing, la etapa precontractual; todo ello para señalar que, en el caso concreto, de conformidad con la cláusula de antecedentes numeral 4 inciso 2 del contrato de leasing, al locatario le correspondían la gestiones para la obtención del cupo para la matrícula del vehículo automotor, incluidos los gastos en que incurriera para tal fin.

 

A renglón seguido se cuestiona acerca de las estipulaciones contractuales que se dieron durante el desarrollo del contrato, a efecto de verificar si realmente Inversora Pichincha S.A., había asumido obligaciones relacionadas con la matrícula del vehículo automotor por medio de personas escogidas por la Compañía, para de ahí determinar la responsabilidad que podría exigírsele por las anomalías en la matrícula del vehículo automotor que impidieron el reconocimiento de la indemnización por pérdida total, por parte de la aseguradora.

 

Luego de referirse a la prueba testimonial recaudada concluye que es errada la afirmación del convocante al señalar que correspondía a Inversora Pichincha S.A., realizar gestiones para obtener la matrícula del vehículo objeto de leasing, toda vez que la convocada no tuvo ingerencia ni en la contratación, ni en la tramitación de las actuaciones para la consecución del cupo y matrícula del vehículo de placas KUM-455; por el contrario, fue el mismo señor Jairo Quiroz Campaña, quien directamente, a través del señor Fernando Mosquera, realizó los trámites ante el Ministerio de Transporte y la Secretaría de Tránsito. 

 

Adicionalmente, encuentra que la prueba aportada por el convocante nada logra acreditar acerca de las responsabilidades establecidas a Inversora Pichincha S.A., en relación con los trámites de matrícula del vehículo, ni previa ni posteriormente a la celebración del contrato de leasing y tampoco surgieron de la conducta asumida por la Compañía de Leasing.

 

Desestimó un informe técnico y unas apreciaciones grafológicas que fueron presentadas por el convocante, al no gozar de la connotación de prueba pericial  por no ser practicadas por auxiliares de la justicia debidamente posesionados en el cargo; pruebas que contrastan con el dictamen pericial practicado en el trámite y que de igual manera estima, fue concluyente al indicar que las firmas atribuidas a la representante de la convocada eran espurias.

 

De otra parte, concluyó que la naturaleza jurídica del leasing no es la de ser un contrato de adhesión porque en realidad contiene el consentimiento expresado por ambas partes. Encontró que el contrato de leasing celebrado con Inversora Pichincha S.A., fue expresamente aceptado por el locatario sin reservas de ninguna índole y fue él quien por su iniciativa propia escogió la Compañía para la celebración del contrato; amén de que la cláusula novena del convenio desvirtúa por el contrario, que a la convocada le correspondiera asumir los trámites de la matrícula del vehículo, pues dicha obligación era propia del locatario.

 

En cuanto a la imputación de culpa y dolo respecto de la conducta desplegada por la convocada durante el desarrollo del contrato de leasing, encontró que la cláusula que endilga la responsabilidad de la matrícula del vehículo no comporta un detrimento, daño o ingrediente abusivo para el locatario, además que, nada prueba de las actuaciones dolosas o culposas por parte de la convocada, pues los dictámenes periciales practicados dan cuenta de la falsedad de la firma de la apoderada judicial de Inversora Pichincha, impuesta con posterioridad al siniestro, en los documentos dirigidos al Ministerio de Transporte y el de cesión de derechos de propiedad, prueba que no podía suplirse con el informe arrimado por el señor Quiroz Campaña, sobre el cual descansaba la objeción por error grave, que por ese motivo se encontró infundada. De igual manera encontró que a la convocada no le correspondía comprobar la validez o legalidad del certificado de tradición del vehículo expedido por la Secretaría de Tránsito, dada la naturaleza pública del documento.

 

De este modo, negó las pretensiones de la demanda sin hacer pronunciamiento alguno sobre las excepciones de mérito formuladas y condenó en costas al convocante.

 

DEL RECURSO DE ANULACIÓN

 

Contra lo así decidido el convocado propuso recurso de anulación, el cual dijo soportar en las causales cuarta, sexta, octava y novena del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998. Para tal efecto, afirma que la primera de ellas se centra en la negativa del Tribunal de Arbitramento de practicar la prueba relacionada con la certificación del Notario Quinto de Cali, respecto  del registro de la firma de la representante legal de Inversora Pichincha, así como también las firmas y sellos  impuestos por la Notaría en el documento de cesión de derechos de propiedad sobre el vehículo de placas SRJ-198; prueba que estima que también debió quedar comprendida dentro de la experticia que de oficio decretó el Tribunal antes de proferir el laudo, pese a que los documentos remitidos por el Ministerio de Transporte, en especial, la cesión de créditos, no hayan sido tachados de falsos por Inversora Pichincha.

 

Respecto de la causal sexta de anulación, argumentó que el laudo arbitral no hace alusión alguna a normas de tránsito (Ley 769 de 2002, Acuerdo 051 de 1993, Decreto 3225 de 2005 y Resolución 3253 de 2008), las cuales considera debieron analizarse para establecer jurídicamente en quién recaía la responsabilidad de realizar la matrícula inicial de los vehículos de transporte de carga, respecto de los documentos aportados como pruebas para tal fin; omisión que considera impidió que se diera el mérito probatorio correspondiente, pues el laudo se centró en una “concepción muy personal de hacer justicia”, en la creencia de los testigos y antepuso el contrato privado frente a las normas de orden público.

 

Frente a la causal octava expresa que, el laudo arbitral al decretar la falsedad sobre las cesiones de derechos de propiedad  del vehículo de placas SRJ-198, toda vez que el documento nunca fue tachado de falso por quien lo suscribió, se reputa auténtico al tenor de lo dispuesto en los artículos 252, 275,276 y 289 del C. de P. Civil y se encuentra legalmente incorporado al proceso, lo cual no puede ser desconocido so pretexto de una prueba pericial que fue decretada de oficio.

 

Al referirse a la causal novena de anulación, indica que el laudo arbitral no resuelve las pretensiones en concreto, y se ajusta a un laudo en equidad de acuerdo a lo manifestado respecto del contrato de leasing como contrato de adhesión. Estima que lo pretendido, era un pronunciamiento frente a las circunstancias fácticas planteadas, como era precisamente la ilegalidad del trámite de la matrícula del vehículo automotor y la responsabilidad legal y contractual que se derivaba de la ocurrencia de tal hecho a cargo de Inversora Pichincha;  dice que el laudo sólo hizo alusión sobre la pretensión quinta de la demanda teniendo como prueba el dictamen decretado de oficio, sin entrar a estimar todas las pretensiones demandadas.

 

CONSIDERACIONES

 

1.- Marco normativo y jurisprudencial.

 

El fundamento constitucional del arbitramento se encuentra en el artículo 116 de la Carta Política de 1991 cuando, en su inciso final, dispone que  Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley”.

 

El arbitramento es un negocio jurídico en el que las partes acuerdan someter sus controversias actuales o futuras al conocimiento y decisión de árbitros, es decir, de particulares que administran justicia. Con base en el arbitramento, ya sea que se acuerde en cláusula compromisoria o en compromiso, se genera un proceso declarativo en el que hay lugar a conformación del contradictorio, a una etapa probatoria, a una etapa de alegación y, finalmente, a la emisión del laudo arbitral. El laudo tiene valor de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo ante los jueces ordinarios[1].

 

El proceso arbitral es un proceso de única instancia[2]. De allí que, en estricto sentido, no existan superiores de los particulares constituidos en tribunal de arbitramento. Por este motivo, ejecutoriado el laudo arbitral debe procederse a su cumplimiento en el plazo indicado por el tribunal.

 

Con todo, el ordenamiento jurídico consagra varios recursos extraordinarios que proceden contra el laudo arbitral y de los que conoce la justicia ordinaria o contenciosa administrativa. En materia laboral, existe el recurso de homologación que se surte ante la Sala Laboral de los Tribunales Superiores o ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según se trate de convocatorias voluntarias u obligatorias de tribunales de arbitramento. En materia civil, comercial y contencioso administrativa procede el recurso de anulación que se surte ante los Tribunales Superiores o ante el Consejo de Estado si se trata de contratos estatales. Finalmente, contra la sentencia que decide el recurso de anulación procede el recurso extraordinario de revisión.

 

Ahora bien, las facultades del juez que conoce del recurso de anulación se limitan a la verificación de las causales de nulidad invocadas por el actor, causales que han sido establecidas por el legislador y que son de interpretación restrictiva. No se trata, entonces, de una nueva oportunidad para revivir el debate planteado ante el tribunal de arbitramiento, pues al juez ordinario le está vedado pronunciarse sobre el fondo del litigio conocido por aquél.

 

Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 21 de mayo de 2008 -Consejera Ponente Myriam Guerrero de Escobar- expediente 33643, explica:

 

“...En reiterada jurisprudencia, el Consejo de Estado, Sección Tercera[3] se ha referido a la naturaleza, y características del recurso extraordinario de anulación, aspectos sobre los cuales ha destacado lo siguiente:

 

i) El recurso de anulación de laudos arbitrales, es de carácter excepcional, restrictivo y extraordinario, sin que constituya una instancia más dentro del correspondiente proceso.

 

ii) La finalidad del recurso se orienta a cuestionar la decisión arbitral por errores in procedendo (por violación de leyes procesales), que comprometen la ritualidad de las actuaciones, por quebrantar normas reguladoras de la actividad procesal, desviar el juicio o vulnerar las garantías del derecho de defensa y del debido proceso.

 

Iii) Mediante el recurso extraordinario de anulación no es posible atacar el laudo por cuestiones de mérito o de fondo, errores in iudicando (por violación de leyes sustantivas), es decir, si el Tribunal obró o no conforme al derecho sustancial (falta de aplicación de la ley sustantiva, indebida aplicación o aplicación errónea), ni plantear o revivir un nuevo debate probatorio o considerar si hubo o no un yerro en la valoración de las pruebas o en las conclusiones a las cuales arribó el correspondiente Tribunal , puesto que el juez de anulación no es superior jerárquico del Tribunal de Arbitramento  y en consecuencia, no podrá intervenir en el juzgamiento del asunto de fondo para modificar sus decisiones, por no compartir sus razonamientos o criterios.

 

iv) De manera excepcional, el juez de anulación podrá corregir o adicionar el laudo si prospera la causal de incongruencia, al no haberse decidido sobre cuestiones sometidas al conocimiento de los árbitros o por haberse pronunciado sobre aspectos no sujetos a la decisión de los mismos o por haberse concedido más de lo pedido, de conformidad con las causales previstas en los numerales 4º y 5º, del artículo 72, de la Ley 80 de 1993.

 

v) Los poderes del juez del recurso de anulación están limitados por el llamado “principio dispositivo”, según el cual, es el recurrente quien delimita, con la formulación y sustentación del recurso, el objeto que con él se persigue y ello, obviamente, dentro de las precisas y taxativas causales que la ley consagra[4]; en consecuencia, no le es dable interpretar lo expresado por el recurrente para entender o deducir la causal invocada y menos aún pronunciarse sobre aspectos no contenidos en la formulación y sustentación del correspondiente recurso extraordinario de anulación.[5]

 

vi)        El recurso de anulación procede contra laudos arbitrales debidamente ejecutoriados, como excepción al principio de intangibilidad de las sentencias en firme; “tal excepcionalidad es pues, a la vez, fundamento y límite de los poderes del juez de la anulación, para enmarcar rígidamente el susodicho recurso extraordinario dentro del concepto de los eminentemente rogados.”[6]

 

vii)       Dado el carácter restrictivo que caracteriza el recurso, su procedencia está condicionada a que se determinen y sustenten, debidamente, las causales que de manera taxativa se encuentran previstas por la ley para ese efecto; por lo tanto, el juez de la anulación debe rechazar de plano el recurso cuando las causales que se invoquen o propongan no correspondan a alguna de las señaladas en la ley. (Artículos 128 de la ley 446 de 1998 y 164 del Decreto 1818 de 1998)...”.

 

Es claro entonces, que la limitación de las facultades del juez que conoce del recurso de anulación, es una clara manifestación del carácter dispositivo del proceso arbitral y constituye una garantía para las partes, pues aquél no podrá pronunciarse sobre materias que éstas han acordado someter a la decisión de árbitros. De igual manera, esa limitación de las facultades del juez ordinario afirma la autonomía, independencia y sujeción a la ley de los particulares constituidos en tribunal de arbitramento. 

 

2.- Examen de las causales de anulación invocadas por la entidad recurrente.

 

Se observa que el recurrente, al interponer el recurso de anulación invocó de manera concreta las causales consagradas en los numerales 4, 6, 8 y 9 del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998, y como quiera que ellas fueran debidamente sustentadas, pasa la Sala a pronunciarse sobre cada una de ellas.

 

2.1.- Causal prevista en el Núm. 4° del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998.  “Cuando sin fundamento legal se dejaren de decretar pruebas oportunamente solicitadas o se hayan dejado de practicar las diligencias necesarias para evacuarlas, siempre que tales omisiones tengan incidencia en la decisión y el interesado las hubiere reclamado  en la forma y tiempo debidos”.

 

Causal que sustenta el recurrente en la negativa del Tribunal de Arbitramento para practicar la prueba relacionada con la certificación del Notario Quinto de Cali, respecto del registro de la firma de la representante legal de lnversora Pichincha, y las firmas y sellos impuestos sobre el documento denominado cesión de derechos de propiedad sobre el vehículo de placas SRJ-198; prueba que además, requirió al decretarse la prueba pericial de oficio, para que junto con ella  se ordenara el cotejo de la firma e impresión dactilar impuestas en el reconocimiento de contenido realizado en el referido documento, lo cual también fue desestimado.

 

Al respecto de la configuración de ésta causal, es pertinente recordar que está dada para dos eventos: por la omisión en el decreto de la prueba;  o por la omisión en la práctica de la prueba;  y cualquiera de ellos requiere la observancia de los siguientes supuestos:

 

Ø    La prueba debió ser  oportunamente solicitada;

Ø    La omisión en el decreto o practica de la misma debe incidir en la decisión; y

Ø    El interesado debió reclamar esas omisiones, en la forma y tiempo debidos.

Ø    Lo omitido debió ser producto de una decisión “sin fundamento legal” elemento modal que afecta la procedencia de la causal.

 

Se advierte entonces, que la omisión a que se refiere la causal de anulación se predica respecto de la falta de decreto de pruebas oportunamente solicitadas o de su falta de práctica sin fundamento legal, más no comprende el supuesto de las pruebas de oficio, en el cual el recurrente fundamenta el cargo, para sostener que la prueba también debió quedar comprendida dentro de la experticia que de oficio decretó el Tribunal antes de proferir el laudo, pese a que los documentos remitidos por el Ministerio de Transporte, en especial, la cesión de créditos, no hayan sido tachados de falsos por Inversora Pichincha.

 

A efecto de verificar si se dan los supuestos fácticos de la causal de anulación invocada, considera pertinente la Sala remitirse al procedimiento agotado por el Tribunal de Arbitramento, respecto de la prueba que dice omitida el recurrente:

 

a) De la solicitud de Integración del Tribunal de Arbitramento, se advierte que el convocante aportó y solicitó tener en cuenta como pruebas documentales, las comunicaciones del 25 de agosto y 11 de septiembre de 2008, dirigidas supuestamente por la representante legal de Inversora Pichincha, al asesor de Despacho del Ministro de Transportes (fls. 17, 82 y 83 del Cdno. No. 1); no se aprecia por lado alguno de la solicitud que, el señor Jairo Antonio Quiroz Campaña, haya solicitado el decreto y práctica de la prueba sobre la cual centra la causal de anulación del laudo.   

 

b) La contestación de la demanda arbitral, evidencia que Inversora Pichincha S.A. Compañía de Financiamiento Comercial, tachó de falsas las aludidas comunicaciones, con las cuales se obtuvo la expedición de la Resolución No. 003978 del 22 de septiembre de 2008; como prueba de la tacha de falsedad solicitó la exhibición en original de los documentos cuestionados y la práctica de un dictamen pericial sobre ellos (fls. 3 a 15 Cdno. 3).

 

c) Propuesta la tacha de falsedad, el convocante adiciona la solicitud de pruebas elevada por Inversora Pichincha, con la siguiente finalidad “ (…) para que el documento tachado sea remitido con todos los documentos soporte en ellos mismos enunciados, en especial las cesiones de derechos, las cuales tienen presentación personal y reconocimiento de contenido realizada por la Sra. Clara Loaiza Jaramillo ante la Notaría 5 del Circuito de Cali.”, reiterando expresamente que, “Una vez sean remitidos con todos sus anexos por el Ministerio de Transporte  los documentos tachados, solicito se oficie al señor Notario 5 de Cali para que se sirva certificar el registro de la firma de la Sr. Clara Loaiza Jaramillo como representante de inversora pichincha y las firmas y sellos impuestos por dicha notaria en la cesiones de derechos.”[7]

 

d) En audiencia celebrada el 8 de febrero de 2010, el Tribunal de Arbitramento decretó las pruebas solicitadas por ambas partes, entre ellas una prueba pericial (grafológica); el decreto de la prueba fue recurrido por el convocante, entre otras razones, porque no se ordenó por parte del Ministerio de Transporte la remisión de todos los documentos anexos a los escritos que fueron objeto de la tacha de falsedad, incluida la cesión de derechos firmado por la representante legal de Inversora Pichincha, el cual fue autenticado ante el Notario Quinto de Cali (fls. 20 a 34  del Cdno. 2).

 

El Tribunal de Arbitramento accedió a la solicitud elevada por el convocante y decidió decretar como pruebas, las siguientes: “SEGUNDO: Reformar para complementar  el auto de pruebas, para decretar la siguientes: a. (…) b. Remitir a la Notaría Quinta de Cali, los documentos a los cuales hace referencia la parte convocante al folio 057 del cuaderno No. 3 para que, se certifique “el registro de la firma de la SR. Clara Loaiza Jaramillo, como representante de inversora pichincha y las firmas y sellos impuestos por dicha notaría en las cesiones de derechos”.” (fl. 33 Cdno. 2).

 

e)  Mediante oficio del 10 de Febrero del año 2010, se libró el oficio respectivo al Ministerio de Transporte solicitando toda la información (fls. 110-111 Cdno. 4); solicitud que fue atendida por la entidad y cuya documentación fue puesta en conocimiento de las partes en audiencia del 16 de marzo de 2010 (fl.52 Cdno.2).

 

f) La prueba pericial rendida por la grafóloga María Fernanda Chávez de Duque, destinada a acreditar la tacha de falsedad, tuvo como objeto determinar la autenticidad de las firmas impuestas en los documentos de fecha 25 de agosto de 2008 y 11 de septiembre de 2008, en los cuales supuestamente la representante legal de Inversora Pichincha solicitaba la certificación de la matricula inicial del vehículo objeto de leasing; la experticia concluyó lo siguiente:“ Las firmas dubitadas estampadas respectivamente (frente y vuelto) en los documentos de CESIÓN DE DERECHOS donde aparecen firmas de la Doctora CLARA ISABEL LOAIZA JARAMILLO, de fecha Agosto 25 de 2008 y  Septiembre 11 de 2008 (expuestos a folios Nos. 28,17 y 18 en fotocopias del cuaderno que obran en el expediente); con respecto a las firmas indubitadas estampadas  con puño y letra por la Doctora CLARA ISABEL LOAIZA JARAMILLO; respectivamente presentan desigualdades en los aspectos grafonómicos y grafométricos.

 

Por lo expuesto y detallado se deduce que los documentos cuestionados de CESIÓN DE DERECHOS (fls. 28,17 y 18 fueron firmados por una persona diferente a la Doctora CLARA ISABEL LOAIZA JARAMILLO; por consiguiente dichas firmas cuestionadas en su efecto son falsificadas”[8].  Los folios 17,18 y 28 del Cdno. No. 4, a los que hace alusión la experticia fueron analizados tanto en la parte frontal como en el reverso de los mismos, apreciándose en él, el reconocimiento de contenido realizado ante la Notaría 5 del Círculo de Cali[9].

 

g) El dictamen pericial fue objetado por el convocante al considerar que la perito se extralimitaba en sus funciones, y porque técnicamente no era posible en grafología efectuar análisis comparativos de documentos en copia simple (fls. 1-12 Cdno. 8).

 

Una vez se corrió el traslado de la objeción por error grave, mediante acta No. 12 del  23 de abril de 2010, el Tribunal de Arbitramento ordenó a la perito pronunciarse acerca de los errores endilgados a la experticia; agregó el concepto presentado como anexo al escrito de objeción y declaró no existir más pruebas que practicar en relación con dicha experticia. La grafóloga dejó rendido su informe como se aprecia a folios 33 a 35 del Cdno. No. 8., el cual fue puesto en conocimiento de las partes en acta del 13 de mayo de 2010 (fls. 66 a 68 Cdno.2).

 

h) En audiencia del 20 de agosto de 2010 (fl. 76 a 78 Cdno. 2), el Tribunal de Arbitramento decide decretar de oficio la práctica de un dictamen pericial (grafológico) sobre el documento denominado “CESIÓN DE DE DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE EL VEHÍCULO DE PLACAS SRJ-198”.

 

i) En documento obrante a folio 79 del Cdno.2 , el apoderado judicial del convocante solicita que el dictamen pericial decretado como prueba de oficio se haga extensivo  a la impresión dactilar que se encuentra en el reconocimiento de contenido realizado ante el Notario Quinto de Cali, así como también la autenticidad de los sellos y la firma del notario. Solicitud que fue desestimada en audiencia del 30 de agosto de 2010 (fls. 80 a 83 del Cdno.2).

 

j) La experticia rendida por la perito grafóloga Mercedes Marulanda de Prado, concluyó que la firma impresa en el DOCUMENTO denominado: “CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD SOBRE EL VEHÍCULO DE PLACAS SRJ-198” obrante a folio134, no corresponde a la escritura de la señora Clara Isabel Loaiza Jaramillo(fl. 63 Cdno.7).

 

k) La experticia decretada de oficio fue puesta en conocimiento y fue objeto de complementación a petición del convocante; solicitud que nuevamente se desestimó por las mismas razones expuestas en la audiencia del 30 de agosto de 2010, y además porque se trataba de una solicitud de prueba extemporánea por contener puntos nuevos (fl.90- 92 Cdno.2).

 

De acuerdo con el recuento anterior, encuentra la Sala que los argumentos presentados por el recurrente como sustentación de la causal de anulación en comento, no guardan relación con el supuesto fáctico que la contiene, toda vez que si bien es cierto, la prueba que reclama como no practicada, inicialmente fue decretada sin que efectivamente haya sido expedido para su práctica el correspondiente oficio al Notario Quinto de Cali, dicha prueba no resultaba en consideración de los árbitros, trascendente para la resolución del litigio, como se evidencia también de la negativa que tuvo dicho Tribunal para ejecutar la prueba relacionada con el cotejo y autenticidad de las firmas, impresión dactilar y sellos impuestos en el documento materia de la prueba pericial decretada de oficio, decisión que encontró sustento legal precisamente en el artículo 236 del C. de P. Civil, como se advierte de la decisión proferida en audiencia del 30 de agosto de 2010, en donde textualmente se exponen las razones por las cuales no accede a la práctica de la misma, argumentándose en efecto lo siguiente:

 

“La petición en comento parece tomar apoyo en el Numeral 4 del artículo 236 del C.P.C., norma que hace referencia a la petición, el decreto de la prueba y a la posesión de los peritos, estableciendo dentro de ese contexto  una oportunidad para que las partes puedan solicitar que el dictamen  se extienda a otros puntos  relacionados con las cuestiones para las que se decretó.

 

Ese es un derecho cuyo acogimiento no procede de manera automática porque la misma disposición reserva al Juez la calificación de su procedencia, con mayor razón si se trata de una prueba que responde en este caso al decreto oficioso del Tribunal, el cual ha considerado necesaria dada la evidencia en el expediente de una manifestación proveniente de la perito MARIA FERNANDA CHAVES DE DUQUE en el sentido de indicar que la firma de que se habla no correspondería a la persona a quien se le atribuye. Es por esto, que en aras de establecer la verdad de los hechos, el Tribunal no le dio a su prueba oficiosa un alcance mayor.

 

La procedencia de la solicitud de la parte convocante también está determinada por los efectos que del dictamen pericial oficioso puedan derivarse, en cuanto que el tema en discusión se ubica en uno de dos extremos; existe la posibilidad  de que la perito concluya que la firma en cuestión es falsa o que afirme que proviene de la señora CLARA ISABEL LOAIZA, lo cual aportaría elementos de juicio necesarios para la toma de las decisiones que en su momento corresponderá adoptar, independiente de otros hechos como serían los relativos a conocer si la firma de la señora MONICA ISABEL HUERTAS MURILLO o del Notario 5 de Cali, de quien no aparece mencionado en la solicitud de extensión de la prueba mencionada la dirección done se localiza, elementos estos últimos que el tribunal no considera procedentes. ”[10]

 

Decisión que además fue reiterada en audiencia del 15 de septiembre de 2010 y que adicionalmente fue desestimada con argumentos que encuentran fundamento en los artículos 179 y 184 del C. de P. Civil, pues no puede olvidarse que la experticia que pretendía el convocante que de manera extemporánea fuera complementada en los puntos que son motivo de reclamo, fue decretada por el Tribunal de Arbitramento en uso de sus facultades oficiosas en materia probatoria atribuidas por la norma procesal civil y que resultan aplicables al trámite arbitral por disposición expresa del artículo 151 del Decreto 1818 de 1998; atribuciones que en todo caso conllevan a que el juzgador valore frente al asunto sometido a su consideración la necesidad o no de practicar pruebas.

 

Por lo anterior, se concluye que el fundamento de la causal de anulación planteada por el recurrente, además de no encuadrarse de los supuestos del precepto normativo que la consagra, evidencia que lo que en últimas pretende es cuestionar la manera como los árbitros encausaron en materia probatoria el análisis de la controversia sometida a su juicio, así como también la decisión adoptada, aspectos que sin lugar a dudas, no es posible subsumir dentro de los supuestos fácticos de la causal que se analiza. Ha de tenerse en cuenta que, ante esta Sala no puede abrirse paso una valoración diferente de las pruebas, para determinar si hubo o no error de derecho o de hecho en la apreciación del árbitro, como que las causales de anulación solo miran el aspecto procedimental del arbitraje, en cuanto hacen relación a errores in procedendo; errores que evidentemente escapan de la esfera de lo planteado en el recurso de anulación.

 

2.2.- Causal prevista en el Núm. 6 del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998. “Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo”.

 

Causal que circunscribe el recurrente, en el hecho de no sustentarse  el laudo en un análisis de las normas de tránsito que regulan el trámite de la matrícula inicial de los vehículos de transporte de carga, y una valoración de la pruebas aportadas respecto de dichos preceptos legales, con las cuales, según su criterio, podía deducirse la responsabilidad legal y contractual que se reclamaba; razones éstas que estima son suficientes para indicar que el fallo se profirió en equidad y no en derecho, además de contener apreciaciones de índole personal de los árbitros.

 

Al punto de ésta causal de anulación, el Consejo de Estado[11] se ha pronunciado de la siguiente manera:

 

“El fallo en conciencia se caracteriza porque el juez dicta la providencia sin efectuar necesariamente razonamientos de orden jurídico, prescindiendo de las normas jurídicas y de acuerdo con su íntima convicción en relación con el deber ser y la solución recta y justa del litigio, luego de examinar los hechos, las pruebas y de valorar bajo su libre criterio y el sentido común las circunstancias de tiempo, modo y lugar que dieron lugar a la controversia. En cambio, en el fallo en derecho el juez debe apoyarse en el ordenamiento jurídico, esto es, en el conjunto de normas sustanciales y procesales, así como en los principios que lo integran, que constituyen el marco de referencia en el que se ha de encuadrar su decisión; como corolario, el juez debe apreciar las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica, para lo cual podrá tener en cuenta en esa libre apreciación de la prueba las reglas de la experiencia, la lógica y la ciencia, según autoriza el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, lo anterior no significa ni mucho menos que el fallo en derecho excluya el concepto de equidad, en tanto una conclusión semejante repugna con el concepto de justicia y con ello con la finalidad de su administración; amen de ser una interpretación alejada de los postulados de la Constitución Política (artículo 230). Y es que la equidad, sin duda, realiza el valor justicia, toda vez que constituye el criterio que permite materializarla en los casos particulares. De otra parte, también ha señalado la Sección que la decisión equivocada no se identifica con la decisión en conciencia, razón por la que la causal de anulación en comento no puede justificar por parte del juez del recurso la revisión de la argumentación jurídica elaborada por el Tribunal de Arbitramento (Sentencia de 28 de noviembre de 2002, Exp. 22.191); además, ha puntualizado que para que se configure un fallo en conciencia, es necesario que dicha circunstancia sea evidente, ostensible y clara, por cuanto no resulta admisible que con esta causal se abra un debate propio de la segunda instancia. Igualmente, ha sostenido la Sala que el fallo en conciencia no es sólo aquel que no se ha constituido sobre normas jurídicas, sino que puede presentarse cuando se falla sin pruebas de los hechos que originan las pretensiones o las excepciones, esto es, con pretermisión de la totalidad de las pruebas que obran en el proceso. Verificado el contenido del laudo arbitral acusado, tal y como arriba se consignó, salta a la vista todo lo contrario, esto es, que fue proferido con base en el derecho positivo vigente, dado que cumple con los presupuestos de esa modalidad arbitral, por cuanto se encuentra estructurado en normas jurídicas y en las pruebas obrantes en el expediente (documentos, interrogatorios de parte, testimonios), sin que sea menester entrar a juzgar en sede de este recurso extraordinario de anulación el acierto o desacierto de los razonamientos jurídicos del árbitro único, de la aplicación de la ley y del mérito que le otorgó al acervo probatorio, pues ello no está previsto dentro de las causales de anulación de laudos arbitrales, en conformidad con lo explicado al comienzo de la parte considerativa de esta providencia, en cuanto de acuerdo con la ley no tiene el juez del recurso extraordinario competencia para estudiar el fondo del asunto, como si se tratara de un juez de instancia para volver a valorar las pruebas y hacer un nuevo razonamiento jurídico y de mérito sobre el litigio que le fue sometido al tribunal arbitral. Además, para la Sala no puede pasar desapercibida la clara intención del libelista de que el juez del recurso de anulación estudie errores in iudicando de la decisión arbitral, mediante una nueva valoración de la prueba, en el entendido de que plantea una violación indirecta de las normas sustanciales por presuntos yerros al apreciar la misma. (…)”.

 

La Jurisprudencia ha indicado que si el fallo que se cuestiona deja de lado de manera ostensible el marco jurídico para fundamentarse en la mera equidad, es allí donde esa decisión se asimila a un fallo en conciencia, a diferencia del fallo en derecho que se fundamenta en el acervo probatorio y las reglas de la sana crítica, el cual de una u otra manera no excluye del todo el concepto de equidad  pues éste valor viene a materializar el concepto de justicia, y su importancia reside en que impide una injusticia derivada de la aplicación de la ley a un determinado caso.

 

“(…) Por eso, en derecho siempre hay que encontrar decisiones y soluciones que, bajo el principio de equidad y sin abdicar o desconocer la ley, resulten justas, tarea en la cual el juez no se opone a la voluntad soberana del legislador sino que la concreta en atención a la situación particular y en forma tal que esté en consonancia con las circunstancias reales y propias del caso, para evitar inequidades o injusticias y asegurar la misión de la Administración de Justicia en el Estado de Derecho[12]

 

Realizadas las anteriores consideraciones, debe decirse que la causal invocada no está llamada a prosperar pues, contrario a lo esgrimido por el recurrente, la simple lectura del laudo que se cuestiona  permite inferir que el mismo se profirió en derecho y no en conciencia. En efecto, ello se aprecia del análisis que el Tribunal de Arbitramento realizó para adoptar su decisión en el acápite de consideraciones del laudo, como pasa a describirse:

 

a) Inicialmente, el Tribunal de Arbitramento hizo alusión a los presupuestos procesales; identificó el problema jurídico planteado centrándolo en el contrato de leasing celebrado entre las partes y las cláusulas que asignan las obligaciones relativas al trámite de la matrícula objeto del contrato.

 

b) Del análisis fáctico, probatorio y jurídico realizado, se advierte que se refirió a las compañías de leasing; las normas que las regulan; el contrato de leasing como contrato atípico, su naturaleza consensual; explicó la etapa precontractual del leasing trayendo conceptos doctrinales, para luego referirse al numeral 4 de la cláusula de Antecedentes  del contrato de leasing y de allí señalar que “Ante la claridad de las referidas regulaciones contractuales, se impone concluir que, como al locatario correspondían las gestiones de obtención del cupo para la matrícula del vehículo automotor, igualmente resultaban de su cargo los gastos asociados a tal propósito”[13].

 

Luego se interna en indagar acerca de las conductas expresas o tácitas de la convocada para determinar si en la práctica del contrato de leasing se introdujeron modificaciones a las estipulaciones contractuales relacionadas con la matrícula del vehículo automotor; para lo cual, entra a estudiar las pruebas recaudadas en el proceso, analizando la prueba testimonial practicada, los documentos aportados por el convocante y los exhibidos por la parte convocada.

 

Tras asignar el merito probatorio a las pruebas practicadas concluye inicialmente entre otras consideraciones que: “ los dichos de la demanda en lo que hace referencia  a los cargos  que se le imputan a la convocada  carecen de respaldo probatorio, a pesar de que al convocante correspondía la carga demostrativa de los mismos. Cuando en la demanda se hacen las aseveraciones objeto de estudio, tales como que INVERSORA PICHINCHA  S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIMIENTO COMERCIAL se responsabilizó de los mencionados trámites, recurre para ello a afirmación definidas, que se caracterizan porque hacen referencia concreta a hechos que pueden ubicarse en espacio y tiempo, lo que le arrogaba la carga de la prueba. Sin embargo, por iniciativa del accionante no hay en el plenario medio alguno que de manera directa o indirecta permita establecer que los trámites en cuestión competían directamente y exclusivamente a la convocada”[14].

 

Posteriormente, explica las razones por las cuales aún entendiendo el contrato de leasing como de adhesión, no podrían salir airosas las pretensiones del convocante; para tal fin, define los contratos de adhesión y su vinculación con el artículo 1602 del C. Civil, doctrina respecto al tema, un concepto de la Superintendencia Financiera, cita el artículo 1624, precedente jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia en relación con la interpretación de los contratos; para de ahí  estimar que la naturaleza del contrato de leasing no es de adhesión y proceder a determinar frente al contrato de leasing que entre las partes no existió discusión preliminar acerca de las condiciones del contrato y que por el contrario, de las estipulaciones que hicieron las partes en la cláusula vigésima novena, radicaban en el locatario las obligaciones que eran motivo de demanda, las cuales no iban en detrimento del convocante ni mucho menos resultaba lesivo a sus derechos; amén que la cláusula décima segunda del contrato no podían interpretarse como ambiguas pues consagraba también dentro de las obligaciones del locatario, la de realizar todos los trámites de matrícula del vehículo automotor[15].

 

También hizo referencia al dictamen pericial (grafológico) practicado como prueba de oficio y la objeción por error grave planteada contra él teniendo en cuenta el concepto definido por la jurisprudencia y la doctrina, para darle valor probatorio a la prueba pericial que da cuenta de la falsedad de tres documentos que resultaban importantes para dilucidar el asunto, el cual a su juicio fue realizado de manera seria y concluyente al dar razones claras y coherentes, más aún si el mismo no fue objetado de manera válida ni reprochado con otros elementos probatorios[16].

 

Finalmente y en aplicación del artículo 252 inciso primero del C. de P. Civil, y doctrina respecto del valor probatorio de los documentos públicos, reprocha que el convocante no haya tachado de falso con la solicitud de intervención arbitral el certificado de tradición del vehículo automotor y mucho menos que se atribuyan responsabilidades a la convocada por no advertir de él las irregularidades en el trámite de la matrícula inicial[17] .

 

En este orden de ideas, para la Sala es claro que ni por asomo se estructura la circunstancia de haberse proferido un fallo en conciencia, pues como quedó reseñado, la decisión que se cuestiona se fundamenta en normas jurídicas, conceptos jurisprudenciales y en las pruebas obrantes en el expediente (testimonios, documentos, experticias), sin que sea del caso entrar a cuestionar a través del recurso de anulación los razonamientos jurídicos que realizaron los árbitros, la correcta aplicación de la ley y el análisis del mérito probatorio, como intencionalmente lo pretende el recurrente, al indicar que el laudo no hizo valoración alguna del régimen legal de tránsito y de las pruebas aportadas frente a dicha normatividad, atacando de esta manera las conclusiones jurídicas y la valoración de las pruebas consignadas en el laudo, con lo cual desatiende además la técnica procesal del recurso y desconoce su finalidad.

 

El juez que conoce del recurso de anulación no tiene competencia para estudiar e indagar sobre el fondo del asunto toda vez que no se trata de un recurso de alzada que permite al juzgador hacer un nuevo razonamiento jurídico del litigio puesto a su consideración.

 

Concluye entonces la Sala que, la causal de anulación que se invoca resulta impróspera ante la evidencia de un fallo en derecho y no en conciencia, toda vez que el Tribunal de Arbitramento realizó un estudio jurídico y probatorio del litigio puesto a su consideración, con sustento en la interpretación de normas jurídicas vigentes, en fuentes formales del derecho y valoración de las pruebas obrantes en el plenario conforme a la sana crítica.

 

2.3.- Causal prevista en el Núm. 8 del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998. Haberse recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido más de lo pedido

 

Ésta causal de anulación prevé la irregularidad del laudo arbitral por extralimitación de la órbita de competencia otorgada al Tribunal, bien sea por la Constitución Política, la ley o las partes del contrato, es decir, cuando el juez incurre en fallo ultrapetita y extrapetita.

 

Su finalidad es la de proteger el principio de congruencia que tiene consagración en el artículo 305 del C. de P. C., norma que impone al juez, una rigurosa adecuación del fallo con el objeto y la causa que identifican la pretensión y la oposición que, eventualmente, contra ella haya podido resultar planteada en el proceso, de tal suerte que no podrá condenar al demandando por objeto diferente del pretendido en la demanda ni por causa distinta a la invocada, ni por valor mayor al solicitado.

 

Quiere decir que la causal de inconsonancia del fallo “responde a un error in procedendo pues proviene del incumplimiento del juez de una norma de procedimiento que le impone un específico comportamiento al fallar, yerro determinado entonces por la disconformidad de la sentencia entre el objeto de la petición y la resolución” [18].


NOTA. SI DESEA CONOCER TODO EL CONTENIDO DEL PROCESO, POR FAVOR DIRIGIRSE A LA RELATORIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CALI.  BAJO ESTE NUMERO DE RADICACIÓN 

76001-91-11-000-2010-00010-01