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PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA DE DOMINIO

PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA DE DOMINIO.

Vivienda de interés social.

 

                                     

 

                                         REPUBLICA  DE  COLOMBIA

 

 

 

TRIBUNAL  SUPERIOR DE CALI

                                                   Sala Civil de Decisión

 

 

REFERENCIA COMPLETA:

Rad. Nal.: 76001-31-03-003-1996-11385-01

Rad. Int.: 1301

Proceso: Ordinario

Demandante: ÁLVARO NOREÑA SOTO

Demandado: ASOCIACIÓN  PROVIVIENDA POPULAR COLOMBIANA

Motivo: Apelación Sentencia

Procedencia: Juzgado 3 Civil del Circuito Cali

 

 

Magistrado Ponente:  

JULIÁN ALBERTO VILLEGAS PEREA.-

 

Santiago de Cali, Valle, abril dieciséis (16) de dos mil seis (2.006).-

 

Discutido y aprobado en Sala según  acta  N°. 091 de la fecha.

 

 

 

1.- INTROITO.      

 

Decide la Sala el recurso de apelación impetrado por la apoderada judicial de la parte demandante contra la sentencia No. 187 dictada el 5 de Diciembre de 2.007 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali, dentro del proceso ORDINARIO de pertenencia por PRESCRIPCION EXTRORIDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO propuesto por ALVARO NOREÑA SOTO en contra de la ASOCIACIÓN PROVIVIENDA POPULAR COLOMBIANA E INDETERMINADOS.

 

2.- ANTECEDENTES.

 

2.1.- El demandante, actuando por intermedio de apoderado judicial, pretende que se le reconozca mediante sentencia, el dominio pleno y absoluto del inmueble ubicado en la Diagonal 26P11 N° T87-60, lote No 10, manzana 15A del plano de lotes del Barrio Marroquín II etapa de la ciudad de Cali (V), el cual se encuentra comprendido entre los siguientes linderos: NORTE: Con la diagonal 26 P-11; SUR: Con el lote N° 11 de la misma manzana; ORIENTE: Con el lote N° 9 de la misma manzana; y OCCIDENTE: Con la Transversal 93 y casa sobre él construida. Dicho predio se encuentra especificado bajo el N° R-410-016-OOO, el que a su vez hace parte de otro inmueble de mayor extención cuya Matrícula Inmobiliaria es la Nro. 370-0009183; solicita así mismo que como consecuencia de lo anterior se ordene la inscripción de la sentencia en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria.

 

2.2.- Para elevar su pretensión, expone el demandante, que ha poseído de manera, real, material, quieta, pacífica, pública, continua e ininterrumpidamente desde hace mas de 5 años el inmueble arriba reseñado, sin perturbaciones de ninguna índole, ejecutando hechos positivos que le dan el derecho a reclamar el dominio del bien, además de pagos de impuestos, servicios públicos, catastro y predial. Agrega que el bien objeto de prescripción inicialmente perteneció a su hermana LIGIA NOREÑA SOTO, quien para el 8 de julio de 1987 canceló el valor del lote No 10 de la manzana 15A como consta en el recibo N° 22776 por valor de $3´499.900 expedido por la Asociación Provivienda Popular Colombiana, y que posteriormente ésta falleció el 18 de enero de 1988, continuando el señor ALVARO NOREÑA SOTO con la posesión del inmueble objeto de este litigio.   

 

3.- ACTUACIÓN PROCESAL EN LA PRIMERA INSTANCIA.

 

Presentada y admitida la demanda, se ordenó el traslado de ley al demandado así como el de las personas indeterminadas, en los términos del artículo 407 del C.de P. Civil. El día 15 de mayo de 1998 se notifica del auto admisorio de la demanda a la ASOCIACIÓN PROVIVIENDA POPULAR, quien presentó escrito alusivo a la demanda sin proponer excepciones.

 

Practicadas las pruebas, se corrió traslado a las partes para los respectivos alegatos de conclusión, haciendo uso de este derecho únicamente el apoderado de la parte actora.

                      El juzgado, en auto de junio 26 de 1997, previo emplazamiento del demandado, designó curador Ad-litem de las personas indeterminadas, con quien se surtió la notificación habiéndose pronunciado en tiempo diciendo atenerse a lo que se probase en la relación. Surtidas entonces las restantes etapas procesales se profirió sentencia negando las pretensiones del demandante.

 

4.- SENTENCIA APELADA.

 

El Juez A Quo, luego de identificar a las partes del proceso, referirse a los hechos y pretensiones planteadas en el libelo genitor, y señalar el discurrir procesal, aborda el estudio de la pretensión incoada previo análisis de los denominados presupuestos procesales, la cual es negada sobre la base de no contar el tiempo suficiente para alcanzar la usucapio extraordinaria, pues –dice-, de los hechos y el acervo probatorio incorporado en esa instancia se puede inferir que el demandante tomó posesión del bien hace 8 años, término que no satisface lo preceptuado en el artículo 1º de la ley 50 de 1936, la cual redujo a veinte (20) años el tiempo para la prescripción extraordinaria.

 

En materia de prescripción tanto ordinaria como extraordinaria, según la sentencia apelada, se permite incorporar a la propia posesión la de los que le hayan precedido en ella, a fin de ser posible la usucapión. Esta transmisión de la posesión puede realizarse ya sea a título universal, a través de la sucesión mortis causa, o por un título singular entre vivos, bien a través de contrato de compraventa, donación, etc., o también por título singular mortis causa constituido por un legado.  

 

                        Se entiende de la preceptiva transcrita (se refiere al artículo 778[1] del C. Civil) que en un principio y por ser la posesión un hecho y no un derecho (es) intransferible, pero aquí de manera excepcional en esta clase de eventos …” y según el artículo 2521 del Código Civil,  es susceptible añadir la posesión de manera continua entre los varios sucesores para así, de esta manera, sumarlos con el ánimo de completar el tiempo requerido por la ley y poder usucapir.

                        Para que la suma de posesiones entre los antecesores y el prescribiente   opere en forma plena, se requiere la existencia de un lazo jurídico o un título universal como el de la sucesion, un legado o un  titulo singular entre vivos, motivo este por el cual el último poseedor, de no mediar ese nexo jurídico, se vería limitado a iniciar con sus actos el conteo de una nueva posesion sobre el bien, puesto que se rompería la cadena posesoria.

                     

                        En el fallo de primera instancia el juzgado no encontró que la parte demandante acreditara el parentesco entre el demandante y la señora LIGIA NOREÑA SOTO, así como tampoco la prueba del traspaso del hecho de la posesión.

 

                        El Juez tercero Civil del Circuito negó las pretensiones del demandante al no haberse cumplido –a su parecer- con los requisitos esenciales para la prosperidad de la pretensión, pues no se acreditó la continuidad de la cadena posesoria y su transmisión de uno a otro poseedor, elemento estructurante de la pretensión invocada, cuya demostración corría por cuenta del actor.

 

                        5.- LA APELACION.

 

                        La decisión anterior fue recurrida en apelación por la parte activa, aduciendo que  se interpuso la demanda basándose en la ley 9ª de 1989 de reforma urbana, en la cual  se redujo a cinco años el tiempo necesario para la prescripción  adquisitiva extraordinaria de las viviendas de interés social; ya que según el  apelante el inmueble tiene esa característica especial (folio 138 C.1).

 

6.- CONSIDERACIONES.

 

6.1.- CONDICIONES DEL RECURSO DE APELACIÓN.

 

Delanteramente se dice que existirá completa amplitud en el estudio de la Sala, como que el tema a debatir ante el ad quem abarca toda la discusión litigiosa, y por ende sin lugar a miramientos del principio de la no reformatio in peius y del límite de la alzada (art. 357 del C. de P. Civil).

Sea del caso anotar seguidamente que el surtimiento del recurso se hizo con el lleno de las formalidades que establece nuestro Estatuto procedimental civil, y procede desatarlo, como que el medio impugnaticio es procedente, quien lo interpone está legitimado para hacerlo dado que la decisión le fue adversa in integrum, y es llegada la oportunidad para desatarlo.

 

6.2- PRESUPUESTOS PROCESALES.

 

Los presupuestos procesales se encuentran presentes en la relación urdida, como que el Juez de primera instancia es competente para conocer y fallar esta clase de procesos, pues la competencia para conocer de ellos está reservada en primera instancia exclusivamente a los jueces del circuito (art.16 Nral. 4º); tanto demandante como demandado demuestran su capacidad para ser parte con su sola existencia material, y al no obrar prueba que permita inferir que en ellos concurre alguna de las causales de inhabilidad, se presume de derecho que tienen también capacidad procesal; el libelo introductor es lo bastante para ser tenido como demanda en forma de acuerdo a la ley procedimental civil; y, finalmente, se aprecia que esta Corporación tiene competencia para conocer del recurso vertical ya que es el superior funcional del Juzgado del conocimiento.

 

6.3.- LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA.

 

                        Decantado se presenta hoy este concepto, y se sabe que no se trata de un presupuesto procesal, sino de un presupuesto material de la pretensión, cuya verificación está reservada para la sentencia.

 

                        Ahora bien, según claras previsiones legislativas están legitimados en la causa por activa todo aquél que crea haber adquirido el bien por el modo de la prescripción, sea ordinaria o extraordinaria, y sea que se trate de poseedor único y exclusivo, comunero o acreedor del poseedor en lo que se ha dado por llamar acción oblicua. Así lo establecen de manera diáfana los numerales 1°, 2° y 3° del artículo 407 del C. de P. C.  Por pasiva la pretensión deberá dirigirse contra los titulares de derechos reales sobre el bien reclamado en usucapión y en todo caso deberá ordenarse el emplazamiento de las personas que se crean con derechos sobre el respectivo bien.

 

                        Este presupuesto de la pretensión en el caso examinado no acusa ninguna deficiencia como quiera que el actor cree haber adquirido el bien por prescripción, y por pasiva concurren tanto la titular del derecho de dominio, como las demás personas indeterminadas.

                       

6.4.- DE LA ACCION EJERCITADA Y LOS ARGUMENTOS APELATICIOS.

 

6.4.1.-  Ostensiblemente claro, es la que previene nuestra legislación civil como acción ordinaria de declaración de pertenencia (o usucapio), por haberse dado los supuestos de la prescripción extraordinaria adquisitiva del dominio de un bien urbano; en este evento trátese de un inmueble ubicado en el área urbana del Municipio de Cali, Valle del Cauca. Sólo que creyendo el a quo estar el actor ejercitando una prescripción extraordinaria veintenaria de la del C. Civil, en realidad no echó de ver que la ejercitada, según se desprende de una lectura sistemática e integral de la demanda (pretensión, petitum y causa petendi), era la prescripción prevista en la ley 9ª de 1989 con sus normativas modificatorias, que parte del supuesto de posesión quinquenal.

 

Ahora bien, sábese teóricamente que la prescripción al decir del Art. 2512 del C. Civil “…es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales”.

 

                        Como modo de adquirir las cosas ajenas (art. 2.512 del C.C.), necesita ciertos presupuestos para su prosperidad, que han sido minuciosamente precisados por la doctrina patria. Y que se concretan en que recaiga sobre un bien prescriptible y que quien pretenda la declaración en este sentido, pruebe que lo ha poseído de manera inequívoca, pacífica, pública e ininterrumpida por un período no inferior a 20 años cuando de prescripción extraordinaria se trata.

                        Por consiguiente, quien alegue en su favor la  prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio ha de demostrar que ha poseído la cosa objeto del litigio durante el lapso de tiempo que prescribe la ley.

 

                        En lo que respecta a la identificación del fenómeno de la posesión, se ha dicho que se apoya en dos elementos bien diferentes, uno de los cuales hace relación al simple poder de hecho o apoderamiento material de la cosa, es decir, a su detentación física (Corpus), y el otro, de linaje subjetivo, intelectual o sicológico, que consiste en que el poseedor se comporte como su dueño, que tenga la cosa como suya, como su propietario, lo que se traduce en la ejecución de actos inherentes al derecho de dominio, evitando además que otros invadan ese poder que como propietario, dueño y señor de la cosa que tiene.

 

                        De lo anterior surgen los denominados “elementos o supuestos de hecho” de la pretensión, los cuales se pueden enlistar así: a) Que sobre dicho bien se ejerza por quien pretende haber adquirido su dominio un hecho de posesión (corpus y ánimus); b) que dicha posesión haya durado un tiempo no inferior al dispuesto en la Ley; c) que esa posesión sea ejercida de manera pública e ininterrumpida; y d) que la cosa o derecho sobre la cual se ejerce la posesión sea susceptible de adquirirse por ese medio.

 

6.4.2.- Sin menoscabo del estudio en breve sobre esta acción aplicada al evento sub examine que adelante se haga, entra la Sala a considerar el argumento central y único de la apelación, consistente en que debió obrar aquí la nueva normativa sobre prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio sobre viviendas de interés social (según atrás se anotó), contemplada  en la ley 9ª de 1989 de reforma urbana, y no abordar el fenómeno prescriptivo desde la óptica del A-Quo que utilizó como piedra de toque de la argumentación, la suma de posesiones bajo los parámetros del artículo  2521, 2518, 2512 y 2532 del Código Civil.

 

En efecto, recordemos que la prescripción adquisitiva es una institución de origen legal y por ende es al legislador a quien corresponde determinar  sus características, requisitos, los términos en que opera, cuándo y cómo se interrumpen, cuándo y cómo se comienza a contar. En este orden, hay que afirmar que la prescripción tiene dos aspectos: por un lado, es un modo de adquirir el dominio y otros derechos reales y, por el otro, constituye un medio de extinguir las acciones o derechos. La primera de ellas ha sido denominada como prescripción adquisitiva o usucapión y la segunda como prescripción extintiva, constituyendo el fin último de una y otra, la preservación del principio de la seguridad jurídica, es decir, que este instituto busca proporcionar a las personas estabilidad en sus relaciones frente al derecho, al tiempo que contribuye a la paz social, al señalar límites temporales para adelantar las controversias y ejercer las acciones  judiciales.

 

 De acuerdo a los planteamientos precedentes, la Ley 9ª de 1989 estableció algunas particularidades específicas para el trámite de los procesos de pertenencia relativos a la vivienda de interés social, y que dichas particularidades obedecen a que el Legislador consideró necesario incorporarlas con el fin de agilizar y hacer efectiva la prescripción a favor de los poseedores materiales de viviendas que encuadran en la definición de interés social que son personas de bajo perfil socioeconómico, desprotegidas, con medios inexistentes para alimentar su patrimonio, y por ende merecedoras de garantías y facilidades procesales de tal entidad que les dé la posibilidad real de legalizar a su favor modestísimas viviendas.

 

En ese orden de ideas, en cada Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno Nacional establecerá el tipo y precio máximo de las soluciones destinadas a estos hogares teniendo en cuenta, entre otros aspectos, las características del déficit habitacional, las posibilidades de acceso al crédito de los hogares, las condiciones de la oferta, el monto de recursos de crédito disponibles por parte del sector financiero y la suma de fondos del Estado destinado a los programas de vivienda; Ahora  bien, ¿qué se entiende por viviendas de interés social ? La misma Ley 9ª de 1989 se encarga de definir tal concepto.

 

Así, el artículo 44 de la mentada ley, advierte entender por vivienda de interés social “todas aquellas soluciones de vivienda cuya precio de adquisición o adjudicación sea o haya sido en la fecha de su adquisición: (…)

Inferior o igual a ciento treinta y cinco (135) salarios mínimos legales mensuales en las ciudades en las cuales, según el último censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, cuenten con más de quinientos mil (500.000) habitantes”.

 

Ese artículo fue reformado por el artículo 91 de la ley 388 de 1997, al consagrar:

 

Parágrafo 1º. Las disposiciones expedidas por el Gobierno Nacional en ejercicio de la potestad reglamentaria del presente artículo que hagan referencia a ciudades con más de quinientos mil (500.000) habitantes, serán aplicables a los municipios aledaños dentro de su área de influencia y hasta una distancia no mayor de cincuenta (50) kilómetros de los límites del perímetro urbano de la respectiva ciudad, que evidencie impactos directos en la demanda de suelos e inmuebles urbanos, derivados de un elevado grado de accesibilidad e interrelaciones económicas y sociales, lo mismo que a los demás municipios que integren el área metropolitana, cuando fuere del caso.

 

Parágrafo 2º. El precio de este tipo de viviendas corresponderá al valor de las mismas en la fecha de su adquisición o adjudicación”.

 

De esta forma, las viviendas de interés social son aquellas destinadas a los sectores más pobres de la sociedad, los cuales deben recibir una especial protección de las autoridades, en un Estado social de derecho como el colombiano (C.P. Artículo 1, 2 y 13), todo ello acorde con el derecho fundamental a tener una Vivienda digna (C.P. Artículo 51), aplicable con especial atención a las personas de escasos recursos, dentro de programas de reforma y planeación urbana, que cuentan con un fundamento constitucional expreso. En efecto, el artículo 51 de la Carta preceptúa: "Todos los colombianos tienen derecho a vivienda diga. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social. Sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda[2].

 

Como epílogo de lo expuesto, con el fin de armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9a. de 1989 con las nuevas normas establecidas en la Constitución Política, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas y la Ley por la que se crea el Sistema Nacional Ambiental, el Legislador creó la ley 388 de 1997, por la cual se modificó la ley 9ª .de 1989, y la ley 3ª. De 1991.

 

En todo caso, los recursos en dinero o en especie que destine el Gobierno Nacional, en desarrollo de obligaciones legales, para promover la vivienda de interés social se dirigirán prioritariamente a atender la población más pobre del país, de acuerdo con los indicadores de necesidades básicas insatisfechas y los resultados de los estudios de ingresos y gastos. En consecuencia, la ley 9ª de 1989 en su artículo 51 estableció que a partir del primero (1) de enero de 1990, se reduce a cinco (5) años el tiempo necesario para la prescripción adquisitiva extraordinaria de viviendas de interés social y a tres años el tiempo necesario para la prescripción adquisitiva ordinaria.  Rezando su Parágrafo.Se exceptúan los bienes de propiedad de los munici­pios y de las juntas de acción comunal, que no podrán adquirirse por prescrip­ción. Estas sentencias según el artículo 52,  inciso tercero, no serán consultadas

 

Sobre la aplicación de la nueva ley reza el artículo 41 de la ley 153 de 1887: “La prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere completado aun al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podrá ser regida por la primera o la segunda, a voluntad del prescribiente; pero eligiéndose la última, la prescripción no empezará a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiere empezado a regir (Subraya la Sala).

 

Ahora bien, en el deber del juzgador de desentrañar la verdad real que llegue a emerger del proceso, una vez promovida la acción, en guarda de caros principios de derecho procesal constitucional como el de la sustancialidad prevalente sobre las formas, el de la tutela efectiva, y el de acceso a la Administración de Justicia, se hace menester determinar si el demandante cumple el tiempo de la posesión, como que no obstante su apoderada invocó como regla de acción el supuesto de la nueva ley (9ª de 1989) de cuyos beneficios ya se vio aplica, el usucapiente, tanto en su demanda como en el recurso democrático de la doble instancia, siempre aludió a una expresión que concita el mentado breve examen, cuál fue la de afirmar que poseía el objeto de su acción por más de cinco años, alocución que denota la posibilidad que genera el examen en comento, es decir de haber permanecido como poseedor por espacio de por lo menos cinco (5) años en el inmueble.

 

6.4.3.- En tales condiciones, la sala abordó el análisis del fenómeno prescriptivo objeto de la pretensión deprecada en la parte introductoria de este proveído, y para ello, considera pertinente evaluar los elementos de prueba que ratifiquen o desestimen el tiempo de posesión del inmueble referenciado; en efecto, observamos dos grupos de pruebas de diferente medio, uno perteneciente al medio documental y el otro al testimonial, y en el primer grupo, diversos documentos entre los cuales se encuentran recibos de pagos por concepto de servicios públicos, impuesto de predial y valorización del inmueble referenciado (folio 23, C.2); relación de fotos de las mejoras realizadas (a folio 27,C.2); también copia autenticada del contrato de arrendamiento con fecha  24 de enero de 1996 suscrito por los señores FABIO RAMOS LLANOS y ALVARO NOREÑA en donde se estipula un precio de setenta mil pesos ($70.000 ) y un tiempo de duración de un año (a folio 10, C.1).

 

En este acervo probatorio, en respuesta al oficio N°0837, la Oficina de Catastro Municipal certificó que la vivienda ubicada en la Diagonal 26 P N° T87-60, lote N°.10, manzana 15 A del plano de lotes del Barrio Marroquín II etapa de esta ciudad, si tiene el carácter de interés social (a folio 138, C.1).

 

6.4.4.- En cuanto al segundo grupo, el testimonial, encontramos que las deponencias del señor FERNANDO DE JESÚS PÉREZ DIOSA, sin  ningún vínculo o parentesco con las partes intervinientes dentro del presente proceso, son concordantes al afirmar que conoció al señor ALVARO NOREÑA desde hace aproximadamente 16 años, dentro de los cuales coadyuvó al demandante en la realización de algunas mejoras en el susodicho inmueble, en donde el usucapiente  sufragaba todos los gastos, incluyendo la mano de obra ( a folio  1,C.1). Dentro de ese interregno de tiempo el testigo vivió en el inmueble por un tiempo aproximado de un año y medio, pagándole consecutivamente los cánones de arrendamiento al señor NOREÑA.

 

6.4.5.- Sin hesitación alguna, se infiere de esta probática que el actor ha tenido animus dominii (intención de ser dueño), y para percibir esta circunstancia que pertenece al campo de la psiquis es necesario tomar como punto de partida la exteriorización de los hechos que la hagan presumir; y estos actos externos adquieren connotación jurídica cuando son consecuencia del comportamiento asumido por el poseedor, que se traduce en señorío sobre la cosa detentada.[3]  En el sub-examine no ofrece mayor dificultad el aspecto relacionado con la aprehensión material del inmueble por parte de la demandante toda vez que la prueba acopiada así lo revela.

 

Valga recordar, y como atrás se dijo, que bajo los parámetros del artículo 41 de la ley 153 de 1887, el cómputo para la prescripción debe realizarse desde la fecha en que hubiere empezado a regir la nueva ley, es decir, para nuestro caso, la ley 9 de 1989 empezó a regir el 11 de enero de 1989, en consecuencia es a partir de esa última fecha que se debe hacer el computo respectivo. Si nos detenemos a observar, fácil advertimos que entre la fecha de vigencia de la ley 9ª y la de la presentación de la demanda que fue el 21 de junio de 1996, transcurrieron mas de los cinco (5) años establecidos por la mencionada ley para alegar la Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de dominio sobre viviendas de interés social, entonces aquí claramente se abre paso la aplicación de la norma en comento.

 

7.- CONCLUSIÓN

 

Corolario de lo expuesto, vemos cómo todo el material probatorio apunta a que en el mejor de los casos el demandante logró demostrar haber ejercido actos de posesión sobre el inmueble por un tiempo máximo de 8 años, tiempo con el cual alcanzaría a cumplir el requisito de 5 años que se exige para la Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de dominio de viviendas de interés social.

 

8.- RESOLUCION.

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

 

                         RESUELVE:

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia apelada, de conformidad con los motivos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

 

SEGUNDO.- DECLARAR que pertenece el dominio pleno y absoluto al señor ALVARO NOREÑA SOTO, del inmueble ubicado en la Diagonal 26P 11 No.T87-60 Lote No.10 manzana 15 A de la nomenclatura urbana de Santiago de Cali-Valle, el cual corresponde al predio No. R-410-016-000, que a su vez hace parte de otro de mayor extensión identificado con la matrícula inmobiliaria No.370-0009183, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, inmueble cuyos linderos y demás características que lo individualizan se encuentran consignadas en la parte introductoria del líbelo genitor, por haberlo adquirido a través de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio.

 

TERCERO.- Para que surta efectos legales, inscríbase esta sentencia en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la ciudad de Cali, en el folio de matrícula inmobiliaria No. 370-0009183 para lo cual se expedirán las copias respectivas.

 

CUARTO.- ORDENASE la cancelación de la inscripción de la demanda dispuesta en el presente proceso. .

 

Ofíciese a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de esta ciudad.

 

NOTIFIQUESE

 

El Magistrado Ponente,

 

 

 

 

JULIAN ALBERTO VILLEGAS PEREA

 

Los restantes Magistrados integrantes de la Sala,

 

 

 

 

JULIO CESAR CABRERA REALPE - FLAVIO EDUARDO CORDOBA FUERTES

        

o encuentra respaldo a la causa en la escasa prueba testimonial allegada a su favor, ni en el abundante material probatorio documental, que lo único que logra demostrar es la posesión a partir del año 1982, año en el cual la demandada debió dejar el inmueble obligada por los malos tratos a que era sometida por el señor demandante, dejando de sufragar los gastos derivados del mismo, siendo éstos pagados por el señor JONAS HIGUERA a partir de esa anualidad.

 

Reiterase, a quien invoca este tipo de usucapión le corresponde demostrar fehacientemente que sobre el bien objeto de su pretensión ha ejecutado actos positivos o materiales que sin lugar a dudas exteriorizan su señorío o actitud de dueño, todo en forma pública e ininterrumpida, sin violencia ni clandestinidad.

                                              

La posesión se define como “la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en el lugar y a nombre de él.” Así lo establece el artículo 762 C.C., norma que además precisa: “El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo.”

 

La posesión se configura entonces por una serie de hechos que tienen proyección en el tiempo y en el espacio, y como es condición esencial para la prosperidad de la declaración de pertenencia, corresponde al accionante probar a plenitud que aquellos tuvieron ocurrencia durante todo el lapso de ley.

 

 Debe observarse adicionalmente que al traducirse en hechos, la posesión material se puede acreditar por aquellos medios probatorios que pongan en evidencia los elementos que la constituyen, esto es, la aprehensión material (corpus) y el ánimo de señorío (animus).  Aunque este último es un elemento intrínseco y por tanto escapa a la percepción directa de los sentidos, sí puede presumirse por la existencia de otros hechos externos e indiciarios, que serán indicadores de la relación posesoria, mientras no figuren otros en contrario. Desde luego que en la materia la prueba expedita es la testimonial, por cuyo conducto bien puede demostrarse la posesión material, traducida en hechos y actos que la suponen, obviamente, aquella debe ser acompasada con la inspección judicial obligatoria para este tipo de procesos.

 

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Ley 1183 de 2008 Nivel Nacional


 

 

Fecha de Expedición:

14/01/2008

 

 

Fecha de Entrada en Vigencia:

14/01/2008

 

 

Medio de Publicación:

Diario Oficial 46871 de enero 14 de 2008

 

 

 

Contenido del Documento

 

 

 

 

 

LEY 1183 DE 2008

(enero 14)

Reglamentada por el Decreto Nacional 2742 de 2008

por medio de la cual se asignan unas funciones a los Notarios.

El Congreso de Colombia

Ver la Ley 1182 de 2007

DECRETA:

CAPITULO I

De la posesión inscrita

Artículo 1°. Declaración de la posesión regular. Los poseedores materiales de inmuebles urbanos de estratos uno y dos que carezcan de título inscrito, podrán solicitar ante notario del círculo donde esté ubicado el inmueble, la inscripción de la declaración de la calidad de poseedores regulares de dichos bienes, a fin de quedar habilitados para adquirir su dominio por prescripción ordinaria, de acuerdo con la ley y en los términos y plazos señalados por la Ley 791 de 2002 y las leyes especiales que reglamentan el dominio de los bienes considerados Vivienda de Interés Social, VIS.

En caso de presentarse oposición durante cualquier etapa de la actuación ante el notario, se ordenará el archivo de las diligencias.

Artículo 2°. Requisitos. Para efectos de la inscripción de la posesión a que se refiere el artículo anterior, el solicitante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Estar en posesión regular del inmueble en nombre propio en forma continua y exclusiva, sin violencia ni clandestinidad durante un año continuo o más.

2. Acreditar que no existe proceso pendiente en su contra en el que se discuta el dominio o posesión del inmueble iniciado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.

No será obstáculo para la inscripción de la posesión la circunstancia de que existan inscripciones anteriores sobre todo o parte del mismo inmueble.

Artículo 3°. Título aparente. Se tendrán, entre otros, como títulos aparentes para la inscripción de la declaración de posesión regular:

1. La promesa de compraventa cuando esta haya dado origen a la entrega del inmueble.

2. La adquisición de mejoras o de derechos y acciones sobre el inmueble, sea por instrumento público o privado.

Artículo 4°. Prueba de la posesión material. La posesión material deberá probarse en la forma establecida en el artículo 981 del Código Civil y además se podrá acreditar con la prueba del pago de los impuestos, contribuciones y valorizaciones de carácter distrital, municipal o departamental.

Artículo 5°. Contenido de la solicitud. El interesado en obtener la inscripción de la declaración de posesión regular sobre un inmueble deberá presentar solicitud ante notario, a fin de otorgar una escritura pública que acredite dicha posesión. La solicitud deberá contener:

1. La identificación del solicitante, y de su cónyuge o compañero permanente, domicilio, estado civil y condición en la que actúa.

2. La identificación del inmueble, nomenclatura, certificación y planos catastrales, linderos y cabida.

3. La declaración jurada en la que el solicitante afirme que no existen procesos pendientes sobre la propiedad o posesión del inmueble iniciados con anterioridad a la fecha de la solicitud.

Artículo 6°. Documentos anexos. Con la escritura de que trata el artículo anterior se deberán protocolizar los siguientes documentos:

1. La certificación y planos catastrales del inmueble con indicación de su localización, cabida y linderos.

2. Los recibos de pago de los impuestos, contribuciones y valorizaciones causados por el inmueble y pagados por el solicitante y con una antigüedad de por lo menos un año.

3. Las declaraciones y pruebas que a juicio del solicitante le permitan demostrar que ha ejercido posesión regular de forma pública, continua y pacífica sobre el inmueble durante el año anterior a la fecha de la solicitud.

Artículo 7°. Registro. Una vez autorizada la solicitud, la escritura pública será inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo donde se encuentre ubicado el inmueble.

Artículo 8°. Inscripción en el folio de matrícula del inmueble. El Registrador de Instrumentos Públicos deberá practicar la inscripción de la declaración de posesión regular a requerimiento del interesado en el folio de matrícula del inmueble bajo el código de "Inscripción de Declaración de Posesión Regular"

Artículo 9°. Excepciones a la inscripción de la declaración de posesión regular. El procedimiento fijado en el presente capítulo solamente operará para la inscripción de la declaración de la posesión regular, excluyéndose de manera perentoria respecto de la posesión adquirida mediante violencia, engaño, testaferrato, desplazamiento forzado o que recaiga sobre inmuebles situados en zonas de protección ambiental o de alto riesgo o desarrollos no autorizados por las autoridades de planeación.

CAPITULO II

De la declaratoria de prescripción de vivienda de interés social

Artículo  10. INEXEQUIBLE.  Declaratoria de prescripción adquisitiva. Sin perjuicio de la competencia de los Jueces de la República, los poseedores de bienes inmuebles urbanos considerados como vivienda de interés social de estratos uno y dos de los municipios de categoría especial, primera y segunda, podrán solicitar ante notario del círculo donde esté ubicado el inmueble, la declaratoria de prescripción adquisitiva del dominio, siempre que no exista oposición por parte de terceros que aleguen igual o mejor derecho al del solicitante y que se trate de posesión regular de forma pública, continua y pacífica.

Para la declaratoria de prescripción adquisitiva de dominio, los interesados acudirán mediante escrito presentado ante notario por intermedio de abogado, que contendrá:

1. La identificación del solicitante, y de su cónyuge o compañero permanente, domicilio, estado civil y condición en la que actúa.

2. La identificación del inmueble, nomenclatura, planos y certificación catastral, linderos y cabida.

3. La identificación de la persona o personas que figuren como titulares de derechos reales sobre el bien, indicando las direcciones para su notificación. En caso de ignorarse el lugar de residencia de quienes deban ser citados, deberá indicarse tal circunstancia bajo la gravedad del juramento que se entenderá prestado con la presentación de la solicitud.

4. El Certificado de Tradición y Libertad en donde conste el Folio de Matrícula Inmobiliaria correspondiente al inmueble de que se trate.

5. Si lo que se pretende prescribir es una parte del predio, deberá acompañarse, además, el plano y certificado catastrales en que se indiquen los linderos y cabida de la parte del predio sobre el cual se ha venido ejerciendo la posesión.

6. La declaración bajo juramento del solicitante, que se entenderá prestado con la presentación del escrito, de que no existe juicio pendiente en su contra o en contra de su cónyuge o compañero en la que se discuta la propiedad o posesión del inmueble iniciado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.

7. La declaración del impuesto predial o paz y salvo municipal en que conste el valor catastral del inmueble correspondiente a la vigencia de la solicitud.

8. Los documentos, declaraciones y demás pruebas que a juicio del solicitante le permitan demostrar que ha ejercido posesión pública, continua y pacífica sobre el inmueble durante el plazo establecido en la ley.

9. En caso de que se pretenda la prescripción ordinaria del bien, con fundamento en la inscripción de la declaración de la calidad de poseedores regulares, copia auténtica de la escritura de que trata el capítulo anterior, debidamente registrada. Para efectos de la presente ley, una vez inscrita la escritura que acredite la posesión regular en el Folio de Matrícula Inmobiliaria conforme se ordena en los artículos 7° y 8°, empezará a contabilizarse el término de prescripción, de acuerdo a los plazos y condiciones señalados por la Ley 791 de 2002 y las leyes especiales que reglamentan el dominio de los bienes considerados Vivienda de Interés Social, VIS.

Corte Constitucional Sentencia C-1142 de 2008.

Artículo  11. INEXEQUIBLE.  Admisión y notificaciones. Si la solicitud y la documentación anexa se ajustan a las disposiciones de la presente ley, el notario aceptará el trámite mediante acta y ordenará la citación de las personas determinadas e indeterminadas que pudieran alegar derechos sobre el bien. Para este fin el notario adelantará el trámite de notificación personal y, si es del caso, de notificación por aviso, en los términos consagrados en los artículos 315 y 320 del Código de Procedimiento Civil, frente a cada uno de los titulares de derechos reales, de acuerdo con la dirección indicada por el solicitante. En caso de no haberse suministrado tal información, se ordenará su emplazamiento en la forma prevista en el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil.

También ordenará el emplazamiento de las personas que se crean con derechos sobre el respectivo inmueble siguiendo las mismas reglas establecidas en los numerales 6 y 7 del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil.

Igualmente dará aviso a la Secretaría de Planeación Distrital o Municipal, según el caso, para que, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la comunicación, conceptúen sobre la viabilidad de la prescripción atendiendo a que los bienes cuya declaratoria de pertenencia se solicita no se encuentren en zonas que sean objeto de protección ambiental o que sean consideradas de alto riesgo. Si la autoridad de planeación no se pronunciarse dentro del plazo fijado, el notario dejará constancia de tal circunstancia y podrá seguir adelante con el trámite de declaratoria de pertenencia. En ningún caso, la omisión en el pronunciamiento de las autoridades de planeación cambia la naturaleza jurídica de las zonas de protección ambiental y de las prohibiciones que existan en materia de imprescriptibilidad, conforme a lo previsto en la presente ley.

Parágrafo 1°. Las personas asentadas en zonas de alto riesgo frente a las cuales no proceda la prescripción adquisitiva de dominio, serán beneficiarias de planes de reubicación por parte de las autoridades locales, conforme a lo previsto en la ley o en el reglamento.

Parágrafo 2°. Para efectos de la citación prevista en el inciso 1° de este artículo, el notario podrá ejercer las atribuciones previstas en el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil.

Corte Constitucional Sentencia C-1142 de 2008.

Artículo  12.  INEXEQUIBLE. Conciliación. Si dentro del término de emplazamiento y notificación se presentaren personas que aleguen derechos sobre el bien, el notario dispondrá lo necesario para adelantar una audiencia de conciliación a fin de intentar un arreglo entre las partes interesadas. Corte Constitucional Sentencia C-1142 de 2008.

Artículo  13. INEXEQUIBLE.  Ausencia de oposiciones y acuerdo conciliatorio. Cuando no se presentaren oposiciones o, cuando habiéndose presentado, se hubiere llegado a un acuerdo conciliatorio se procederá al otorgamiento de la escritura pública en la cual se declare la prescripción del bien, la cual será objeto de registro.

Presentadas oposiciones por parte de terceros, si no fuere posible lograr un acuerdo conciliatorio, se archivará la solicitud quedando las partes en libertad de acudir ante los Jueces de la República para solucionar sus diferencias. Corte Constitucional Sentencia C-1142 de 2008.

Artículo  14. INEXEQUIBLE.  Mala fe. Las inexactitudes en la información suministrada por el solicitante, tales como la afirmación de no existir procesos pendientes, la ocultación del lugar donde pueden ser notificados los titulares de derechos reales sobre el bien, o las manifestaciones sobre el ejercicio de la posesión en forma pública, continua y pacífica, darán lugar a las acciones contempladas por el Código Penal, al pago de los perjuicios a los terceros afectados y demás sanciones que las leyes establezcan. Igualmente, los particulares que resulten afectados en virtud del desconocimiento de sus derechos podrán adelantar las acciones pertinentes para obtener la declaratoria de nulidad del acto por medio del cual se reconoce la posesión regular o se declara la prescripción junto con la consecuente reivindicación del bien, conforme a las reglas y procedimientos previstos en la ley. Corte Constitucional Sentencia C-1142 de 2008.

CAPITULO III

Disposiciones generales

Artículo 15. Sistema de Reparto y Matrícula Inmobiliaria. Los actos que deban celebrarse mediante escritura pública en los términos previstos en esta ley, cuando en el círculo de que se trate haya más de una notaría, se repartirán equitativamente entre las que existan. La Superintendencia de Notariado y Registro establecerá el procedimiento de reparto, de modo que no se impongan cargas excesivas ni desproporcionadas a cargo de ningún notario.

Adicionalmente, y si es del caso, el Registrador de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos deberá asignar el folio o los folios en el evento de que el inmueble objeto de posesión o prescripción, carezca de matrícula inmobiliaria, con base en el plano y certificación catastrales correspondientes.

Artículo 16. Afectación a Vivienda Familiar. Los inmuebles adquiridos como consecuencia de la prescripción establecida en esta ley quedarán afectados por ministerio de la ley, al régimen de vivienda familiar, de que trata la Ley 258 de 1996, cuando el adquirente sea casado o viva en unión material de hecho permanente.

La afectación a vivienda familiar no será obstáculo para que las cooperativas y las entidades financieras debidamente autorizadas por el Gobierno Nacional, otorguen créditos para la construcción y mejora de tales inmuebles y los acepten como garantías de sus créditos, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 258 de 1996.

Artículo 17. Bienes imprescriptibles. No podrán ser objeto de posesión ni prescripción los bienes de uso público, ni los fiscales, ni los parques naturales, no los que se encuentren dentro de las reservas forestales, ecológicas o en zonas no urbanizables, ni los que pertenezcan a las comunidades indígenas o negritudes señalados por la Constitución Política y en general los que la ley declara como imprescriptibles.

Tampoco podrán acogerse a esta ley los inmuebles ubicados en zonas que a juicio del Gobierno Nacional estén afectados por fenómenos de violencia o desplazamiento forzado.

Artículo 18. Subsidios de Vivienda. Los adquirentes de vivienda mediante el procedimiento previsto en esta ley, no perderán por ese hecho los derechos a subsidio para el mejoramiento o construcción de vivienda de interés social, siempre que reúnan los requisitos para tener derecho a tales subsidios.

Artículo 19. Impuesto de Registro. En los eventos de prescripción adquisitiva de inmuebles de estratos uno y dos no habrá lugar al pago del impuesto de registro y anotación, de los derechos de registro, de los derechos notariales y de los que se liquiden a favor de las curadurías urbanas cuando a ello haya lugar.

Parágrafo. Todos los títulos que no se hayan registrado lo podrán hacer sin recargo alguno hasta por el término de un año, contado a partir de la vigencia de la presente ley.

Artículo 20. Promoción y asesoramiento. Corresponderá a la Defensoría del Pueblo la promoción y asesoramiento a las personas y comunidades para el trámite de la declaratoria de pertenencia prevista en la presente ley.

Artículo 21. Solicitud de documentos. Las oficinas de catastro y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi deberán entregar al solicitante los planos y certificaciones catastrales a que haya lugar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la solicitud, so pena de incurrir en causal de mala conducta.

Artículo 22. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones legales que le sean contrarias.

La Presidenta del honorable Senado de la República,

Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

Emilio Ramón Otero Dajud.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Oscar Arboleda Palacio.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Angelino Lizcano Rivera.

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a los 14 de enero de 2008.

El Ministro del Interior y de Justicia, Delegatario de Funciones Presidenciales, mediante Decreto número 011 del 4 de enero de 2008.

CARLOS HOLGUIN SARDI

El Ministro del Interior y de Justicia,

Carlos Holguín Sardi.

El Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones del Despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Juan Pablo Zárate Perdomo.

El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,

Juan Francisco Lozano Ramírez.

NOTA: Publicada en el Diario Oficial 46871 de enero 14 de 2008.

 


 


 Ley 9 de 1989

 

Nota preliminar

 

La Ley 9 de 1989, comúnmente llamada Ley de Reforma Urbana ha sufrido modificaciones expresas y tácitas, consagradas en las Leyes 2 de 1991, 3 de 1991 y 388 de 1997, entre otras. Estas modificaciones están contenidas, en la mayoría de los casos, en disposiciones claras que no hacen necesario recurrir a esfuerzos interpretativos.

 

Así pues, como regla general, el legislador ha determinado si existe una derogatoria expresa cuando elimina una norma legal del ordenamiento jurídico mediante la nueva ley que suprime formalmente la anterior.

 

Ahora bien, el artículo 138 de la Ley 388 de 1997 consagra derogatorias, sustituciones, modificaciones, y adiciones, todas ellas “expresas”. En el caso de las llamadas “derogatorias expresas”, como se anotó arriba, la labor de interpretación se reduce a entender eliminado del ordenamiento jurídico el artículo de que se trate. Sin embargo, cuando nos encontramos frente a las otras situaciones, por demás atípicas, esto es, cuando el legislador dice sustituir o modificar expresamente sin indicar las disposiciones que sustituyen o modifican a las anteriormente vigentes, la situación es diferente, puesto que se deja en libertad al intérprete para determinar las normas de la Ley nueva, contrarias a las disposiciones de los artículos derogados.

 

Por tal razón en esta edición indicamos, en el caso de la Ley 9 de 1989, los artículos donde existen sustituciones o modificaciones introducidas por la Ley 388 de 1997, sin cambiar el texto original de la Ley, e incluimos dentro de dicho texto las modificaciones que expresamente se han hecho mediante las leyes 2 y 3 de 1991.

 

Adicionalmente, revisando las notas al pie, que no hacen parte del texto legal, el lector podrá encontrar comentarios, disposiciones concordantes o apartes de providencias de las altas Cortes con relación al artículo del que se trate.

 

  

ÍNDICE TEMÁTICO

LEY 9A. DE 1989

 

A

 

Acción popular para defensa del espacio público : artículo 8.

Acciones policivas para desocupación de predios y lanzamiento de ocupantes de hecho : artículo 69.

Afectación por causa de obra pública : artículo 37.

 

B

Bancos de tierras 

Autorización para crearlos: artículo 70 Ley 9a. de 1989.

Derecho de preferencia : artículos 73, 74, 75, 76

Patrimonio : artículo 71

Bonos de reforma urbana

Autorización para emitirlos : artículo 103.

Destinación de los recursos : artículo 104.

 

C

Cédulas de ahorro y vivienda

Autorización para emitirlas : artículo120.

Destinación : artículo 121.

Cesión a título gratuito : artículo 58.

Comodato : artículo 38.

 

E

 

Enajenación voluntaria.

Acuerdo : artículo 14.

Incapaces : artículo 16.

Falta de comprobante fiscal : artículo 17.

Oficio que dispone la adquisición : artículo 13.

Precio de adquisición : artículo 15.

 

Espacio Público.

Acción popular para su defensa : artículo 8.

Definición : artículo 5.

Entidades responsables : artículo 7.

Variación del destino : artículo 6.

 

Expropiación.

Existencia de varios actos ordenando expropiación : artículo 24.

Indemnización en proceso judicial : artículo 26, 29 y 30.

Presentación de la demanda : artículo 25.

Procedencia : artículo 20.

Resolución de expropiación : artículo 21.

Terminación del proceso civil cuando hay fallo de tribunal administrativo : artículo 23.

Silencio administrativo : artículo 22.

 

Expropiación sin indemnización o por motivos de equidad.

Motivos de equidad : artículo 53.

Tolerancia por parte del propietario : artículo 54.

 

G

Graduación de tarifas  del impuesto de registro y anotación para favorecer la Vivienda de Interés Social : artículo 49.

 

I

Impuesto de estratificación socio - económica : artículo 112 al 114.

Integración inmobiliaria : artículos 77 y 78.

Inventario de zonas que presenten altos riesgos para la localización de

 

O

Organizaciones Populares de vivienda : artículo 62.

 

P

 

Pagarés de reforma urbana.

Finalidad : artículo 99.

Requisitos para su emisión : artículos 100 y 101.

Definición : artículo 102.

Patrimonio de familia inembargable : artículo 60.

Prescripción adquisitiva del dominio de vivienda de interés social.

Acumulación : artículo 52.

Demanda : artículo 52.

Las sentencias que acojan las pretensiones del demandante no son consultables : artículo 52.

Tiempo requerido en vivienda de interés social : artículo 51.

Protección a moradores en los proyectos de renovación urbana.

Definición de Planes de renovación urbana : artículo 39.

Arrendatario se entiende poseedor cuando el propietario haya abandonado el inmueble : artículo 43.

 

R

Reajuste de tierras : artículos 77 y 78.

 

S

Solicitudes de licencias : artículo 65

 

V

Vivienda de Interés social.

Definición : artículo 44.

Delegación para legalización urbanística : artículo 48.

Eliminación de requisitos para la concesión de préstamos, anticipos y pagos parciales del auxilio de cesantía para adquisición, mejoramiento o subdivisión de vivienda de interés social : artículo 46.

Normas mínimas : artículo 64.

Otorgamiento, autorización y registro de escrituras de compraventa o hipoteca de una vivienda de interés social : artículo 45.

Sujeción de los proyectos de entidades nacionales a normas urbanísticas : artículo 50.

 

 

REFORMA URBANA

 

 

LEY 9A DE 1.989 (Enero 11)

 

por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal,

compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposi­cio­nes.

 

 

EL CONGRESO DE COLOMBIA,

DECRETA;

 

CAPITULO I

 

 De la planificación del desarrollo municipal

 

ARTÍCULO 1°. Derogado por el Numeral 1o. del artículo 138 de la Ley 388 de 1997.

 

ARTÍCULO 2°. Derogado por el Numeral 1o. del artículo 138 de la Ley 388 de 1997.

 

ARTÍCULO 3°. Derogado por el Numeral 1o. del artículo 138 de la Ley 388 de 1997.

 

ARTÍCULO 4°. Sustituido expresamente según el numeral 2o. del artículo 138 de la Ley 388 de 1997

Trabajos citados

No hay ninguna fuente en el documento actual.

[i][4][1].

 

CAPITULO II

 

Del espacio público

 

ARTÍCULO 5°. Adicionado según numeral 4o. del artículo 138 de la Ley 388 de 1997 y según el artículo 117 de la Ley 388 de 1997[5][2]. “Entiéndese por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles priva­dos, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfac­ción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individua­les de los habitantes.

 

“Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeri­das para la circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquili­dad ciudadana, las franjas de retiro de las edificacio­nes sobre las vías, fue­ntes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos[6][3], para la instalación y uso de los elementos consti­tutivos del amoblamien­to urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la preserva­ción y conservación de las playas marinas y fluvia­les, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos vegetativos­, arenas y corales y, en general, por todas las zonas existentes o debida­men­te proyecta­das en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyen, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo”[7][4].

 

 

ARTÍCULO 6°[8][5] “El destino de los bienes de uso público incluidos en el espacio público de las áreas urbanas y suburbanas no podrá ser variado sino por los concejos, juntas metropolitanas o por el consejo intenden­cial, por iniciativa del Alcalde o Intendente de San Andrés y Providen­cia, siempre y cuando sean canjeados por otros de características equivalentes.

 

“El retiro del servicio de las vías públicas continuará rigiéndose por las disposiciones vigentes.

 

“Los parques y zonas verdes que tengan el carácter de bienes de uso público, así como las vías públicas, no podrán ser encerrados en forma tal que priven a la ciudadanía de su uso, goce, disfrute visual y libre tránsito”.

 

ARTÍCULO 7°[9][6] “Los municipios y la Intendencia Especial de San Andrés y Providen­cia podrán crear de acuerdo con su organización legal, en­tidades que serán responsa­bles de administrar, desarro­llar, mante­ner y apoyar financieramente el espacio público, el patrimonio inmobilia­rio y las áreas de cesión obligatoria[10][7] para vías, zonas verdes y servicios comuna­les. Así mismo podrán contratar con entidades privadas la administración, mantenimiento y aprovecha­miento económico de los bienes anteriores.

 

“Cuando las áreas de cesión para las zonas verdes y servicios comunales sean inferiores a las mínimas exigidas por las normas urbanísticas, o cuando su ubicación sea inconveniente para la ciudad, se podrá compensar la obligación de cesión, en dinero o en otros inmue­bles, en los términos que reglamenten los concejos[11][8]. Si la compensa­ción es en dinero, se deberá asignar su valor a los mismos fines en lugares apropiados según lo determine el Plan de Desarrollo o Plan de Desarrollo Simplificado . Si la compensación se satisface mediante otro inmueble, tam­bién deberá estar ubicado en un lugar apropiado según lo determine el mismo plan.

 

“Los aislamientos laterales, parámetros y retrocesos de las edifica­ciones no podrán ser compensados en dinero ni canjeados por otros inmuebles”[12][9].

 

ARTÍCULO 8°[13][10] “Los elementos constitutivos del espacio público y el medio ambiente tendrán para su defensa la acción popular consagrada en el artículo 1005 del Código Civil[14][11]. Esta acción también podrá dirigirse contra cualquier persona pública o privada, para la defensa de la integridad y condiciones de uso, goce y disfrute visual de dichos bienes mediante la remoción, suspensión o prevención de las conductas que comprometieren el interés público o la seguridad de los usuarios.

 

“El incumplimiento de las órdenes que expida el juez en desarrollo de la acción de que trata el inciso anterior configura la conducta prevista en el artículo 184 del Código Penal de " fraude a resolu­ción judicial [15][12].

 

“La acción popular de que trata el artículo 1005 del Código Civil podrá interponerse en cualquier tiempo, y se tramitará por el procedimiento previsto en el numeral 8 del artículo 414 del Código de Procedimiento Civil”[16][13].

 

 

CAPITULO III

 

De la adquisición de bienes por

 enajenación voluntaria y por expropiación

 

ARTÍCULO 9° “El presente capítulo tiene como objetivo establecer instrumen­tos para la adquisición y expropiación de inmuebles en desarrollo de los propósi­tos enunciados en el siguiente artículo de la presente ley.

 

“Será susceptible de adquisición o expropiación tanto el pleno derecho de dominio y sus elementos constitutivos como los demás derechos reales”[17][14].

 

ARTÍCULO 10°. Subrogado por el artículo 58 de la Ley 388 de 1997.

 

ARTÍCULO 11°. Subrogado por el artículo 59 de la Ley 388 de 1997.

 

ARTÍCULO 12°. Subrogado por el artículo 60 de la Ley 388 de 1997.

 

ARTÍCULO 13°. Los incisos 2o, 3o, y 4o. fueron derogados por el numeral 1o. del artículo 138 de la Ley 388 de 1997, y por tanto no se incluyen en la presente edición. “Corresponderá al representante legal de la entidad adquiren­te, previa las autorizaciones estatutarias o legales respecti­vas expedir el oficio por medio del cual se disponga la adquisición de un bien mediante enajenación voluntaria directa. El oficio contendrá la oferta de compra, la transcripción de las normas que reglamentan la enajenación voluntaria y la expropiación, la identificación precisa del inmueble, y el precio base de la negociación. Al oficio se anexará la certificación de que trata el artículo anterior. Este oficio no será susceptible de recurso o acción contencioso-administrativa.

 

“El oficio que disponga una adquisición será inscrito por la entidad adquiren­te en el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación. Los inmuebles así afectados quedarán fuera del comercio a partir de la fecha de la inscripción, y mientras subsista, ninguna autoridad podrá conceder licencia de construc­ción, de urbanización, o permiso de funcionamiento por primera vez para cualquier establecimiento industrial o comercial sobre el inmueble objeto de la oferta de compra. Los que se expidan no obstante esta prohibición serán nulos de pleno derecho “.

 

ARTÍCULO 14° Los incisos 2o. y 3o. fueron modificados por el artículo 34 de la Ley 3a. de 1991. “Si hubiere acuerdo respecto del precio y de las demás condiciones de la oferta con el propietario, se celebrará un contrato de promesa de compraventa, o de compraventa, según el caso. A la promesa de compraventa y a la escritura de compraventa se acompañarán un folio de matrícula inmobilia­ria actualizado.

 

“Otorgada la escritura pública de compraventa, ésta se inscribi­rá con prelación sobre cualquier otra inscripción solicitada, en la Oficina de Registro de Instrumen­tos Públicos, previa cancelación de la inscripción a la cual se refiere el artículo 13 de la presente ley.

 

“Realizada la entrega real y material del inmueble a la entidad adquirente , el pago del precio se efectuará en los términos previstos en el contrato. El cumplimiento de la obligación de transferir el dominio se acreditará mediante copia de la escritura pública de compraventa debidamente inscrita en el folio de matrícula inmobilia­ria en el cual conste que se ha perfeccionado la enajena­ción del inmueble, libre de todo gravamen o condición, sin perjuicio de que la entidad adquirente se subrogue en la hipoteca existente”.

 

ARTÍCULO 15°. El Inciso 1o. fue sustituido expresamente según el numeral 2 del artículo 138 de la Ley 388 de 1997. “El precio máximo de adquisición será el fijado por el Instituto "Agustín Codazzi" o por la entidad que cumpla sus funcio­nes, de conformidad con el articulo 18 de la presente ley. La forma de pago, en dinero efectivo, títulos - valores, o bienes muebles e inmuebles, será convenida entre el propietario y el representante legal de la entidad adquirente. Las condiciones mínimas del pago del precio serán las previstas en el artículo 29.[18][15]

 

“Si quedare un saldo del precio pendiente de pago al momento de otorgar la escritura pública de compraventa, la entidad adquirente deberá entregar simultánea­mente una garantía bancaria incondicional de pago del mismo. La existencia del saldo pendiente no dará acción de resolución de contrato, sin perjuicio del cobro del saldo por la vía ejecutiva.

 

“Facúltase a los establecimientos bancarios para emitir las garantías de que trata el inciso anterior.

 

“El ingreso obtenido por la enajenación de los inmuebles a los cuales se refiere la presente Ley no constituye, para fines tributarios, renta gravable ni ganancia ocasional, siempre y cuando la negociación se produzca por la vía de la enajenación voluntaria”[19][16].

 

ARTÍCULO 16° “Para los efectos de la presente Ley, los represen­tan­tes legales de las personas incapaces de celebrar negocios podrán enajenar directamente a la entidad adquirente los inmuebles de propiedad de sus representados, sin necesidad de autorización judicial ni remate en pública subasta, siempre y cuando medie el visto bueno de un defensor de menores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el caso de los menores y del personero municipal en el caso de los incapaces”[20][17].

 

ARTÍCULO 17° “Si la venta no se pudiere perfeccionar por la falta de algún comprobante fiscal, el notario podrá autorizar la escritura correspon­diente siempre y cuando la entidad adquirente descuente del precio de venta las sumas necesarias para atender las obliga­ciones fiscales pendientes, en cuantías certificadas por el fisco, y se las entregue. El notario las remitirá inmediatamente al fisco correspon­diente, el cual las recibirá a título de pago o de simple depósito si hubiere una reclama­ción pendiente.

 

“El notario podrá autorizar la escritura aún si la totalidad del precio no fuere suficiente para atender las obligaciones fiscales”[21][18].

 

ARTÍCULO 18°. Derogado por el numeral 1o. del artículo 138 de la Ley 388 de 1997.

 

ARTÍCULO 19°. Derogado por el numeral 1o. del artículo 138 de la Ley 388 de 1997.

 

ARTÍCULO 20°. “La expropiación, por los motivos enunciados en el artículo 10 de la presente ley, procederá:

 

1.     1.    “Cuando venciere el término para celebrar contrato de promesa de compraventa o de compraventa y no fuere ampliado oportunamente, ­sin que se hubieren celebrado dichos contratos. Si es por causa imputable a la entidad adquirente el propietario no perderá los beneficios de que trata el artículo 15 de la presente ley.

2.     2.    “Cuando el propietario hubiere incumplido la obligación de transferirle a la entidad adquirente el derecho de dominio en los términos pactados.

3.     3.    “Cuando el propietario notificado personalmente o por edicto rechazare cualquier intento de negociación o guardare silencio sobre la oferta por un término mayor de quince (15) días hábiles contados desde la notificación personal o de la desfijación del edicto”.

 

ARTÍCULO 21°. Los incisos 1o. y 4o. fueron modificados expresamente según el numeral 3o. del artículo 138 de la Ley 388 de 1997. Los incisos 2o. y 3o. fueron derogados expresamente por el numeral 1o. del artículo 138 de la Ley 388 de 1997.[22][19]“Corresponderá al representante legal de la entidad adquirente expedir resolución motivada en la cual se ordene la expropiación, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha del agotamiento de la etapa de adquisición directa por enajenación voluntaria directa, so pena de incurrir en causal de mala conduc­ta. Si no fuere expedida dicha resolu­ción, las inscripciones que se hubieren efectuado en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos quedarán sin efecto alguno, y su cancelación se realizará en la forma prevista por el inciso 3 del artículo 25 de la presente ley. El representante legal obtendrá las autorizaciones previas previstas en los estatutos o normas que regulan la entidad que represente. Cuando la expropia­ción sea ordenada por una entidad territorial o un área metropolita­na, no se requerirá la expedición de una ordenanza o acuerdo[23][20].

 

“Contra la resolución que ordene la expropiación procederá únicamen­te el recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al de su notifica­ción[24][21]  [25][22]“.

 

ARTÍCULO 22°.  El Inciso primero fue modificado expresamente según el numeral 3o. del artículo 138 de la Ley 388 de 1997. “Transcurrido un mes sin que la entidad expropiante hubiere expedido la resolución por la cual se resuelve el recurso de reposición, éste se entenderá negado, y quedará en firme el acto recurrido. Incurrirá en causal de mala conducta el funcionario que no resuelva el recurso oportunamente. ­Pasado dicho término no se podrá resolver el recurso interpuesto. El término de caducidad de cuatro (4) meses de la acción de restablecimiento del derecho empezará a correr a partir del día en el cual quede en firme el acto recurrido.[26][23]

 

“Contra la resolución que ordene una expropiación en desarrollo de la presente Ley procederán las acciones contencioso-administrativas de nulidad y de restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrati­vo competente, en única instancia[27][24]. En estas acciones no procederá la suspensión provisional[28][25] del acto demandado. El Tribunal Administrativo deberá dictar sentencia definitiva dentro del término máximo de ocho (8) meses, contados desde la fecha de la presentación de la demanda.[29][26]

 

“Si la acción intentada fuere la de simple nulidad, ésta deberá interpo­nerse dentro del mismo término de caducidad de la acción de restableci­miento del derecho para que proceda la abstención de que trata el artículo siguiente”.

 

ARTÍCULO 23° “El proceso civil de expropiación terminará si hubiere sentencia del Tribunal Administrativo favorable al demandante en fecha previa a aquella en la cual quedare en firme la sentencia del Juez Civil, quien se abstendrá de dictar sentencia con anterioridad al vencimiento del término establecido en el inciso anterior. En este evento, se procederá a la restitución del bien demandado y a la indemnización de perjuicios en los términos del artículo 459 del Código de Procedimiento Civil.[30][27]

 

ARTÍCULO 24° “Si respecto de un mismo inmueble recayere más de un acto adminis­trativo que ordenare su expropiación, expedido por autorida­des distintas, se suspenderá toda actuación administrativa, ­de oficio o a petición de parte, hasta que el jefe de la adminis­tración de mayor jerarquía entre las entidades expropiantes decidiere sobre el particular. Cuando los actos administrativos fueren expedidos por entidades del orden nacional pertenecientes al mismo sector adminis­trativo, decidirá el ministro del ramo respecti­vo. Si se tratare de entidades del orden nacional pertene­cientes a diferentes sectores administrativos, la decisión la tomará el Consejo de Ministros. La solicitud de suspensión podrá interpo­nerse ante las entidades que adelantan dicha actuación administrativa solo con anterioridad a la admisión de la demanda de expropiación presentada ante el juez competente.

 

“Si la solicitud de suspensión no fuere resuelta en el término máximo de un mes contado desde la fecha de su presentación, la actuación administrativa continuará con la oferta de compra de la entidad que primero la hubiere notificado. La solicitud de suspensión no podrá resolverse con posterioridad al término anterior.

 

“Se preferirán las expropiaciones municipales cuando versaren sobre asuntos que fueren de interés exclusivamente municipal.

 

ARTÍCULO 25°. Los incisos 5o. y 6o. fueron derogados expresamente por el numeral 1o. del artículo 1338 de la Ley 388 de 1997.  “La demanda de expropiación será presentada por el represen­tante legal de la entidad expropiante mediante abogado titulado e inscrito ante el juez competente dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en la cual quedare en firme la resolu­ción que ordenare la expropiación.

 

“Podrán acumularse en una demanda pretensiones contra todos los propieta­rios de los distintos inmuebles que se requieren para la integración inmobiliaria del proyecto o la obra de la entidad estatal.

 

“En el auto admisorio de la demanda, el juez librará oficio al registrador para que se efectúe la inscripción correspondiente en el folio de matrícula inmobiliaria. Transcurrido el término al cual se refiere el inciso anterior sin que se hubiere presentado la demanda, la resolución que ordenó la expropia­ción y las inscripcio­nes que se hubieren efectuado en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos quedarán sin efecto alguno de pleno derecho, ­sin necesidad de pronuncia­miento judicial o administrativo alguno. El registrador deberá cancelar las inscripciones correspon­dientes, a solicitud de cualquier persona ,­ previa constatación del hecho.

 

“El propietario podrá demandar a la entidad expropiante, al funcionario moroso o a ambos por los perjuicios que hubiere sufrido­, en los términos del Código Contencioso Administrativo”.

 

 

ARTÍCULO 26° El Inciso 2o. fue derogado expresamente por el numeral 1o. del artículo 138 de la Ley 388 de 1997. Los incisos 1o. y 3o. fueron modificados expresamente según el numeral 3 del artículo 138 de la Ley 388 de 1997. “La indemnización que decretare el juez comprenderá el daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente incluirá el valor del inmueble expropia­do, para el cual el juez tendrá en cuenta el avalúo administrativo especial que para el efecto elabore el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" o la entidad que cumpla sus funciones[31][28].

 

“El avalúo administrativo especial del inmueble se efectuará teniendo en cuenta los criterios establecidos en el artículo 18 de la presente ley, y se efectuará de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Civil.

 

“El juez competente no quedará obligado por el avalúo administra­tivo especial que efectúe el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" o la entidad que cumpla sus funciones, pudiendo separarse del mismo por los motivos que indique, fundado en otros avalúos practicados por personas idóneas y especializadas en la materia[32][29].

 

“El incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del propietario como consecuencia de la resolución de expropiación constitu­ye fuerza mayor para dicho propietario y por consiguiente no podrán tasarse perjuicios derivados de dicho incumplimiento dentro de la indemnización que le fije el juez al propietario”.

 

ARTÍCULO 27° Derogado expresamente por el numeral 1o. del artículo 138 de la Ley 388 de 1997.

 

ARTÍCULO 28° “Cuando por parte del propietario exista ánimo claro de negociación por el precio ofrecido, y por circunstancias ajenas a la voluntad del mismo, debidamente comprobadas, no fuere posible llevar a término la enajenación voluntaria directa o se tratare de inmuebles que se encuentren fuera del comercio, se ordenará la expropiación del inmueble y el juez competente podrá ordenar el pago de la indemniza­ción en la misma cuantía y términos en que se hubiere llevado a cabo el pago de la compraventa si hubiese sido posible la negociación volunta­ria. Igualmente procederá el beneficio tributario de que trata el inciso 4 del artículo 15.”

 

ARTÍCULO 29° “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la indemniza­ción que decretare el juez competente será pagada así:

 

a.      a.    “Para inmuebles cuyo avalúo judicial sea menor o igual a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales se pagará de contado un cuarenta por ciento (40%) . El saldo se pagará en seis (6) contados anuales iguales y sucesivos, el primero de los cuales vencerá un año después de la fecha de entrega del inmueble;

b.     b.    “Para inmuebles cuyo avalúo judicial sea mayor de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales pero menor o igual a quinientos (500) se pagará de contado un treinta por ciento (30%) . El saldo se pagará en siete (7) contados anuales iguales y sucesivos, el primero de los cuales vencerá un año después de la fecha de entrega del inmueble;

c.      c.    “Para inmuebles cuyo avalúo judicial sea mayor a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales se pagará de contado un veinte por ciento (20%) . El saldo se pagará en ocho (8) contados anuales iguales y sucesi­vos, el primero de los cuales vencerá un año después de la fecha de entrega del inmueble.

 

“Sobre los saldos se reconocerá un interés ajustable equivalente al ochenta por ciento (80%) del incremento porcentual del índice nacional de precios al consumidor para empleados certificado por el DANE, para los seis (6) meses inmediatamente anteriores a cada vencimiento, pagaderos por semestres vencidos.

 

“Cuando se trate de la expropiación de un inmueble de un valor no superior a doscientos (200) salarios mínimos mensuales, siempre y cuando el propietario haya sido el mismo durante los tres (3) años anteriores a la notificación del oficio que disponga la adquisición y demuestre dentro del proceso que obtiene del inmueble en cuestión más del setenta por ciento (70%) de su renta líquida o que el valor de dicho bien representa no menos del cincuenta por ciento (50%) de su patrimonio líquido, su pago será de contado en la oportunidad indicada en el artículo 458 del Código de Procedimiento Civil[33][30]”.

 

ARTÍCULO 30° “Las obligaciones por capital e intereses que resulten del pago del precio de adquisición o de la indemnización podrán dividirse a solicitud del acreedor en varios títulos-valores que serán libremente negociables. Los títulos así emitidos, en los que se indicarán el plazo, los intereses corrien­tes y moratorios y demás requisitos establecidos por la ley comercial para los pagarés, serán recibidos para el pago de la contribución de valorización del inmueble expropiado, si la hubiere, y por los intermediarios financie­ros como garantía de crédito, por su valor nominal.

 

“Los intereses que reciban los propietarios de las entidades que adquieran los inmuebles, por negociación voluntaria o por expropia­ción, gozarán de exención de impuestos de renta y complementarios para sus beneficiarios”.

 

ARTÍCULO 31°. Derogado por el numeral 1o. del artículo 138 de la Ley 388 de 1997.

 

 

ARTÍCULO 32° Los incisos 2o. y 4o. fueron sustituidos expresamente según el numeral 2o. del artículo 138 de la Ley 388 de 1997. “El auto admisorio de la demanda, y las demás providen­cias que dicte el juez dentro del proceso de expropiación, salvo la sentencia y el auto de que trata el último inciso del artículo 458 del Código de Procedimiento Civil, serán susceptibles únicamente de recurso de reposición.

 

“El proceso de expropiación terminará si el demandado se aviniere a la venta del inmueble por el precio base de la negociación, actua­lizado según el índice de costos de la construcción de vivienda de ingresos medios que elabora el Departamento Nacional de Estadísti­ca, y otorgare escritura pública de compraventa del mismo a favor del demandante[34][31].

 

“En lo previsto por la presente ley, el proceso de expropiación se adelantará de conformidad con las normas del Código de Procedi­miento Civil, en especial por los artículos 451 y siguientes.

 

“Las expropiaciones a las cuales se refiere la Ley 135 de 1961 y normas que la adicionen o reformen continuarán rigiéndose por las disposiciones especiales sobre el particular[35][32].

 

ARTÍCULO 33° “Todas las entidades públicas que hayan adquirido inmuebles a cualquier título o que los adquieran en lo sucesivo, ­también a cualquier título, deberán aplicarlos a lo fines para los cuales fueron adquiridos. En el acto de adquisición se incluirá en forma expresa el fin para el cual fueron adquiridos los inmuebles.

 

“Las entidades públicas dispondrán de un término máximo de cinco (5) años contados desde la fecha de publicación de esta ley o a partir de la fecha de la adquisición del bien, según el caso, para cumplir con esta obligación. Si así no lo hicieren, deberán enajenarlos a más tardar a la fecha de vencimiento del término anterior.

 

“Las obligaciones anteriores no se aplicarán a los bienes adquiri­dos en desarrollo de los literales c), d), e) y k) del artículo 10 y  los del artículo 56 de la presente ley, y los adquiridos por entidades públicas en virtud de contratos de fiducia mercantil antes de la vigencia de la Ley 9a. de 1989[36][33].

 

“Los municipios, las áreas metropolitanas y la Intendencia de San Andrés y Providencia enajenarán sus inmuebles mediante el procedi­miento previsto en sus propios Códigos Fiscales o normas equivalen­tes. A falta de tales normas se aplicarán las disposiciones de la presente Ley. Todas las demás entidades públicas enajenarán dichos bienes mediante el procedimiento de la licitación pública, salvo cuando se trate de la venta a los propietarios anteriores o cuando el precio base de la negociación sea inferior a los trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales”.

 

ARTÍCULO 34° “En el evento de la venta, los propietarios anteriores tendrán un derecho preferencial irrenunciable a adquirir los inmue­bles, por el avalúo administrativo especial que fije el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" o la entidad que cumpla sus funciones[37][34], de conformidad con el procedimiento señalado en la presente ley y en los mismos plazos en que pagó la entidad adquirente. El avalúo administrativo especial no incluirá las valorizaciones que en su momento no fueron tenidas en cuenta, en los términos del artículo 18. La entidad pública notificará al propieta­rio anterior o a sus causaha­bientes de su intención de vender y estos dispondrán de un plazo de dos (2) meses para aceptar o rechazar la oferta. Si éstos no tuvieran interés en adquirirlo o guardaren silencio sobre la oferta durante el término previsto, o la rechazaren, dichos bienes serán vendidos. Será absolutamente nula la venta que se efectúe con pretermisión de lo dispuesto en el presente inciso.

 

“La obligación de las entidades públicas de vender preferencial­mente a los propietarios anteriores o sus causahabientes será exigible judicial­mente por la vía ejecutiva. Esta acción caducará dos (2) meses después del vencimiento del término de cinco (5) años previsto en el artículo anterior. Caducada la acción, cualquier persona interesada podrá exigir que dichos inmuebles se enajenen mediante licitación pública. Cuando un municipio o un área metropo­litana no hayan previsto la licitación pública para la venta de inmuebles, cual­quier persona podrá demandar su venta en pública subasta, por la vía ejecutiva.

 

“Para el efecto previsto en el presente artículo, entiéndese por propietarios anteriores a quienes hubieren transferido el dominio de sus inmuebles a la entidad pública”.

 

ARTÍCULO 35°. Derogado expresamente por el numeral 1o. del artículo 138 de la Ley 388 de 1997.

 

ARTÍCULO 36° “Las entidades públicas podrán enajenar sus inmuebles sin sujeción al límite establecido en el artículo 35 de la presente ley y sin que medie licitación pública en los siguientes casos:

 

1.     1.    “Cuando se trate de una enajenación a otra entidad pública. Es­ta excepción procederá una sola vez respecto del mismo inmueble;

2.     2.    “Cuando se trate de una enajenación a una entidad sin ánimo de lucro, siempre y cuando medie la autorización del Gobernador, Intendente o Alcalde Mayor de Bogotá, en cuya jurisdicción se encuentre el inmueble. Estas enajenaciones estarán sometidas a condición resolutoria[38][35] del derecho de dominio en el evento de que se le dé a los inmuebles un uso o destinación distinto al autorizado;

3.     3.    “Cuando se trate de inmuebles de las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta que hubieren sido adquiridos por la vía del remate, adjudicación o dación en pago;

4.     4.    “En la venta a los anteriores propietarios, siempre y cuando paguen el valor de los impuestos prediales, complementarios y de valorización del respectivo predio causados desde el momento de la anterior enajena­ción;

5.     5.    “En las ventas individuales tales como aquellas que se efectúen dentro de un programa comercial de construcción de vivienda, oficinas o locales que formen parte del conjunto habitacional, y en el de los proyectos de renovación urbana.”

 

ARTÍCULO 37°[39][36] “Toda afectación por causa de una obra pública tendrá una duración de tres (3) años renovables, hasta un máximo de seis (6) y deberá notificar­se personal­mente al propietario e inscribirse en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, so pena de inexistencia. La afectación quedará sin efecto, de pleno derecho, si el inmueble no fuere adquirido por la entidad pública que haya impuesto la afecta­ción o en cuyo favor fue impuesta, durante su vigencia. El registrador deberá cancelar las inscripciones corres­pondien­tes, a solicitud de cualquier persona, previa constatación del hecho.

 

“En el caso de las vías públicas, las afectaciones podrán tener una duración máxima de nueve (9) años.

 

“La entidad que imponga la afectación o en cuyo favor fue impuesta, celebrará un contrato con el propietario afectado en el cual se pactará el valor y la forma de pago de la compensación debida al mismo por los perjuicios sufridos durante el tiempo de la afecta­ción. La estimación de los perjuicios será efectuada por el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" o la entidad que cumpla sus funciones, en los términos previstos en la presente Ley.

 

“Para los efectos de la presente Ley, entiéndese por afectación toda restricción impuesta por una entidad pública que limite o impida la obtención de licencias de urbanización, de parcelación, de construc­ción, o de funciona­miento, por causa de una obra pública, o por protección ambiental.”

 

ARTÍCULO 38° “Las entidades públicas no podrán dar en comodato sus inmuebles sino únicamente a otras entidades públicas, sindica­tos, coo­perativas, asocia­ciones y fundaciones que no repartan utilidades entre sus asociados o fundadores ni adjudiquen sus activos en el momento de su liquidación a los mismos, juntas de acción comunal, fondos de empleados y las demás que puedan asimilarse a las anteriores, y por un término máximo de cinco (5) años, renova­bles.

 

“Los contratos de comodato existentes, y que hayan sido celebrados por las entidades públicas con personas distintas de las señaladas en el inciso anterior, serán renegocia­dos por las primeras para limitar su término a tres (3) años renovables, contados a partir de la promulgación de la presente Ley[40][37]”.

 

 

CAPITULO IV

 

De la protección a los moradores en los

proyectos de renovación urbana

 

 

ARTÍCULO 39° El inciso 2o. fue derogado expresamente por el numeral 1o. del artículo 138 de la Ley 388 de 1997. “Son planes de renovación urbana aquellos dirigidos a introducir modificacio­nes sustanciales al uso de la tierra y de las construcciones para detener los procesos de deterioro físico y ambiental de los centros urbanos, a fin de lograr, entre otros, el mejoramiento del nivel de vida de los moradores de las áreas de renovación, el aprovecha­miento intensivo de la infraestructura establecida de servicios, la densifica­ción racional de áreas para vivienda y servicios, la desconges­tión del tráfico urbano o la convenien­te rehabilitación de los bienes históricos y cultura­les, todo con miras a una utilización más eficiente de los inmuebles urbanos y con mayor beneficio para la comunidad.”

 

 

ARTÍCULO 40° . Derogado por el numeral 1o. del artículo 138 de la Ley 388 de 1997.

 

ARTÍCULO 41° . Derogado por el numeral 1o. del artículo 138 de la Ley 388 de 1997.

 

 

ARTÍCULO 42° . Derogado por el numeral 1o. del artículo 138 de la Ley 388 de 1997.

 

 

ARTÍCULO 43°En los proyectos de renovación urbana, el arrendata­rio se tendrá como poseedor cuando el propietario del inmueble lo haya abandonado.[41][38]

 

“Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará a los inmuebles de las entidades públicas.”

 

 

 

 

 

CAPITULO V

 

De la legalización de títulos para la vivienda de

interés social[42][39]

 

ARTÍCULO 44° . Derogado por el numeral 1o. del artículo 138 de la Ley 388 de 1997[43][40].

 

 

ARTÍCULO 45°[44][41] “Con el objeto de sanear la titulación de la vivienda de interés social, el otorgamiento, la autorización y el registro de cualquier escritura pública de compra­venta o de hipoteca de una vivienda de interés social no requerirá:

 

a.      a.    “Ningún comprobante de paz y salvo o declaración fiscal, excepto el paz y salvo municipal si la propiedad figura en el Catastro;

b.     b.    “El pago del impuesto de timbre y el pago de retenciones en la fuente;

c.      c.    “La presentación de la tarjeta o libreta militar;

d.     d.    “Los requisitos a) y b) de que trata el artículo siguiente.”

 

ARTÍCULO 46° “No podrá imponerse como requisito para la concesión de préstamos­, anticipos y pagos parciales del auxilio de cesantía con destino a la adquisición, mejoramiento o subdivisión de vivienda de interés social ninguno de los siguientes:

 

a.      a.    “Licencia de construcción o urbanización del inmueble;

b.     b.    “Reglamento de propiedad horizontal;

c.      c.    “Escritura de propiedad del predio;

d.     d.    “Los registros y permisos establecidos por la Ley 66 de 1.968, el Decreto - ley 2610 de 1.979, el Decreto - ley 78 de 1.987 y normas que las reformen o adicionen.”

 

ARTÍCULO 47° . Derogado por el numeral 1o. del artículo 138 de la Ley 388 de 1997.

 

ARTÍCULO 48° “Los concejos, el Concejo Intendencial y las juntas metropoli­tanas podrán delegar en los alcaldes e Intendente de San Andrés y Providencia la legalización de las urbanizaciones constituidas por viviendas de interés social. La legalización implicará la incorporación al perímetro urbano o de servicios y la regularización urbanística del asentamiento humano.

 

Parágrafo. “Los asentamientos urbanos de vivienda de interés social, por fuera del perímetro urbano actual de los municipios, que existie­ran el 28 de julio de 1.988, desarro­llados por las organiza­ciones contempla­das en el artículo 62, recibirán el mismo tratamien­to que los incorpora­dos al perímetro urbano y de servicios, serán regularizados urbanística­mente y podrán por consiguiente solicitar la prestación de servicios en los términos contempla­dos en el artículo 47 de la presente Ley.”

 

ARTÍCULO 49° “Para favorecer la vivienda de interés social, las asambleas departamentales, los consejos intendenciales y el del Distrito Especial de Bogotá podrán graduar las tarifas del impuesto de registro y anotación.”

 

ARTÍCULO 50° “El Banco Central Hipotecario, el Instituto de Crédito Territorial, el Fondo Nacional de Ahorro y las demás entidades públicas de todos los órdenes cuyos estatutos contemplen la función de adelantar planes y programas de vivienda, deberán en todo caso, cumplir con las normas arquitectónicas y urbanísticas previstas en el Plan de Desarrollo o Plan de Desarrollo Simplificado de la localidad donde adelanten dichos planes. Estos deberán localizarse en sitios aptos para la urbanización, en lugares contiguos a zonas ya urbanizadas, en las cuales se minimice el costo de provisión de obras de infraestruc­tura básica y de servicios públicos.”

 

ARTÍCULO 51°[45][42] “A partir del primero (1) de enero de 1.990, redúcese a cinco (5) años el tiempo necesario a la prescripción adquisitiva extraordinaria de las viviendas de interés social.

 

“A partir del primero (1) de enero de 1.990, redúcese a tres (3) años el tiempo necesario a la prescripción adquisitiva ordinaria de las viviendas de interés social.

 

Parágrafo. “Se exceptúan los bienes de propiedad de los munici­pios y de las juntas de acción comunal, que no podrán adquirirse por prescrip­ción[46][43].”

 

ARTÍCULO 52° “En los procesos de pertenencia de viviendas de interés social, si no pudiera acompañarse un certificado del registrador de Instrumentos Públicos, no será necesario señalar como demandado a persona determinada, y en la misma demanda se solicitará oficiar al registrador para que en el término de quince (15) días, allegue al juzgado la certificación solicitada. Si no lo hiciere dentro del término anterior, el juez admitirá la demanda y el registra­dor responderá por los perjuicios que pudiere ocasionarle al dueño del inmueble.

 

“El registrador no será responsable ante el propietario del inmueble o ante terceros si los interesados o el juez que solicita­re el certificado de tradición referido, no aportaren los elementos de juicio indispensables para la expedición, tales como el número de matrícula inmobiliaria o título antece­dente con sus respectivos datos de registro, nombre, dirección, ubicación y linderos que faciliten a la oficina la localiza­ción inequívoca del inmueble.

 

“Las sentencias que acojan las pretensiones de las demandas de pertenencia de viviendas de interés social no serán consultadas.

 

“Corresponderá a las entidades territoriales y al Instituto de Crédito Territorial[47][44] la prestación de la asesoría jurídica necesaria para adelantar los procesos de pertenencia en las urbanizaciones que hayan sido objeto de la toma de posesión o liquidación previstos en la Ley 66 de 1.968, y respecto de las viviendas calificadas de interés social.

 

“Los poseedores de un mismo globo de terreno podrán acumular sus pretensio­nes en una sola demanda contra el propietario del mismo[48][45].”

 

ARTÍCULO 53°. Adicionado según el numeral 4o. del artículo 138 de la Ley 388 de 1997. La adición consiste en el parágrafo que contiene el artículo 98 de la Ley 388 de 1997. “Para los efectos previstos en el último inciso del artículo 30 de la Constitución Política[49][46], declárase que existen motivos de equidad para decretar la expropiación sin indemnización cuando el propietario de un inmueble ubicado en sitio apto o no apto para urbanizar, en contra­vención a las normas sobre usos del suelo, o fuera del perímetro sanitario y urbano de un municipio, del Distrito Especial de Bogotá, de un área metropolitana, de la Intendencia de San Andrés y Providencia, o sin contar con los permisos y licencias requeridos por las leyes, y acuerdos, aprove­chándose de la necesidad de vivienda de los ocupan­tes, venda, prometa en venta, promueva o tolere la ocupación de dicho inmueble para viviendas de interés social.

 

“En los eventos previstos en el inciso anterior, competerá únicamen­te a las entidades territoriales enumeradas en el inciso anterior[50][47] donde se encuentre el inmueble ordenar la expropiación correspondien­te. Los ocupantes tendrán derecho a que dicha entidad les otorgue escritura de propiedad sobre los lotes así ocupados, sin que haya lugar a pagos adicionales, y podrán en todo caso exigir del vendedor la restitución de las sumas que hubieren pagado, junto con intereses moratorios. Competerá a la entidad territorial adelantar las acciones necesarias a nombre de los ocupantes e invertir las sumas recuperadas en la provisión de obras y servicios en el inmueble expropiado.

 

“La expropiación de que trata el presente artículo no se extenderá a las construccio­nes y mejoras de los ocupantes de vivienda de interés social.”

 

ARTÍCULO 54° “Se presume que hay tolerancia del propietario en cualquie­ra de los siguientes eventos:

 

a.      a.    “Cuando el promotor del asentamiento ilegal no sea el propieta­rio del inmueble, pero haya convenido con éste la ocupación del inmueble por terceros;

b.     b.    “Cuando el propietario no haya iniciado oportunamente las acciones policivas y posesorias necesarias para recuperar la posesión de su inmueble, o no haya presentado las denuncias penales correspondien­tes, o no haya cumplido oportuna­mente con todos sus deberes procesa­les;

c.      c.    “Cuando el propietario sin ser el vendedor o prometiente vendedor, reciba directa o indirectamente el producto total o parcial del precio que paguen los ocupantes;

d.     d.    “Cuando el promotor sea apoderado, corredor o administrador del propieta­rio del inmueble, o socio accionista de la persona jurídica propietaria del mismo”.

 

ARTÍCULO 55° “Los compradores de vivienda de interés social que estén ocupando la mismas no estarán obligados a pagar el saldo del precio pendiente de pago a su vendedor ni suma alguna por cualquier otro concepto mientras éste no efectúe las obras de infraestructura de acueducto, alcantarillado, redes eléctricas, vías y suministre los servicios públicos que exijan las autorida­des locales. Además, ten­drán derecho a retener sus viviendas para asegurar la ejecución de las obras y el suministro de los servicios”.

 

ARTÍCULO 56° “A partir de la vigencia de la presente Ley, los alcaldes y el intendente de San Andrés y Providencia levantarán y mantendrán actualizado su inventario de las zonas que presenten altos riesgos para la localización de asentamientos humanos por ser inundables o sujetas a derrumbes o deslizamientos, o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda. Esta función se adelantará con la asistencia y aprobación de las oficinas locales de planeación o en su defecto con la de la correspondiente oficina de planeación departamental, comisarial o intendencial, los alcaldes y el Intendente de San Andrés y Providencia con la colaboración de las entidades a las que se refiere el Decreto 919 de 1989, adelantarán programas de reubicación de los habitantes, o procederán a desarrollar las operaciones necesarias para eliminar el riesgo en los asentamientos localizados en dichas zonas. Mientras existan asentamientos humanos en las zonas de alto riesgo los inmuebles a los cuales se declare extinción de dominio en aplicación del literal a) del artículo 80 o declarados de utilidad pública o interés social en desarrollo de los literales b) y d) del artículo 10, sólo podrán destinarse a la reubicación de los habitantes que a la vigencia de la presente Ley se encuentren localizados en zonas de alto riesgo. Los funcionarios públicos responsables que no den cumplimiento a lo dispuesto en este inciso incurrirán en causal de mala conducta. Cualquier ciudadano podrá presentar al alcalde o intendente la iniciativa de incluir en el inventario una zona o asentamiento determinado[51][48].

 

“Se podrán adquirir los inmuebles y mejoras de las personas a ser reubicadas, mediante enajenación voluntaria directa o mediante expropia­ción, en los términos de la presente ley. Cuando se trate de la enajena­ción voluntaria directa, se podrá prescindir de las inscripciones en el folio de matrícula inmobiliaria de que trata el artículo 13 de esta Ley. Los inmuebles y mejoras así adquiridos podrán ser recibidos en pago de los inmuebles donde fueren reubicados los habitantes. Adquirido el inmueble, pasará a ser un bien de uso público bajo la administración de la entidad que lo adquirió.

 

“Si los habitantes de inmuebles ubicados en sitios de alto riesgo rehusan abandonar el sitio, corresponderá al alcalde o al Intendente de San Andrés y Providencia ordenar la desocupación con el concurso de las autoridades de policía, y la demolición de las edificaciones afectadas. Esta orden se considerará, para todos los efectos, como una orden policiva en los términos del Código Nacional de Policía.

 

“Las multas de que trata el numeral 9 del artículo 2 del Decreto-ley 78 de 1.987 ingresarán al tesoro de la entidad que las hubiere impuesto y se destinarán para financiar los programas de reubicación de los habitan­tes en zonas de alto riesgo.

 

“Las autoridades que incumplieren las obligaciones que se les impone en el presente artículo, incurrirán en el delito de prevaricato por omisión previsto en el artículo 150 del Código Penal[52][49], sin que respecto de ellos proceda el beneficio de excarcela­ción”.

 

ARTÍCULO 57°. Según el numeral 2 del artículo 138 de la Ley 388 de 1997, se sustituye el artículo, por la disposición contenida en el artículo 120 de la Ley 388 de 1997[53][50]. “Con el propósito de concentrar los recursos presupuesta­les y humanos en la protección de los compradores en planes de vivienda de interés social, el permiso de que trata el numeral 2 del artículo 2 del Decreto-ley 78 de 1.987 para quienes adelanten planes de vivienda distintos de los de interés social se constituye por la simple radica­ción de los documentos mencionados en los literales a), d), e), f) y g) de la misma norma, y de los planos y presu­pues­tos financieros respectivos­. Estos documentos estarán a disposición de los compradores de dichos planes en todo momento con el objeto de que sobre ellos efectúen los estudios necesarios para determinar la conveniencia de su adquisición.

 

“En las áreas metropolitanas corresponderá al alcalde metropoli­tano en forma exclusiva la expedición del permiso de que trate el inciso anterior.

 

ARTÍCULO 58°”Las entidades públicas del orden nacional cederán a título gratuito[54][51]  los inmuebles de su propiedad que sean bienes fiscales y que hayan sido ocupados ilegalmente para vivienda de interés social, siempre y cuando la ocupación ilegal haya ocurrido con anterioridad al veintio­cho (28) de julio de mil novecientos ochenta y ocho (1.988). La cesión gratuita, mediante escritura pública, se efectuará a favor de los ocupantes. Las demás entidades públicas podrán efectuar la cesión en los términos aquí señalados.

 

“En ningún caso procederá la cesión anterior en el caso de los bienes de uso público ni en el de los bienes fiscales destinados a la salud y a la educa­ción[55][52]. Tampoco procederá cuando se trate de inmuebles ubicados en zonas insalubres o que presenten peligro para la población”.[56][53]

 

ARTÍCULO 59°[57][54] “Los créditos de largo plazo que otorgue(sic) las instituciones financieras, para la adquisición, construcción, mejora o subdivisión de vivienda no podrán contener exigencias o contraprestaciones de ningún tipo, salvo las que expresamente autorice la Superintendencia Bancaria para el ahorro contractual de que trata el artículo 122 de la presente Ley.

 

“En los seguros que se pacten sobre el bien hipotecado el valor asegurado no podrá sobrepasar el de la parte destructible del inmueble; y en los seguros de vida del deudor, el valor asegurado no excederá el del saldo insoluto del crédito. En todos los casos el deudor deberá recibir un certificado individual y copia de las condiciones del contrato de seguro con la estipulación de la tarifa aplicable. La factura de cobro del crédito presentará por separado y en moneda corriente la liquidación de las primas como obligación independiente de los cobros referentes al crédito de largo plazo.

 

“Todos los comprobantes expedidos al deudor y las comunicaciones informativas referentes al desarrollo del crédito deberán expresarse en moneda corriente.

 

“Antes de iniciarse el proceso ejecutivo, el acreedor no podrá rechazar abonos con el fin de impedir la reducción de su cuantía en mora; para evitar tal efecto, el deudor podrá acudir al procedimiento de pago por consignación extrajudicial previsto en el código de Comercio. En todo caso la aplicación del respectivo abono se hará de conformidad con las normas legales vigentes”.

 

ARTÍCULO 60°[58][55] “En las ventas de viviendas de interés social que hagan entidades públicas de cualquier nivel administrativo y entidades de carácter privado, los compradores deberán constituir, sin sujeción a las formalidades de procedi­miento y cuantías que se prescriben en el capítulo I de la ley 70 de 1.931, sobre lo que compran, patrimonios de familia no embargables, en el acto de compra, por medio de la escritura que la perfeccione en la forma y condiciones estableci­das en los artículos 2,4 y 5 de la ley 91 de 1.936.

 

“El patrimonio de familia es embargable únicamente por las entidades que financien la construcción, adquisición, mejora o subdivisión de la vivienda”.

 

ARTÍCULO 61°[59][56] “Las entidades que otorguen financiación para la construc­ción, adquisición, mejoras o subdivisión de vivienda de interés social, podrán aceptar como garantía de los créditos individuales que concedan, la prenda de las mejoras que el benefi­ciario haya realizado o realice en el futuro sobre inmuebles respecto de los cuales no pueda acreditar su condición de dueño siempre y cuando los haya poseído regularmente por un lapso no inferior a cinco (5)años.

 

“El Gobierno dispondrá en el reglamento la forma de realizar el registro de los actos a que se refiere este artículo”.

 

ARTÍCULO 62° “Son organizaciones populares de vivienda aquellas que han sido constituidas y reconocidas como entidades sin ánimo de lucro, cuyo sistema financiero es de economía solidaria y desarro­llan programas de vivienda para sus afiliados por el sistema de autogestión o participación comunitaria.

 

“Estas organizaciones pueden ser constituidas por sindicatos, coo­perati­vas, asociaciones, fundaciones, corporaciones, juntas de acción comunal, fondos de empleados, empresas comunitarias y las demás que puedan asimilar­se a las anteriores, en los términos previstos por la ley. Las organizaciones deberán ejecutar sus planes de vivienda en terrenos aptos para el desarrollo urbano y de conformi­dad con todas las normas técnicas, urbanísticas y arquitectónicas vigentes en la localidad.

 

“Las entidades que vigilen las actividades de dichas organizacio­nes, en los términos del Decreto-ley 78 de 1.987 y demás disposi­cio­nes sobre el régimen comunitario, adoptarán un reglamento especial que permita la recepción anticipada de dineros de sus compradores para adelantar sus planes y que a la vez resguarde suficientemente los derechos a quienes confíen sus dineros a ellas”[60][57].

 

                   En el líbelo el juez, esgrime como bajo los parámetros del artículo 1512 del Código Civil “la prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales .Se prescribe  una acción en el artículo 1º ., de la ley 50 de 1936, la cual redujo a veinte (20) años para la prescripción extraordinaria; pues como se indicó, a penas(sic) lleva en posesión 10 años.” en el artículo 1º ., de la ley 50 de 1936, la cual redujo a veinte (20) años para la prescripción extraordinaria; pues como se indicó, a penas(sic) lleva en posesión 10 años.”



[1] ART. 778.—Sea que se suceda a título universal o singular, la posesión del sucesor principia en él; a menos que quiera añadir la de su antecesor a la suya; pero en tal caso se la apropia con sus calidades y vicios.

Podrá agregarse, en los mismos términos, a la posesión propia la de una serie no interrumpida de antecesores.

 

[2] C-251/96. Corte Constitucional –M .P Alejandro Martínez Caballero

 

[3] C.S.J EXP.19980047, M.P. Carlos Julio Moya Colmenares

 

[4][1] Ver artículo 23 de la ley 388 de 1997.

[5][2] Ver Decreto 1504 de 1998

[6][3]Conc. art. 56 de la Constitución Política de Colombia y artículo 4 de la Ley 142 de 1994.

[7][4]Conc. Artículo 5o. de la Ley 99 de 1993. ”...Corresponde al Ministerio del Medio Ambiente...10)Determinar las normas ambientales mínimas y las regulaciones de carácter general sobre medio ambiente a las que deberán sujetarse los centros urbanos y asentamientos humanos...”.

[8][5] Ver Decreto 1504 de 1998

[9][6] Ver Decreto 1504 de 1998

[10][7]En sentencia de noviembre 9 de 1989, la Corte Suprema de Justicia expresó : “...las áreas de cesión gratuita obligatoria, son aquellas señaladas por las normas urbanísticas para “vías, zonas verdes y servicios comunales” (artículo 7° Ley 9a de 1989), cuya inclusión en los planes de desarrollo es de singular importancia como mecanismo de ordenación del territorio”.

[11][8]Mediante Sentencia C-295/93, la Honorable Corte Constitucional declaró inexequibles las expresiones del artículo 7 que decían “el Consejo Intendencial y las Juntas Metropolitanas”, “por cuanto dichos entes desaparecieron de la Constitución como parte integrante de la organización territorial” .

[12][9]”El tratadista Allan Brewer Carias define tales cesiones como “una forma indirecta de contribución en especie para hacer revertir a la colectividad-uso público- el mayor valor (plusvalía) que adquiere la propiedad del urbanizador, por el hecho de la urbanización autorizada por el ente municipal”. (Urbanismo y propiedad privada)”. Sentencia C-295/93 de la Honorable Corte Constitucional.

[13][10] Concordancia artículo 26  del Decreto 1504 de 1998.

[14][11]Conc. artículo 1005 del Código Civil. “La Municipalidad y cualquier persona tendrá en favor de los caminos, plazas u otros lugares de uso público, y para seguridad de los que transitan por ellos, los derechos concedidos a los dueños de heredades o edificios privados. Y siempre que a consecuencia de una acción popular haya de demolerse o enmendarse una construcción, o de resarcirse un daño sufrido, se recompensará el actor, a costa del querellado, con una suma que no baje de la décima, ni exceda de la tercera parte de lo que cueste la demolición o enmienda, o el resarcimiento del daño; sin perjuicio de que si se castiga el delito o negligencia con una pena pecuniaria, se adjudique al actor la mitad”.

[15][12]Conc. Código Penal, Artículo 184. “Fraude a Resolución Judicial. El que por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta en resolución judicial, incurrirá en arresto de seis (6) meses a cuatro (4) años y multa de dos mil a cien mil pesos”.

[16][13]Conc. Títulos X, XI y XII de la Ley 99 de 1993.

[17][14]Conc. Código Civil, Artículo 665 “Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona.

“Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos nacen las acciones reales”.

[18][15] Ver incisos 2o. y 3o. del artículo 61 de la Ley 388.

[19][16]La Corte Suprema de Justicia, en sentencia de primero de febrero de 1990 declaró inexequible el inciso cuarto del artículo 15 porque “se consagra una exención a un impuesto nacional, que por no constituir exención personal...debió tener iniciativa gubernamental y no parlamentaria, como ocurrió...”.El inciso en cuestión decía: “El ingreso obtenido por la enajenación de los inmuebles a los cuales se refiere la presente Ley no constituye, para fines tributarios, renta gravable ni ganancia ocasional, siempre y cuando la negociación se produzca por la vía de la enajenación voluntaria”. Posteriormente, el artículo 35 de la Ley 03 de 1991 lo consagró de nuevo, tal como se transcribe, subsanando el error anotado.

 

[20][17]La Corte Suprema de Justicia, en sentencia de primero de febrero de 1990 declaró inexequible el inciso segundo del artículo 16 que decía: “En el caso de las sucesiones que se liquiden ante el juez, éste autorizará  la venta siempre que medie el consentimiento del albacea testamentario y en su defecto, del cónyuge supérstite que hubiere optado por gananciales, y a falta de los anteriores de la mayoría simple de los asignatarios reconocidos dentro del proceso. Si entre los herederos y legatarios reconocidos dentro del proceso hubiere menores e incapaces, se requerirá de un defensor de menores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para los primeros y del personero municipal para los segundos. La entidad adquirente consignará el precio de venta en Certificados de Depósito a Término en el Banco Popular. El precio reemplazará el bien enajenado para todos los efectos sucesorales”, habida cuenta de que “en el caso de las sucesiones que se liquiden ante juez, éste autorizará la venta directa o voluntaria de bienes siempre que medie el consentimiento del albacea testamentario, que es un simple ejecutor del testamento, aún cuando se le conceda la tenencia de bienes, y en su defecto, del cónyuge supérstite que hubiere optado por  gananciales, que ni siquiera tiene derechos hereditarios, pues sus derechos se circunscriben a la sociedad conyugal disuelta y aún no liquidada, y a falta de los anteriores por la mayoría simple de los asignatarios reconocidos en el proceso, sin que se requiera que en tal negocio jurídico dispositivo concurra el titular  o titulares del derecho, fácilmente se advierte que el mencionado inciso infringe la Constitución...”

[21][18]Concordante con el artículo 8° de la Ley 258 del 17 de Enero de 1.996 que reza: “ARTÍCULO 8°.-Expropiación.-El Decreto de expropiación de un inmueble impedirá su afectación a vivienda familiar y permitirá el levantamiento judicial de este gravamen para hacer posible la expropiación.

“La declaratoria de utilidad pública e interés social o la afectación a obra pública de un inmueble baja(sic) afectación a vivienda familiar podrá conducir a la enajenación voluntaria directa del inmueble, con la firma de ambos cónyuges”.

[22][19] En esta edición no se transcriben las disposiciones que son objeto de derogatoria expresa y se transcriben las que suponen una derogatoria tácita, puesto que esta labor corresponde al intérprete. Sin embargo, se indica cuando se considera que ha existido alguna de las últimas.

[23][20] Ver Inciso 5o del artículo 61 de la Ley 388 de 1997.

[24][21]El aparte resaltado fue declarado exequible mediante sentencia de la Corte Suprema de Justicia número 57 de septiembre 14 de 1989.

[25][22] Ver numeral 2o. del artículo 62 de la Ley 388 de 1997.

[26][23] Ver Numeral 2o. del artículo 62 de la Ley 388 de 1997.

[27][24]El aparte resaltado fue declarado exequible mediante sentencia de la Corte Suprema de Justicia número 57 de septiembre 14 de 1989.

[28][25]La Corte Suprema de Justicia, en sentencia número 56 del 14 de septiembre de 1989, declaró exequible el aparte que dice “En estas acciones no procederá la suspensión provisional”, sobre el que se ejerció la acción pública de inconstitucionalidad basándose el demandante en que “el legislador solo está facultado para regular las condiciones de ejercicio de esa acción”. La decisión del alto tribunal partió de que el artículo 193 de la Constitución vigente en esa época “deja en manos del legislador, determinar los motivos y no solamente los requisitos para que el órgano (la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en este caso) ejerza la atribución que se le otorga”.

Adicionalmente, la Corte Constitucional, en sentencia No. C-127 /98  Exp D-1805 declaró inexequible el aparte resaltado en negrillas.  

[29][26]La Corte Suprema de Justicia, en sentencia número 56 del 14 de septiembre de 1989, declaró inexequible la parte final de este inciso que decía “El proceso contencioso-administrativo terminará si transcurrido el término anterior no se hubiere dictado sentencia”. Dice la corte en la providencia citada que “Esta norma...le quita al proceso contencioso-administrativo el carácter de verdadero juicio, pues es propio de éste dar oportunidad suficiente a las partes para presentar su caso, las pruebas, si a ello hubiere lugar, y los argumentos en que sustentan sus alegaciones. Además, y por regla general, el juicio culmina con una sentencia”, para concluir: “En el caso presente, no se trata de una actuación administrativa, sino de un proceso contencioso-administrativo y el legislador ni siquiera indica si la falta de sentencia dentro de los 8 meses debe interpretarse como una aceptación o como una negativa de las peticiones de la demanda. No se configura, entonces, un juicio, sino un simple simulacro de tal, con quebranto del debido proceso...”. la sentencia de la misma corporación, de fecha 9 de Noviembre de 1989 ratifica la decisión.

[30][27]En sentencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia, de fecha 25 de enero de 1990, se declaró inexequible el inciso segundo del artículo 23 que decía: “Será definitiva la transferencia del derecho de propiedad a favor de la entidad expropiante aun si la sentencia del Tribunal Administrativo fuere posterior a aquella en la cual quedare en firme la sentencia del juez civil. En este evento el tribunal tendrá en cuenta la indemnización decretada por el juez civil para el efecto de la reparación del daño sufrido por el propietario”. La razón de la declaratoria fue la consideración según la cual, con la vigencia de la norma se vulneraría “el derecho de defensa y la garantía al debido proceso”.

[31][28]Ver Decreto 2150 de 1.995, artículo 27, y numeral 6o. del artículo 62 de la Ley 388 de 1997.

[32][29]Ver artículo 62 de la Ley 388 de 1997.

[33][30]La Corte Suprema de Justicia, en sentencia número 56 del 14 de septiembre de 1989, declaró exequible este artículo, teniendo en cuenta que el hecho de que la constitución exija (como sucede hoy en el artículo 58 de la C.P.C.)la indemnización previa, no significa que el pago de esta deba hacerse de contado, ni que esta deba hacerse en dinero. La indemnización previa es definida en sentencia del 11 de Diciembre de 1969 así: “...es primeramente , definición y reconocimiento del derecho del propietario, con anterioridad a la expropiación, de modo que no haya por una parte, expropiaciones arbitrarias, y por otra, que el dueño pueda contar desde entonces con bienes o valores comerciales enajenables y ciertos, equivalentes al perjuicio causado”.

[34][31]Ver numeral 7o. del artículo 62 de la Ley 388 de 1997.

[35][32]Ver numeral 8o. del artículo 62 de la 388 de 1997.

[36][33]El inciso tercero del artículo 34 fue modificado por el artículo 2 de la Ley 02 de 1991.

[37][34]Ver Decreto 2150 de 1.995, artículo 27.

[38][35]Código Civil, artículo 1544 “Cumplida la condición resolutoria, deberá restituirse lo que se hubiere recibido bajo tal condición, a menos que ésta haya sido puesta en favor del acreedor exclusivamente, en cuyo caso podrá éste, si quiere, renunciarla; pero será obligado a declarar su determinación, si el deudor lo exigiere”.

[39][36]Este artículo fue declarado exequible mediante sentencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia,  número 57 de septiembre 14 de 1989.

[40][37]El artículo 38 fue declarado exequible mediante sentencia C-026 del cuatro de febrero de 1993, de la Honorable Corte constitucional. El inciso segundo fue objeto de la misma declaratoria mediante sentencia de la Corte Suprema de Justicia de noviembre 15 de 1990.

[41][38]El aparte que decía: “Se entenderá abandonado el inmueble cuando el propietario haya dejado de cobrar el canon de arrendamiento por la vía judicial durante dos (2) o más años contados desde la fecha de pago del último canon.” , fue declarado inexequible por la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de Febrero 1 de 1990. En la misma providencia se declaró inexequible el inciso segundo del mismo artículo que decía: “La acción de lanzamiento de los ocupantes de inmuebles dentro de proyectos de renovación urbana, así como cualquier otra acción tendiente al cobro de los cánones adeudados, prescribirá en dos (2) años contados desde la fecha de pago del último canon. La prescrip­ción se interrumpirá por los motivos señalados en las leyes. A partir de la fecha de prescrip­ción, el mero tenedor se tendrá como poseedor”.

[42][39]Debe observarse que la Ley 09 de 1.989, en otros capítulos, otorga herramientas eficaces para la legalización de títulos. En efecto, para la legalización de asentamientos humanos en terrenos de propiedad particular, se contempla la posibilidad de utilizar la enajenación voluntaria, la expropiación (con y sin indemnización), la extinción del dominio y los procesos de pertenencia. Adicionalmente, debe resaltarse la posibilidad de aplicación de la Ley 137 de 1939 o Ley Tocaima, que crea, en los municipios donde existan determinadas condiciones, la presunción en favor de la Nación(desvirtuable, por supuesto) de que los bienes donde se ubican los asentamientos humanos en estado de ilegalidad, no han salido de su patrimonio.

[43][40] Ver artículo 91 de la Ley 388 de 1997.

[44][41]Modificado por el artículo 36 de la Ley 03 de 1991.

[45][42]El inciso tercero que decía: “Valdrá la posesión acumulada a la fecha establecida en los incisos anteriores” fue declarado inexequible por la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de febrero 1 de 1990.

[46][43]La Corte Suprema de Justicia, se declaró inhibida para fallar sobre la constitucionalidad del parágrafo del artículo 51, en sentencia de febrero 20 de 1990.

[47][44]Conc. literal l del artículo 11 de la Ley 03 de 1991.

[48][45]El parágrafo del artículo 5° de la Ley 258   del 17 de Enero de 1.996, establece para efectos probatorios de la posesión un elemento de suma importancia, al permitir el registro de mejoras en predio ajeno para constituir afectación a vivienda familiar, como puede verse a continuación: “...Parágrafo. Las viviendas de interés social construidas como mejoras en predio ajeno podrán registrarse como tales en el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble respectivo y sobre ellas constituirse afectación a vivienda familiar o patrimonio de familia inembargable, sin desconocimiento de los derechos del dueño del predio.”

[49][46]Equivalente al artículo 58 de la Constitución vigente.

[50][47]”...Los Fondos de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, creados por la Ley 3a. de 1991, no están facultados por la ley para efectuar expropiaciones sin indemnización. Las únicas entidades legalmente autorizadas para ordenar expropiaciones de tal naturaleza, son los municipios, los distritos, las áreas metropolitanas y el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, dentro de su respectiva competencia territorial...El trámite que debe seguirse para la expropiación sin indemnización consiste en que el congreso dispone cuáles son los motivos de equidad en casos concretos. Sobre este fundamento legal, en las entidades territoriales el concejo o en su caso la Asamblea Departamental decretan la expropiación y el alcalde o en su caso el gobernador; la ejecutan.

[51][48]El inciso 1 del artículo 56 contiene la modificación hecha por el artículo 5 de la Ley 02 de 1991.

[52][49]Código Penal, Artículo 150 “Prevaricato por omisión. El empleado oficial que omita, rehuse, retarde o deniegue un acto propio de sus funciones incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años e interdicción de derechos y funciones públicas hasta por el mismo término”.

[53][50] La presente edición no contiene la modificación anotada.

[54][51] La H. Corte Constitucional en sentencia C-251 de 1996  declaró exequible el artículo 58 por considerar que “ ...a pesar de consagrar una transferencia gratuita dela propiedad de un bien fiscal, la norma acusada no viola el artículo 355 de la Carta pues busca garantizar el derecho a una vivienda digna (CP art. 51) de las personas de escasos recursos, dentro de programas de reforma y planeación urbana, objetivos que cuentan con un fundamento constitucional expreso”.  

[55][52]El Código de Procedimiento Civil, artículos 413-14, es tajante al prohibir la prescripción de los bienes de propiedad de entidades de derecho público.

[56][53]Al estudiar la constitucionalidad de la norma, la Honorable Corte Suprema de Justicia identificó su finalidad así: “quiere el legislador que las entidades públicas del orden nacional atiendan en forma especial el problema suscitado por las denominadas “invasiones” o “asentamientos humanos subnormales” ocurridos antes del inicio del trámite de la Ley de Reforma Urbana que generan graves conflictos de naturaleza social y administrativa y que entorpecen profunda y radicalmente el desarrollo local y nacional”(Sentencia de febrero 20 de 1990).

[57][54]El artículo 59, fue declarado exequible mediante sentencia de la honorable Corte Suprema de Justicia,  número 59 de septiembre 21 de 1989 y luego fue modificado por el artículo 37 de la Ley 03 de 1991.

[58][55]El inciso 2° fue modificado por el artículo 38 de la Ley 03 de 1991, y quedó como se transcribe.

[59][56]Modificado por el artículo 39 de la Ley 03 de 1991.

[60][57]Conc. artículo 20 de la Ley 03 de 1991.



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