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EJECUTIVO HIPOTECARIO

EJECUTIVO HIPOTECARIO

Reestructuración del crédito

Reestructuración del crédito no es una obligación de las entidades bancarias.

Lo pertinente y legal, es que al crédito se le aplique lo dispuesto por el art. 20 de la Ley 546 de 1999 que impone al Banco que el primer mes de cada año calendario, enviará una información clara y comprensible al deudor, que incluya como mínimo una proyección de lo que serían los intereses a pagar en el próximo año y lo que se cobraría con las cuotas mensuales en el mismo período, todo ello de conformidad con las instrucciones que anualmente imparta la Superintendencia Bancaria (hoy Superfinanciera).

Con aquella información, el deudor, de acuerdo a su capacidad de pago, podía solicitar al banco, durante los dos primeros meses de cada año, la reestructuración de su crédito, otra cosa es que por la desidia del deudor no se hubiere reestructurado el crédito pues tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo solicitó.

De esta manera queda sin fundamento lo expuesto por la funcionaria de primera instancia al pretender que el banco reestructure el crédito del demandado, pues como ya se clarificó, no era una obligación de él, sino que debía adelantarse la reestructuración previa petición del deudor, quien atendiendo sus condiciones económicas, podía solicitarla, tal como lo señala el art. 20 de la Ley 546 de 1999.

Fecha: 04 05 09

Rad. 15 2001 00781 01

Acta 22

Proceso: Ejecutivo hipotecario

Decisión de primera instancia: Declaró la terminación del proceso por carecer el título ejecutivo de fuerza compulsiva.

Decisión de segunda instancia: Revoca

MP. Carlos Alberto Romero Sánchez.

 

 

 

 

 

REPÚBLICA  DE  COLOMBIA

 

 

 

 

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI

SALA CIVIL

 

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ALBERTO ROMERO SÁNCHEZ

 

Santiago de Cali, mayo cuatro de dos mil nueve.

 

Proyecto discutido y aprobado en Sala Civil de Decisión, según acta No 22 de la fecha.

 

Proceso:                    Ejecutivo Hipotecario

Demandante:            Fidecomiso de Activos Improductivos Banco Colpatria

Demandado:             Camilo Vélez Niño

Radicación:               76001-31-03-015-2001-00781-01

Asunto:                      Apelación de auto

 

 

Desata el Tribunal, en virtud a que el trámite que le es propio a la instancia se ha surtido correctamente, el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra el auto del 9 de junio de la pasada anualidad, proferido en el asunto de la referencia por el Juzgado Quince Civil del Circuito de esta ciudad.

 

ANTECEDENTES

 

1.- Mediante demanda presentada al reparto el día 31 de octubre de 2001, la Fiduciaria de Crédito Fiducrédito S. A., vocera del Fidecomiso de Activos Improductivos Banco Colpatria, inició por conducto de apoderada judicial, acción ejecutiva con título hipotecario en contra de Camilo Vélez Niño. Su conocimiento correspondió al Juzgado Quince Civil del Circuito, despacho que libró mandamiento de pago el 14 de enero de 2002.

 

2.- Agotado el trámite de emplazamiento del demandado, y ante la no proposición de excepciones de mérito por parte de la curadora ad litem, se dictó sentencia del 18 de diciembre de 2006, que ordenó seguir adelante la ejecución, decretó la venta en pública subasta de los bienes inmuebles objeto de la garantía, ordenó la liquidación del crédito e impuso condena en costas al ejecutado.

 

Luego de ser aprobada la liquidación de crédito presentada por el banco, y encontrándose pendiente el trámite de “incidente de nulidad constitucional” presentado por el apoderado del ejecutado, la juez de conocimiento en el auto materia de alzada declaró la terminación del proceso, por carecer el título ejecutivo de fuerza compulsiva, ordenó el levantamiento de las medidas cautelares, el desglose de los documentos con la constancia de que lo dispuesto no producía efectos de cosa juzgada material, como tampoco novación de la obligación.

 

El sustento de la anterior determinación parte de la sentencia C-955 de 2000 sobre la constitucionalidad de la ley 546 de 1999, estimando la funcionaria “… que el presente proceso, se encuentra inmerso en la ley de vivienda (ley 546 de 1999), en ese sentido tienen alcance y efectos las sentencias de constitucionalidad C-955 de 2000, como todas aquellas sentencias proferidas por la Corte Constitucional referidas a la materia, en relación con la adquisición de vivienda a largo plazo cuyas obligaciones se encuentran constituidas en UPAC. Si ello es así, considera el despacho que el crédito que aquí se cobra  debía ser objeto de reestructuración por parte de la entidad bancaria una vez efectuada la reliquidación, pues lo cierto es que en tratándose de obligaciones pactadas en UPAC, como es el caso que nos ocupa, debían reliquidarse y no solo procedía para los créditos cuyas obligaciones eran objeto de proceso iniciado antes de la ley  (es decir antes del 31 de diciembre de 1999) que estuvieran vigentes, sino que lo era para todos los créditos de vivienda que habían sido otorgados en UPAC o en pesos con tasa referida al DTF y que se encontraban vigentes al 31 de diciembre de 1999,…  (F-160 c.ppal).

 

Concluye el argumento en lo siguiente: “Sin excepción pues, todos los usuarios que tuvieran crédito en UPAC antes del 31 de diciembre de 1999 gozaban de doble beneficio: reliquidación – reestructuración, lo anterior se vislumbra en el querer constitucional plasmado en la Sentencia SU-813 de 2007 donde la Corte Constitucional señala como condición de exigibilidad la terminación del proceso por reestructuración (sic), y ordena a la entidad financiera la reestructuración del saldo de la obligación, es decir, reliquidación y reestructuración van de la mano en el cobro compulsivo.”

 

Así entonces, estimó la juzgadora que en este caso la entidad demandante debió allegar el acuerdo de reestructuración celebrado con el deudor, y al estar ausente el mismo, concluyó que el documento base de recaudo carecía de fuerza compulsiva, lo que imposibilitaba el mandamiento de pago solicitado.

 

3.- La apoderada judicial de la entidad demandante, al interponer directamente el recurso de apelación, cuestionó el fundamento del juzgado en cuanto que, declaró la ilegalidad (sic), de todo lo actuado y en consecuencia decretó la terminación del proceso, por considerar que el banco no agotó el acuerdo de reestructuración del crédito.  Sostiene la impugnante que la anterior decisión, además de atentar contra el ejercicio de la acción cambiaria, es errada en cuanto que se ha realizado una interpretación apresurada y exegética del artículo 42 de la Ley 546/99 y la sentencia C-955 de 2000, puesto que el legislador ni la jurisdicción quisieron decir que la obligación no se hará exigible si el banco acreedor no agota los trámites de reestructuración del crédito, más aún cuando el deudor no acude a solicitarla.

 

Agrega que de tal forma se desequilibra la administración de justicia, conminando a una de las partes a celebrar o adelantar un contrato unilateral, cuando por ministerio de la ley la naturaleza del mismo es de características bilaterales, debido que la reestructuración es un convenio que tiene por objetivo modificar cualquiera de las condiciones originalmente pactadas en el contrato de mutuo, la que podrá ser aceptada por la acreedora siempre que el mutuario cumpla las condiciones exigidas por las circulares externas 007 y 085 de 2000 y 2001 emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, entre las que se cuenta que si el deudor no tiene capacidad de pago, o si el saldo de la obligación excede en un 70% el valor de inmueble, el acreedor desechará cualquier propuesta de reestructuración.

 

En lo que concierne a la sentencia SU-813/07, en la cual se basa la juez de conocimiento, se tiene que aquella únicamente tiene efectos sobre los procesos ejecutivos hipotecarios que se encontraban en curso a 31 de diciembre de 1999, y de acuerdo a ello no es aplicable a este, toda vez que su inicio data del 31 de octubre de 2001 fecha que corresponde a la presentación de la demanda.

 

CONSIDERACIONES

 

1.- Debe la Sala determinar si la declaratoria de terminación del proceso, y consecuente decisión de no seguir con la ejecución por falta de fuerza compulsiva del título ejecutivo se encuentra ajustada a la legalidad.

 

2.- A propósito de la revocatoria de providencias judiciales, la Corte Constitucional en sentencia T-1274 de 2005 expuso los siguientes conceptos que, por su importancia se transcriben en su integridad:

 

A partir de la interpretación del artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que la revocatoria de los autos interlocutorios ejecutoriados, de oficio o a petición de parte, no está prevista en el ordenamiento jurídico como formula procesal válida para que los jueces procedan a reformar lo decidido en estas providencias, ni siquiera en el término de ejecutoria de las mismas, lo cual no obra en perjuicio de las modificaciones que sean el resultado del trámite del ejercicio de los diferentes medios de impugnación. Al respecto ha dicho que la facultad prevista en la norma mencionada, modificada por el artículo 1º, numeral 139 del Decreto 2282 de 1989, sólo permite la aclaración de oficio de los autos en el término de ejecutoria, lo cual no lleva aparejado en modo alguno la posibilidad de reformarlos en su contenido material básico.  Sobre este particular la Corte expresó:

 

“Es bien sabido que en aras de la seguridad procesal, la ley, en principio, no permite que los autos puedan modificarse de oficio. Lo máximo que el funcionario puede hacer, es proceder a su reforma siempre y cuando haya mediado recurso de reposición o solicitud de aclaración. Del inciso segundo del artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1o., numeral 139, del decreto 2282 de 1989, que sólo autoriza para aclarar de oficio autos dentro del término de su ejecutoria, no puede deducirse una facultad amplia para la reforma oficiosa de tales providencias.”[1]

 

Esta restricción se explica, de una parte, en el principio de legalidad que impide a las autoridades, en general, y a las judiciales, en particular, actuar por fuera de los poderes y deberes que la ley les ha señalado y, de otra, en el carácter vinculante de las providencias judiciales.

 

Así, pues, en cuanto al principio de legalidad cabe señalar que el artículo 6º de la Constitución Política dispone que “los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes.” y añade que  Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.  En este mismo sentido, el artículo 121 superior advierte que “ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley”.

 

A partir de la interpretación de estas normas, la Corte ha observado que el principio de legalidad resulta ser una institución jurídica compleja, como quiera que constituye el principio rector del ejercicio del poder y, como tal, determina todo lo que está prohibido o permitido en la “variedad de asuntos que adquieren relevancia jurídica y a la multiplicidad de formas de control que genera la institucionalidad.”[2]   Se trata de uno de los principios fundamentales del Estado Social de Derecho, pues precisamente alude a la supremacía del Derecho de manera que “la actividad de todas las personas y entidades, incluido el Estado mismo y sus autoridades, están sometidos al ordenamiento jurídico positivo, en primer lugar a la Constitución Política, de suerte que la vulneración de aquel les acarrea responsabilidad de diversos tipos.”[3]

 

En consideración de estas disposiciones superiores y en lo que atañe al tema sometido a examen, la Sala encuentra que el principio de legalidad se traduce en la predeterminación de las reglas procesales[4] -lex previa y scripta- y la estricta observancia de las mismas por las partes e intervinientes en el proceso judicial y, preponderantemente, por la autoridad a cargo de la conducción del mismo, que es la que ejerce el poder y cuya actuación no puede en modo alguno apartarse de dichas reglas, pues son ellas presupuesto para la materialización de otros derechos y valores fundamentales, como son las garantías del debido proceso, entre ellas, el derecho de defensa y el principio de contradicción.

 

No existen excepciones en la aplicación del principio de legalidad bajo la consideración de ningún criterio, de manera que “el proceso civil, como todos los trámites jurisdiccionales, está sujeto al principio de legalidad, por tanto, desde su iniciación las partes pueden valerse de los distintos mecanismos previstos en la ley para que el juez ajuste la forma a la establecida por ésta.”[5]

 

Descendiendo al asunto sometido a examen se tiene que el despliegue de funciones o actuaciones por el juez que no tenga respaldo en el ordenamiento positivo constituye una extralimitación de las funciones a él asignadas.  En estas condiciones, si la revocatoria de autos interlocutorios no ha sido prevista en la ley procesal, el juez que la ordene por fuera del trámite de alguno de los medios de impugnación o nulidad, incurre sin lugar a dudas en una vía de hecho que puede dar lugar a la vulneración de derechos fundamentales.  Ello no obsta, como es lógico, para que con fundamento en norma expresa los jueces procedan a la revocatoria de ciertos actos de naturaleza interlocutoria, tal como sucede cuando se prevén supuestos en los que procede el levantamiento de las medidas cautelares que se adoptan en los procesos civiles (Código de Procedimiento Civil Arts. 346  y 519) y la sustitución o revocatoria de la medida de aseguramiento (Código de Procedimiento Penal, Art. 318), en los que es la propia ley la que determina las condiciones que deben cumplirse para que el juez se aparte de lo decidido anteriormente.

 

Del mismo modo, como atrás se anticipó, la imposibilidad de modificar lo decidido a través de autos interlocutorios se explica también por el carácter vinculante de las providencias judiciales, el cual se proyecta entre las partes pero también respecto del juez que las profiere. En relación con este punto la jurisprudencia explicó: “El carácter vinculante de las decisiones judiciales contribuye a la eficacia del ordenamiento jurídico. Sólo si las sentencias son obedecidas, el derecho cumple una función social. Pero las sentencias no sólo vinculan a las partes y a las autoridades públicas; también el juez que las profiere está obligado a acatar su propia decisión, sin que pueda desconocerla argumentando su cambio de parecer.”[6] 

 

Cabe reseñar que el carácter vinculante no sólo se predica de las sentencias y de las providencias que ponen fin a una controversia, sino también de las decisiones judiciales, en general, una vez cobran ejecutoria.  El alcance de este carácter, sin embargo, no es el de excluir la posibilidad de que las providencias puedan ser controvertidas y modificadas a través del ejercicio de los medios de impugnación que se han previsto en el ordenamiento jurídico, entre los cuales se encuentran los recursos y las nulidades que pueden ser declaradas de oficio o a petición de parte.  Así mismo, el carácter vinculante tampoco conduce a que las decisiones ejecutoriadas aten al juez “cuando quedan desligadas del conjunto totalitario del procedimiento, en cuanto a los efectos de ellas mal pueden tender a la consecución del acto jurisdiccional que ha de constituir el fin del proceso, rompiendo, por lo tanto, su unidad” [7].  En síntesis, de lo anterior se desprende que el juez sólo puede apartarse de lo decidido en un auto interlocutorio si es la ley la que establece un mecanismo para ello o si la conclusión del proceso que ha de consignarse en la sentencia no armoniza con la decisión previa.

 

En relación con este punto la doctrina enseña que la revocatoria oficiosa “bajo ninguna forma está permitida, así se pretenda disfrazar con declaraciones de antiprocesalismo o de inexistencia que la ley no autoriza y que socava el orden del proceso, pues contrarían la preclusión, seguridad y firmeza de la actuación.  Liebman expresa que en “los principios generales que rigen el proceso, tal como está establecido por el Código (se refiere al italiano e igual sucede con el colombiano), no se permiten dejar a la discreción del juez el modificar y revocar sus propias providencias cuando el término para el recurso de las partes ha transcurrido.  El juez en general puede hacer o no hacer lo que le piden las parte; y sus poderes quedan sometidos a la iniciativa de las partes, en general.  Y en particular, en lo que se refiere a la modificación, a la revocación de un acto, de una providencia ya dictada, el juez no puede hacer de oficio sino lo que expresamente la ley le permite; y en general no puede hacer nada que la parte no le haya pedido en forma expresa.”[8]

 

En estas condiciones, es claro que la revocatoria de los autos no es una alternativa o mecanismo para que la autoridad judicial proceda de oficio a enmendar cualquier yerro en el que considere que pudo haber incurrido en el trámite de un proceso; ni tampoco procede a solicitud de parte pues ello comportaría el ejercicio extemporáneo del derecho de contradicción a través de una vía equivocada, esto es, pretermitiendo los términos y los mecanismos estatuidos para ello como es la interposición de los recursos respectivos[9].  En relación con el tema la jurisprudencia de esta Corte tuvo oportunidad de señalar:

 

“... se recuerda que un auto ejecutoriado no puede ser revocado por el juez, ya que la ley procesal no establece la revocación ni de oficio ni a petición de parte después de que se produzca la ejecutoria. Tampoco puede declararse la nulidad de un acto después de ejecutoriado, ya que la parte lo consintió si no interpuso recurso o éste se resolvió, quedando ejecutoria el proveído, y a menos que se dé una causa de nulidad que no haya sido saneada.[10]

 

No sobra advertir, en relación con el tema, que las irregularidades que pudieran considerarse constitutivas de alguna nulidad, de conformidad con lo previsto por el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, deben tenerse por subsanadas si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que el propio código establece.

 

Así, pues, bajo esta perspectiva no cabe duda que en el asunto sometido a examen el juez excedió sus competencias e incurrió en una vía de hecho judicial que, por no poder ser controvertida a través de otro mecanismo judicial -dado que el accionante los agotó todos-, debe ser conjurada por el juez constitucional.

 

Sin embargo, no desconoce la Corte que, tal como se argumentó por la autoridad judicial accionada, respecto de la regla procesal de la irrevocabilidad de los autos, la Corte Suprema de Justicia ha establecido por vía jurisprudencial una excepción fundada en que los autos manifiestamente ilegales no cobran ejecutoria y por consiguiente no atan al juez –antiprocesalismo-[11]. 

 

De cualquier manera y si en gracia de discusión se acogiera por la Sala este criterio, se tiene que la aplicación de una excepción de estas características debe obedecer a criterios eminentemente restrictivos, pues de no ser así, so pretexto de enmendar cualquier equivocación, el operador jurídico puede resultar modificando situaciones jurídicas constituidas de buena fe respecto de terceros con fundamento en las providencias judiciales y desconociendo con ello normas de orden público, así como el principio de preclusión de las etapas procesales.[12]  De manera que no cabe duda que de admitirse la aplicación de esta excepción, la misma sólo procede cuando en casos concretos se verifica sin lugar a discusión que  se está frente a una decisión manifiestamente ilegal que represente una grave amenaza del orden jurídico y siempre que la rectificación se lleve a cabo observando un término prudencial que permita establecer una relación de inmediatez entre el supuesto auto ilegal y el que tiene como propósito enmendarlo.”

 

3.- Puestas así las cosas, la Sala echa de menos la decisión manifiestamente ilegal, que por amenaza del orden jurídico haga imperativa decisión como la inicialmente adoptada por la a-quo. Por el contrario, harto discutible resulta tanto el soporte material como la oportunidad en que se profiere la declaración de carencia de fuerza compulsiva que se revisa, si se tiene en cuenta que el título base de la ejecución es de aquellos que reúnen los requisitos exigidos por el artículo 488 del C. de P. C., amén de los especiales señalados en el artículo 621 y 709 de la ley comercial, con presunción de autenticidad (art.252 del C. de P. C.), que habilita al acreedor para exigir al juez su cobro coactivo a voces del artículo 793 del Co de Co. Además, el auto de apremio había sido notificado al extremo ejecutado a través del curador ad litem desde hace aproximadamente dos años (f-101 vto.), el cual cobró firmeza.

 

Por supuesto que pese a que el pagaré arrimado se haya convenido en UPAC, la que posteriormente fue reemplazada como unidad de medida por la UVR, no por ello la obligación original ha perdido identidad o se extinguió. Por lo demás, la obligación aparece incorporada en un título valor que goza entre otros atributos de literalidad y autonomía. Sobre tal tópico la misma Corte Constitucional ha dicho que:

 

4.4.  Adicionalmente, en este caso independientemente de cualquier otra consideración, lo cierto es que existe una obligación dineraria para cuyo monto fue utilizada la UPAC como unidad de medida, y posteriormente por decisión del legislador, desaparecida ésta, su lugar fue ocupado por la UVR. Ello no tiene sin embargo la consecuencia de extinguir la obligación original, pues se conservan íntegramente los elementos esenciales que la estructuran, a saber: un creditor, un debitor y un vínculo jurídico entre ellos, que impone al segundo una prestación debida al primero, como ya se señaló.

 

Esa obligación por lo demás, aparece incorporada en un título valor, expresada en él literalmente, título que goza de autonomía y que puede ser objeto de circulación, sin que por haberse expresado inicialmente la suma debida en UPACS pierda su identidad y objeto.”[13]

 

Entonces, si el mandamiento de pago estuvo sustentado en documento de tal raigambre, no podía la funcionaria de primera instancia arribar a la conclusión de su unilateral carencia de fuerza compulsiva por no acreditarse el trámite de reestructuración del crédito, sin desmedro del principio de la seguridad jurídica, pues desconoce situaciones procesales consolidadas con suficiente soporte material y jurídico, aún bajo pretexto de la aplicación de una sentencia de unificación como pasará a verse.

 

Para la Sala no puede pasar inadvertido que el proceso se encontraba con sentencia en firme al momento de emitirse la providencia impugnada y de conformidad con lo normado en el artículo 309 del C. de  C., aquella no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció, luego la decisión que se revisa va en contravía de la ley, lo que sin duda constituye un acto que atenta contra la seguridad jurídica y el carácter vinculante de las decisiones judiciales que se adoptan al interior del proceso y que deben ser observadas en su cumplimiento por las partes y el juez, sin perjuicio de que eventualmente puedan resultar modificadas en virtud de los mecanismos legales de impugnación.

 

Para redundar, fue la sentencia de primera instancia la última oportunidad que tuvo el a-quo para volver sobre el título, pues  La orden de impulsar la ejecución, objeto de las sentencias que se profieran en procesos ejecutivos, implica el previo y necesario análisis de las condiciones que le dan eficacia al título ejecutivo, sin que en tal caso se encuentre el fallador limitado por el mandamiento de pago proferido al comienzo de la actuación procesal. (G.J, CXCII, 131).

 

4.- Sin perjuicio de lo anterior, la Sala entrará a señalar los errores in iudicando que presenta la decisión impugnada.

 

De acuerdo con la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Bancaria –hoy Superintendencia Financiera-, la restructuración es la modificación de una o varias condiciones originales del crédito, acordada entre el deudor y la entidad financiera, con el fin de facilitar al deudor el pago del crédito, cuando quiera que tenga dificultades reales o potenciales de pago.

 

De esta manera claramente se entiende que la reestructuración no es un acto unilateral de la entidad bancaria, sino una conjunción de voluntades, que teniendo en cuenta el cambio de las condiciones del contrato de mutuo, obedece a un acuerdo entre acreedor y deudor, en tanto que se consultan las condiciones económicas del deudor.

 

Es esa la recta inteligencia de la parte final del art. 42 de la Ley 546 de 1999, cuando menciona: Cumplido lo anterior, la entidad financiera procederá –imperativo- a condonar los intereses de mora y a reestructurar el crédito si fuere necesario –potestativo-; de lo contrario y de ser obligatoria la reestructuración el legislador habría utilizado la formula “procederá a condonar los intereses de mora y a reestructurar el crédito”.

 

Así también lo dejó claro la Circular Externa 7 de 2000, emitida por la Superintendencia Bancaria, cuando señalaba la forma como debía ser aplicado el alivio, manifestando: en caso de que el valor del abono no alcanzare para cubrir la totalidad de las cuotas pendientes la entidad acreedora podrá convenir con el deudor una reestructuración del crédito en los términos y condiciones que la capacidad de pago del deudor aconseje. De esta manera, surge que la reestructuración del crédito no es una obligación de las entidades bancarias, tan solo es potestativa, pues cuando el deudor no quedare al día con el abono y sus  condiciones económicas lo permitan[14], podrán convenir una restructuración.

 

Ahora bien, si analizamos con detenimiento la sentencia C-955 de 2000, bien se puede establecer que al momento de revisar la exequibilidad de la Ley 546 de 1999, dispuso la terminación del proceso sin más trámite, una vez se allegare la reliquidación por parte del banco[15]. No se dijo, como lo mal entiende la funcionaria de primera instancia, que había que reestructurar el crédito, por el contrario, al declarar la exequibilidad del art. 20 de la citada ley, condicionó la reestructuración del crédito a una solicitud por parte del deudor y la verificación de las condiciones económicas del mismo. Así, dijo la Corte Constitucional en la citada sentencia C-955 de 2000:

 

“El precepto debe ser entendido y aplicado en armonía con la parte final del artículo 20 de la Ley 546 de 1999, y con el condicionamiento que a él introduce esta Corporación. Allí se indica que, con base en la información clara y comprensible que deberán recibir los deudores de créditos individuales hipotecarios, en la cual está comprendido el tema de los intereses a pagar anualmente, los que se cobrarán con las cuotas mensuales en el mismo período, podrán solicitar a los establecimientos de crédito acreedores, durante los dos primeros meses de cada año calendario, la reestructuración de sus créditos para ajustar el plan de amortización a su real capacidad de pago, pudiéndose, de ser necesario, ampliar el plazo inicialmente previsto para su cancelación total. Lo cual condicionará esta Corte, en punto de su exequibilidad, en el sentido de que las entidades financieras no pueden negarse a la reestructuración solicitada si se dan las condiciones objetivas para ello.

 

Es justamente ese último propósito el que aparece claramente complementado por la posibilidad, destacada en el artículo, de que, debidamente informados, los deudores puedan solicitar y obtener la reestructuración de sus créditos para ajustar el plan de amortización a su real capacidad de pago.

 

La Corte encuentra también exequible el aludido aparte del artículo, aunque considera necesario condicionar su exequibilidad a que, conocidas por la institución financiera las condiciones objetivas, acepte y efectúe la reestructuración solicitada. Desde luego -como ya se dijo-, la controversia en torno a si existen o no esas situaciones objetivas debe ser solucionada por la Superintendencia Bancaria, en ejercicio de sus funciones.

 

 

Entonces, si la sentencia C-955 de 2000 que sienta Doctrina Constitucional, no impone obligaciones adicionales a las entidades crediticias más que la de reliquidar los créditos para que se termine el proceso, no es atendible que la juez sí lo disponga.

 

No obstante lo anterior, vale mencionar que el proceso que hoy se revisa no es de aquellos que deben sujetarse al régimen de transición señalado por la Ley 546 de 1999, habida cuenta que la obligación no estaba para el cobro judicial a 31 de diciembre de 1999.

 

Lo pertinente y legal, es que al crédito se le aplique lo dispuesto por el art. 20 de la Ley 546 de 1999 que impone al Banco que el primer mes de cada año calendario, enviará una información clara y comprensible al deudor, que incluya como mínimo una proyección de lo que serían los intereses a pagar en el próximo año y lo que se cobraría con las cuotas mensuales en el mismo período, todo ello de conformidad con las instrucciones que anualmente imparta la Superintendencia Bancaria (hoy Superfinanciera).

 

Con aquella información, el deudor, de acuerdo a su capacidad de pago, podía solicitar al banco, durante los dos primeros meses de cada año, la reestructuración de su crédito[16], otra cosa es que por la desidia del deudor no se hubiere reestructurado el crédito pues tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo solicitó.

 

De esta manera queda sin fundamento lo expuesto por la funcionaria de primera instancia al pretender que el banco reestructure el crédito del demandado, pues como ya se clarificó, no era una obligación de él, sino que debía adelantarse la reestructuración previa petición del deudor, quien atendiendo sus condiciones económicas, podía solicitarla, tal como lo señala el art. 20 de la Ley 546 de 1999.

 

5.- Respecto a la pretendida aplicación de la sentencia SU 813 de 2007, como ya se dijo, la obligación que se recauda no es de aquellas que deben someterse al régimen de transición señalado por la Ley 546 de 1999, toda vez que el supuesto fáctico contenido en el parágrafo 3° del artículo 42 de esta norma, dice relación con aquellas obligaciones que se encontraban vencidas y sobre las cuales recayeren procesos judiciales al tiempo de entrar en vigencia la ley de vivienda. 

 

Quiso la Corte Constitucional unificar su jurisprudencia en relación con la interpretación que debía darse al parágrafo 3° del artículo 42 de la ley de vivienda, esto es, al problema jurídico de la terminación de los procesos ejecutivos en trámite al momento de su expedición. Si este es el meollo del asunto, bien pronto aparece que el sustento utilizado por la a-quo para la adopción de la decisión que nos ocupa, no aplica al asunto de autos, por la potísima razón de que el primer presupuesto que debe establecerse es que la actuación judicial hubiere iniciado antes del 31 de diciembre de 1999.

 

Al respecto dijo la Corte:

“En criterio de la Corte, todos los procesos ejecutivos hipotecarios que se encontraban en curso a 31 de diciembre de 1999 han debido declararse terminados por parte del juez competente, conforme al entendimiento que del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 hizo la Corporación, inicialmente en la Sentencia C-955 de 2000 -en la que adelantó el juicio de constitucionalidad de la citada norma-, y luego en distintos fallos de tutela sobre la materia.”

 

(…)

 

“Finalmente, para proteger el derecho a la igualdad, la Corte considera necesario señalar que los efectos de esta decisión se surten a partir de la fecha de su adopción y se extienden con carácter general a todos los procesos ejecutivos en curso, iniciados antes del 31 de diciembre de 1999, y que se refieran a créditos de vivienda, y en los cuales no se haya registrado el auto de aprobación del remate o de la adjudicación del inmueble y respecto de los cuales no se hubiere interpuesto tutela. En estos casos, el deudor deberá satisfacer los requisitos de procedibilidad mencionados y una vez satisfechos podrá acudir a la acción constitucional para la defensa de sus derechos fundamentales en sede de tutela.” (Subraya la Sala).

 

Así las cosas, el proceso materia de apelación al haber sido iniciado en el año 2001 no hace parte del universo de procesos comprendidos por la sentencia SU-813 de 2007, de donde su aplicación extensiva resulta constitutiva de vía de hecho por defecto sustantivo, que corresponde subsanar.

 

En mérito de lo expuesto, esta Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior de Cali,

 

RESUELVE:

 

1.- REVOCAR la providencia materia de apelación.

 

2.- Devuélvase la actuación al Juzgado de origen, para que continúe con su tramitación. 

 

NOTIFÍQUESE,

 

 

CARLOS ALBERTO ROMERO SÁNCHEZ

Magistrado

 

 

JULIÁN ALBERTO VILLEGAS PEREA

Magistrado

 

 

JULIO CESAR CABRERA REALPE

Magistrado

 

 

 

 



[1]   Sentencia T-177 de 1995

[2]   Sentencia C-710 de 2001

[3]  Sentencia C-864 de 2004

[4]  Sentencia T-685 de 2003

[5]  Sentencia C-739 de 2001

[6]   Sentencia C-548 de 1997

[7] Morales Molina Hernando, Curso de Derecho Procesal Civil, Parte General, Página 454.

[8] Morales Molina Hernando, ob. cit. Página 455

[9]  Sentencia T-968 de 2001

[10]  Sentencia T-519 de 2005

[11] Cfr.  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de junio 28 de 1979 MP. Alberto Ospina Botero; Sentencia No. 286 del 23 de Julio de 1987 MP. Héctor Gómez Uribe; Auto No. 122 del 16 de junio de 1999 MP. Carlos Esteban Jaramillo Schloss; Sentencia No. 096 del 24 de mayo de 2001 MP. Silvio Fernando Trejos Bueno, entre otras.

[12] Cfr. Sentencia T-519 de 2005

[13] Corte Constitucional. Sentencia. T-184 de 2004. M. P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

[14] “Desde luego, el deudor debe acreditar la capacidad de pago para atender su obligación reestructurada, tal como lo indica la ley, dado que de no ser este el caso, el deudor estaría avocado a un proceso judicial o a entregar el bien en pago….” Circular 7 de 2000 

[15] “En ese orden de ideas, la suspensión de los procesos en curso, ya por petición del deudor, o por decisión adoptada de oficio por el juez, tiene por objeto que se efectúe la reliquidación del crédito y, producida ella, debe dar lugar a la terminación del proceso y a su archivo sin más trámite, como lo ordena la norma, que en tal sentido, lejos de vulnerar, desarrolla el postulado constitucional que propende al establecimiento de un orden justo (Preámbulo y artículo 2 C.P.) y realiza los principios de prevalencia del derecho sustancial (art. 228 C.P.) y de acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.)” C-955 de 2000.

[16] Mediante sentencia C-955 de 2000 se declaró condicionalmente exequible el art. 19 de la Ley 546 de 1999. Aclara la Corte: "en el entendido de que la reestructuración del crédito pedida por el deudor dentro de los dos primeros meses de cada año, si hay condiciones objetivas para ello, debe ser aceptada y efectuada por la institución financiera. En caso de controversia sobre tales condiciones objetivas, decidirá la Superintendencia Bancaria. Bajo cualquiera otra interpretación, el artículo SE DECLARA inexequible.

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