Traspaso de competencias en materia taurina

 

Se aprueba una proposición de de ley
para el paso de Interior a Cultura
Se propuso por el Partido Popular y se aprobó con la gran mayoría de los miembros de la Comisión de Cultura del Congreso
 
Los miembros de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados propusieron dar curso a la proposición no de ley presentada por el grupo popular -que incluye una enmienda del partido socialista- , y que “insta” al Gobierno a adoptar las "medidas oportunas" para que las potestades administrativas relacionadas con espectáculos taurinos, salvo las correspondientes a la competencia sobre seguridad pública, sean atribuidas al Ministerio de Cultura, y que en la actualidad están adscritas competencial y jurídicamente  al Ministerio de Interior. Dicha iniciativa fue aprobada por 33 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención y fue defendida por el diputado del grupo popular Juan Manuel Albendea, el cual estructuró su argumentación en que la Fiesta de los toros necesita “medidas de fomento” y explicó que esta salvaguarda la “tiene que proporcionar el Ministerio de Cultura, cuyas competencias (taurinas) se deben traspasar de inmediato pues hoy, en el siglo XXI, las competencia del Ministerio de Interior es una antigualla". Además, el diputado apuntilló que en este texto de la proposición queda explicado que las potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos las asumiría el Ministerio de Cultura, y lo serán, "sin perjuicio de las que ostentan las Comunidades Autónomas".  

Este sería el pretexto para dar curso a este traspaso, porque como primera medida hay que modificar la Ley Taurina Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos, es la ley matriz que dio paso a la posibilidad jurídica del reglamento taurino de 1992 y posterior de 1996, así de la que parten en estructura de competencias administrativas de las Comunidades autónomas que han legislado normas en materia de espectáculos taurinos y populares. Un rodeo dialéctico, pues es evidente que no habría que modificar únicamente la ley principal, sino todas las órdenes, reglamentos y demás normas que se han desarrollado a partir de ésta, tanto nacionales como autonómicas.

Además de esta premisa que no se contempla en el texto con la suficiente amplitud, el diputado Albendea daba algunos argumentos más, muchos de ellos tópicos que ya se creían abandonados en el tiempo por inapropiados. Pasamos a relatárselos.

- Explicó que durante el siglo pasado los asuntos de orden público en los espectáculos taurinos eran objeto "de gran preocupación", debido a las "broncas" que no era raro que se produjeran en ellos, pero "hoy afortunadamente" ciertas situaciones de violencia "no se dan en las plazas de toros".

- Subrayó "el carácter evidentemente cultura de la fiesta de los toros" y se preguntó cómo si los toros no fueran un arte "los Gobiernos de diferentes signo político han concedido a los toreros la medalla de las Bellas Artes".

- Una vez que las competencias taurinas estén transferidas al Ministerio de Cultura "deberán existir partidas presupuestarias de fomento de la fiesta" y promover que se le de un tratamiento fiscal similar a otros espectáculos, defendió el diputado. En este sentido, aseguró que existe una "discriminación negativa" hacia las corridas de toros que no se pueden beneficiar de un tipo de IVA reducido del 8% en sus entradas frente a otros espectáculos.

Este texto carente de otras definiciones que afectarían fundamentalmente al organigrama posterior en el otro Ministerio, quedó definido por los tópicos, apreciaciones banales y alguna charla dogmática animalista. La puntualización que realizó el diputado socialista Tomás García explicó que la enmienda presentada por su grupo establece "de manera más clara" que las competencias en materia de promoción y fomento de la tauromaquia pasarían al Ministerio de Cultura, "salvo las correspondientes a la competencia sobre seguridad pública", explicó. Una evidencia, que de no tratarse así significaría que hay que cambiar en primer término la Constitución, después la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre (1), de transferencia de competencias a Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143, y después toda la normativa nacional y autonómica. La Charla antitaurina la representó el diputado de ERC Joan Tardá, quien cuestionó el carácter cultural de los espectáculos taurinos e hizo una explicación sobre los detalles más sangrientos de una corrida de toros, tras lo que anuncio su voto en contra de la proposición no de ley.

Mientras que la agencia de noticias Efe insistía en la el texto de traspaso de competencias, Europa Press titulaba: “El PP denuncia la discriminación que sufre la fiesta de los toros en materia fiscal. Y esta parece ser la mayor preocupación por parte del estamento taurino. Incluía en la primera parte de la crónica que la Ley del impuesto

sobre el valor añadido dispone que se aplicará el tipo reducido del ocho por ciento a teatros, circos, conciertos, bibliotecas y cines, entre otros, a excepción de los toros. Según indican, los festejos mayores pagan el 18 por ciento de IVA, lo que supone el encarecimiento de las entradas y, por lo tanto, la "ausencia de la juventud en la fiesta".

Por supuesto, el texto pide partidas presupuestarias para el fomento de la fiesta; un tratamiento fiscal similar a los espectáculos descritos, la conservación de la especie del toro; proliferación de escuelas de tauromaquia; y reducciones de las cuotas de la Seguridad Social, entre otras ventajas, para abordar "una política de fomento" del mundo de los toros. Además, los populares han lamentado que en los Presupuestos

Generales del Estado para 2011 las asignaciones del Ministerio de Cultura para la danza y música hayan superado los 104 millones de euros, otros 54 millones hayan ido a parar al teatro y 113 para el cine mientras que no se ha asignado ninguna partida a los toros. 

 

(1) “la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de competencias a Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143, y la posterior reforma en marzo de 1994, como consecuencia de aquélla, de los Estatutos de Autonomía de 10 Comunidades Autónomas han llevado a la práctica generalización de la competencia autonómica sobre los espectáculos públicos. Además, el despliegue y asunción efectiva de funciones por fuerzas policiales propias o dependientes de varias Comunidades Autónomas debe ser específicamente reconocido por cuanto supone la sustitución de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.”