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Ecuador y toros

Los aficionados y taurinos se movilizan en Ecuador

"100% taurino, 100% mestizo,
orgullosamente ecuatoriano"

Era uno de los lemas que aparecían en las pancartas portadas por varias decenas de profesionales del mundo -entre toreros, rejoneadores, novilleros- vestidos de traje de luces en la manifestación que el pasado viernes 21 de enero tuvo lugar en Quito para protestar por la inclusión en el próximo plebiscito de la posible prohibición de las corridas de toros en Ecuador. Los manifestantes recorrieron las calles de la capital, desde la plaza de toros hasta el edificio de la Corte Constitucional, la alta institución que tiene que dar el visto bueno a la propuesta de diez preguntas que realizó el presidente Rafael Correa la pasada semana.

 

Esta consulta contiene diez preguntas sobre temas muy diferentes y ha provocado gran sorpresa la inclusión de la prohibición taurina y los juegos de azar pues el mandatario ecuatoriano anunció a finales de año la idea de la consulta popular como una respuesta a la alarma social en torno a la criminalidad y los asesinatos por parte de sicarios. El eje central de la consulta era proponer que los jueces sólo puedan dictar medidas

alternativas a la prisión preventiva para delitos menores, dentro de una reestructuración del sistema judicial, incluido su máximo órgano el Consejo de la Judicatura.

La segunda parte de la polémica que ha generado este referéndum ha sido la inclusión de preguntas que no tienen que ver con la seguridad, como son, por ejemplo, la imposibilidad de que los banqueros y los empresarios de medios de comunicación tengan acciones en negocios ajenos al sistema financiero e informativo respectivamente. Añade un Consejo de Regulación para controlar la difusión de contenidos, y lo más sorprendente -porque nada corresponde a la motivación del referéndum- es la inclusión de asuntos como la propuesta de prohibir los juegos de azar, como casinos y salas

de juegos, y "los espectáculos públicos donde se mate a animales", en referencia a las corridas de toros.

Esta consulta popular convoca a diez millones de ecuatorianos en las urnas y costará en torno a 28 millones de dólares, una cifra muy considerable teniendo en cuenta la delicada situación económica del país andino. También recordamos, que más de 100.000 ecuatorianos podrán votar en nuestro país, de los cuales la participación más alta fue la del último plebiscito que congregó a un 39% de esta cifra.

Lo más sorprendente de esta polémica suscitada alrededor de la consulta popular propuesta por Correa es que ha abierto un debate ahora inexistente en Ecuador sobre el tema muy recurrente e interesado del papel que tienen los toros en los países de tradiciones taurinas.

Sin  embargo, el debate que se supone debe abrirse por la consulta quizá no represente la totalidad que se pretendía. Hasta ahora ha movilizado lógicamente a los aficionados taurinos, pues se ve amenazada un sector importante en el país, de mueve alrededor de un millón de aficionados, que hay 500 festejos taurinos (entre corridas y espectáculos populares) en todo el país, que generan sesenta mil empleos directos y cien mil empleos indirectos, que Ecuador cuenta con 30 plazas de toros estables y más de 150 plazas montadas expresamente para la realización de espectáculos taurinos, que la producción de ganado bravo se realiza en 400 ganaderías de toros bravos, de ellas 300 pertenecen a comunidades indígenas asentadas en páramos andinos, y que cuenta con ferias taurinas tan importantes como la de Jesús del Gran Poder en Quito, o las grandes citas Ambato y Riobamba. En necesario apuntar que en este país andino los espectáculos taurinos no reciben subvenciones estatales, y los municipios tienen importantes ingresos al recaudar los impuestos de los festejos realizados.  

 

Muchos aficionados ecuatorianos ven esta propuesta presidencial una oportunidad de Correa para dirigir a la opinión pública y la crispación interna en otra dirección a la verdadera y relevante. Así, la utilización del tema taurino –sobradamente implantado en sus tradiciones culturales y sociales- estaría administrado con este supuesto prohibicionista como cortina de humo para desvirtuar el auténtico debate social, o como moneda de cambio en caso que haya que retirar algunas de las cuestiones planteadas si la alta institución de la Corte Constitucional decide que se ha traspasado las competencias que la carta magna establece. A pesar de este manejo político, los aficionados taurinos se enfrentan ahora al huracán social provocado por el desconcierto. No se entiende mucho esta dirección en el discurso del presidente pues alega que la carta magna (aprobada en 2008) habla de los derechos de la naturaleza, por lo que no se puede "atentar contra ellos matando a un animal por simple diversión”, refiriéndose a las corridas de toros. Nada tiene que ver una cosa con la otra, es evidente, pero Correa está dispuesto a sacar rentabilidad e este asunto tan particular, olvidándose de su papel cultural, social, patrimonial, arraigo económico e intelectual. Se ha apuntado al carro de la exhibición posmoderna animalista olvidando de dónde viene, pero también debe cuidar las reacciones que se podrían volver en su contra. Si el modelo lo ha tomado de España, aún es pronto para considerarlo como definitivo y absolutamente rentable.

Lo cierto es que Rafael Correa parece recoger el discurso cada vez más predominante en la sociedad y que va contra las corridas de toros y el maltrato que creen suponen a los animales. Pero, en el país andino apenas hay representación de estas corrientes animalistas, precisamente la verdadera preocupación de los ecuatorianos es la seguridad debido a la alarmante cifra de víctimas que causa la violencia y que ha sido el argumento para plantear el plebiscito popular. Es muy revelador que en las declaraciones a Efe del director de la fundación Protección Animal de Ecuador (PAE), Fernando Arroyo, habló de una situación "inédita" en el país, porque por primera vez se preguntará a la ciudadanía lo que piensa de los derechos de los animales, lo que generará un debate que hasta "no existía" en Ecuador y subrayó que lo importante de la consulta no es "si se prohíben o no los toros", sino comprobar el respaldo que tienen las organizaciones en pro de los animales, además de abrir otros procesos similares en favor de sus derechos.

 

Lo cierto, es que los aficionados se han sentido amenazados por este disparate político y se han lanzado a la calle para manifestarse, después de unos días de desconcierto, que aunque a Correa hace meses que se le escapó el proyecto, los taurinos no imaginaban que fuera a tener efecto. La agencia de noticias Efe recogía hace unos días las opiniones de los representantes del estamento taurino ecuatoriano. El presidente de la Unión de Toreros del Ecuador, Milton Calahorrano, declaró que la pregunta de la consulta es

"inconstitucional" porque atenta contra la "libertad cultural" de cada uno, así como

contra el "derecho de trabajar en algo digno". El torero andino Calahorrano recalcó que la fiesta taurina es una tradición de "más de 500 años", "fruto del mestizaje" que existe en Ecuador y que se celebra en casi todo el país. Y abundando en el tema polémico de la consulta incidió en la sorpresa que supone la inclusión de esta pregunta en la consulta, porque en el país "nunca ha existido ni un debate ni un análisis" para prohibir "la fiesta brava" y, además, hay "100.000 problemas más graves sobre los que se podría preguntar" en esa encuesta. Añade Calahorrano que la prohibición de los toros acabaría con una fuente de ingresos para muchas personas, pues “97.000 familias trabajan en las fiestas directamente o indirectamente”.

 

El colmo de la preocupación de esta iniciativa prohibicionista -orientada a la polémica más que a la resolución urgente- es que puede suponer un grave problema de desigualdad dentro de la sociedad ecuatoriana. Y el argumento que se utiliza mayoritariamente en estos casos es la “pauta democrática”, que los amantes de la fiesta son "una minoría", por lo que se teme que un grupo de personas decida sobre sus gustos, y que “existen encuestas que revelan que la mayoría de los ciudadanos "son contrarios a la práctica de las corridas", aseguraba Arroyo. Se olvidan estas agrupaciones que la mayoría cuestiona estas encuestas por estar -en la mayoría de los casos- tergiversadas, además de un hecho fundamenta, intransferible y privativo de las democracias y es el reconocimiento de la paridad de todos los ciudadanos en derechos, en igualdad ante la ley y la justicia, de manera individual y colectivamente, mayoritaria y minoritariamente, y por lo tanto las minorías también pertenecen al mundo de oportunidades.   

 

La coronación de este atropello, el despropósito que se persigue tal y como está formulada la pregunta de la consulta, se trata de un posible desenlace catastrófico. Si los habitantes de un cantón -una especie de comarca- votan mayoritariamente en contra de los toros, se prohibirán las corridas en esa jurisdicción, lo que dejaría más indefensos a los que podrían disfrutar de este espectáculo, en constate amenaza y cuestionamiento. Lo verdaderamente alarmante es poner en el mismo plano temas absolutamente dispares -y que deberían tener tratamientos diferentes como son las comparaciones de los animalistas entre los toros y “las peleas de gallos o la utilización de animales en rituales”, como argumentaba Arroyo. Una prueba más de la ignorancia con la que es tratado el tema de los toros en nuestra sociedad, fruto sin duda de la absurda postura de los políticos del momento basada en considerar este asunto altamente problemático, en su incapacidad para entenderlo, en su irresponsabilidad para defenderlo y en sus argucias interesadas para defenestrarlo, creyendo de paso que les produce alta rentabilidad política y lo que consiguen es un fomento para arrasar la variedad, la riqueza  y la singularidad de nuestra cultura.

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