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Traspaso competencias tres decadas

Hace tres décadas se produjo el único y serio proyecto de traspasar las competencias del Ministerio de Interior al de Cultura y Bienestar. Les ofrecemos algunas referencias que se recogieron al respecto de esta reivindicación, enmarcada también en una época crucial y expectante

 

Volviendo la vista atrás, con treinta años menos
 

Hace más de treinta años que se produjo el intento más serio e inteligente de la reivindicación de la Fiesta de los toros. Entonces, en aquella España gestante constitucional, durante el año 1977 y parte de 1978 (con la Carta Magna ya refrendada), se planteó juiciosamente que las competencias sobre el mundo de los toros quedaran de una vez resultas y asumidas por el Ministerio de Cultura y Bienestar (así llamado en aquellos momentos) y no por el Ministerio de Interior, que acogía este peculiar universo complejo porque asumía la principal condición en la seguridad del espectáculo público.  

En ese tiempo inquietante todo estaba en desorden. Más bien, en profundo reajuste. Más bien, atendiendo a las prioridades. Pero, a pesar de las muchas urgencias, entonces, hace más de treinta años, las cosas en el mundo taurino dependían de la celeridad y los puntos cruciales que abordaran la profunda decadencia de la Fiesta en los años setenta. La principal de las premisas era reconocer este desbarajuste que ponía al borde del abismo la supervivencia del espectáculo. Muchos espectadores seguían vinculados a la Fiesta en afición y en asistencia contando con más de quince millones de espectadores. Los miles de pueblos festejaban con eventos taurinos de siempre. Las agrupaciones profesionales prácticamente no existían. Las asociaciones de aficionados no se habían puesto en actividad. El taurinismo estaba muy localizado. Los ganaderos y sus técnicas carecían de modernidad. Se abusaba de los experimentos rudimentarios del afeitado y se tentaba con ensayos ya sofisticados con la integridad del toro de lidia en las apuestas por determinados encastes fáciles para el torero artista.

A pesar de esta percepción de que un mundo mágico se agotaba, a pesar de que el espectáculo se devaluaba por ofrecer lo que fuera a precio de turista, pasados tantos años y volviendo la vista atrás, hay que reconocer la inteligencia de los hombres que  denunciaron la existencia crítica de una Fiesta que dejaba atrás lentamente su esplendor. Por supuesto, se emprendió la empresa con ingenuidad, e incluso con honradez desde las instituciones políticas o sociales que reclamaron verdad, integridad, desarrollo, reconocimiento y posibilidad para un escenario donde todo estaba pendiente de un orden.

Aún no había nacido la Constitución de 1978. Aún no se había gestado la orden de 10 de mayo de 1982 –muy precaria en contenido- por la que se regulaban los espectáculos tradicionales y que se supeditaba escasamente en tiempo y en necesidad a la orden del 15 de marzo de 1962 del Ministerio de la Gobernación por la que se aprobaba el texto del Reglamento Taurino, causante según los expertos y aficionados de instaurar en la siguiente década el afeitado en el mundo taurino.
Aún no se habían instaurado los concursos adjudicatarios según el canon económico por parte de las instituciones públicas propietarias de los cosos. Aún no se había producido los pelotazos taurinos y la especulación con la integridad del espectáculo en ordenes megalómanos. Aún quedaba mucho por dar orden. Pues bien, a pesar de todo se tenía claro que las competencias del mundo de los toros no pueden ser emprendidos por un único Ministerio porque la globalidad de su demarcación sería imposible, y se propuso como una hipotética solución  la creación de un organismo de competencias únicas y propias argumentando que “el espectáculo taurino vería limitados sus problemas estructurales y coyunturales, tan acusados, si un organismo exclusivo lo englobara”.  Con estas palabras el periodista Joaquín Vidal argumentaba la posibilidad del proyecto desde la tribuna de el diario El País, máximo referente de la transición española.
Era el verano de 1977. Daba comienzo a una reivindicación, ingenua al principio, y doblegada al final, de que el Ministerio de Cultura fuera el valedor de la complejidad del mundo de los toros. Fue el primer y único intento en profundidad de organizar el espectáculo en un orden natural. En los cinco años siguientes la presión se fue abandonando pues se asumió que la posibilidad de regeneración de la Fiesta pasaba por la necesidad de la defensa de la integridad y que el Ministerio de Interior debía garantizar mediante la persecución del fraude, prioridad que se debía asumir con la regularización de la garantía de autenticidad del espectáculo, antes que sus posibilidades de promoción, divulgación o fomento.
En estos años decisivos sobre el presente y futuro de la Fiesta de los toros se abordó con un debate intenso su estado crítico y de su posible regeneración, tanto como de todas las cuestiones que lo rodeaban, dentro y fuera del espectáculo. Un ejemplo. El un análisis de opinión publicado en 1977 en el diario El País, el crítico Joaquín Vidal decía: “Un espectáculo como el de los toros, que se apoya en una infraestructura de gran volumen, como es la ganadería de bravo, con cuanto comporta de selección, cabezas de reses, dehesas; plazas de fábrica en grandes y pequeñas ciudades e incluso en pueblos de pocos miles de habitantes; miles de profesionales, sumados los de las diversas categorías -matadores de toros, novilleros, subalternos, etcétera-; que mueve, en consecuencia, unas cifras de dinero considerable, y que lleva anualmente a los tendidos entre doce y quince millones de espectadores, debe contar con un organismo que lo ordene, controle y promocione. No parece que el marco adecuado para estos fines sea el Ministerio del Interior, de donde depende. Y sí el de Cultura y Bienestar, de reciente creación, en el que ya están encuadradas las actividades deportivas. El espectáculo taurino vería limitados sus problemas estructurales y coyunturales, tan acusados, si un organismo exclusivo lo englobara. El Ministerio del Interior controla el espectáculo, pero no lo puede promocionar; vigila el cumplimiento exacto de cuanto está reglamentado, pero nada puede hacer por conservar los muchos valores que tiene la fiesta, ni revalorizarla; todos los problemas técnicos, profesionales, sociales -incluso- que se plantean a los toreros, no tienen acomodo alguno en dicho Departamento; ni esa riqueza que es la casta del toro- de lidia encuentra, en el mismo, marco para su mantenimiento, ni para su mejora; ni siquiera para plantear la cuestión a nivel de simple declaración de propósitos. (…) Desde el Ministerio de Cultura y Bienestar podría acometerse la reestructuración del espectáculo taurino -que es urgente- en todos sus aspectos (…) Quizá sea ésta la ocasión de deslindar, del fenómeno taurino (...)”
En febrero del año siguiente, el ministro de Cultura, Ignacio Aquirre, mostraba su decisión de que los toros pasaran a depender de su departamento y aclaraba en sus declaraciones que estaba "de acuerdo en que varios aspectos deben quedar en Interior. No tendría sentido que un ministerio específicamente dedicado a la promoción de la cultura asumiera funciones de policía, como son examinar si el toro que se lidia tiene la edad requerida, controlar las puyas, verificar la integridad de las astas, etcétera. Esta es misión muy concreta de Interior". Añadía Aguirre: "Mi teoría es que un espectáculo al que acuden más de quince millones de personas por año, guste o no guste, constituye una realidad que no se puede desconocer. Se trata, además, del espectáculo más popular de España, e indiscutiblemente forma parte de ella."
Para finales del mismo año la reforma del regalmento seguía estancada. Y también hacía un año que se había creado la Comisión de Asuntos Taurinos, al objeto de promocionar la fiesta de toros y coordinar sus distintos estamentos, sin ningún resultado. Pasaron doce más y la inercia seguía su curso. El Ministerio de Interior se resiste al trasvase de competencias, alegando que no se ha hecho una proposición en firme desde el Ministerio receptor. La argumentación de Interior para justificar su posición es que no hay aspectos culturales en el espectáculo taurino y, en cambio, es una cuestión de orden público, por lo que entra de lleno en el ámbito de su competencia.
Desde Cultura se buscó un plan que consistió en la propuesta de coordinar la fiesta de los toros mediante una comisión de asuntos taurinos, encuadrada en la Dirección General de Teatro y Espectáculos. El Ministerio de Interior contratacó. Expuso sus argumentos con la decisión que se manifestaba en el momento Juan José Izarra (como jefe de dicho gabinete) asegurando la persecución del fraude y la "inhabilitación de los ganadros por afeitado". En marzo de 1980 quedaba zanjado el tema con las declaraciones del ministro: "Nuestra voluntad es, no obstante, que dicho espectáculo se desarrolle con normalidad, e incluso pretendemos una verdadera promoción del mismo a través del reglamento y, dentro de éste, mediante la aplicación de aquellos artículos que mejor defienden los valores esenciales de la lidia, desde el toreo a una mano por parte de los subalternos a la mencionada suerte de varas, pasando por la integridad y adecuadas características zootécnicas del toro. En cuanto al trasvase de la fiesta a Cultura no lo creo conveniente. Las funciones de vigilancia nos corresponden, y si de lo que se trata es de abordar otras variadas facetas que tiene el espectáculo y no pertenecen estrictamente a Interior, ya está trabajando la Comisión Interministerial de Asuntos Taurinos, que estudia y coordina aquellas cuestiones y traslada a cada departamento las que son de su competencia."
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