Caminos públicos rurales

Caminos públicos RURALES.

(Autor: Manuel Trujillo Carmona. Plataforma Por los Caminos Públicos y A Desalambrar).

 

Definición y normativa

Caminos rurales son aquellos de titularidad y competencia municipal que facilitan la comunicación directa con pueblos limítrofes, con pequeños núcleos urbanos o con fincas, y que sirven a los fines de la agricultura y la ganadería (Serrano Ferrer, 2007). Los caminos públicos son bienes demaniales, inembargables, inalienables e imprescriptibles.

La normativa sobre caminos públicos es menos específica que la de vías pecuarias, ya que en general tenemos que remitirnos a la legislación general sobre bienes de las administraciones públicas, que son La Ley de Bases de Régimen Local de 1.986 y la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de 2.005, que se refieren a los caminos como uno más de los bienes de la administración local.

Los caminos rurales no están concretamente definidos ni regulados. Hace más de un siglo el Real Decreto de 1848 los clasificaba en dos órdenes en razón a su anchura, dando al de segundo orden los 18 pies de firme (unos cinco metros de anchura). Después, la Ley de 1911 hacía una referencia genérica a que debían tener la anchura suficiente para que se crucen dos carros (Serrano Ferrer, 2007)

La única ley autonómica específica que existe es la Ley de Caminos Públicos de Extremadura, de 2.001, existiendo también la norma foral de Carreteras y Caminos de Guipúzcoa de 1994, dado que en el País Vasco esta materia compete a los territorios históricos. En teoría también podríamos contar con la Ley de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha (1.990, modificada en 2.002), sin embargo esta ley apenas hace mención a los caminos, dedicándose solo a las carreteras.

En el caso de Baleares, la ley de 2.001 cede estas competencias a los cabildos insulares.

En la ley extremeña se definen los caminos en negativo: las vías de comunicación públicas que por sus características no puedan considerarse carreteras, ni otro tipo de viales urbanos.

Obligaciones y potestades de las Administraciones

En la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de 2.003, se especifica la obligación de las administraciones de tener un inventario de sus bienes, por tanto también de los caminos, y de inscribirlos en el registro de la propiedad.

Igualmente, detalla las prerrogativas de las administraciones de:

a)      Investigar la situación de los bienes y derechos que presumiblemente pertenezcan a su patrimonio.

b)      Deslindar en vía administrativa los inmuebles de su titularidad.

c)      Recuperar de oficio la posesión indebidamente perdida sobre sus bienes y derechos.

d)      Desahuciar en vía administrativa a los poseedores de los inmuebles demaniales, una vez extinguido el título que amparaba la tenencia

Especifica también los procedimientos de desafectación y recuperación de bienes.

La misma ley obliga también se debe tener una ordenanza reguladora de los usos de los caminos públicos.

Es necesario diferenciar caminos, en los que el suelo es público, y servidumbres, en los que solo se establece el derecho de paso, sin que el terreno sea público.

Usos

Al igual que en las vías pecuarias, debemos distinguir entre el uso común general característico, el destino principal del bien, que  se encuentra relacionado con el acceso a núcleos de población dispersos, a otras localidades, a la red de carreteras, a fincas y explotaciones agrarias, así como con el tránsito de ganado. (Villalvilla, 2007).

El uso común general no característico (uso subordinado al característico) se encuentra relacionado con el tránsito de vehículos de vigilancia, paseo, senderismo, cicloturismo, cabalgada, etc.

El uso común especial sería el que conlleva un peligro para la conservación del bien, o una intensidad especial en el desgaste del camino. Este estaría sometido a autorización, y en los caminos puede señalarse el uso motorizado no agrícola, o, como recoge una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el transporte de troncos de madera.

En los usos generales no se pueden poner tasas o precios públicos por su utilización, mientras que en los especiales sí se pude hacer.

Finalmente, existiría el uso privativo, que consistiría en ocupaciones o estacionamientos, y que es objeto de concesión y gravado por tasas.

Situación de los caminos públicos municipales

La cuantificación de los caminos municipales es muy complicada, dado que no existen inventarios de caminos generales. Sin embargo, por hacernos una idea de su dimensión, podemos señalar que en el caso de Extremadura, única donde se está elaborando un inventario general de caminos, cuando se llevan catalogados los caminos de 70% de los municipios, se han encontrado más de 67.000 kilómetros, lo que proporcionalmente nos llevaría a más de un millón de kilómetros de caminos en toda España.

Como hemos visto, los ayuntamientos tienen el deber de tener inventariados los caminos, y conservarlos debidamente para su uso. Es difícil realizar una investigación rigurosa de en qué medida esta obligación se cumple, ya que la cantidad de ayuntamientos existente, y la falta de estadísticas en la materia va a dificultar enormemente este trabajo.

Para la Comunidad de Madrid disponemos de un informe elaborado en el año 2.007 por Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, que puede ser ilustrativo. Según este informe, tan solo 10 de los 87 ayuntamientos investigados posee inventario de caminos, y ninguno posee una ordenanza de caminos que regule cuales son los usos permitidos.

En buena parte del resto de España la situación puede ser parecida. Y la dejadez en la protección de los caminos lleva automáticamente a su apropiación indebida. Así ocurre en multitud de lugares de casi todas las comunidades autónomas.

La cantidad de denuncias y movilizaciones que se llevan a cabo por doquier dan fe de esta situación. Mencionaremos algunas de las situaciones más llamativas.

Por empezar por mi propia tierra, en Córdoba se lleva desde 1999 denunciando por la Plataforma A Desalambrar la ocupación de la mayor parte de los caminos de la sierra, realizándose una marcha reivindicativa mensual, y sin que el ayuntamiento hasta ahora haya abierto ni uno de los caminos denunciados.

En el pueblo de Posadas, cercano a Córdoba, las protestas llegan incluso a enfrentamientos con la Guardia Civil, que defiende exclusivamente a la propiedad privada, y acaba habiendo heridos y detenidos.

Otro ejemplo de protesta continuada por el cierre de caminos se da en Mallorca, donde las protestas tienen también una periodicidad casi mensual. En este caso suelen ser propietarios extranjeros adinerados que compran fincas e inmediatamente cierran los caminos que pasan por dentro, sin que los municipios tengan en su mayor parte inventariados estos caminos, ni protegidos.

En el Valle de Alcudia (Ciudad Real) donde se lleva más de veinte años denunciando los cierres de caminos y vías pecuarias, se ha llegado a cortar el camino de acceso a la aldea de Minas de El Horcajo por la finca La Garganta, y también la finca que la rodea mantiene casi incomunicada a la Venta de la Inés, venta que aparece en el Quijote.

El que un espacio esté protegido no ayuda a que estos hechos no se produzcan. Por ejemplo, en el Parque Natural Hoces del Cabriel prácticamente todos los caminos están cortados, en su parte valenciana, por lo que de hecho se impide el disfrute de este espacio natural para el senderismo. Igual ocurre en todos los parques naturales de Sierra Morena.

El caso quizás más dramático se da en Villaescusa de Palositos (Guadalajara), donde el corte de todos los caminos que llevaban a esta aldea abandonada hace que no se pueda acceder a ella, donde hay propiedades públicas, como el cementerio, o la iglesia, e incluso algunas casas que nunca se vendieron, pero que quien compró la mayor parte de los terrenos se ha apropiado de ellas.

Y sonoro fue, como sabemos, el corte del GR-7 a su paso por la finca Los Merinos de Ronda, en donde se promovía un campo de golf con urbanización, y que llevó a una multitudinaria manifestación. En este caso, como tantos otros, el ayuntamiento, uno de los pocos que sí dispone de inventario de caminos, plantea ceder ante los propietarios de la finca y desafectarlo. Este mismo caso es bastante frecuente: los propietarios de las fincas le “compran” los caminos a los ayuntamientos para que dejen de ser públicos. Recientemente se intenta esto en Las Pedroñeras (Cuenca) y también se intentó, aunque fue abortado por un cambio de gobierno municipal en Valdemaqueda (Madrid).

Y no queda casi ningún territorio a salvo, recientemente nos llegan las noticias de la Federación de Montaña de Aragón, con caminos cortados, las denuncias en varios caminos de Asturias, en la sierra del Garraf (Barcelona), o Zamora.

Causas

La causa de esta falta de protección hacia los caminos puede ser doble: por un lado, a menudo a los ayuntamientos les puede resultar costosa la labor de recuperar los caminos, con los posibles recursos de los propietarios. Por otro lado, a menudo los propietarios son personas muy influyentes, y los ayuntamientos temen indisponerse con ellos.

Posibles soluciones

a)      Elaboración de leyes de caminos nacional o autonómicas que establezcan las bases para su adecuada gestión y protección, y sirva como norma básica que informe a las correspondientes Ordenanzas Reguladoras Municipales de Caminos y Servidumbres públicas.

b)      Elaboración o actualización por las comunidades autónomas de los inventarios municipales, al igual que se ha hecho en Extremadura, lo que garantiza unos mismos criterios para todos. 

c)      Concesión de fondos autonómicos para los deslindes, recuperación e inscripción en el registro de la propiedad de los caminos.

Movilización ciudadana

Ante la pasividad, cuando no complicidad, de las instituciones, la ciudadanía puede jugar un importante papel, denunciando los hechos, instando a las administraciones a cumplir con sus deberes, difundiendo en la prensa los cierres de caminos, e incorporándose a asociaciones para denunciar los cierres con más efectividad. Finalmente, la vía judicial parece ser la última a la que hay que acudir si el resto fallan.

 

 

 

 

Difundido por la Sociedad Caminera del Real de Manzanares:

www.sociedadcamineradelreal.org.

caminerosdelreal@telefonica.net.

 

También pueden ponerse en contacto con la Plataforma por los Caminos Públicos en:

 www.caminoslibres.es y http://groups.google.com/group/plataformaporloscaminospublicos?hl=es

 

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