Articulos Publicados de Autores Varios

Aquí colocaremos a manera de blog contínuo varios artículos publicados en los medios de prensa sobre los impactos de la minería a cielo abierto. A medida que los vayamos recopilando los iremos colocando, comenzando con los más recientes.

La Prensa, 24 de enero de 2011

REFORMAS AL CÓDIGO

Panamá: ¿colonia minera del siglo XXI?

AZAEL BARRERA

Casi nada del actual gobierno es coincidencia o improvisación. Días antes de la presentación de las reformas al Código de Recursos Minerales por el ministro minero, voceros de la empresa minera* de registro canadiense que depende de inversiones de bancos estatales de Corea del Sur y Singapur, sustentaba esas mismas reformas al código y los supuestos grandes beneficios económicos de su proyecto minero de cobre a tajo abierto en el distrito de Donoso, que depende de la reforma al código.

Con esta reforma, el Gobierno y su Asamblea Nacional indudablemente retornarán nuestro país a la época de la conquista y la colonia, cuando hace 500 años extranjeros con yelmo y espada pisaron nuestro istmo para saquear su oro, plata, cobre y demás metales preciosos para hacerse millonarios y financiar a sus metrópolis imperiales.

Somos la encrucijada y puente de la biodiversidad de las Américas y eso no tiene precio. Como aquellos conquistadores, estas empresas mineras transnacionales que piden reformar el código minero han mostrado, a través de su estudio de impacto ambiental, un total descrédito a una riqueza con mil órdenes de magnitud mayor que el oro y el cobre: nuestra biodiversidad. Sin embargo, la aprobación del estudio y del proyecto serán probablemente mera formalidad, como lo augura el memorando de obediencia debida al presidente, así sea a costa de las mayores riquezas de nuestro país: su gente, su biodiversidad y su soberanía patrimonial.

La estrategia de estas empresas mineras es simple: colonizar los recursos y secuestrar la economía, previo control sistemático de la conciencia y la razón de funcionarios y de las comunidades apartadas con subsuelos llenos de minerales metálicos, y asumiendo el desarrollo comunitario (escuelas, clínicas, carreteras, electricidad) que corresponde por obligación absoluta al Gobierno Nacional; haciéndole así un favor que luego cobrarán con creces. Hay que evitar a toda costa que detengan u obstruyan su codiciosa conquista y colonización minera.

Los recursos económicos que resultan de los servicios ambientales de los bosques tropicales en áreas de uso múltiple en que se debía desarrollar agricultura y forestería sostenibles entre otros son inmensos e inmedibles y de mayor largo plazo que una mina metálica a cielo abierto que tan solo es rentable por unas dos décadas o menos.

Un ejemplo de servicios ambientales de la biodiversidad que sería irreversiblemente afectado es el de los biofármacos que podemos generar de la biodiversidad para controlar, mitigar y erradicar enfermedades que la tecnología médica todavía no logra curar.

Ni el más sabio de los economistas y empresarios que tanto apoyan el desarrollo de la minería a cielo abierto saben cuánto costaría reemplazar todos los servicios ambientales que serán afectados, dañados o eliminados por esta sola mina de cobre con tres tajos a cielo abierto, cuatro montañas de escombros y un estanque de relaves mayor que el distrito de San Miguelito, al desarrollarla en medio del Corredor Biológico Mesoamericano.

La mina en cuestión causará impactos tan negativos, irreversibles, sinérgicos y perjudiciales de carácter permanente que se extenderán más allá de Donoso, Colón; alcanzarán todo el continente de las Américas. Para los que apoyan esta mina de cobre a tajo abierto, todas las evidencias científicas sobre la fragilidad y el valor inmedible de nuestra biodiversidad son cuentos de hadas. Para ellos solo vale la promesa de pronto enriquecimiento de mineros extranjeros que continúan asociados con una mina que ha significado y sigue siendo el mayor desastre ecológico de una mina de cobre y oro a cielo abierto en el trópico, Ok Tedi en Papúa, Nueva Guinea.

Las reformas al código minero facilitarán que instituciones estatales de países desarrollados y economías emergentes, como Corea del Sur que fue colonia minera de una potencia extranjera, sean partícipes directos de las empresas mineras y la destrucción de nuestro patrimonio. Perderemos no solo la soberanía económica, sino también la soberanía sobre nuestra biodiversidad, y dejaremos de ser garantes de la biodiversidad de las Américas.

De aprobarse la reforma al código minero para permitir esa funesta mina en Colón y otras similares quedaremos igualados a países subdesarrollados autocráticos que se dejan colonizar y secuestrar económicamente por la explotación minera y de otros recursos naturales, por la codicia sin límites de sus gobernantes y las empresas explotadoras.

Dicen que nunca apreciamos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y es muchísimo más lo que perderemos todos que lo que ganarán las arcas del Gobierno, la minera o la comunidad.

*No mencionamos el nombre de la empresa para no hacerle propaganda, ya el ministro minero se ha encargado de ello.

La Prensa 27 de enero de 2011

AMBIENTE

Sobre la necesidad de modificar el código minero

PACÍFICO CHUNG

Hace más de dos años escribí un artículo sobre la necesidad de modificar el código minero y hoy vale la pena repasar algunos de sus puntos más sensitivos:

La fase post operativa de la mina es probablemente la más delicada y genera importantes cuestionamientos: ¿Qué haremos cuando se acaben los recursos y nos queden cientos de hectáreas degradadas? ¿Qué pasa si los precios repentinamente se desploman y los inversionistas se retiran abruptamente del país? ¿Quién se hará responsable? El hecho de plantear un tipo de fianza de daños ambientales no deja de ser cuestionable. ¿Qué tipo de instrumento financiero será esta fianza? ¿Tendrá fecha de vencimiento? ¿Y si la empresa afianzadora quiebra? ¿Cuántos proyectos debidamente afianzados durante su proceso de licitación terminaron fracasando? El término “fianza” genera más dudas que respuestas sobre el tema.

En segundo lugar, y no menos importante, está la constante afirmación de que los proyectos mineros generarán riqueza y traerán desarrollo, ante lo que conviene preguntar: ¿Generan riqueza para quién? En los próximos 20 años podrían estar saliendo cientos de millones de dólares en cobre del país, ¿cuánto realmente le toca al Estado? Se afirma que las empresas mineras pagarán el estándar del 30% de impuesto sobre la renta además de 4% de regalías; ¡pero tenemos dos corredores declarando durante más de 10 años pérdidas, y aún así tenemos que indemnizarlos! Con las millonarias inversiones de la empresa minera durante los primeros años de funcionamiento, ¿cuándo le tocará realmente algo a los panameños de esa explotación? Nuestros ingresos deberían estar directamente asociados al volumen de material extraído, no a la posible renta de la empresa, porque el riesgo ambiental lo asume todo el país.

La siguiente pregunta sería si esa riqueza y desarrollo llegarán en forma significativa a los principales afectados de la actividad minera o se perderán en medio de todos los ingresos del país. Y es que nuestra gente de la montaña será la primera en sufrir cuando la calidad de los suelos y del agua disminuya a causa de los riesgos que conlleva la explotación.

Lo ideal sería crear dos fondos fiduciarios: uno de compensación ecológica en donde los recursos financien actividades de mitigación del impacto, como reforestación y promoción de conciencia ecológica. Este fondo debería ser manejado independiente a la empresa minera, no como actualmente, en el que el 90% de la inversión se gasta en una campaña mediática para convencernos de que la minería es inocua. El otro fondo debería dirigirse a un desarrollo regional que busque mejorar los caminos de producción, la educación, los servicios básicos. Hay que incorporar a los moradores y ONG independientes en el proceso de evaluación y monitoreo ambiental. Se necesita una explotación minera transparente, no detrás de murallas.

Es innegable que la minería es un negocio que representa numerosos riesgos para el país. Por eso no podemos centrar la discusión solo en las monedas de cobre, porque con ese cobre no podremos comprar ni agua limpia ni aire puro para nuestros hijos.

La Prensa 19 de enero de 2011

AMBIENTE, CLIMA Y DAÑOS ECOLÓGICOS

La minería, tema de preocupación

ROBERTO MOTTA ALVARADO

El Gobierno nacional, al anunciar que licitará la explotación del yacimiento de cobre de Cerro Colorado confirma su política de considerar la industria minera como actividad que proporcionará grandes beneficios económicos al país, tanto o más que la expansión del Canal de Panamá.

Hace más de 30 años, el gobierno de Torrijos promovió con empeño y energía la explotación de la mina de Cerro Colorado. La iniciativa fue rechazada por todas las fuerzas vivas de la provincia de Chiriquí, por los daños ecológicos que se ocasionarían en la región. Afortunadamente, el proyecto fracasó y la provincia más productiva del país se salvó de un colapso ecológico que hubiese provocado la gradual extinción de su ganadería y agricultura.

Debemos tener presente que Chiriquí, aparte de ser la más fértil y productiva del país es una zona geográfica de intensas lluvias. Al examinar las estadísticas de las precipitaciones fluviales durante los últimos años es fácil constatar lo peligroso y dañino de un proyecto a cielo abierto, como seguramente se piensa utilizar allí. El cambio climático provoca lluvias diluviales en todas las latitudes y en el pasado diciembre lo sufrimos en nuestro país con la crisis del agua. En Costa Rica con una vegetación similar a la de Chiriquí se ha prohibido recientemente la explotación minera, ya que la misma puede dar al traste con su proyecto de desarrollo sostenible.

En países como Chile y Perú, donde el desarrollo minero es muy importante, las explotaciones se hacen en regiones desérticas alejadas de las áreas productivas; en esas zonas apenas llueve unas pocas pulgadas al año. Con todo que las condiciones son adecuadas para esta explotación, la experiencia nos indica que tienen todo tipo de problemas y peligros para los obreros que trabajan en las mismas, tal como ocurrió hace poco.

Ante el sombrío del panorama mundial, urge que el Gobierno propicie un amplio debate nacional en el cual participe la ciudadanía organizada, los sectores potencialmente afectados y los grupos ambientalistas. Dialogar y escuchar es la actitud responsable de un gobierno democrático que respeta la opinión pública.

Se escucha a diario por parte de las compañías multinacionales que la nueva tecnología de punta que se utilizará asegura que las explotaciones mineras no causan daño alguno al ambiente ni a las poblaciones aledañas; esto hay que analizarlo con sumo cuidado, pues lo que está en juego es el devenir de la república y su gente. Los daños que estas explotaciones pudiesen causar serían irreversibles al bienestar general de la nación tanto para las presentes como para las futuras generaciones de panameños.

En materia de inversión, algunas no son convenientes al país. No importa los millones que puedan dejar al país, debemos considerar con mucho cuidado las consecuencias que puedan provocar.

¿De qué nos sirven los millones si las poblaciones aledañas se enferman y las actividades agrícolas y ganaderas se vuelven improductivas?

Sin el manejo adecuado de un tema tan sensitivo y delicado como este me temo que el gobierno del presidente Martinelli abrirá una caja de Pandora de impredecibles consecuencias. Un estadista actúa con sensatez y previsión al valorar todas las posibilidades de sus acciones.


La Prensa 13 de agosto de 2010

ECOLOGÍA

¿Minería a cielo abierto?

CARLOS ALBERTO PEDRESCHI

Para contestar a esta pregunta, hay que analizar los pros y los contras. Una de las ventajas de esta actividad son los salarios que pagan las compañías mineras. Como esto sucede a raíz de tierra, ella emplea retroexcavadoras grandes para ahorrar mano de obra, por lo tanto los empleos no son muchos.

Otra ventaja que ve el Gobierno es que las compañías le pagan el 3% de regalías (impuestos). La compañía se queda con el 97% de las ganancias. Como el costo de extraer una onza de oro no debe pasar de $200 y el precio de venta es de $1,200, el beneficio de las empresas es fabuloso. Eso explica el interés tan grande por venir a explotar el oro o el cobre que tenemos.

Las desventajas son que destruyen los bosques, se van las aves y animales terrestres que allí habitan, dejándonos los cerros pelados, llenos de huecos. Nos dejan también lagunas saturadas con mercurio o cianuro, que si se desbordan por aguaceros fuertes, envenenan los ríos o quebradas cuyas aguas beben personas y animales. Es obvio que los beneficios no compensan los perjuicios que causa la minería abierta.

El salario y los impuestos no compensan los millones que deja el turismo ecológico o sea los turistas que vienen a caminar por los senderos de bosques y admiran las aves y los animales silvestres. Debemos, eso sí, mejorar la administración de los parques nacionales.

El Gobierno de El Salvador congeló la explotación en minería abierta. Y otros dos gobiernos centroamericanos hicieron lo mismo. La Presidenta de Costa Rica, el día de la toma de posesión de su cargo, dictó un decreto prohibiendo la minería abierta.

Si queremos a Panamá, debemos hacer lo mismo.


La Prensa 28 de mayo de 2010
DAÑO AMBIENTAL

Miopía gubernamental y minería

CARLOS E. RANGEL MARTÍN

Es indudable que el mayor incentivo para las compañías mineras que estén considerando iniciar operaciones en cualquier país, debe ser la miopía de los funcionarios gubernamentales con quienes tengan que lidiar. El actual derrame de petróleo en el golfo de México es una muestra de lo que tarde o temprano sucede cuando dichas compañías hacen lo que les plazca.

Según Estuardo Zapeta, articulista guatemalteco del periódico digital sigloxxi.com, el hondureño Santos Gabino Carvajal fue el primero en pregonar que en Centroamérica necesitábamos minas a cielo abierto para extraer metales porque, de lo contrario, no tendríamos más alambres eléctricos, machetes, computadoras, ni nada que contuviera metal.

Sin embargo, países como Costa Rica continúan teniendo todos esos equipos y materiales, a pesar de prohibir dichas minas en su territorio. La explicación es sencillísima: Tomando el cobre como ejemplo, el Grupo Internacional para Estudio del Cobre calcula que para el año 2010 el excedente mundial de cobre será de 580 mil toneladas métricas (ver http://www.icsg.org/images/stories/pdfs/icsg_press_release_-_apr_2010__forecast.pdf ).

Lo que estas mineras seguramente persiguen es aumentar sus ganancias, porque las minas propuestas deben ser más rentables que otras más alejadas de los grandes consumidores, y porque sería bastante ingenuo esperar que dichas minas contribuyan a rebajarle notablemente el precio del cobre a algún consumidor.

Una de las razones gubernamentales para acoger dichas minas es la creación de nuevos empleos; sin embargo, un turismo bien organizado, como lo tienen Australia y Costa Rica, y una exportación bien llevada de algunos productos alimenticios, como el agua embotellada y el mango deshidratado empacado que algunos supermercados panameños importan, también crearían muchos empleos, pero sin dañar nuestro ecosistema.

Algunos funcionarios resaltan la capacitación técnica que las mineras darían a algunos panameños, cuando realmente es el Estado el principal responsable de proveer dicha capacitación que, además, debe ser lo suficientemente completa para que nuestros técnicos puedan trabajar en prácticamente cualquier empresa, como hemos debido aprender cuando la compañía General Electric desistió de establecer aquí un centro de servicios por no hallar suficientes técnicos que dominaran el inglés.

Otros funcionarios alegan que las nuevas mineras ayudarían a reducir la pobreza, olvidando que la causa fundamental de la pobreza en Panamá es la injusta distribución de las riquezas. Consecuentemente, muy distinto de nuevas empresas, para erradicar la pobreza necesitamos que las empresas establecidas compartan equitativamente sus ganancias con todas las personas que trabajen en ellas, como enseña la Iglesia católica; todo lo demás es pueril fantasía.

Menoscabar los dos tesoros quizá más valiosos de nuestro istmo, como son nuestra flora y nuestra fauna, únicas en el mundo, sin que haya ninguna necesidad, históricamente solo puede compararse al trueque de objetos de oro por espejitos, en tiempos de la conquista española

Ojalá que los dirigentes de Cambio Democrático pronto se percaten de que sus candidatos fueron elegidos, no por sus dotes gubernamentales, que esta infatuación con la minería pone en entredicho, sino por la gran desconfianza del electorado en la honestidad de sus principales competidores políticos.


La Prensa,  18 de mayo de 2010

MÁS PELIGROS QUE VENTAJAS

Minería a cielo abierto

ARTURO REBOLLÓN HERNÁNDEZ

Soy creyente de que una minería responsable podría dar oportunidad de empleo y mejorar las condiciones de vida a personas de zonas apartadas, pero sucede que las empresas responsables en este ramo son rara avis in terra, todos son unos pillos que, como hace 500 años, quieren nuestro oro por espejitos y vidrios de colores, lo que hace de los beneficios para el país de estas operaciones sean una utopía.

Estas empresas, o más bien sus dignatarios son falsos, mentirosos, defraudadores, irresponsables y, además, socios deshonestos con el país. Pero parece que esto es el común denominador de estas empresas en el mundo.

Así vemos como recientemente en Estados Unidos las compañías que provocaron el desastre ecológico más grande en el Golfo de México están iniciando una batalla legal, escudándose en leyes acomodaticias hechas a su medida por políticos inescrupulosos para limitar su responsabilidad en la catástrofe, cuya reparación puede costar miles de millones; una de ellas pretende limitar su pago a 23 millones de dólares, y otra pretende solicitar el reembolso de gastos incurridos en la limpieza por trabajo ecológico al gobierno norteamericano. Si no fuera una cosa tan seria, daría risa.

El Gobierno estadounidense es poderoso y no dudamos de que doblegará a estos insensatos abusadores. Pero en los países pequeños y débiles como los nuestros, a merced de políticos corruptos que ven en cada una de sus actuaciones una posibilidad de lucrar, sin importarles que sea en detrimento de todo un país, los ciudadanos no podemos permitir que se sigan otorgando más concesiones mineras leoninas negociadas a escondidas, sin transparencia, sin consultar ni compensar a los afectados.

Las que ya se han extendido deben revisarse, como también lo ha ordenado el presidente Obama en Estados Unidos.

La minería de cielo abierto tiene muchos inconvenientes ecológicos, que en desiertos aislados como Atacama, en Chile, Kalahari, en África, Gobi, en China, no tiene mayores consecuencias, pero en bosques tropicales húmedos como los nuestros, tierras fértiles donde llueve profusamente, donde nacen ríos importantes, se pueden distribuir los contaminantes más rápido de lo que se emiten, con una deficiente y escasa infraestructura de control, con una permeabilidad de nuestros suelos, lo que hace que el manejo irresponsable de sustancias catalizadores de alta toxicidad sea un perfecto coctel para un desastre ecológico de grandes proporciones como contaminación de cuencas enteras y mantos acuíferos, en los que por supuesto estas compañías tienen cubierta su responsabilidad, la que sería limitada por un contrato apócrifo hecho a espaldas del pueblo.

Sopesando estos elementos, considero un riesgo mayor e inconveniente para el país activar irresponsablemente concesiones y minas, sin los estudios serios al respecto y una participación razonable del Estado y los afectados, que contemple la compensación de los riesgos.

Debemos luchar por que se respete nuestro ecosistema privilegiado.


La Prensa 3 de mayo de 2010

MINERÍA

‘Ok Tedi’ y el frágil futuro del país

AZAEL BARRERA

OK Tedi no es un saludo o despedida, es el nombre de uno de los más grandes desastres ambientales de la minería a cielo abierto de cobre y oro del mundo, del que muy pocos lectores conocen; está al otro lado del mundo, en Papúa Nueva Guinea.

Elevamos la atención sobre este desastre provocado por una industria minera insaciable y un gobierno complaciente. Nuestras autoridades están mostrando una absoluta disposición para servir nuestras selvas, bosques y montañas, en bandeja de cobre y oro a poderosos consorcios mineros.

Una reconocida minera australiana inició en la década de 1980 el proyecto Ok Tedi, una gigantesca mina a cielo abierto de oro y cobre, en el Monte Fubilan, en la comarca de los wopkaimin en las montañas centrales de Papúa Nueva Guinea. El consorcio, primero, dividió a los pobladores, que apenas 30 años antes habían tenido su primer contacto con la civilización. Ofrecieron hospitales, escuelas, viviendas, salarios muy por encima de la media de ese país, y crearon una ciudad, Tabubil.

El estudio de impacto social ambiental enaltecía los impactos económicos positivos al país. El gobierno cambió las leyes para favorecer la minería. Los “remedios ambientales” incluían un dique de “primer mundo” que evitaría descargas de desechos contaminantes al río Fly, uno de los principales de ese país.

Pocos años después el dique se rompió y dejó caer decenas de miles de toneladas diarias de residuos tóxicos en el río; al día de hoy se vierten directamente. Los desechos lodosos han contaminado el río Fly hasta su desembocadura, destruyendo bosques ribereños a 1km a cada lado del río, y afectando a más de 40 mil familias.

La contaminación del estuario del río afectó irreversiblemente la salud de las poblaciones costeras. El cráter de la mina es tan grande que ha afectado el balance ecológico de la región. La roca descartada cubre las laderas y con las lluvias se desprenden más desechos.

El desastre llevó a pobladores y propietarios a demandar a la empresa por varios miles de millones de dólares. Sin embargo, el Estado asumió el control de gran parte de la mina y nunca reparó el dique, y además modificó las leyes para que la minera pudiera zafarse del problema. En 2005, la demanda fue acogida en Australia, donde tiene su sede la minera, y esta admitió que había hecho las cosas mal, pero era demasiado tarde. Para 2007 se negoció una pírrica compensación en especie de sólo 350 millones de dólares.

¿A dónde nos lleva esto? Nuestras autoridades quieren cambiar la ley minera. Se quiere construir a toda costa una mina a cielo abierto con apenas 0.5% de cobre en el distrito de Donoso en Colón. La mina tendría tres tajos a cielo abierto, tan grandes que sólo uno de ellos cubre un área que incluiría el Casco Antiguo, Santa Ana, el Cerro Ancón y Balboa, como se desprende de un estudio hecho público por los proponentes.

El dique de desechos, o tranque de relaves, de acuerdo a la propuesta tendría un área que comprendería Bella Vista, San Francisco, el Cangrejo, Bethania, Condado del Rey, el Bosque, Villa Cáceres, Hato Pintado, Pueblo Nuevo, Río Abajo y Parque Lefevre. La mina y su complejo industrial estarían enclavados en medio del Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño, principal corredor migratorio de vida silvestre del país y del continente.

No podemos permitir un desastre como Ok Tedi en nuestro país, ni mucho menos. Ciudadano, alza tu voz si no quieres que el futuro de Panamá quede en manos de poderosos intereses mineros y financieros. Sobre todo cuando sus estudios afirman que con sus operaciones mejorarán nuestra biodiversidad.

Las alternativas de desarrollo para Panamá con absoluto respeto al medio ambiente existen; la minería a cielo abierto no está entre ellas.


La Prensa 22 de abril de 2010

DÍA DE LA TIERRA

Un istmo bajo amenaza

AZAEL BARRERA

Recientemente la ciudadanía ha sido testigo de promesas contrarias a la integridad del patrimonio natural que aún nos queda en el istmo, el eslabón más estrecho y más frágil del continente. Ninguna de estas promesas es impulsiva; están planificadas.

Desde julio del año pasado ofrecieron abrir el tapón del Darién, no sólo para construir una carretera, sino también para torres de electricidad y un gaseoducto. La carretera ha quedado en pausa, pero lo otro sigue su marcha.

Cualquiera sabe que al abrir trochas para instalar torres y cables o tuberías, la integridad patrimonial del área, en este caso Darién, y de todos los que allí viven, quedará irreversiblemente comprometida. Más reciente se ha escuchado la propuesta de abrir una carretera litoral entre Colón y Bocas del Toro. Si la depredación alrededor de la carretera Chepo–Yaviza es un ejemplo, con la nueva vía no quedará nada del Corredor Biológico Mesoamericano.

Volvió también al tapete la promoción desaforada de la minería a cielo o tajo abierto. Algunos geólogos mineros defienden que será la gran cosa. Es cierto, la minería a tajo abierto sería la gran cosa: la gran catástrofe irreversible, que muchos no se han tomado el tiempo de analizar metódicamente. Cualquier mitigación, por muy tecnológica, sería un chiste de mal gusto.

Panamá en sus partes más angostas tiene entre 50 y 70 kilómetros de ancho. El terreno de la mina estatal El Teniente (ET) de Chile, invocada como ejemplo a superar por Cerro Colorado, tiene una longitud de más de 25 km por seis a ocho km de ancho. Esa extensión incluiría más de la mitad de la ciudad de Panamá, las áreas revertidas del Pacífico, los dos parques nacionales adyacentes; son más de 39 mil 400 hectáreas.

La línea de base de impacto ambiental alcanza las 120 mil hectáreas, que cubriría el Canal de Panamá y gran parte de su cuenca hidrográfica. Y eso que aquella mina es subterránea. Además de la mina están las plantas concentradoras, de lixiviación –extracción con ácidos–, la fundición y las lagunas de desechos contaminados y contaminantes. En Chile, todo esto impacta el aire respirable del valle de Rancagua, a 20 km de distancia. Una nueva laguna de desechos ocupa un área tan grande, que nuestro lago Alajuela cabe dentro y sobra espacio.

La minería de cobre porfírico a tajo abierto, sugerida para Cerro Colorado, tiene áreas de impacto directo que equivalen en extensión desde la mitad a tres cuartas partes de la región interoceánica.

La comarca Ngäbe Buglé quedaría chica para los tajos abiertos de Cerro Colorado y Cerro Chorcha. Por ejemplo, sólo en el hoyo excavado de la mina de Chuquicamata, la más grande de tajo abierto en Chile, cabe el Cerro Ancón más de 16 veces. Su impacto directo alcanza una extensión igual a toda Herrera. Solo la mina, con sus concentradores, plantas de lixiviación y fundición cubre toda la ciudad de Panamá.

La Escondida, mina privada más grande de Chile de tajo abierto, ocupa un área de impacto directo equivalente también a toda la ciudad de Panamá desde Amador hasta Pacora. Las minas de tajo abierto están en grandes áreas desérticas, de las que Panamá no dispone.

Si las autoridades insisten en dar cheque en blanco a la minería a cielo abierto, cambiando la ley minera para favorecer a un país cuya grave contaminación por minas abandonadas y en operación está debidamente documentada, y luego hacer una consulta para rubricar sus deseos, el país ganará la medalla de oro de todos los tiempos de huecos de tajo abierto más grandes del mundo por unidad de superficie de territorio nacional.

Al mismo tiempo se habrá comprometido el patrimonio de todas las generaciones por venir, de Panamá y de todo el continente. En el Día de la Tierra y el Año Internacional de la Biodiversidad, estamos a tiempo de no cometer semejantes “ecocidios” a nuestro patrimonio.


La Prensa 11 de abril de 2010

Vuelve el debate sobre la minería

ELA URRIOLA

“Sueños de oro, corrientes envenenadas”, con este título vio la luz la investigación de Jim Lyons y Carlos de Rosa, publicada por el Centro de Políticas Mineras (Washington, 1997) que ha servido como referente en numerosos debates sobre minería en el continente, obligando a tomar medidas preventivas sobre el tema.

Así, mientras la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, sanciona una ley prohibiendo la minería –en especial la de cielo abierto, dominante hoy en día por el menor costo de operación– y en Ecuador y Chile los gobiernos hacen los ajustes para prohibir la actividad, el Sr. Ricardo Martinelli proclama a viva voz su disposición de permitirla para incentivar el desarrollo del país.

Lo que por allá no se puede, aquí “sí se puede”. De manera que su ministro de Comercio, por debida obediencia –como en tiempo de los militares– o, por simple “mala fe” –el acto de engañarse a sí mismo para engañar a los demás, (Sartre, 1943)– sale a la palestra televisada promoviendo las bondades del proyecto y la urgencia de modificar el Código de Minería.

Contrario a la minería subterránea, que aprovecha las vetas para extraer mineral de calidad, la de cielo abierto remueve grandes extensiones de la capa superficial para obtener mayor cantidad de material en el subsuelo, pero de inferior calidad.

El uso de grandes maquinarias, cintas transportadoras, tuberías de lavado y uso de explosivos permiten remover montañas enteras en cuestión de horas. El proceso requiere que el yacimiento abarque vastas extensiones y se encuentre cerca de la superficie; como consecuencia, se cavan cráteres gigantescos que pueden llegar a tener más de 150 hectáreas de extensión y 500 metros de profundidad.

Pero el daño no se limita al epicentro de la explotación, lo más afectado es la periferia que puede abarcar miles de kilómetros a la redonda debido a la deforestación, contaminación de aguas, del subsuelo y la degradación general del ecosistema. En los casos de las minas para extracción de oro, como Petaquilla, el uso de la lixiviación con cianuro –procedimiento para lograr la precipitación del oro rociándolo con cianuro (75 gls por pie cúbico de material)– se logra la extracción de un gramo de oro por tonelada de material, contaminando las aguas superficiales y subterráneas, y eliminado toda forma de vida a su alrededor.

Según especialistas en la materia, (Vaughan, Salinas, Elizondo y Kussmaul) luego de investigaciones en Argentina, Chile y Costa Rica, los efectos colaterales más sensibles son: devastación y modificación de la morfología que deja al descubierto grandes cantidades de material estéril; afectación del entorno y pérdida de atracción escénica; contaminación del aire; afectación de las aguas superficiales y subterráneas; impacto sobre el microclima; afectación de flora y fauna y fauna; contaminación residual del entorno e impacto sobre poblaciones desplazadas por la extensión del proyecto.

El saldo negativo a largo plazo no compensa de ninguna manera los daños por una actividad con una duración estimada de 20 años.

El proyecto minero de Cerro Colorado, utilizado como distractor de opinión durante los debates de los Tratados del Canal, logró su objetivo y luego fue olvidado por razones que nadie pudo explicar. Los yacimientos cupríferos que supuestamente excedían las posibilidades de la mina El Teniente, en Chile, no fueron jamás mencionados y quedó en un limbo hasta el presente, cuando posiblemente sea utilizado real o hipotéticamente para una finalidad gubernamental.

El hecho es que la extracción de cobre, al igual que la de oro u otro mineral, a pesar de utilizar otros purificadores químicos, contaminan y afectan de la misma manera el entorno y la vida humana en todas sus facetas. De manera que el “ahora le toca al pueblo” parece no incluir las comunidades indígenas o campesinas víctimas directas del proyecto, ancestralmente expuestas al exterminio por hambre y enfermedades y que ahora son amenazadas por una moderna forma de genocidio sin necesidad de cámaras de gas: la contaminación.

La premura y entusiasmo con el cual el Sr. Martinelli expresó: “Con mucho gusto la cambiamos (la ley). Yo quiero que el gobierno coreano, junto con accionistas canadienses, norteamericanos y de la bolsa de valores, desarrollen esa mina (yacimiento de cobre de Cerro Colorado en la comarca Ngäbe-Buglé)”, nos trajo del inconsciente un oscuro pasaje de nuestra historia escenificado en una habitación del Waldorf Astoria hace poco más de una centuria y que costó 80 años de sufrimientos. ¿No será que la pandereta por los corredores es para acallar las cascadas de cianuro? Ojalá los inversionistas coreanos nos dejen suficiente cobre para el busto del Sr. Martinelli en alguna plaza de Tolé.

Comments