Constitución de 1845
 

Constitución 1845

LA CONSTITUCIÓN DE 1845

LA VUELTA ATRÁS

En octubre de ese mismo año, Narváez convocó elecciones que ganaron de forma

abrumadora los moderados. Así, se reunieron unas nuevas Cortes, cuyo principal objetivo

fue reformar la Constitución de 1837. Sin embargo, los trabajos proporcionaron un nuevo

texto que fue promulgado por la Reina Isabel II el 23 de mayo de 1845. Aunque muchos

de los artículos de la Constitución de 1837 fueron respetados, se introdujeron numerosas

reformas que le otorgaron un carácter conservador. Por lo pronto, la soberanía nacional

pasó a ser compartida por el Rey y las Cortes. El Monarca aumentó considerablemente su

poder y se eliminó la capacidad constituyente del pueblo español, otorgada en la anterior

Carta Magna. No se especificaron derechos fundamentales, a excepción de la libertad de

imprenta. Se conservó el parlamento bicameral aunque, en el caso del Senado, era

designado por la Corona. Se amplió la existencia legal de las Cortes de tres a cinco años,

privándolas del derecho a reunirse anualmente. Se suprimió la Milicia Nacional y se

estableció la catolicidad de la nación española.

Esta Constitución se mantuvo vigente durante el reinado de Isabel II, a excepción del

período liberal de 1854-56. En 1852, siendo Juan Bravo Murillo jefe de Gobierno, se

elaboró un nuevo proyecto de Constitución mucho más conservador que la vigente. En

ella se declaraba la religión católica, apostólica y romana con carácter de exclusividad, se

concedía al Rey la facultad de legislar en casos urgentes, y se suprimía la libertad de

imprenta y la garantía de los derechos individuales. Este proyecto, que constaba de 42

artículos distribuidos en seis títulos, otorgaba al Rey mayores poderes frente a las Cortes,

que se organizaban en dos Cámaras. Por primera vez se incluyó la figura del decreto ley,

que podía ser utilizado por el Monarca para dictar su voluntad en asuntos cuyas

competencias correspondían a las Cortes. La caída de Bravo Murillo evitó que este

proyecto siguiera adelante y lo mismo ocurrió con su sucesor, Federico Roncali, quien

también intentó llevar a cabo una reforma constitucional sin ningún éxito.

CONSTITUCIÓN DE LA MONARQUIA ESPAÑOLA

(23 de mayo de 1845)

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y de la Constitución de la Monarquía española,

Reina de las Españas; a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: Que siendo

nuestra voluntad y la de las Cortes del Reino regularizar y poner en consonancia con las

necesidades actuales del Estado los antiguos fueros y libertades de estos Reinos, y la

intervención que sus Cortes han tenido en todos tiempos en los negocios graves de la

Monarquía modificando al efecto la Constitución promulgada en 18 de junio de 1837,

hemos venido, en unión y de acuerdo con las Cortes actualmente reunidas, en decretar y

sancionar la siguiente:

CONSTITUCION DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA

TÍTULO I

De los españoles

Art. 1.

Son españoles:

1.° Todas las personas nacidas en los dominios de España.

2.° Los hijos de padre o madre españoles, aunque hayan nacido fuera de España.

3.° Los extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza.

4.° Los que sin ella hayan ganado vecindad en cualquier pueblo de la Monarquía.

La calidad de español se pierde por adquirir naturaleza en país extranjero, y por admitir

empleo de otro Gobierno sin licencia del Rey.

Una ley determinará los derechos que deberán gozar los extranjeros que obtengan carta de

naturaleza o hayan ganado vecindad.

Art. 2.

Todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa

censura, con sujeción a las leyes.

Art. 3.

Todo español tiene derecho de dirigir peticiones por escrito a las Cortes y al Rey,

como determinar las leyes.

Art. 4.

Unos mismos códigos regirán en toda la Monarquía.

Art. 5.

Todos los españoles son admisibles a los empleos y cargos públicos, según su

mérito y capacidad.

Art. 6.

Todo español está obligado a defender la Patria con las armas cuando sea llamado

por la ley, y a contribuir en proporción de sus haberes para los gastos del Estado.

Art. 7.

No puede ser detenido, ni preso, ni separado de su domicilio ningún español, ni

allanada su casa, sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban.

Art. 8.

Si la seguridad del Estado exigiere en circunstancias extraordinarias la suspensión

temporal en toda la Monarquía o en parte de ella, de lo dispuesto en el artículo anterior, se

determinará por una ley.

Art. 9.

Ningún español puede ser procesado ni sentenciado sino por el Juez o Tribunal

competente, en virtud de leyes anteriores al delito y en la forma que éstas prescriban.

Art. 10.

No se impondrá jamás la pena de confiscación de bienes, y ningún español será

privado de su propiedad sino por una causa justificada de utilidad común, previa la

correspondiente indemnización.

Art. 11.

La Religión de la Nación española es la Católica, Apostólica Romana. El Estado

se obligue a mantener el culto y sus ministros.

TÍTULO II

De las Cortes

Art. 12.

La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.

Art. 13.

Las Cortes se componen de dos Cuerpos Colegisladores, iguales en facultades: el

Senado y el Congreso de los Diputados.

TÍTULO III

Del Senado

Art. 14.

El número de senadores es ilimitado: su nombramiento pertenece al Rey.

Art. 15.

Sólo podrán ser nombrados senadores los españoles que, además de tener treinta

años cumplidos, pertenezcan a las clases siguientes:

Presidentes de alguno de los Cuerpos Legisladores.

Senadores o diputados admitidos tres veces en las Cortes.

Ministros de la Corona.

Consejeros de Estado.

Arzobispos.

Obispos.

Grandes de España.

Capitanes generales del Ejército y Armada.

Tenientes generales del Ejército y Armada.

Embajadores.

Ministros plenipotenciarios.

Presidentes de Tribunales Supremos.

Ministros y Fiscales de los mismos.

Los comprendidos en las categorías anteriores deberán además disfrutar 30.000 reales de

renta, procedentes de bienes propios o de sueldos de los empleos que no pueden perderse

sino por causa legalmente probada, o de jubilación, retiro o cesantía.

Títulos de Castilla que disfruten 60.000 reales de renta.

Los que paguen con un año de antelació n 8.000 reales de contribuciones directas y hayan

sido senadores o diputados a Cortes, o diputados provinciales, o alcaldes en pueblos de

30.000 almas, o presidentes de Juntas o Tribunales de Comercio.

Las condiciones necesarias para ser nombrado Senador podrán variarse por una ley.

Art. 16.

El nombramiento de los senadores se hará por decretos especiales, y en ellos se

expresará el título en que, conforme al artículo anterior, se funde el nombramiento.

Art. 17.

El cargo de Senador es vitalicio.

Art. 18.

Los hijos del Rey y del heredero inmediato de la Corona son senadores a la edad

de veinticinco años.

Art. 19.

Además de las facultades legislativas, corresponde al Senado:

1.° Juzgar a los ministros cuando fueren acusados por el Congreso de los Diputados.

2.° Conocer de los delitos graves contra la persona o dignidad del Rey, o contra la

seguridad del Estado, conforme a lo que establezcan las leyes.

3.° Juzgar a los individuos de su seno en los casos y en la forma que determinaren las

leyes.

TÍTULO IV

Del Congreso de los Diputados

Art. 20.

El Congreso de los Diputados se compondrá de los que nombren las Juntas

electorales en la forma que determine la ley. Se nombrará un Diputado a lo menos por

cada cincuenta mil almas de población.

Art. 21.

Los diputados se elegirán por el método directo, y podrán ser reelegidos

indefinidamente.

Art. 22.

Para ser Diputado se requiere ser español, del estado seglar, haber cumplido

veinticinco años, disfrutar la renta procedente de bienes raíces, o pagar por contribuciones

directas la cantidad que la ley electoral exija y tener las demás circunstancias que en la

misma ley se prefijen.

Art. 23.

Todo español que tenga estas cualidades puede ser nombrado Diputado por

cualquier provincia.

Art. 24.

Los diputados serán elegidos por cinco años.

Art. 25.

Los diputados que admitan del Gobierno o de la Casa Real pensión, empleo que

no sea de escala en su respectiva carrera, comisión con sueldo, honores o

condecoraciones, quedan sujetos a reelección.

La disposición anterior no comprende a los diputados que fueren nombrados ministros de

la Corona.

TÍTULO V

De la celebración y facultades de las Cortes

Art. 26.

Las Cortes se reúnen todos los años. Corresponde al Rey convocarlas, suspender

y cerrar sus sesiones y disolver el Congreso de los Diputados; pero con la obligación, en

este último caso, de convocar otras Cortes y reunirlas dentro de tres meses.

Art. 27.

Las Cortes serán precisamente convocadas luego que vacare la Corona o cuando

el Rey se imposibilitare de cualquier modo para el Gobierno.

Art. 28.

Cada uno de los Cuerpos Colegisladores forma el respectivo reglamento para su

gobierno interior, y examina las calidades de los individuos que le componen: el

Congreso decide además sobre la legalidad de las elecciones de los diputados.

Art. 29.

El Congreso de los Diputados nombra su Presidente, Vicepresidente y

Secretarios.

Art. 30.

El Rey nombra para cada legislatura de entre los mismos senadores, el Presidente

y Vicepresidente del Senado y éste elige sus Secretarios.

Art. 31.

El Rey abre y cierra las Cortes, en persona o por medio de los ministros.

Art. 32.

No podrá estar reunido uno de los dos Cuerpos Colegisladores sin que también lo

esté el otro; exceptúase el caso en que el Senado ejerza funciones Judiciales.

Art. 33.

Los Cuerpos Colegisladores no pueden deliberar juntos ni en presencia del Rey.

Art. 34.

Las sesiones del Senado y del Congreso serán públicas y sólo en los casos en que

exijan reserva, podrá celebrarse sesión secreta.

Art. 35.

El Rey y cada uno de los Cuerpos Colegisladores tienen la iniciativa de las leyes.

Art. 36.

Las leyes sobre contribuciones y crédito público se presentarán primero al

Congreso de los Diputados.

Art. 37.

Las resoluciones en cada uno de los Cuerpos Colegisladores se toman a

pluralidad absoluta de votos; pero para votar las leyes se requiere la presencia de la mitad

más uno del número total de los individuos que le componen.

Art. 38.

Si uno de los Cuerpos Colegisladores desechare algún proyecto de ley, o le negar

el Rey la sanción, no podrá volverse a proponer un proyecto de ley sobre el mismo objeto

en aquella legislatura.

Art. 39.

Además de la potestad legislativa que ejercen las Cortes con el Rey, les

pertenecen las facultades siguientes:

1.° Recibir al Rey, al sucesor inmediato de la Corona y a la Regencia o Regente del

Reino, el juramento de guardar la Constitución y las leyes.

2.° Elegir Regente o Regencia del Reino, y nombrar tutor al Rey menor, cuando lo

previene la Constitución.

3.º Hacer efectiva la responsabilidad de los ministros, los cuales serán acusados por el

Congreso y juzgados por el Senado.

Art. 40.

Los senadores y los diputados son inviolables por sus opiniones y votos en el

ejercicio de su encargo.

Art. 41.

Los senadores no podrán ser procesados ni arrestados sin previa resolución del

Senado, sino cuando sean hallados in fraganti, o cuando no esté reunido el Senado; pero

en todo caso se dará cuenta a este Cuerpo lo más pronto posible para que determine lo que

corresponda. Tampoco podrán los diputados ser procesados ni arrestados durante las

sesiones sin permiso del Congreso, a no ser hallados in fraganti; pero en este caso y en el

de ser procesados o arrestados cuando estuvieren cerradas las Cortes, se dará cuenta lo

más pronto posible al Congreso para su conocimiento y resolución.

TÍTULO VI

Del Rey

Art. 42.

La persona del Rey es sagrada e inviolable y no está sujeta a responsabilidad.

Son responsables los ministros.

Art. 43.

La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey, y su autoridad se

extiende a todo cuando conduce a la conservación del orden público en lo interior, y a la

seguridad del Estado en lo exterior, conforme a la Constitución y a las leyes.

Art. 44.

El Rey sanciona y promulga las leyes.

Art. 45.

Además de las prerrogativas que la Constitución señala al Rey, le corresponde:

1.° Expedir los decretos reglamentos e instrucciones que sean conducentes para la

ejecución de las leyes.

2.° Cuidar de que en todo el Reino se administre pronta y cumplidamente la justicia.

3 .° Indultar a los delincuentes con arreglo a las leyes .

4.° Declarar la guerra y hacer y ratificar la paz, dando después cuenta documentada a las

Cortes.

5.° Disponer de la fuerza armada, distribuyéndola como más convenga.

6.° Dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales con las demás Potencias.

7.° Cuidar de la fabricación de la moneda, en la que se pondrá su busto y nombre.

8.° Decretar la inversión de los fondos destinados a cada uno de los ramos de la

administración pública.

9.° Nombrar todos los empleados y conceder honores y distinciones de todas clases con

arreglo a las leyes.

10.° Nombrar y separar libremente los ministros.

Art. 46.

El Rey necesita estar autorizado por una ley especial:

1.° Para enajenar, ceder o permutar cualquiera parte del territorio español.

2.° Para admitir tropas extranjeras en el Reino.

3.° Para ratificar los tratados de alianza ofensiva, los especiales de comercio y los que

estipulen dar subsidios a alguna Potencia extranjera.

4.° Para abdicar la Corona en su inmediato sucesor.

Art. 47.

El Rey, antes de contraer matrimonio, lo pondrá en conocimiento de las Cortes, a

cuya aprobación se someterán las estipulaciones y contratos matrimoniales que deban ser

objeto de una ley.

Lo mismo se observará respecto del matrimonio del inmediato sucesor a la Corona.

Ni el Rey ni el inmediato sucesor pueden contraer matrimonio con persona que por la ley

esté excluida de la sucesión a la Corona.

Art. 48.

La dotación del Rey y de su familia se fijará por las Cortes al principio de cada

reinado.

TÍTULO VII

De la sucesión de la Corona

Art. 49.

La Reina legítima de las Españas es Doña Isabel II de Borbón.

Art. 50.

La sucesió n en el Trono de las Españas será según el orden regular de la

primogenitura y representación, prefiriendo siempre la línea anterior a las posteriores; en

la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la

hembra, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.

Art. 51.

Extinguidas las líneas de los descendientes legítimos de Doña Isabel II de

Borbón, sucederán por el orden que queda establecido, su hermana y los tíos hermanos de

su padre, así varones como hembras, y sus legítimos descendientes, si no estuviesen

excluidos.

Art. 52.

Si llegaren a extinguirse todas las líneas que se señalan, se harán por una ley

nuevos llamamientos, como más convenga a la Nación.

Art. 53.

Cualquiera duda de hecho o de derecho que ocurra en orden a la sucesión de la

Corona, se resolverá por una ley.

Art. 54.

Las personas que sean incapaces para gobernar, o hayan hecho cosa porque

merezcan perder el derecho a la Corona, serán excluidas de la sucesión por una ley.

Art. 55.

Cuando reine una hembra, su marido no tendrá parte ninguna en el gobierno del

Reino.

TÍTULO VIII

De la menor edad del Rey y de la Regencia

Art. 56.

El Rey es menor de edad hasta cumplir catorce años.

Art. 57.

Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey, y en su defecto

el pariente más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la

Constitución, entrará desde luego a ejercer la Regencia y la ejercerá todo el tiempo de la

menor edad del Rey.

Art. 58.

Para que el pariente más próximo ejerza la Regencia, necesita ser español, tener

veinte años cumplidos, y no estar excluido de la sucesión de la Corona.

El padre o la madre del Rey sólo podrán ejercer la Regencia permaneciendo viudos.

Art. 59.

El Regente prestará ante las Cortes el juramento de ser fiel al Rey menor y de

guardar la Constitución y las leyes.

Si las Cortes no estuvieren reunidas, el Regente las convocará inmediatamente, y entre

tanto prestará el mismo juramento ante el Consejo de Ministros, prometiendo reiterarle

ante las Cortes tan luego como se hallen congregadas.

Art. 60.

Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda de derecho la Regencia, la

nombrarán las Cortes y se compondrá de una, tres o cinco personas.

Hasta que se haga este nombramiento gobernará provisionalmente el Reino el Consejo de

Ministros.

Art. 61.

Cuando el Rey se imposibilitare para ejercer su autoridad, y la imposibilidad

fuere reconocida por las Cortes, ejercerá la Regencia, durante el impedimento, el hijo

primogénito del Rey, siendo mayor de catorce años; en su defecto el consorte del Rey, y a

falta de éste los llamados a la Regencia.

Art. 62.

El Regente, y la Regencia en su caso, ejercerá toda la autoridad del Rey, en cuyo

nombre se publicarán los actos del gobierno.

Art. 63.

Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiere nombrado el

Rey difunto, siempre que sea español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será

tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos. En su defecto le nombrarán las

Cortes; pero no podrán estar reunidos los encargos de Regente y de tutor del Rey sino en

el padre o la madre de éste.

TÍTULO IX

De los ministros

Art. 64.

Todo lo que el Rey mandare o dispusiere en el ejercicio de su autoridad, deberá

ser firmado por el Ministro a quien corresponda, y ningún funcionario público dará

cumplimiento a lo que carezca de este requisito.

Art. 65.

Los ministros pueden ser senadores o diputados, y tomar parte en las discusiones

de ambos Cuerpos Colegisladores; pero sólo tendrán voto en aquel a que pertenezcan.

TÍTULO X

De la Administración de Justicia

Art. 66.

A los Tribunales y Juzgados pertenecen exclusivamente la potestad de aplicar las

leyes en los juicios civiles y criminales; sin que puedan ejercer otras funciones que las de

Juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado.

Art. 67.

Las leyes determinarán los Tribunales y Juzgados que ha de haber, la

organización de cada uno, sus facultades, el modo de ejercerlas y las calidades que han de

tener sus individuos.

Art. 68.

Los juicios en materias criminales serán públicos, en la forma que determinen las

leyes.

Art. 69.

Ningún Magistrado o Juez podrá ser depuesto de su destino, temporal o perpetuo,

sino por sentencia ejecutoriada, ni suspendido sino por auto judicial, o en virtud de orden

del Rey, cuanto éste, con motivos fundados, le mande juzgar por el Tribunal competente.

Art. 70.

Los jueces son responsables personalmente de toda infracción de ley que

cometan.

Art. 71.

La justicia se administra en nombre del Rey.

TÍTULO XI

De las Diputaciones provinciales y de los Ayuntamientos

Art. 72.

En cada provincia habrá una Diputación provincial, elegida en la forma que

determine la ley y compuesta del número de individuos que ésta señale.

Art. 73.

Habrá en los pueblos alcaldes y Ayuntamientos. Los Ayuntamientos serán

nombrados por los vecinos a quienes la ley confiera este derecho.

Art. 74.

La ley determinará la organización y atribuciones de las Diputaciones y de los

Ayuntamientos, y la intervención que hayan de tener en ambas corporaciones los

delegados del Gobierno.

TÍTULO XII

De las contribuciones

Art. 75.

Todos los años presentará el Gobierno a las Cortes el presupuesto general de los

gastos del Estado para el año siguiente, y el plan de las contribuciones y medios para

llenarlos; como asimismo las cuentas de la recaudación e inversión de los caudales

públicos para su examen y aprobación.

Art. 76.

No podrá imponerse ni cobrarse ninguna contribución ni arbitrio que no esté

autorizado por la ley de presupuestos u otra especial

Art. 77.

Igual autorización se necesita para disponer de las propiedades del Estado y para

tomar caudales a préstamo sobre el crédito de la Nación.

Art. 78.

La Deuda pública está bajo la salvaguardia de la Nación.

TÍTULO XIII

De la fuerza militar

Art. 79.

Las Cortes fijarán todos los años, a propuesta del Rey, la fuerza militar

permanente de mar y sierra.

ARTÍCULO ADICIONAL

Art. 80.

Las provincias de Ultramar serán gobernadas por leyes especiales.

Por tanto, mandamos a todos nuestros súbditos de cualquiera clase y condición que sean,

que hayan y guarden la presente Constitución como ley fundamental de la Monarquía, y

mandamos asimismo a todos los Tribunales, Justicia, Jefes, Gobernadores y demás

autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas de cualquiera clase y dignidad, que

guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la expresada Constitución en todas sus

partes. En Palacio, a 23 de mayo de 1845. Yo, la Reina