En Baleares consiguen lo que Madrid pierde, les felicitamos.
 

 
Educación infantil, un derecho
SEBASTIÀ VERD
 
El consell de Govern de ayer aprobó un decreto que, según la consellera de Educación, Bárbara Galmés, pone fin a "dieciocho años de inmovilismo", tantos como ha tardado la administración autonómica de estas islas en poner orden en las guarderías o, mejor dicho, -porque de eso se trata- de lograr que estos centros que acogen a los niños en su primerísima infancia dejen de ser guarderías para convertirse en "escoletes" o centros de educación infantil. El decreto establece una serie de medidas arquitectónicas y de salubridad para garantizar que el hábitat que van a encontrar los niños sea el adecuado, así como normas relativas a la capacitación profesional de quienes trabajan en estas escuelas, a la capacidad de las "aulas" y a los criterios pedagógicos por los que se han de regir. Ésta era, sin duda, una de las asignaturas que Educación tenía pendientes, aunque quedan todavía muchos problemas por resolver. El primero y básico, que se cumpla lo dispuesto, pero también que la primera fase de la educación infantil -de cero a tres años- llegue a todas las familias que lo deseen o necesiten.
Al estar fuera de la enseñanza obligatoria, las guarderías -que inicialmente no tenían otro objetivo que guardar a los niños mientras sus padres trabajaban- fueron quedando postergadas por un sistema educativo que, a duras penas, alcanzaba a atender a la escolarización que sí era obligada. Sin embargo, la realidad se ha ido imponiendo y, como recordaba la consellera, han tenido que pasar dieciocho años desde que se promulgara la ley de educación infantil para que los centros que atienden a la primera infancia deban regirse por unos criterios pedagógicos como cualquier otro centro. Así, el decreto aprobado ayer establece la obligación de asignar un docente, un maestro, como mínimo por cada tres grupos de alumnos. De esta forma se garantiza que los niños y niñas inicien sus primeros pasos educativos con todas las garantías pedagógicas.

Sin embargo, sería absurdo pensar que este decreto podrá aplicarse de la noche a la mañana. La Federación de Escuelas Infantiles, agrupada en la Pimem, ya ha advertido que las exigencias impuestas por el Govern son excesivamente onerosas para este tipo de establecimientos (surgidos como respuesta a una situación laboral de los padres antes que como vocación docente) y eso -dicen- a pesar de los plazos de adaptación, de hasta cuatro años, para que el personal de los centros pueda obtener la titulación necesaria o la acreditación que la Conselleria otorgará a quienes acrediten buenas prácticas. La Federación agrupa a 134 escuelas, pero hay muchas más -unas 350- y, entre ellas, bastantes que se ven obligadas a partir de cero para adaptarse. La demanda de guarderías se ha disparado en los últimos años, sobre todo en una Comunidad como la nuestra en la que el índice de mujeres trabajadoras supera con creces la media de todo el Estado.
Es decir, no sólo hay que aprobar decretos que garanticen una buena educación infantil sino que siguen siendo necesarios centros en los que los padres puedan dejar a sus hijos. Combinar ambas cosas es el objetivo. El propio Govern, ayer mismo, anunció la creación de 2.000 nuevas plazas en "escoletes" públicas, la mayor promoción jamás realizada en las islas. Una gran oferta que, sin embargo, no satisfará toda la demanda existente. La prueba la tenemos en las solicitudes remitidas por los ayuntamientos, que suman 2.800, lo que implica que este plan, por muy ambicioso que sea, arranca ya con un déficit de 800 plazas. Ochocientos niños que pueden quedarse sin educación infantil porque sus padres, quizás, no pueden permitirse el lujo de pagar un centro privado. Por eso hay que seguir insistiendo en que si bien no toda la educación infantil es obligatoria, sí todos los niños tienen derecho a una misma educación.
 
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