Alegaciones Plataforma Financiación 17 de Julio
 
 















DECRETO…………… /2008, ………… POR EL QUE SE REGULA LA FINANCIACIÓN DEL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE MADRID







Alegaciones de la Plataforma de Madrid por la Defensa del 0-6



Introducción:



La premura con que se pretende realizar el trámite de consulta del presente borrador de Decreto es claramente insuficiente.

Debido, además, a las fechas estivales en las que nos encontramos, absolutamente injustificables para emitir ordenaciones legislativas de esta importancia puesto que gran parte de las familias y profesionales que podrían realizar aportaciones y propuestas de mejora a las mismas no están localizables, nos vemos obligados a hacer un análisis somero de este borrador de Decreto.

Pedimos que, si la intención de la Consejería de Educación no es precisamente haber aprovechado este tiempo para imponer por la vía de los hechos un documento tan importante, su tramitación sea diferida al mes de septiembre, fecha en la que la Comunidad Educativa podrá hacer un análisis en profundidad de todos sus puntos y podrá incorporar en el proceso de tramitación el carácter democrático que debería presidirlo.

A pesar de ello enviamos las alegaciones que, sobre la base de lo que hemos podido consultar en este escaso tiempo, juzgamos que es imprescindible contemplar.

Con carácter general, comprobamos que el texto es contradictorio en sí mismo pues pretende defender la unificación de los diferentes modelos de la red pública y sin embargo remarca diferencias entre los existentes y añade otras: aumenta la complejidad de la red pública ampliando diferencias titularidad-gestión, mayores diferencias en los módulos y dentro de las municipales permite diferencias claras entre unos ayuntamientos y otros.

Hay una implicación diferente con los ayuntamientos dependiendo fundamentalmente de la demografía y de acuerdos particulares, lo que no siempre está justificado debido a otras características diferenciales que tienen los distintos núcleos de población y que, con frecuencia, son mucho más significativas a la hora de necesitar o no puestos escolares y por tanto de la implicación y aporte económico de la Comunidad de Madrid.

Autoriza el establecimiento de una doble red asistencial/educativa promovida por administraciones públicas. Indica que sostendrá las escuelas de titularidad de la comunidad de gestión directa pero no creará nuevas. Rebaja su financiación en las municipales, y fundamentalmente dedica el dinero público al sostenimiento de centros de iniciativa privada.

Al mencionar, indistintamente a organizaciones sin fines de lucro y organizaciones, sin más, da la impresión de intentar establecer convenios especiales con ciertas organizaciones privadas, como si fueran ayuntamientos, con el dinero que no va a invertir en las municipales, sin que en ningún caso lo “educativo” figure entre los aspectos a incluir en el Convenio, sin que haya límites ni criterios claros para determinar cuales son adecuadas o no para acoger a criaturas de 0 a 3 años, de manera que se asegure una respuesta educativa ajustada a sus necesidades, inevitable a estas edades por la dependencia que presentan. No específica la importancia del proyecto educativo salvo para los centros privados a los que premia su singularidad, financiando con dinero público. No incluye en los Convenios ningún aspecto relativo al proyecto educativo, ni a cuestiones de coordinación pedagógica que de coherencia y carácter a la red pública, ni a cuestiones de control e inspección educativa.

Se abre a la posibilidad de que en un centro se ofrezcan varios servicios diferentes, cuando habla de addendas, sin que los criterios para su autorización o no queden expresamente definidos.

El tipo de concierto-convenio con las empresas privadas, especialmente, hace posible acuerdos a la “carta” y abre la mano a un nuevo tipo de conciertos educativos, no solo a los conciertos de servicios y a la extensión de conciertos educativos 3-6 a nuevas aulas de Primer Ciclo.

En todos los casos la tendencia parece ser a que se autofinancie el centro público a través de las cuotas de las familias y de la oferta de multiplicidad de servicios; en el caso de los centros privados lo es, además, a recibir otro tipo de subvenciones, ajustando al final del ejercicio. Aunque, aparentemente, se habla de cuotas semejantes en los centros de red pública y privada mantenida por fondos públicos, luego se desdice.

En todos los casos se habla de pago de cuotas, sin tener en cuenta a las familias que hasta ahora no pagaban. No se habla de becas de comedor o de horarios ampliados. Habla de una normativa común, pero no deroga la normativa vigente que en materia de admisión de alumnado, y especialmente de alumnado con necesidades educativas especiales, es muy distinta en la pública y en la privada.

No quedan claramente especificados los conceptos a los que se remiten los módulos de financiación a los que tendrán que referirse los convenios y siguen manteniéndose distintos tipos de módulo que, además, resultan difícilmente comparables puesto que en cada caso hacen referencia a diferentes conceptos (escolaridad, horario ampliado, desayuno, material, comedor, ….) y parten de criterios distintos (demografía, titularidad, gestión, adjudicatario y gestor, etc.).

Facilita la actuación del titular, adjudicatario, gestor del servicio, etc., generando confusión entre estos términos, al no delimitar sus funciones o su consideración homóloga y dando con ello la impresión de posibilitar que una empresa adjudicataria pueda hacer la subcontratación del servicio educativo.



0 Introducción



Se hace referencia en el Preámbulo a una serie de modelos de titularidad muy variados, en los que, además, el tipo de gestión establece nuevas diferencias, así como el tipo de módulo de financiación. Lejos de establecer una unificación todavía se amplia más la diversificación de modelos, no estableciéndose un marco común para los centros públicos y una identidad clara de la red pública, que queda desdibujada por los distintos criterios, modelos y aspectos que se pueden recoger en la multiplicidad de convenios.



Justificación:



El intento de unificación de criterios manifestado en la Exposición de motivos del texto, y desarrollado en el articulado, no se hace efectivo sino muy al contrario; se produce una mayor dispersión. Ahora se hace referencia a una mayor variedad de posibles modelos en función de la titularidad: Administraciones Educativas (Comunidad, Ayuntamientos), otros Públicos (Otras Administraciones), Privados (Organizaciones) y otros Privados (Centros). Se sobreentiende que pueden existir centros de gestión directa, gestión indirecta, y gestión indirecta con subcontratación del servicio educativo. Además de concierto público de servicios, podrá existir concierto educativo. La aportación de la Comunidad a los centros públicos disminuye, aumenta la aportación de las familias. No se calculan los módulos por niño/aula, ni se aplica el mismo módulo en todos los casos, sino en función de cuestiones de demografía.

Entendemos que unificar es precisamente eso, unificar. Para ello, creemos imprescindible que se intente hacer ya desde el comienzo ofreciendo el compromiso, que luego ha de desarrollarse en el articulado y demás disposiciones, de un marco único en el que deban estar todos los centros.


Propuesta de cambio:

Creemos que debe introducirse en el preámbulo el anuncio necesario de la información sobre el marco que se menciona en la justificación y que no aparece en el desarrollo.



1 El Artículo 6, referido a Convenios

Establece en el segundo párrafo de su primer apartado:



La colaboración y coordinación de la Consejería de Educación con los municipios de la región en materia de educación infantil incluirá, entre otros aspectos, la decisión sobre la construcción de nuevos centros o ampliación de los existentes, así como la modalidad de gestión y financiación de los nuevos centros. Igualmente será necesario acordar la modalidad de gestión y financiación de los centros cuando se convoque nuevo concurso público para adjudicar la gestión de los mismos.



Justificación:



Dado que se está tratando de un servicio público, deberían establecerse unas condiciones generales que, al margen de los signos políticos de las diversas Administraciones Educativas y de la sensibilidad de sus representantes, ofrezcan un marco de actuación equitativo y justo para dar un servicio público eductivo que no puede estar al total albedrío de los posibles distintos acuerdos puntuales. Este marco debe ir incorporado como una ampliación del Artículo 7 de la presente orden. De no ser así se podría crear una gran disparidad de criterios, entre los diferentes municipios, acerca de la construcción, financiación o modalidad de gestión de las Escuela Infantiles y Casas de Niños necesarias para ofrecer a las criaturas y a sus familias la posibilidad de ejercer su derecho a la educación.

Dado que se trata de un servicio educativo debiera en el Convenio establecerse algunos acuerdos de gestión-coordinación-control e inspección educativa que aseguren unas características del centro público en materia de proyecto educativo y de coherencia a la red pública, al margen de quien ostente la titularidad pública.

Debe establecer, también, que la creación de nuevos centros de titularidad pública irá garantizada por una opción decidida de gestión directa mayoritaria de los mismos, la que por el origen de los fondos que se manejan, el dinero de todos los contribuyentes, debería tener la garantía de no pasar con tanta facilidad a manos privadas, y menos aún, excluyendo a las familias que no puedan pagar cuotas, no expresando en ningún caso la posibilidad de gratuidad total . La minoría flagrante en que se encuentran las Escuelas Infantiles y Casas de Niños de Gestión Directa, requiere una reactivación masiva de este modelo de gestión y la no apertura de nuevos centros de gestión indirecta.



Propuesta de cambio:



El texto subrayado debería sustituirse por:



Para regular estos aspectos, tanto como los relativos a la modalidad de gestión y financiación de los centros cuando se renueven las concesiones ya realizadas, se establecerá un marco común de actuación en el que, en todo caso, deberán situarse los acuerdos alcanzados. Estos acuerdos deberán garantizar el mantenimiento y ampliación progresiva de la red pública de centros de gestión directa.



2 El mismo Artículo 6



Establece en su segundo apartado:

2. Aquellos centros que, aun siendo de titularidad pública de otras instituciones o administraciones distintas a la Consejería de Educación, no se integren en la red pública o no posean convenios de colaboración con la Consejería de Educación, no percibirán financiación alguna de la misma, y así constará expresamente en los convenios que se suscriban para la tramitación de sus expedientes de autorización.



Justificación:



La edad de las criaturas que acuden a estos centros determina que la relación establecida entre ellas y las personas adultas que las acogen es siempre educativa, independientemente de que ésta sea o no intencional. Por ello no pueden contemplarse centros no educativos, la realidad es que sólo pueden ser centros en los que se imparta una mala o una buena educación. Habida cuenta de lo anterior todos los centros deben depender, en la regulación de los requisitos mínimos de los mismos y en la supervisión de su propuesta pedagógica, de Administraciones Educativas y debe exigírseles el desarrollo y evaluación de un proyecto educativo controlado y supervisado por la inspección educativa.



Propuesta de cambio

Proponemos que la redacción se sustituya por:



Aquellos centros que, aún siendo de titularidad pública de otras instituciones o administraciones distintas a la de la Consejería de Educación, opten por no ser financiados por la misma, deberán integrarse en la red pública que será regulada por esta Consejería en sus requisitos mínimos de currículum y de centros (espacios, titulaciones, ratios), para su supervisión y autorización administrativa. A partir del momento en que se haga efectiva dicha autorización administrativa, con la correspondiente inscripción en el registro de centros docentes de la Consejería de Educación de la comunidad de Madrid, podrán percibir la misma financiación que el resto de centros públicos.



3 El Artículo 7, referido al Contenido de los convenios en materia de educación infantil



Establece:



Los Convenios de la Consejería de Educación con municipios de la región u otras instituciones públicas en materia de educación infantil incluirán, con carácter mínimo, los siguientes aspectos:



  • Objeto del convenio.

  • Centros incluidos en el convenio.

  • Criterios de organización y funcionamiento de los centros.

  • Funciones de cada Administración.

  • Aportaciones económicas de cada Administración.

  • Aspectos de tramitación y gestión.

  • Modelo de gestión de los centros.

  • Modalidad de financiación de los centros.

  • Comisión de seguimiento del convenio.

  • Duración, prórrogas y plazo de vigencia del convenio.



Mediante la suscripción de addendas a los convenios se incluirán nuevos centros y servicios a los convenios iniciales, y mediante anexos anuales se concretarán los compromisos y las aportaciones económicas que cada Administración asumirá durante el correspondiente ejercicio económico.



Justificación:



Por las mismas razones que las argumentadas en el punto anterior,



Propuesta de cambio:



Debe añadirse:

En todo caso se garantizará un aumento progresivo de las modalidades de gestión directa de los centros que irán cubriendo el ejercicio del derecho a la educación de las criaturas y la demanda de las familias.

En todos los Convenios, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, deberá precisar unas señas de identidad comunes a los centros de la red pública y garantizar el control e inspección en materia educativa.



4 El Artículo 10, referido a Convenios suscritos por la Consejería de Educación con centros de titularidad privada

Establece:



1. Al amparo de lo establecido en el artículo 15.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la Consejería de Educación podrá suscribir convenios para la financiación pública de centros de titularidad privada autorizados para impartir el primer ciclo de Educación Infantil, de forma que, en las condiciones que en ellos se establezcan, queden sometidos a la normativa que la Consejería dicte para los centros sostenidos con fondos públicos.

La Consejería de Educación suscribirá dichos convenios cuando así se justifique por las especiales características del centro, en función de la demanda atendida o por la especificidad de su proyecto educativo.



2. La Consejería financiará los gastos por unidad en funcionamiento de los centros en la cuantía correspondiente a un 60% del módulo al que se refiere el artículo 2 de la disposición cuarta del presente decreto.

A la finalización de cada curso, y en los términos que se establezcan, la Consejería de Educación ajustará la financiación del centro en función de la cuantía de los ingresos en concepto de cuotas de escolaridad.



3. Los centros podrán percibir aportaciones de las familias o de otras instituciones en concepto de escolaridad de enseñanzas de educación infantil, comedor y ampliación de horario, de conformidad con lo establecido en el artículo 3.



4. Los centros podrán también percibir de las familias cuotas por otros servicios escolares complementarios que formen parte del proyecto del centro. Dichas cuotas serán autorizadas por la Consejería de Educación tomando como referencia aquéllas que se aprueben por los mismos conceptos para los centros concertados.



Justificación:



Si deben quedar sometidos a la misma normativa que los públicos como establece en el punto 1, tendría que ser derogada la normativa vigente. Si

todo queda sujeto a una futura normativa que la Consejería dicte para centros sostenidos con fondos públicos cabe preguntarse que para qué sirve este capítulo del decreto.

Si bien la LOE establece el mencionado artículo 15.1, la disparidad de exigencias que en la Comunidad de Madrid diferencian a los centros públicos y privados que acogen a niños y niñas de 0 a 3 años hace particularmente injusta la nueva financiación que pretende establecerse de centros privados con dinero público.

En relación con las enseñanzas consideradas gratuitas (3 a 16 años), la LOE establece que los centros concertados tendrán unas características propias entre las que se considera la posibilidad de su titular para “disponer” el proyecto educativo que, además, habrá de incluir el “carácter propio del centro” (Artículo 121.6). En el artículo 84. 7 de la LOE también se establece que el procedimiento de admisión de alumnos en los centros privados concertados será “análogo” a los de los públicos, aunque siempre contemplando, que no habrá discriminación en dicho proceso “por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” (Art. 84.3).

En la Comunidad de Madrid, la Orden 1293/2008, de 12 de marzo, de la Consejería de Educación, sobre admisión de los alumnos en Escuelas infantiles de la Red Pública y centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid para el curso escolar 2008-09 contempla, en su artículo 5.2, que los centros privados no estarán incluidos en las Comisiones de escolarización de niños y niñas con necesidades educativas especiales. Esto que implica una discriminación por las razones contempladas en el mencionado artículo 84.3 de la LOE (nacimiento o cualquier otra condición personal o social); va también en contra de todo lo establecido en esta Ley acerca de la adecuada distribución de este alumnado en centros sostenidos con fondos públicos. Cuando se procede a contemplar las situaciones en que se integrará a estos niños y niñas en los centros privados, las condiciones son diferentes que para los públicos (artículos 2.4 ,4.2 , 7, 8 y 9.3 para los públicos y artículo 13.b.2 para los privados); se establece para los públicos, con carácter general, que estos niños ocuparán dos plazas en el aula de uno y dos años (Art. 2.4), mientras que, con el mismo carácter general, en los privados ocuparán una y, solo con carácter excepcional ocuparán dos (Art. 13.b.2).

Los centros públicos tienen una ratio de 13 alumnos en el nivel de 1-2 años (Art. 13.a), mientras que los privados, siempre según la mencionada Orden, tendrán un alumno más en este grupo de edad (Art. 13.b).

Si a lo anterior le añadimos que el Titular de los centros privados sostenidos con fondos públicos, siempre según la mencionada Orden, es quien resolverá, la incorporación de estas criaturas al centro, en el proceso de admisión de alumnos, aunque con la participación del Consejo Escolar (Art.5.2), resulta difícilmente creíble que se den condiciones igualitarias para la escolarización de este alumnado en centros públicos y privados.

Los centros privados tienen pues la posibilidad de incorporar ratios más altas, no están sometidos a la distribución equitativa que realiza la Comisión de Escolarización de necesidades educativas especiales, sólo en casos excepcionales podrán disfrutar de la consideración de dos plazas adjudicadas a niños y niñas de estas características, en caso de admitirlos. Es evidente que los centros privados, cuyo titular decide en el proceso de admisión de este alumnado, harán uso de las discriminaciones que la Ley les autoriza a realizar y admitirán poco, o nada, a criaturas con necesidades educativas especiales. De este modo la atención a la diversidad, obligación que establece la LOE, queda sumamente mermada en la Comunidad de Madrid, afianzándose un proceso iniciado ya en los colegios concertados de Infantil y primaria. que dificulta cada vez más su integración (inclusión establece la LOE) y la localiza, casi en exclusiva en la Escuela Pública.

Estas diferenciaciones y exclusiones, respecto al compromiso educativo y social que tiene la Consejería de Educación con el alumnado con necesidades Educativas Especiales, se dan a los centros privados y no están autorizadas por la LOE en ningún caso.

Cuando a todo lo anterior se unen las lesivas condiciones contempladas en los nuevos Pliegos que regulan los concursos públicos para establecer convenios con empresas privadas que se encargarán de la gestión indirecta de las mismas y lo establecido en el Decreto 18/2008, de 6 de marzo, del que derivan, como la propia Orden de admisión mencionada, asistimos a un auténtico ataque contra la Escuela Pública que ahora quiere rematarse con la financiación directa de los centros privados.

A las diferencias que ya otorga la LOE para la Escuela Privada concertada frente a la Pública, en las Enseñanzas gratuitas (menoscabo de las características democráticas que articulan la participación, organización y gestión de los centros, así como una admisión de alumnado que no tiene idénticas), se añaden las anteriormente expuestas, que acaban de autorizarse con el Decreto 18/2008 y con la Orden 1293/2008, y se ratifican ahora con el presente Decreto que pretende financiar, con dinero público, a los centros privados de 0-3. La discriminación que sufre la Escuela Pública es alarmante. Creemos que, además, la aprobación de este Decreto en los términos que aparecen en el presente borrador, representará una excusa para no construir Escuelas Infantiles Públicas, las únicas que han mostrado una calidad excelente y que, por lo mismo, sufren unas listas de espera interminables; la razón será que puesto que hay muchas privadas que pueden financiarse ¿para qué construir otras nuevas?

Esto asienta la política privatizadora y segregacionista de esta Consejería de Educación, la que prima los intereses y negocios de particulares frente a los derechos públicos que debería defender.



Propuesta de cambio:



Por todo ello planteamos la eliminación de este perverso artículo y del espíritu que lo ha elaborado y que aparece también en otros apartados de este borrador de Decreto de Financiación.



Plataforma de Madrid por la Defensa de 0-6

27 de Julio de 2008