PENSIONADOS DE VENEZUELA EN CHILE (Correo: pensivech.a.g@gmail.com)

08/04/2017


ENTRAR A LA VENTANA NOTICIAS DE LA SEMANA (BARRA ARRIBA DE AMARILLO), AHÍ ENCONTRARAS LA CARTA DE LA CIDH-OEA.


31/03/2017

Estimada Pdta. :

                             Se ha tomado la molestia de hacerme un resumen de lo realizado por la directiva este último tiempo  y que servirá para que las bases se informen . 

                             Pero hay un punto en mi nota anterior que no ha sido contestado. Es el que concierne a la Confederación de Pens. y Jubilados.  Mi inquietud es saber si ésta se encuentra trabajando con ya con nuestra directiva por la misma meta .Conocer qué naciones la conforman  y  si existe comunicación  directa con algún país. Pienso en ello porque  la unión hará la fuerza.

                             En consideración a que ha impartido instrucciones para informar a los socios de las gestiones realizadas por la directiva, me permito incluir, previa revisión o modificación por parte de uds., un cronograma de las gestiones o cartas a las autoridades de los dos últimos años. Esto, debido a que algunos  socios o sus familiares, me llaman solicitando noticias y puedo deducir que no conocen las vías de información.

 

26 oct. 2015         Comisión de Derechos Humanos de la OEA.....Primera Demanda

06 jul.  2016          Ministro RREE.    Heraldo Muñoz

25 oct. 2016          Cámara Diputados...Guillermo Teillier

25 oct. 2016          Comisión Relac ext. Jorge Tarud

25 oct.2016           Confederación de Pensionados y Jubilados

28 sep. 2016          Camara Diputados ..Gmo Teillier

17 nov. 2016          Embajador de Venezuela en Chile

17 nov. 2016          Pdte Comisión RREE Cámara Diputados

1   dbr. 2016          Instituto Nac. de DDHH.  Paulina Maturana

1   dbr. 2016          Cámara Diputados.  Gmo Teillier

1  dbe. 2016          Embajador de Venezuela en Chile

11 ene.2017          Envío Segunda Demanda

1   feb. 2017          Embajador de Venezuela en Chile

1  feb. 2017           Embajador de Chile en Venezuela

1  feb. 2017           Pdte. Camara Diputados  Osvaldo Andrade

 

Nota....He obviado a conciencia los títulos honoríficos. No lo merece una autoridad que no responde la correspondencia y no vela por mis derechos.

 

Estimada Sra. Sonia espero ser de ayuda con la información.

Es mi deseo que se restablezca de esa dolorosa enfermedad y que yo también padezco.

 

ATTE Nelson Parada

 


22/03/2017


Estimado Nelson:


Me conmueve su perseverante apoyo y reconocimiento.
Es de las pocas personas de la Asociación que entiende
las acciones ejercidas para reclamar nuestros derechos
(Demanda via Nacional e internacional) y el trabajo solidario
que entregamos todos los días.

Yo trabajo desde mi computadora siempre, y en estos días
empezaré a faltar a las reuniones ya que estoy muy enferma de mi columna.
Los dolores no me permiten caminar mucho.

Le resumo que hicimos la demanda Nacional con el Abogado Juan Bautista Carrero
el cual fue verificado su escritorio por persona que concurrió a Caracas se entrevistó con él
y fueron personalmente al Tribunal a verificar todo, cuando se introdujo la primera vez la Demanda. Todo muy bien esa parte y el abogado ha resultado excelente.

La demanda fue Inadmisible (ver página Web) sites.google.com/site/pensivech.a.g.; y 
luego Apelamos al Tribunal de alzada y confirmó la inadmisibilidad.
La Jueza se fue de carnaval y luego está de vacaciones, sin poder el abogado retirar la última
sentencia. La sentencia que pensamos publicar en la página Web en cuanto la envíe.
El abogado remitirá la Sentencia en cuanto la publiquen en el tribunal.

Ahora, inmediatamente elaboraremos la Demanda Internacional a las Naciones Unidas donde en 6 meses tendremos respuesta. Una vez el abogado tenga la sentencia en sus manos terminará de redactar la demanda Internacional.

Las opciones jurídicas legales que teníamos eran el Amparo solicitado al Tribunal Supremo que no se ejerció, dado que nuestras acciones comenzaron cuando yo quedé de Presidenta en la Asociación y para ese momento ya había caducado el período por el cual establece la Ley se puede acudir a esa instancia (hasta 6 meses después de comenzado el perjuicio de no enviar las pensiones en nuestro caso o, desde el momento del derecho vulnerado o el daño causado).
Por eso recurrimos a la Jurisdicción Civil Laboral a través, o basándonos en la Ley de Seguridad Social, cuya Jurisdicción por mandato; de quien corresponde,Tribunal Supremo, lo dispuso. A esa Ley no se le ha designado la Jurisdicción Especial y mientras, dijo el Tribunal Supremo: "úsese la Jurisdicción Laboral"
También enviamos hace mucho tiempo una demanda a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA pidiendo medidas cautelares. Nunca nos contestaron.



Creo que le he informado en que estamos.

Cordialmente:

Sonia Laborde 

Pensivench.a.g.

P.D.
Le solicito a Alejandro y Jorge Pereyra
publiquen en Página Web esta carta del Señor Parada y mi respuesta con copia.
Los pensionados necesitan esta información ya.




SANTIAGO DE CHILE 01 DE FEBRERO DEL 2017

SEGUNDA DEMANDA

CIUDADANOS

 CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. SU DESPACHO.

- Ref. Demanda de Cobro de Pensiones Nosotros, la ASOCIACIÓN GREMIAL DE PENSIONADOS DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN CHILE (PENSIVENCH A.G.), sociedad civil constituida e integrada por los ciudadanos acreedores de pensiones venezolanas que residen en la República de Chile, debidamente inscrita con el N° 4273 por ante el Registro de Asociaciones Gremiales de la Subsecretaría de Economía del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile, debidamente representada en este acto por su apoderado judicial, abogado en ejercicio Juan Bautista Carrero Marrero, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 80.940, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº 13.114.577, mayor de edad, legalmente capaz y de este domicilio, según carácter que se evidencia del Instrumento Poder debidamente autenticado en fecha 21 de septiembre de 2016, por ante el Notario Público Nº 27 de Santiago de Chile, el cual es válido en la República Bolivariana de Venezuela por estar debidamente Apostillado, en fecha 23 de septiembre de 2016, bajo el Código de Verificación D8AB345D4F, conforme a la Convención de la Haya de la cual la República Bolivariana de Venezuela es parte suscriptora, cuya copia anexo marcada “A” previo cotejo con su original, por parte del funcionario judicial a los fines de su certificación, acudimos muy respetuosamente ante su competente autoridad, con fundamento en lo establecido en los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República, la Disposición Final Tercera de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, y 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, con la finalidad de ejercer la presente DEMANDA DE COBRO DE LAS PENSIONES Y JUBILACIONES adeudadas a los Jubilados y Pensionados de la República 3 Bolivariana de Venezuela que residen en la República de Chile, contra los ciudadanos Carlos Alberto Rotondaro Cova, titular de la cédula de identidad Nº 6.157.070, en su carácter de Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS); Rocco Albisinni Serrano, titular de la cédula de identidad Nº 15.481.927, en su carácter de Presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), y; Nelson Merentes, titular de la Cédula de Identidad Nº 3.986.108, en su carácter de Presidente del Banco Central de Venezuela. Domiciliados en el Distrito Metropolitano de Caracas. La presente acción se fundamenta en las siguientes razones: I- DE NUESTRA LEGITIMIDAD PARA EJERCER LA PRESENTE ACCIÓN. Nuestra legitimación activa cumple con los requisitos establecidos en la Ley y con los criterios que han sido establecidos de forma pacífica y vinculante por la jurisprudencia de la Sala Constitucional, ya que la presente acción está siendo ejercida por la ASOCIACIÓN GREMIAL DE PENSIONADOS DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN CHILE (PENSIVENCH A.G.). Persona jurídica debidamente inscrita con el N° 4273 por ante el Registro de Asociaciones Gremiales de la Subsecretaría de Economía del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile, que está integrada por los 531 ciudadanos acreedores de pensiones venezolanas que residen en la República de Chile, con la finalidad de defender sus derechos e intereses como jubilados y pensionados, tal como se evidencia del Certificado de Registro 12.830 de fecha 01/09/2016, emanado de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño de Chile, cuya copia anexo marcada “B”. Así como, de las cinco Declaraciones Juradas hechas por sus miembros ante diversas Notaría de la República de Chile, cuyas copias anexamos marcadas “C”, “D”, “E”, “F” y “G”. En esos documentos se aprecia el nombre, apellido, nacionalidad, huella digital y demás elementos de identificación de los integrantes de PENSIVENCH A.G. A su 4 vez, han sido debidamente autenticados por ante distintas autoridades Chilenas, razón por la cual no requieren ser legalizados, ni apostillados y surten plenos efectos legales en la República Bolivariana de Venezuela, por orden el Convenio de Seguridad Social entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Chile, válido y obligante para nuestro país por haberlo suscrito, ratificado y aprobado mediante la “Ley Aprobatoria del Convenio Bilateral sobre Seguridad Social entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Chile”, publicada en la Gaceta Oficial Nº Extraordinario 5.754, de fecha 03 de enero de 2005 (cuya copia anexo marcada “H”). Toda vez que su artículo 19, numeral 2, expresamente establece: “2. Todos los actos administrativos y documentos que se expidan por una Institución de un Estado Contratante para la aplicación del presente Convenio, serán dispensados de los requisitos de legalización u otras formalidades similares para su utilización por Instituciones Competentes del otro Estado”. Así las cosas, al ser los 531 miembros de PENSIVENCH A.G., ciudadanos integrantes del colectivo de venezolanos y chilenos que se hicieron acreedores de pensiones y jubilaciones en la República Bolivariana de Venezuela, residentes en Chile, que sufren por la falta de pago de sus pensiones, es obvio que tienen un interés directo, propio y legítimo para reclamar el cobro de sus pensiones y el cese de la lesión jurídica que los afecta. Específicamente, PENSIVENCH, A.G., está integrada por las siguientes personas, quienes son los acreedores de las prestaciones demandadas en la presente acción de cobro y, por lo tanto, los beneficiarios de la presente demanda:

Nuestra legitimidad es obvia y deriva directamente de varias normas jurídicas. En primer término, resulta más que evidente que nuestra legitimidad activa deriva directamente del artículo 26 de la Constitución de la República, que a la letra establece: “Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles” (resaltado nuestro). De una simple lectura al artículo transcrito se observa que el mismo constitucionaliza la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses personales, 18 colectivos y difusos, a la vez que le otorga la cualidad y legitimidad a cualquier persona para que acuda a los órganos de administración de justicia en aras de demandar su protección. En análogo sentido, el artículo 147 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia también nos otorga la legitimidad para ejercer la presente demanda, al disponer: “Artículo 146. Toda persona podrá demandar la protección de sus derechos e intereses colectivos o difusos. Salvo lo dispuesto en las leyes especiales, cuando los hechos que se describan posean trascendencia nacional su conocimiento corresponderá a la Sala Constitucional; en caso contrario, corresponderá a los tribunales de primera instancia en lo civil de la localidad donde aquellos se hayan generado”. Adicionalmente, en vista de que la presente acción constituye una demanda de cobro colectivo, ejercida conjuntamente con una pretensión de amparo cautelar para la protección de los derechos e intereses colectivos a la seguridad social, la protección de la vejez, la salud y la igualdad y no discriminación, de los beneficiarios de jubilaciones y pensiones venezolanas que residen en la República de Chile, resulta pertinente destacar que ya la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en múltiples oportunidades ha fijado un criterio jurisprudencial pacífico, reiterado y vinculante sobre el concepto, características y alcance de este tipo de acción. Así, sobre los diferentes aspectos de los derechos colectivos y difusos, encontramos, entre otras, a las siguientes Sentencias: Nº 483, del 29 de mayo de 2000, caso: Cofavic y Queremos Elegir; Nº 656, del 30 de junio de 2000, caso: Dilia Parra, Nº 770, del 17 de mayo de 2001, caso: Defensoría del Pueblo; Nº 1321 del 19 de junio de 2002, caso: Máximo Fébres y Nelson Chitty La Roche; Nº 1594 del 9 de julio de 2002, caso: Alfredo García Deffendini y otros; Nº 1595, del 9 de julio de 2002, caso: Colegio de Médicos del Distrito Metropolitano de Caracas; Nº 1571 del 22 de 19 agosto de 2001, caso: Deudores Hipotecarios; Nº 2347, del 3 de octubre de 2002, caso: Henrique Capriles Radonski, Nº 2634, del 23 de octubre de 2002, caso: Defensoría del Pueblo, y; Nº 3342 del 19 de diciembre de 2002 caso: Félix Rodríguez. Cuyos criterios jurisprudenciales sobre el tema han sido resumidos en la sentencia del 19 de diciembre de 2003 (Caso: Fernando Asenjo), donde encontramos las siguientes nociones: “2- Los “DERECHOS O INTERESES COLECTIVOS: están referidos a un sector poblacional determinado (aunque no cuantificado) e identificable, aunque individualmente, dentro del conjunto de esas personas existe o puede existir un vínculo jurídico que los une entre ellos. Su lesión se localiza concretamente en un grupo determinable como tal, como serían los grupos profesionales, los grupos de vecinos, los gremios, o los habitantes de un área determinada, etc. Los derechos colectivos deben distinguirse de los derechos de las personas colectivas, ya que estos últimos son análogos a los derechos individuales, pues no se refieren a una agrupación de individuos sino a la persona jurídica o moral a quien se atribuyan los derechos. Mientras las personas jurídicas actúan por organicidad, las agrupaciones de individuos que tienen un interés colectivo obran por representación, aun en el caso de que ésta sea ejercida por un grupo de personas, pues el carácter colectivo de los derechos cuya tutela se invoca siempre excede al interés de aquél. ….Omisis…. 6- LEGITIMACIÓN PARA INCOAR UNA ACCIÓN POR INTERESES Y DERECHOS COLECTIVOS: quien incoa la demanda con base a derechos o intereses colectivos, debe hacerlo en su condición de miembro o vinculado al grupo o sector lesionado, y que por ello sufre la lesión conjuntamente con los demás, por lo que por esta vía asume un interés que le es propio y le da derecho de reclamar el cese de la lesión para sí y para los demás, con quienes comparte el derecho o el interés. La acción en protección de los intereses colectivos, además de la Defensoría del Pueblo, la tiene cualquier miembro del grupo o sector que se identifique como componente de esa colectividad específica y actúa en defensa del colectivo, de manera que los derechos colectivos implican, obviamente, 20 la existencia de sujetos colectivos, como las naciones, los pueblos, las sociedades anónimas, los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones, los gremios, pero también minorías étnicas, religiosas o de género que, pese a tener una específica estructura organizacional, social o cultural, pueden no ser personas jurídicas o morales en el sentido reconocido por el derecho positivo, e inclusive simples individuos organizados en procura de preservar el bien común de quienes se encuentran en idéntica situación derivado del disfrute de tales derechos colectivos”. Por último, el hecho de que el derecho a la seguridad social está consagrado como un derecho humano fundamental, tanto por nuestra Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (Art. 4), como por diversos Pactos, Acuerdos y Tratados Internacional que han sido suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, es una circunstancia que también nos dota de legitimidad para ejercer esta demanda de cobro de nuestras pensiones. Ya que según nuestra Constitución y diversos Tratados Internaciones sobre Derechos Humanos, cualquier persona puede acudir a los órganos jurisdiccionales para demandar la protección y defensa de los derechos humanos. II- COMPETENCIA DE ESE CIRCUITO PARA CONOCER DE LA PRESENTE DEMANDA. Visto que el presente caso versa sobre el cobro de pensiones de seguridad social, no hay duda alguna de que ese Circuito Judicial Laboral del Área Metropolitana de Caracas es el competente para conocer de la presente demanda. Toda vez que ello se deriva de la letra de la Disposición Final Tercera de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, en concordancia con lo establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que a la textualmente disponen: 21 “TERCERA: Se crea la jurisdicción especial del Sistema de Seguridad Social, para dirimir las controversias que se susciten que ocasión de las relaciones jurídicas que deriven de la aplicación de la presente Ley y demás leyes sobre la materia. Hasta tanto no se lleve a cabo la creación de la jurisdicción especial, todo lo relacionado con dudas y controversias en materia de seguridad social, serán decididas por ante la jurisdicción laboral ordinaria (resaltado nuestro)”. “Artículo 29. Los Tribunales del Trabajo son competentes para sustanciar y decidir: 1. Los asuntos contenciosos del trabajo, que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje; 2. Las solicitudes de calificación de despido o de reenganche, formuladas con base en la estabilidad laboral consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la legislación laboral; 3. Las solicitudes de amparo por violación o amenaza de violación de los derechos y garantías constitucionales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, relaciones laborales como hecho social, de las estipulaciones del contrato de trabajo y de la seguridad social; y 4. Los asuntos contenciosos del trabajo relacionados con los intereses colectivos o difusos”. Por otro lado, al ser los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil manifiestamente incompetentes para conocer de casos laborales o de seguridad social, es obvio que por razón de la materia son ustedes los competentes para conocer de esta acción. Igual sucede si analizamos la competencia por razón del territorio, pues al estar los demandados domiciliados en la Ciudad de Caracas y al ser autoridades de Entes Públicos cuyos despachos están en la Ciudad de Caracas, es obvio que el conocimiento de esta causa le corresponde a ese honorable Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas. III- DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD. 22 Resulta evidente que la presente acción debe ser admitida, pues cumple con todos los requisitos legalmente establecidos en el artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. A la vez que no está incursa en ninguna de las causales de inadmisión previstas en el ordenamiento jurídico. Toda vez que: 1- Contiene y expresa adecuadamente todos los datos concernientes a la identificación y localización de los demandantes y demandados. 2- Presenta una relación clara y entendible de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya la pretensión. A la vez que ilustra adecuadamente sobre la situación jurídica infringida. Así como una exposición clara del objeto demanda, lo que se pide y reclama. 3- Presenta plena prueba sobre los hechos que originan la pretensión. 4- No contiene demandas ni pretensiones que resulten incompatibles entre sí. 5- Tenemos plena legitimidad para ejercer la presente acción, en virtud de lo contemplado por la Constitución de la República, la ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y tal como ha sido interpretado de forma vinculante por la nuestra Sala Constitucional. 6- Esta es la vía procesal ordinaria adecuada para lograr la pretensión planteada. 7- Esta demanda no contiene ningún tipo de conceptos ofensivos ni irrespetuosos. Y lo más importante de todo: en el presente caso se encuentra involucrado el más relevante orden público, al tratarse de la búsqueda de la solución a un problema muy grave que lesiona derechos humanos y fundamentales a más de 500 compatriotas que están sufriendo a causa de la omisión ilegal cometida por los accionados. Lo cual, por sí mismo, basta para que ese Circuito Judicial ordene la continuación del proceso, tal como ha sido interpretado por la Sala Constitucional 23 del Tribunal Supremo en función de lo establecido en los artículos 257 constitucional y 148 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. IV- DE LOS HECHOS QUE ORIGINAN LA PRESENTE ACCIÓN Y DE SU PLENA PRUEBA. IV.I DE LOS HECHOS. Tal como es del conocimiento general, por ser un hecho público, notorio, comunicacional, cierto e irrefutable, en la actualidad y desde hace muchos meses el Estado Venezolano ha dejado de remitirles sus pensiones a los jubilados y pensionados que residen en el exterior, entre los que se encuentran mis representados. Dentro de este contexto, es el caso Ciudadano Juez, que el último mes pagado a los jubilados y pensionados que residen en la República de Chile fue el correspondiente a diciembre de 2015. El cual, dicho sea de paso, les fue pagado en marzo en 2016. Razón por la cual, para la fecha de interposición de la presente demanda, el Estado Venezolano le adeuda doce meses de pensiones y/o jubilaciones a cada uno de ellos, más la bonificación de 105 días de pensiones decretada por el Ejecutivo Nacional mediante el Decreto Nº 2.507 de fecha 27-12-2016. Esta situación les está causando un gran sufrimiento humano a los jubilados y pensionados que viven en la República de Chile. En vista de que la mayoría de ellos depende únicamente del monto de su pensión para poder subsistir, es obvio que al no recibirlas, no pueden adquirir ni siquiera los insumos más básicos para sobrevivir, tales como alimentos o medicinas. Debido a este enorme retraso, los beneficiarios de pensiones y jubilaciones que residen en la República de Chile están sufriendo todo tipo de problemas. Desde el 24 desalojo de sus viviendas, el embargo de sus bienes, la pérdida de sus enseres domésticos, la cancelación de sus tarjetas de crédito y la falta de atención médica, hasta prácticamente morir de mengua por la falta de recursos para comprar comida. Con el agravante de que al tratarse de personas de la tercera edad y discapacitados, en la mayoría de los casos no pueden encontrar trabajos o simplemente no pueden trabajar, lo cual les impide generar otro tipo de recursos por cuenta propia. Situación ésta que los hace aún más dependientes de sus pensiones y pone aún más en evidencia la gravedad que implica la irresponsable falta de pago de sus pensiones. Estos hechos son muy graves: 1) violan disposiciones de orden público; 2) implican el incumplimiento de una prestación dineraria; 3) lesionan los derechos constitucionales a la protección de la vejez, seguridad social y la salud de los beneficiarios de dichas prestaciones, y lo que es más grave aún; 4) los pone en una terrible situación de angustia e indefensión al negarles los medios económicos mínimos para acceder a los insumos más básicos para la vida. IV.II- DEL MONTO ADEUDADO QUE AQUÍ SE DEMANDA. En virtud del control de cambio existente en el país, la determinación del monto en divisas que corresponde a los diferentes tipos de pensiones y jubilaciones para los residentes en el exterior, se ha venido regulando por los Convenios Cambiarios emitidos por el Banco Central de Venezuela en conjunto con el Ejecutivo Nacional. Los cuales han establecido que el tipo de cambio de referencia para calcular los montos de las pensiones y jubilaciones es el del dólar preferencial protegido. En la actualidad, así lo establecen los artículos 1 y 5 del vigente Convenio Cambiario Nº 35, publicado en la Gaceta Oficial Nº 40.865, de fecha 09-03-2016 (cuya copia anexo marcada “I”): 25 “Artículo 1. A partir de la entrada en vigencia del presente Convenio Cambiario, se fija el tipo de cambio protegido en nueve bolívares con novecientos setenta y cinco céntimos (Bs. 9,975) por dólar de los Estados Unidos de América para la compra, y en diez bolívares (Bs. 10,00) por dólar de los Estados Unidos de América para la venta. Asimismo, se fija a partir de la entrada en vigencia del presente Convenio Cambiario, en diez bolívares (Bs.10,00) por dólar de los Estados Unidos de América el tipo de cambio para el pago de la deuda pública externa. Artículo 5. A partir de la entrada en vigencia del presente Convenio Cambiario, la liquidación de las operaciones de venta de divisas destinadas a la conversión de las pensiones de vejez, incapacidad parcial, invalidez y sobrevivientes, pagadas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) a residentes en el exterior, se hará al tipo de cambio de venta establecido en el artículo 1 del presente Convenio Cambiario. Igual tipo de cambio aplicará para la liquidación de las operaciones de venta de divisas destinadas a la conversión de las pensiones de jubilados residentes en el exterior”. De allí que, por mandato de la norma, para determinar el monto de las pensiones de vejez, incapacidad parcial, invalidez y sobrevivientes, pagadas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) a los residentes en el exterior, se debe dividir el monto en bolívares fijado para el pago de jubilaciones y pensiones en el país, entre el valor del tipo de cambio protegido, que en este caso es de diez (10) bolívares por dólar. Antes de la entrada en vigencia del citado Convenio Cambiario Nº 35, estuvo en vigencia el Convenio Cambiario Nº 14, de fecha 08/02/2013, publicado en la Gaceta Oficial Nº 40.108 (cuya copia anexo marcada “J”), de la misma fecha, el cual establecía que las pensiones y jubilaciones serían calculadas en función de un tipo de cambio de 6,30 Bs por dólar. Por aplicación de dicha normativa, es obvio que para el caso de las pensiones de vejez aquí demandadas, sus montos son el producto del siguiente cálculo: 26 1- Pensiones de Vejez correspondientes a enero y febrero 2016: En vista de que durante este tiempo estuvo vigente el Convenio Cambiario Nº 14, que establecía en 6,30 Bs/$ el tipo de cambio para el cálculo de las pensiones. A la vez que el monto mensual de las pensiones de vejez estaba fijado en 9.648,18 Bs. Tenemos como resultado que durante este período los pensionados residentes en Chile debieron cobrar dos mensualidades de 1.531,45 dólares cada una. Considerando que no se las han pagado y que son dos mensualidades, tenemos que las pensiones de vejez correspondientes a enero y febrero de 2016 aquí demandadas suman la cantidad de 3.062,91 dólares, adeudada a cada uno de sus beneficiarios. 2- Pensiones de Vejez correspondientes a marzo y abril de 2016: Durante este tiempo ha estado vigente el Convenio Cambiario Nº 35, que establece en 10 Bs/$ el tipo de cambio para el cálculo de las pensiones. A la vez que el monto mensual de las pensiones de vejez estaba fijado en 11.577,81 Bs. Razón por la cual, en función de la normativa legal contemplada en el aludido Convenio Nº 35, tenemos como resultado que durante este período, los pensionados residentes en Chile debieron cobrar dos mensualidades de 1.157,7 dólares cada una. Considerando que no se las han pagado y que son dos mensualidades, tenemos que las pensiones de vejez correspondientes a marzo y abril de 2016 aquí demandadas suman la cantidad de 2.315,4 dólares, adeudada a cada uno de sus beneficiarios. 3- Pensiones de Vejez correspondientes a mayo, junio, julio y agosto de 2016. Durante este tiempo ha estado vigente el Convenio Cambiario Nº 35, que establece en 10 Bs/$ el tipo de cambio para el cálculo de las pensiones. A la vez que el monto mensual de las pensiones de vejez estaba fijado en Bs. 15.051,11. Razón por la cual, en función de la normativa legal contemplada en el aludido Convenio Nº 35, 27 tenemos como resultado que durante este período, los pensionados residentes en Chile debieron cobrar cuatro mensualidades de 1.505,11 dólares cada una. Considerando que no se las han pagado y que son cuatro mensualidades, tenemos que las pensiones de vejez correspondientes a marzo y abril de 2016 aquí demandadas suman la cantidad de 6.020,44 dólares, para cada uno de sus beneficiarios. 4- Pensiones de Vejez correspondientes a septiembre y octubre de 2016. Considerando que durante septiembre y octubre de 2016 el monto de las pensiones por vejez en Venezuela estuvo fijado en la cantidad de 22.576,73 Bs. mensuales, es evidente que por mandato de dicho Convenio Cambiario Nº 35, al dividir dicho monto entre 10 (valor de cambio aplicable), tenemos que el monto mensual a pagar a cada pensionado por vejez que reside en el exterior, es el equivalente a 2.257,63 dólares americanos. Razón por la cual, en vista de que no se las han pagado y de que son dos mensualidades, tenemos que las pensiones de vejez correspondientes a septiembre y octubre de 2016, aquí demandadas, suman la cantidad de 4.515,2 dólares, para cada uno de sus beneficiarios. 5- Pensiones de Vejez correspondientes a Noviembre de Diciembre de 2016. Considerando que durante noviembre y diciembre de 2016 el monto de las pensiones por vejez en Venezuela ha estado fijado en la cantidad de 27.092,10 Bs. mensuales, es evidente que por mandato de dicho Convenio Cambiario Nº 35, al dividir dicho monto entre 10 (valor de cambio aplicable), tenemos que el monto mensual a pagar a cada pensionado por vejez que reside en el exterior, es el equivalente a 2.709,2 dólares americanos. Razón por la cual, en vista de que no se las han pagado y de que son dos mensualidades, tenemos que las pensiones de vejez correspondientes a septiembre y octubre de 2016, aquí demandadas, suman la cantidad de 5.418,4 dólares, para cada uno de sus beneficiarios. 28 6- Bonificación de Fin de Año que también se les adeuda. Junto con las pensiones que no les han pagado y que son objeto de la presente demanda, hay que sumar el monto de la Bonificación de Fin de Año decretada por el ciudadano Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien mediante decreto Nº 2.507, de fecha 27 de Octubre de 2016, publicado en la Gaceta Oficial Nº Extraordinario 6.270, del 31-10-2016, estableció el pago de una Bonificación de 105 días de pensión a los jubilados y jubiladas, calculada sobre una base no menor a la cantidad de 27.092,10 Bs por mes de pensión. En vista de ello, considerando que dicha Bonificación equivale a 94.822,35 Bs., es evidente que por mandato de dicho Convenio Cambiario Nº 35, al dividir dicho monto entre 10 (valor de cambio aplicable), tenemos que el monto a pagar por este concepto a cada pensionado por vejez que reside en el exterior, es el equivalente a 9.482,2 dólares americanos. 5- Monto total de las Pensiones y Bonificación adeudadas. La sumatoria de las pensiones de vejez, más la bonificación de fin de año que se le adeudan a cada uno de los pensionados que residen en Chile, alcanza la cifra de 30.814,55 dólares americanos, que el Estado Venezolano le debe transferir directamente a cada uno de ellos, a su cuenta bancaria del lugar donde residen, tal como lo ordena la normativa legal vigente. IV.III- La Plena Prueba de los Hechos que Fundamentan la Presente Acción. Tal como es del conocimiento de ese honorable Juzgado, en virtud del principio iura novit curia, en el presente caso, al tratarse del cobro de una obligación cuya fuente está en la Ley, y al ser su falta de pago un hecho negativo, la carga de la 29 prueba le corresponde a los demandados, tal como lo establece el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, que a la letra dispone: “Artículo 506: Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación. Los hechos notorios no son objeto de prueba”. En consecuencia: 1- En vista de que las jubilaciones y pensiones por vez, discapacidad y sobrevivencia, constituyen una obligación que tiene su fuente en la propia Constitución y en la Ley, que además la definen como un derecho humano fundamental; 2- Considerando que el Estado Venezolano en múltiples oportunidades ha reconocido la existencia de su obligación de pagar las pensiones y jubilaciones a los residentes en el extranjero, tal como consta en la propias Memorias y Cuentas de los Ministerios del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo y Economía y Finanzas del año 2015, donde consta, tanto la existencia de la obligación, como el número, situación y monto pagado a los jubilados y pensionados durante 2015; 3- Considerando el Estado Venezolano ha reconocido la existencia de su obligación de pagar las pensiones y jubilaciones a los residentes en el extranjero, pues en virtud de ello ha dictado los distintos Convenios Cambiarios que regulan la forma de esos pagos y ha suscrito varios Convenios Internacionales sobre el particular, siendo el más relevante para el presente caso, el suscrito con la República de Chile: Es obvio que en el presente caso, nadie podría negar la existencia de la obligación que se reclama. Por todo ello, al estar frente al reclamo de una obligación que tiene fuente legal y al tratarse su falta de pago de un hecho negativo, no se requiere de prueba 30 alguna de nuestra parte. Siendo el caso que la carga de la prueba le corresponde a los accionados, quienes deben demostrar el pago de la obligación demandada para poder liberarse de ella, tal como lo dispone en transcrito artículo 506 del Código de Procedimiento Civil. A pesar de ello, a los fines de aportar todos los medios para la declaratoria con lugar de la presente acción, junto con el presente escrito consigno todos los instrumentos que demuestran la veracidad de cada una de las afirmaciones de hecho que hacemos en este libelo de demanda. Documentos y Pruebas consignadas junto con el presente Escrito: 1-Marcado “A”: Instrumento Poder debidamente autenticado en fecha 21 de septiembre de 2016, por ante el Notario Público Nº 27 de Santiago de Chile. A los fines de demostrar la legitimidad de nuestra representación; 2- Marcado “B”: Estatutos Sociales y Certificado de Registro 12.830 de fecha 01/09/2016, emanado de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño de Chile. A los fines de demostrar que la ASOCIACIÓN GREMIAL DE PENSIONADOS DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN CHILE (PENSIVENCH A.G.), es sociedad civil debidamente constituida por y para la defensa de derechos e intereses de los ciudadanos acreedores de pensiones venezolanas que residen en la República de Chile; 3- Marcadas “C”, “D”, “E”, “F” y “G”: Diversas Declaraciones Juradas hechas por los miembros de PENSIVENCH A.G., ante diversas Notarías de la República de Chile. Donde consta que bajo fe de juramento declaran no haber recibido el pago de sus pensiones desde el mes de diciembre de 2016. Así mismo, se consignan a los fines de demostrar el nombre, apellido, nacionalidad, huella digital y demás 31 elementos de identificación de los integrantes de PENSIVENCH A.G., quienes en definitiva son los jubilados y pensionados a los que el Estado Venezolano les adeuda los conceptos aquí demandados. 4- Marcado “H”: Gaceta Oficial Nº Extraordinario 5.754, de fecha 03 de enero de 2005, donde fue publicada la “Ley Aprobatoria del Convenio Bilateral sobre Seguridad Social entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Chile”. A los fines de demostrar que la República Bolivariana de Venezuela tiene la Obligación Legal de pagarles sus pensiones y jubilaciones a mis mandantes, mediante el envío de una transferencia en dólares americanos o su equivalente en pesos chilenos a sus cuentas bancarias del lugar donde residen, que tengan acreditadas ante las autoridades venezolanas. 5- Marcado “I”: Gaceta Oficial Nº 40.865, de fecha 09-03-2016, donde fue publicado el Convenio Cambiario Nº 35. A los fines de demostrar que el Estado Venezolano tiene la obligación de calcular y pagar las pensiones a mis mandantes en función de un tipo de cambio de 10 bolívares por dólar americano. 6- Marcado “J”: Gaceta Oficial Nº 40.108, contentiva del Convenio Cambiario Nº 14, de fecha 08/02/2013. A los fines de probar que antes de la entrada en vigencia del Convenio Cambiario Nº 14, mencionado en el numeral anterior, el Estado Venezolano tenía la obligación legal de calcular y pagar las pensiones a mis mandantes en función de un tipo de cambio de 6,30 Bs. por cada US$. 7- Marcados 1,2,3,4,5,6,7, consigno siete reseñas periodísticas a los fines de probar que tanto la falta de pago de las pensiones y jubilaciones aquí demandadas, como el grave sufrimiento humano que ello está causando a mis mandantes, constituyen un hecho notorio público y comunicacional, debidamente acreditado en autos. 32 8- Marcado “K”: Consigno las páginas 580 y 581 de la Memoria del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas del año 2015, que es un acto administrativo válido, cierto y hace plena prueba. Donde consta que en función de la disponibilidad asignada por el Banco Central de Venezuela (BCV), durante el año 2015 se autorizó a liquidar un total de MMUS$ 7.758,19, de los cuales tan sólo 72,43 MMUS$ correspondieron al pago de pensiones y jubilaciones a la totalidad de los más de 12.500 jubilados y pensionados que residen dispersos en todo el planeta, lo que equivale al 0,93% del total de las divisas liquidadas. Esto a los fines de probar que en vista de que la presente demanda sólo se circunscribe a los 529 jubilados y pensionados que residen en la República de Chile, es obvio que el pago aquí reclamado no representa ni siquiera el 0,11% de las divisas nacionales. 9- Marcado “L”: Gaceta Oficina Nº 6.270, de fecha 31-12-2016, donde está publicado el Decreto Nº 2.507. A los fines probar la fuente de la obligación de pagar la Bonificación de Fin de Año que se le adeuda a mis mandantes y aquí se demanda. A la par de ello, también dejamos expresa constancia que los hechos que originan la presente acción, cuales son: 1) la antes descrita falta de pago por parte del Estado Venezolano, y; 2) sus causas directamente imputables a las autoridades aquí demandadas, quienes tienen la obligación legal de transferirles dichos pagos, y no lo han hecho, también constituyen hechos notorios, públicos y comunicaciones, y por lo tanto no requieren ser probados, tal como lo establece el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil (que expresamente contempla: “los hechos notorios no son objeto de prueba”), y tal como ha sido manifestado y reconocido por la jurisprudencia vinculante de esa honorable Sala Constitucional. Sobre este particular reproducimos el mérito favorable de la Sentencia Nº 98, dictada por esa Sala Constitucional en fecha 15-03-2000, Exp Nº 00-0146, donde 33 esa Sala fijó de forma vinculante el significado y alcance jurídico y procesal de los hechos notorios, públicos y comunicacionales, al expresar los siguientes fragmentos: “….el mundo actual, con el auge de la comunicación escrita mediante periódicos, o por vías audiovisuales, ha generado la presencia de otro hecho, cual es el hecho publicitado, el cual en principio no se puede afirmar si es cierto o no, pero que adquiere difusión pública uniforme por los medios de comunicación social, por lo que muy bien podría llamársele el hecho comunicacional y puede tenerse como una categoría entre los hechos notorios, ya que forma parte de la cultura de un grupo o círculo social en una época o momento determinado, después del cual pierde trascendencia y su recuerdo solo se guarda en bibliotecas o instituciones parecidas, pero que para la fecha del fallo formaba parte del saber mayoritario de un círculo o grupo social, o a el podía accederse. Así, los medios de comunicación social escritos, radiales o audiovisuales, publicitan un hecho como cierto, como sucedido, y esa situación de certeza se consolida cuando el hecho no es desmentido a pesar que ocupa un espacio reiterado en los medios de comunicación social. De esta manera, el colectivo se entera de conflictos armados, de los viajes del Presidente de la República, de los nombramientos que hace el Congreso, de la existencia de crímenes y otros delitos, de la existencia de juicios, etc. (omisis) De un hecho comunicacional de este tipo, no puede escapar un juez que en la vida actual, incluso como parte de los hechos que debe adquirir para engrosar su conocimiento sobre su entorno social, lee periódicos, oye radio o ve televisión. (omisis) Esta realidad lleva a esta Sala a considerar que el hecho comunicacional, como un tipo de notoriedad, puede ser fijado como cierto por el juez sin necesidad que conste en autos, ya que la publicidad que él ha recibido permite, tanto al juez como a los miembros de la sociedad, conocer su existencia, lo que significa que el sentenciador realmente no está haciendo uso de su saber privado… El hecho comunicacional puede ser acreditado por el juez o por las partes con los instrumentos contentivos de lo publicado, o por grabaciones o videos, por ejemplo, de las emisiones radiofónicas o de las audiovisuales, que demuestren la difusión del hecho, su uniformidad en los distintos medios y su consolidación; es decir, lo que constituye la noticia. (omisis) Planteado así la realidad de tal hecho y sus efectos, concatenado con la justicia responsable y sin formalismos inútiles que el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla; 34 aunado a que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, tal como lo establece el artículo 257 de la vigente Constitución, y que el Estado venezolano es de derecho y de justicia, como lo expresa el artículo 2 ejusdem, en aras a esa justicia expedita e idónea que señala el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a pesar de que el hecho comunicacional y su incorporación a los autos de oficio por el juez, no está prevenido expresamente en la ley, ante su realidad y el tratamiento que se viene dando en los fallos a otros hechos, incluso de menos difusión, esta Sala considera que para desarrollar un proceso justo, idóneo y sin formalismos inútiles, el sentenciador puede dar como ciertos los hechos comunicacionales con los caracteres que luego se indican, y por ello puede fijar como cierto, los hechos que de una manera uniforme fueron objeto de difusión por los medios de comunicación, considerándolos una categoría de hechos notorios, de corta duración. (omisis) Es cierto que el hecho comunicacional, como cualquier otro hecho, puede ser falso, pero dicho hecho tiene características que lo individualizan y crean una sensación de veracidad que debe ser tomada en cuenta por el sentenciador. Esos caracteres confluyentes son: 1) Se trata de un hecho, no de una opinión o un testimonio, si no de un evento reseñado por el medio como noticia; 2) Su difusión es simultánea por varios medios de comunicación social escritos, audiovisuales, o radiales, lo cual puede venir acompañado de imágenes; 3) Es necesario que el hecho no resulte sujeto a rectificaciones, a dudas sobre su existencia, a presunciones sobre la falsedad del mismo, que surjan de los mismos medios que lo comunican, o de otros y, es lo que esta Sala ha llamado antes la consolidación del hecho, lo cual ocurre en un tiempo prudencialmente calculado por el juez, a raíz de su comunicación; y 4) Que los hechos sean contemporáneos para la fecha del juicio o de la sentencia que los tomará en cuenta”. Así las cosas, la doctrina jurisprudencial de esa honorable Sala Constitucional ha sido pacífica y reiterada en afirmar, a lo largo de más de quince (15) años, que los hechos notorios, entre los que se encuentran los públicos y comunicacionales, no necesitan ser probados y por lo tanto pueden ser incorporados al proceso incluso por el propio tribunal, sin que ello vulnere en modo alguno el principio contenido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil. Lo cual está en plena sintonía con lo 35 establecido en los artículos 2, 26 y 257 de la Constitución de la República y 506 del Código de Procedimiento Civil. De la misma manera, tal como es del conocimiento de usted, Honorable Juez, la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional ha establecido que este tipo de hechos comunicacionales deben cumplir con los siguientes requisitos para ser tomados en cuenta por el sentenciador como ciertos: 1- Que se trate de hechos o eventos reseñados como noticias o sucesos; 2- Que su difusión sea producida por varios medios de comunicación social, bien sean éstos escritos, audiovisuales o radiales, y que incluso pueden venir acompañados de imágenes; 3- Que el hecho se haya consolidado, al no haber sido desmentido por una ola mediática que refleje lo contrario, a pesar de ocupar un espacio reiterado en los medios de comunicación social. Ni haber sido sujeto de rectificaciones; 4- Que los hechos sean contemporáneos para la fecha del juicio o de la sentencia que los tomará en cuenta. En función de ello, es obvio y no cabe duda alguna de que en el presente caso, los hechos notorios, públicos y comunicacionales que fundamentan la presente demanda, cumplen con todos esos requisitos, toda vez que: 1- Evidentemente se trata de noticias sobre la realidad nacional; 2- Esta falta de pago de las pensiones a los jubilados y pensionados venezolanos que residen en el exterior es una noticia que ha sido reseñada por casi todos los medios de comunicación social del país, nacionales y regionales, tanto escritos, como audiovisuales y radiales, incluso por medios de internet. Resaltando el hecho de que esa grave crisis ha sido reseñada por medios de todas las corrientes y líneas editoriales. Llamando la atención el hecho de que también ha sido reseñada por medios internacionales, lo que prueba que la 36 situación es tan grave que incluso preocupa a medios y ciudadanos de otros países. 3- Es obvio que estamos ante un hecho consolidado, pues lleva muchos meses siendo reseñado, sin haber sido desmentido por una ola mediática que informe lo contrario. Con la particularidad de que las únicas rectificaciones noticiosas han sido para informar que el grave drama humano que están sufriendo los jubilados y pensionados en el exterior se ha ido agravando a lo largo de los meses, pues cada vez tienen más meses sin cobrar y consecuentemente mayores carencias de insumos básicos. Lo cual lejos de desvirtuar la presente acción, la fortalece y suma razones a su declaratoria con lugar. 4- Evidentemente el hecho es contemporáneo a la fecha del juicio. Ahora bien, dando cumplimiento a los requisitos procesales señalados por la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de su valor probatorio como plena prueba, junto con el presente escrito consignamos los siguientes instrumentos contentivos de reseñas noticiosas sobre la falta de pago de las pensiones a los pensionados y jubilados venezolanos que residen en el exterior: 1- “Desde que no me pagan la pensión subsisto con ayuda de la Iglesia”. Publicado por el Diario El Nacional en fecha 29 de mayo de 2016 y verificable en la dirección web http://www.el-nacional.com/sociedad/pagan-pension-subsisto-ayudaIglesia_0_856114481.html 2- “Pensionados y jubilados venezolanos en el exterior buscan sobrevivir ante falta de pagos”. Publicado en el portal web Cuentas Claras Digital en fecha 18 de julio de 2016, tal como se puede apreciar en la dirección web http://www.cuentasclarasdigital.org/2016/07/pensionados-y-jubilados-venezolanosen-el-exterior-buscan-sobrevivir-ante-falta-de-pagos/ 3- “Pensionados en el exterior reclaman al IVSS el cobro del beneficio”. Publicado por el Diario El Universal en fecha 28 de diciembre de 2015 y verificable 37 en la dirección web http://www.eluniversal.com/noticias/caracas/pensionadosexterior-reclaman-ivss-cobro-del-beneficio_83537 4- “Se intensifica la crisis de jubilados y pensionados en el exterior”. Publicado por el portal web www.lapatilla.com en fecha 19 de enero de 2016, tal como se puede verificar en la siguiente dirección web https://www.lapatilla.com/site/2016/01/19/se-intensifica-crisis-de-jubilados-ypensionados-en-el-exterior/ 5- “CENCOEX suspende las remesas a jubilados en el exterior”. Publicado en el portal web runrun.es en fecha 12 de abril de 2015 y verificable en la dirección web http://runrun.es/nacional/197280/cencoex-suspende-las-remesas-a-jubilados-en-elexterior.html 6- “Jubilados en el exterior denuncian situación crítica por falta de divisas”. Publicado por el portal web runrun.es en fecha 13 de diciembre de 2015 y verificable en la dirección web http://runrun.es/nacional/venezuela- 2/240113/jubilados-en-el-exterior-denuncian-situacion-critica-por-falta-dedivisas.html 7- “Pensionados y jubilados venezolanos en el exterior buscan cómo sobrevivir”. Publicado el 21/07/2016 por el periódico El Tiempo, tal como se puede verificar en la dirección web http://eltiempo.com.ve/mundo/situacion/pensionadosy-jubilados-venezolanos-en-el-exterior-buscan-como-sobrevivir/224475 Todo lo cual pone en evidencia que la falta de pago de las pensiones a los jubilados y pensionados venezolanos que residen en el exterior, que motiva la presente acción, constituye un hecho público, notorio y comunicacional. Por lo tanto, está plenamente probado y acreditado en autos, y así debe ser considerado por esa honorable Sala a la hora de decidir sobre las medidas cautelares que se solicitan en el presente escrito, así como a la hora de decidir sobre el fondo del asunto. 38 Sin menosprecio de ello, dejamos constancia que todos los medios probatorios que demuestran los graves hechos aquí narrados serán ampliados, complementados y evacuados cuando llegue la oportunidad procesal correspondiente para ello. Pues en dicha oportunidad solicitaremos a los demandados que informen y exhiban al Tribunal cuál y cuándo fue el último pago que le transfirieron a mis representados a sus cuentas en Chile, y a qué mes de Pensión correspondía dicho pago. V- DE LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO QUE SUSTENTAN LA PRESENTE ACCIÓN. V.I REGULACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. NORMAS DE ORDEN PÚBLICO. En nuestro sistema de derecho positivo, la seguridad social tiene su fundamento en el artículo 86 de la Constitución de la República, que a la letra dispone: “Artículo 86: Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social. El Estado tiene la obligación de asegurar la efectividad de este derecho, creando un sistema de seguridad social universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones directas o indirectas. La ausencia de capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección. Los recursos financieros de la seguridad social no podrán ser destinados a otros fines. Las cotizaciones obligatorias que realicen los trabajadores y las trabajadoras para cubrir los servicios médicos y asistenciales y demás beneficios de la seguridad social podrán ser administrados sólo con fines sociales bajo la rectoría del Estado. Los remanentes netos del capital destinado a la salud, la educación y la seguridad social se acumularán a los fines de su distribución y contribución en esos servicios. El sistema de seguridad social será regulado por una ley orgánica especial (resaltado nuestro)”. En desarrollo de ello, la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, en su artículo 18 establece: 39 “Artículo 18. El Sistema de Seguridad Social garantizará las prestaciones siguientes: 1. Promoción de la salud de toda la población de forma universal y equitativa, que incluye la protección y la educación para la salud y la calidad de vida, la prevención de enfermedades y accidentes, la restitución de la salud y la rehabilitación; oportuna, adecuada y de calidad. 2. Programas de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social. 3. Promoción de la salud de los trabajadores y de un ambiente de trabajo seguro y saludable, la recreación, la prevención, atención integral, rehabilitación, reentrenamiento y reinserción de los trabajadores enfermos o accidentados por causas del trabajo, así como las prestaciones en dinero que de ellos se deriven. 4. Atención integral en caso de enfermedades catastróficas. 5. Atención y protección en caso de maternidad y paternidad. 6. Protección integral a la vejez. 7. Pensiones por vejez, sobrevivencia y discapacidad. 8. Indemnización por la pérdida involuntaria del empleo. 9. Prestaciones en dinero por discapacidad temporal debido a enfermedades, accidentes, maternidad y paternidad 10. Subsidios para la vivienda y el hábitat de las personas de bajos recursos y para una parte de las cotizaciones al Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas en el caso de los trabajadores no dependientes de bajos ingresos. 11. Asignaciones para las necesidades especiales y cargas derivadas de la vida familiar. 12. Atención integral al desempleo a través de los servicios de información, orientación, asesoría, intermediación laboral, y la capacitación para la inserción al mercado de trabajo; así como la coordinación con organismos públicos y privados para el fomento del empleo. 13. Atención a las necesidades de vivienda y hábitat mediante créditos, incentivos y otras modalidades. 40 14. Cualquier otra prestación derivada de contingencias no previstas en esta Ley y que sea objeto de previsión social. La organización y el disfrute de las prestaciones previstas en este artículo serán desarrolladas de manera progresiva hasta alcanzar la cobertura total y consolidación del Sistema de Seguridad Social creado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (resaltado nuestro)”. De allí que nuestro sistema se derecho positivo establece un conjunto amplio de medidas y prestaciones orientadas a garantizar la seguridad social de los ciudadanos. Ahora bien, en vista de que el objeto de la presente acción se circunscribe a las prestaciones por concepto de pensiones y jubilaciones, sólo nos referiremos a éstas últimas. Sobre el particular, en la propia página web del Instituto Venezolano de los Seguros Social (http://www.ivss.gov.ve/contenido/Tipos-de-Pensiones ), que merece toda la credibilidad en el presente caso, al tratarse de información oficial, encontramos que allí se definen los tipos de pensiones en los siguientes términos: “Pensión: es la prestación dineraria otorgada en virtud de una disposición jurídica que tiene como finalidad garantizar al ciudadano bienestar y seguridad social y dependiendo de la situación del ciudadano pueden ser por vejez, invalidez, incapacidad o sobreviviente. Pensión por Sobreviviente: Son prestaciones dinerarias causadas por el fallecimiento de una beneficiaria o un beneficiario de pensión de invalidez o vejez en todo caso y por el fallecimiento de una asegurada o un asegurado, siempre que tenga acreditadas no menos de setecientas cincuenta (750) cotizaciones semanales; o bien cumpla con los requisitos para tener derecho a una pensión de invalidez al momento de fallecer; o bien haya fallecido a causa de un accidente del trabajo o enfermedad profesional; o por un accidente común, siempre que la trabajadora o el trabajador para el día del accidente esté sujeto a la obligación del Seguro Social. Pensión por Invalidez: Son prestaciones dinerarias otorgadas al asegurado por la pérdida de más de dos tercio (2/3) de su capacidad para trabajar a causa de una enfermedad o accidente, en forma presumible permanente o de larga duración. 41 Pensión por Vejez: El asegurado o asegurado después de haber cumplido 60 años de edad si es varón o 55 años si es mujer, tiene derecho a una pensión de vejez. La asegurada o el asegurado mayor de 60 años si es varón y de 55 si es mujer, que no tenga acreditadas el mínimo de 750 cotizaciones semanales para tener derecho a pensión por vejez, puede a su elección, esperar hasta el cumplimiento de este requisito o bien recibir de inmediato una indemnización única equivalente al diez por ciento (10%) de la suma de los salarios correspondientes a las cotizaciones que tenga acreditadas. Los trámites pueden ser realizados en cualquiera de las 48 Oficinas Administrativas del IVSS, sin importar el lugar de residencia del Solicitante. Pensión por Incapacidad: Son prestaciones dinerarias otorgadas en virtud de una enfermedad profesional o accidente de trabajo la cual disminuye al asegurado su capacidad para trabajar entre un 25% y hasta un 66,66%, originándose el derecho a la obtención de una pensión por incapacidad”. Por su parte, el artículo 9 de la citada Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social establece expresamente que el “Sistema de Seguridad Social es de carácter público y las normas que lo regulan son de orden público”. A la vez que el artículo 119 ejusdem establece que las pensiones y jubilaciones adquiridas, son un derecho adquirido que debe ser garantizado y respetado por el Estado, a través del pago oportuno, al disponer: “Artículo 119. El Estado garantiza la vigencia y el respeto a los derechos adquiridos a través del pago oportuno y completo de las pensiones y jubilaciones a los pensionados por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y, por otros regímenes de jubilaciones y pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, que hayan cumplido con los requisitos establecidos para obtener la jubilación o pensión antes de la entrada en vigencia de la presente Ley, en los términos y condiciones que fueron adquiridos, hasta la extinción de los derechos del último sobreviviente, a cargo del organismo que otorgó el beneficio y de los fondos, si los hubiere, y estén en capacidad financiera total o parcialmente, en caso contrario a cargo del Fisco Nacional a través del organismo otorgante. Las personas beneficiarias de jubilaciones y pensiones, cualquiera sea su régimen, quedan exceptuadas de contribución o cotización alguna, salvo que continúen desempeñando actividades remuneradas”. 42 De todo lo anterior se concluye: 1- Que todo lo relativo al régimen de seguridad y social y pago de pensiones es materia de estricto orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento para el Estado Venezolano; 2- Que el Estado Venezolano está en la obligación de pagar oportunamente las pensiones y jubilaciones; 3- Que las pensiones y jubilaciones obtenidas luego del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para ello, constituyen derechos adquiridos y deben ser pagadas por el Estado Venezolano de forma oportuna y mensual, sin importar el lugar donde residan sus beneficiarios. V.II DERECHOS CONSTITUCIONALES CONEXOS. Es evidente que la razón de ser de las jubilaciones y pensiones por vejez es brindar a sus beneficiarios los medios económicos que garanticen la protección de su vejez, su salud y su calidad de vida. Por lo tanto, este tema también se haya íntimamente relacionado con los derechos a la protección de la vejez y la salud, contemplados en los artículos 80 y 83 de la Constitución de la República, que textualmente establecen: “Artículo 80: El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de seguridad social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. A los ancianos y ancianas se les garantizará el derecho a un trabajo acorde con 43 aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello (resaltado nuestro)”. “Artículo 83. La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República” (resaltado nuestro). Por esta razón, la falta de pago de las pensiones y jubilaciones cometida por los accionados, no sólo implica el incumplimiento de una prestación dineraria, sino que también lesiona los derechos fundamentales a la protección de la vejez y la salud de los beneficiarios de dichas prestaciones, y lo que es más grave aún, los pone en una terrible situación de angustia e indefensión al negarles los medios económicos mínimos para acceder a los insumos más básicos para la vida, como lo son los alimentos y las medicinas. Aunado a lo anterior, visto que el Estado Venezolano sí le está pagando oportunamente a los pensionados y jubilados que residen en el territorio nacional, es obvio que en nuestro caso particular también se produce una clara violación al derecho constitucional a la igualdad y no discriminación, contemplado en el artículo 21 de la Constitución de la República, toda vez que son justamente los jubilados y pensionados residenciados en el exterior a quienes el Estado le ha dejado de pagar sus prestaciones. V.III- TRATADOS INTERNACIONALES. 44 Ahora bien, a la par de ser derechos constitucionales, consagrados y protegidos por normas jurídicas de Derecho Interno, los derechos a la seguridad social, la protección de la vejez, la salud y la igualdad y no discriminación también forman parte del catálogo de Derechos Humanos que deben ser respetados, garantizados, promovidos y protegidos por el Estado Venezolano, en virtud de los Acuerdos, Pactos y Tratados Internacionales que sobre la materia ha suscrito y ratificado la República Bolivariana de Venezuela. Tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por citar sólo dos ejemplos. Lo cual obliga aún más al Estado Venezolano a respetarlos, garantizarlos y velar por ellos. En efecto, el hecho de que la República Bolivariana de Venezuela haya suscrito y ratificado dichos Acuerdos Internacionales, la obliga doblemente a pagar las pensiones de vejez, incapacidad, jubilación y/o sobrevivencia. La primera fuente de esta obligación tiene su origen en las diversas disposiciones de derecho interno que tratan la materia, tales como la propia Constitución, la Ley del Seguro Social y la citada Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, y la segunda fuente viene dada porque así lo establecen dichos Acuerdos Internacionales. Aunado a ello, la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 19, 22 y 23 establece de forma clara, expresa e inequívoca la obligación que tiene el Estado Venezolano de garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos y fundamentales de sus habitantes. En los siguientes términos: “Artículo 19. El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen. Artículo 22. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos 45 humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos. Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”. Todo lo cual ha sido debidamente interpretado y ratificado por la jurisprudencia pacífica, reiterada y vinculante, emanada de la misma Sala Constitucional, que en múltiples oportunidades ha dejado muy claro el valor jurídico, vinculante y obligatorio de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, a los cuales se les reconoce rango constitucional por mandato del propio Texto Fundamental. Razón por la cual, toda persona puede invocarlos y exigirlos ante cualquier organismo jurisdiccional o administrativo nacional así como ante las instancias internacionales correspondientes. Sobre este particular, en el Preámbulo de nuestra Constitución encontramos: “Inspirada por las principales tendencias que se han desarrollado en derecho comparado y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, la Constitución reconoce expresamente el principio de progresividad en la protección de tales derechos, conforme al cual el Estado garantizará a toda persona natural o jurídica, sin discriminación alguna, el respeto, el goce y el ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los mismos. Se reconocen como fuentes en la protección de los derechos humanos a la Constitución, a los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia, y a las leyes que los desarrollen. Al respecto, con el objeto de reforzar la protección de los referidos derechos se establece que los tratados, pactos y convenciones internacionales en esta materia, suscritos y ratificados por Venezuela, 46 prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre el goce y ejercicio de los derechos humanos más favorables a las contenidas en la Constitución y en las leyes, siendo sus disposiciones de aplicación directa e inmediata por los tribunales de la República y demás órganos que ejercen el Poder Público. Por ello, en el caso de que un tratado internacional suscrito y ratificado por Venezuela reconozca y garantice un determinado derecho humano, en forma más amplia y favorable que la Constitución, prevalece en todo caso el instrumento internacional y debe ser aplicado en forma preferente, directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado” (resaltado y cursivas nuestras). Ahora bien, tal como se establece en dichos Tratados Internacionales (que son de obligatorio cumplimiento y forman parte de nuestro sistema jurídico), los derechos a la seguridad social, protección de la vejez, la vida y la salud generan obligaciones internacionales de respeto, garantía y protección por parte del Estado Venezolano. Entre las cuales le encuentran el pago oportuno de las pensiones de vejez, jubilación, incapacidad y/o sobrevivencia. Entre éstos Tratados Internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en 1966, de obligatorio cumplimiento para el Estado Venezolano por haberlo ratificado en fecha 10 de mayo de 1978, gaceta Oficial Nº 2.146 de fecha 28-01-1978, consagra el derecho a la seguridad social en los siguientes términos: “Artículo 9: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”. Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita por Venezuela mediante Resolución N° 217 del 10/12/48, en su artículo 25 establece: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 47 a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. V.IV- EL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y LA REPÚBLICA DE CHILE. Junto con toda la normativa anteriormente explicada, la presente demanda también se fundamenta en el Convenio de Seguridad Social entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Chile, válido y obligante para nuestro país por haberlo suscrito, ratificado y aprobado mediante la “Ley Aprobatoria del Convenio Bilateral sobre Seguridad Social entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Chile”, publicada en la Gaceta Oficial Nº Extraordinario 5.754, de fecha 03 de enero de 2005. Cuyos artículos 5 y 20 expresamente obligan a la República Bolivariana de Venezuela a pagarle a todos los ciudadanos venezolanos y/o chilenos que se hicieron acreedores de pensiones y jubilaciones en su territorio, los montos mensuales de sus pensiones y jubilaciones, mediante transferencias directas a su lugar de residencia, en dólares o en pesos chilenos, cuando residan en Chile, tal como sucede en el presente caso. De la misma manera, el aludido artículo 5 de dicho Convenio expresamente prohíbe a los Estados Parte, retener, reducir o modificar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia por el hecho de que el beneficiario se encuentre o resida en el otro Estado. 48 VI- RESUMEN DE LAS VIOLACIONES JURÍDICAS QUE IMPLICA LA FALTA DE PAGOS AQUÍ DEMANDADA. Tal como seguramente ya concluyó ese Honorable Juez, la falta de pago de las pensiones y jubilaciones objeto de esta acción, implica múltiples infracciones jurídicas que pueden ser resumidas de la siguiente forma: 1- Violación de diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, que obligan a los accionados a transferir dicho pago, y sin embargo no lo han hecho desde hace casi 12 meses. Lo cual por sí sólo conlleva a la procedencia de la presente acción. 2- Lesión y amenaza de seguir lesionando el Derecho Constitucional de mis mandantes a la Seguridad Social, contemplado en el artículo 86 de la Constitución. Puesto que la omisión de los demandados priva a mis representados de su derecho constitucional a recibir sus pensiones. Lo cual hace procedente y necesario que se dicte el amparo cautelar que más adelante solicitamos. 3- Lesión y amenaza de seguir lesionando el derecho constitucional de mis representados a la protección de su vejez, contemplado en el artículo 80 de la Constitución. Puesto que esta situación les impide acceder a los recursos básicos para su subsistencia, generándoles indefensión y múltiples calamidades, lo que les impide gozar de la vejez digna que garantiza la Constitución. Lo cual hace procedente y necesario que se dicte el amparo cautelar que más adelante solicitamos. 4- Lesiona y amenaza con seguir lesionando el derecho constitucional de mis representados a la salud, contemplado en el artículo 83 de la Constitución. Puesto que la falta de pago de sus pensiones los priva de los recursos financieros que necesitan para comprar medicinas, alimentos y sufragar los gastos médicos que son 49 indispensables para las personas de la tercera edad. Lo cual hace procedente y necesario que se dicte el amparo cautelar que más adelante solicitamos. 5- Lesiona y amenaza con seguir lesionando el derecho constitucional de mis representados a la igualdad y no discriminación, contemplado en el artículo 21 de la Constitución. Ya que los demandados sí le están pagando a los jubilados y pensionados que residen en el territorio nacional, lo que constituye una grosera discriminación en contra de mis representados. Lo cual hace procedente y necesario que se dicte el amparo cautelar que más adelante solicitamos. 6- Viola diversos Tratados Internacionales. Lo cual implica que la presente acción debe ser declarada con lugar. 7- Implica un grosero incumplimiento del Convenio de Seguridad Social entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Chile, que obliga a nuestro país a pagarle sus pensiones en dólares o en pesos chilenos a todos los pensionados y jubilados, venezolanos y/o chilenos, que se hicieron acreedores de dichos beneficios en la República Bolivariana de Venezuela, que se encuentren o residan en la República de Chile. Incumplimiento éste que por sí sólo y necesariamente hace procedente la presente acción. 8- Es un incumplimiento tan basto y grosero que incluso viola las disposiciones más elementales del Derecho Civil, contenidas en el artículo 1.264 del Código Civil, que obligan al cumplimiento de las obligaciones tal como fueron contraídas. En este caso, tal como la Ley las creó. Razón por la cual, también basta con un simple análisis de derecho civil propio de un alumno de tercer año de derecho (o sexto semestre), para concluir que la presente acción es totalmente procedente, y así solicitamos sea declarado por ese Honorable Juzgado. 50 VII- De la Legitimación Pasiva de los Accionados. No existe, ni puede existir duda al hecho cierto e innegable, de que por mandato legal, los aquí accionados son los únicos responsables y capaces de restablecer la situación jurídica infringida, ya que son los máximos funcionarios competentes en materia de administración de divisas y seguridad social. En efecto, su legitimación pasiva se evidencia claramente de lo siguiente: a) La legitimación pasiva de los señores Presidentes del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) y del Banco Central de Venezuela, aquí demandados, deriva de los artículos 6 y 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, que expresamente establecen: “Artículo 6: Divisas a Poderes Públicos y para Cubrir Necesidades Esenciales. Las divisas destinadas a cubrir los gastos de los poderes públicos y a la satisfacción de las necesidades esenciales de la sociedad, tales como lo son los bienes y servicios declarados como de primera necesidad, constituidos por las medicinas, los alimentos, la vivienda y la educación, sin que este enunciado tenga carácter taxativo, serán asignadas y fiscalizadas por el Centro Nacional de Comercio Exterior, mediante el procedimiento que éste dicte al efecto, quien deberá rendir cuenta de su actuación a la Vicepresidencia del Área Económica del Consejo de Ministros Revolucionarios, en función del monto de disponibilidad de divisas aprobado al efecto por el Banco Central de Venezuela”. “Artículo 11: Autoridades Administrativas. A los efectos de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, constituyen Autoridades Administrativas para la ejecución del régimen de administración de divisas los siguientes: 1) Vicepresidencia del Área Económica del Consejo de Ministros Revolucionarios, en la planificación, conducción, articulación y coordinación de la política económica nacional, determinando a tales fines las prioridades de atención de divisas, la política de incentivos, y el control sobre los mecanismos administrados por las autoridades competentes del régimen de administración de divisas. 2) Centro Nacional de Comercio Exterior, en la gestión, administración, supervisión y control de los mecanismos administrados por las autoridades competentes del régimen de administración de 51 divisas, así como en la regulación de los procedimientos, requisitos y restricciones que requiera la instrumentación de los Convenios Cambiarios a través de los citados mecanismos. 3) Corporación Venezolana de Comercio Exterior, en la ejecución de la política nacional de exportaciones no petroleras, la de importaciones, la procura y garantía de las mejores condiciones en cuanto a calidad y precios de productos y bienes para el país, cuyas funciones estarán regidas por las orientaciones emanadas del Presidente de la República, del Despacho del Vicepresidente del Consejo de Ministros Revolucionarios para el Área Económica, y del Centro Nacional de Comercio Exterior”. b) La Legitimación Pasiva del ciudadano Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, viene dada por diversas disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Seguro Social. Pues tal como expresa la Memoria del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo del año 2015, en su página 114, al referirse a las competencias del Instituto Venezolanos de los Seguros Sociales: “Mientras dure la transición hacia la Nueva Institucionalidad, se mantiene vigente la Ley del Seguro Social, en cuanto sus disposiciones no contraríen las normas establecidas en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y las leyes de los regímenes prestacionales. En tal sentido, se mantienen las atribuciones otorgadas en la Ley del Seguro Social en su artículo Nº 51: “…velará por la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la materia y cumplirá y hará cumplir todo lo relacionado con el régimen de cotizaciones y prestaciones.” VIII- SOBRE LA EVIDENTE PROCEDENCIA DE LA PRESENTE ACCIÓN. Honorable Juez, hasta el presente momento hemos expuesto sobradas razones, debidamente probadas conforme a derecho, que demuestran la total procedencia de 52 la presente acción. No obstante, con el debido respeto, hacemos las siguientes consideraciones: 1.- Independientemente del revestimiento jurídico antes expuesto, esta demanda busca detener el injustificado sufrimiento que están padeciendo 531 ancianos, quienes cada día sufren la angustia y desesperación que implica no poder adquirir los insumos más básicos para subsistir, tales como alimentos y medicinas, como consecuencia de la falta de pago de sus pensiones. Lo que está en juego es la integridad, la dignidad, la vida y la salud de muchos ancianos venezolanos; 2.- Esta Demanda se fundamenta en una lógica muy sencilla: El Estado debe pagar las pensiones y jubilaciones a sus acreedores que residen en el exterior; El Estado lleva 12 meses sin hacerlo; Por lo tanto, el Estado debe ser condenado de restituir la situación jurídica infringida. ¡Así de sencillo! 3- El Petitorio de la presente acción es perfectamente ejecutable. Además de que deriva de una obligación constitucional de estricto orden público. Ya que, tal como ha quedado evidenciado en el presente escrito, tanto nuestra Constitución, como distintas Leyes Nacionales y Tratados Internacionales, obligan al Estado Venezolano al pago de las prestaciones derivadas de la Seguridad Social. De la misma manera, es de hacer notar que el monto total cuyo pago se demanda en la presente acción no representa ni siquiera el 0,11% de las divisas nacionales. En efecto, tal como consta en las páginas 580 y 581 de la Memoria del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas del año 2015, que es un acto administrativo válido, cierto y hace plena prueba (anexo marcado “K”), durante el pasado año 2015 el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), en función de la disponibilidad asignada por el Banco Central de Venezuela (BCV), autorizó a liquidar un total de 53 MMUS$ 7.758,19, de los cuales tan sólo 72,43 MMUS$ correspondieron al pago de pensiones y jubilaciones a la totalidad de los más de 12.500 jubilados y pensionados que residen dispersos en todo el planeta, lo que equivale al 0,93% del total de las divisas liquidadas. Por ello, en vista de que la presente demanda sólo se circunscribe a los 531 jubilados y pensionados que residen en la República de Chile, es obvio que el pago aquí reclamado no representa ni el 0,11% de las divisas nacionales. Lo que trae como consecuencia que bajo ningún concepto se pueda alegar la “falta de dólares” como excusa para no efectuar dichos pagos. Menos aun cuando estamos en un caso de estricto orden público constitucional, que afecta la dignidad, la vida y la salud de ancianos indefensos que sólo dependen de sus pensiones para poder vivir. Por todo ello es obvio que la presente acción resulta completamente procedente y debe ser declarada con lugar en bien de nuestros jubilados y pensionados que residen en Chile, y así solicitamos sea declarado por ese honorable Juzgado. IX- SOBRE LA URGENTE NECESIDAD DE QUE SE DICTE UN AMPARO CAUTELAR. El poder cautelar de los jueces es esencial para proteger de daños irreparables a los derechos de las personas que acuden a la justicia. Ese Circuito Judicial no ha dudado en ejercerlo cuando ha estimado necesario proteger los intereses en peligro, en aras de salvaguardar la supremacía constitucional y el imperio del Derecho. De conformidad con los artículos 2 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, solicitamos que se dicte con carácter de extrema urgencia un amparo constitucional cautelar, toda vez que las acciones y omisiones que aquí se cuestionan vulneran derechos y garantías constitucionales, tal como ha sido plenamente demostrado a lo largo del presente escrito. Razón por la 54 cual solicitamos que mientras dure el proceso del juicio principal, se evite que se generen nuevas violaciones a los derechos a la seguridad social, protección de la vejez, salud, igualdad y no discriminación de los jubilados y pensionados venezolanos que residen en la República de Chile. Mediante un mandato cautelar de amparo que ordene a los accionados a realizar los pagos de las pensiones que se generen durante los meses mientras transcurra el juicio. Conforme a los criterios jurisprudenciales sostenidos, el amparo constitucional bien puede constituir una medida cautelar por medio de la cual el juez debe evitar que sean violados derechos o garantías de rango constitucional, mientras dure el procedimiento principal. Con relación a los requisitos de procedencia de la medida de amparo cautelar, la jurisprudencia ha señalado que: …es menester revisar el cumplimiento de los requisitos que condicionan la procedencia de toda medida cautelar, adaptados naturalmente a las características propias de la institución de amparo en fuerza de la especialidad de los derechos presuntamente vulnerados. Dicho lo anterior, estima la Sala que debe analizarse en primer término, el fumusboni iuris, con el objeto de concretar la presunción grave de violación o amenaza de violación del derecho constitucional alegado por la parte quejosa y que lo vincula al caso concreto; y en segundo lugar, el periculum in mora, elemento éste determinable por la sola verificación del requisito anterior, pues la circunstancia de que exista presunción grave de violación de un derecho de orden constitucional, el cual por su naturaleza debe ser restituido de forma inmediata, conduce a la convicción de que debe preservarse ipso facto la actualidad de ese derecho, ante el riesgo inminente de causar un perjuicio irreparable en la definitiva a la parte que alega la violación. (Sentencia del 20 de marzo de 2001, caso: “Marvin Enrique Sierra Velasco”). La jurisprudencia pacífica y reiterada ha establecido que las medidas cautelares serán decretadas por el Juez siempre que se cumplan con los siguientes requisitos: (1) que exista prueba del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del 55 fallo, y; (2) que exista prueba suficiente del derecho que se reclama en juicio. Ambos constituyen lo que se entiende como el periculum in mora y el fumusboni iuris. Así las cosas, no cabe duda alguna de que en el presente caso se cumplen con todos los requisitos exigidos para la procedencia del Amparo Cautelar solicitado, toda vez que: 1. El fumusboni iuris: El fumusboni iuris está sin duda presente. En esta etapa procesal el juez actúa con base en una apariencia de buen derecho, como se suele traducir al español la famosa frase en latín con la que el Derecho Procesal ha identificado el primero de los requisitos de procedencia de la medida de tutela provisional. No puede el juez efectuar, con carácter definitivo, su análisis de fondo, pero sí debe tomar en cuenta la apariencia de que la parte solicitante de la medida tiene cierta razón. Por ello, considerando: a) Que los derechos fundamentales a la seguridad social, la protección de la vejez, la salud, la igualdad y no discriminación, están expresamente consagrados tanto por la Constitución de la República, en sus artículos 86, 80, 83 y 21. Así como por múltiples Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos suscritos por Venezuela, incluyendo el Convenio de Seguridad Social entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Chile; b) Que la presente acción busca precisamente proteger esos derechos; c) Que hay plena prueba de que el Estado de Venezolano lleva muchos meses sin pagar las pensiones a los jubilados y pensionados que residen en el exterior. Lo que ya ha causado un gran sufrimiento y disminución de la calidad de vida de muchos ancianos quienes no tienen ni cómo comprar comida, y amenaza con seguir 56 agravando la situación, mientras no se corrija este lamentable e ilegal incumplimiento; Es evidente que está cubierto el requisito de la presunción de buen derecho, ya que el mismo deviene de la propia Constitución, y así solicitamos sea declarado. 2. El periculum in mora En relación con el periculum in mora, resulta también evidente el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo si no se dicta el amparo cautelar que se solicita. En efecto, hay plena prueba de que la falta del pago de las pensiones y jubilaciones a sus beneficiarios que residen en el exterior, está sometiendo a miles de ancianos a situaciones de extrema pobreza que les impide acceder a los insumos más básicos y necesarios para su subsistencia, tales como alimentos y medicinas. En muchos casos puede generar el desalojo de sus viviendas y el embargo de sus bienes. Así como el empeoramiento de sus condiciones de salud, producto del estrés, la angustia, el insomnio, la desesperación que esta situación acarrea y la falta de acceso a medicinas y tratamientos médicos por no poder costearlos. Recordemos que la inmensa mayoría de los beneficiarios de las pensiones y jubilaciones son personas de la tercera edad, que ya no pueden trabajar en función de su ancianidad o simplemente no consiguen trabajo por la misma causa, y por lo tanto son completamente dependientes de sus pensiones para poder vivir. Lo que trae como consecuencia que su injustificado sufrimiento va a seguir agravándose hasta que se normalice el pago de sus prestaciones. Por ello, en cada día que pase sin que se solucione el problema objeto de la presente demanda, seguirán sufriendo ancianos venezolanos por esta causa. De allí la urgente e imprescindible necesidad de que se dicte con carácter de urgencia un mandamiento cautelar que obligue a los accionados a tomar medidas 57 eficaces para normalizar el pago de las pensiones y jubilaciones a sus beneficiarios que residen en el exterior, a fin de evitar daños irreparables por la sentencia definitiva que dicte este Tribunal. Daños que en este caso van desde el desalojo de sus viviendas y la pérdida de sus enseres, hasta la muerte por incapacidad de comprar medicamentos y alimentos. La ponderación de intereses. ¿Qué interés puede ser más importante que proteger la vida, la salud y la dignidad de pobres ancianos indefensos? Imagínese por un momento, Honorable Magistrado que usted, sus padres o sus familiares están sufriendo porque el Estado Venezolano no les paga su única fuente de ingresos, y a consecuencia de ello no tienen ni para comprar comida, los están desalojando de sus casas, se acuestan sin haber comido y pasan las noches en vela preocupados por la incertidumbre y desesperación. ¿Acaso no es ese un interés suficientemente fuerte para decretar esta medida en bien de los pobres ancianos indefensos? Por todo ello está más que probado que en el presente caso se cumplen con todos los requisitos de procedencia del amparo cautelar solicitado, y así solicitamos sea decidido, y en consecuencia: 1- Se ordene a los accionados, so pena de desacato, a normalizar a futuro el pago de las prestaciones de pensiones y jubilaciones a sus beneficiarios que residen en el exterior, dentro de un plazo perentorio no mayor a 15 días continuos, contados a partir de la fecha de la Sentencia que decrete la presente medida cautelar. Ello los fines de detener la violación a los derechos constitucionales, humanos y fundamentales a la seguridad social, protección de la vejez, salud e igualdad y no discriminación de los demandantes. 58 Subsidiariamente, es decir, sólo en el supuesto de que ese Juzgado negase la pretensión de amparo cautelar, solicitamos que, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, se acuerden las medidas cautelares que se estimen pertinentes para resguardar la apariencia de buen derecho invocada y garantizar las resultas del juicio. A tales fines debemos recordar que “el proceso judicial” como lo concibe la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, constituye un instrumento para la realización de la justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 257, eiusdem. Entendido el proceso de esta manera, es la sentencia definitiva, la que aplica el derecho al caso concreto, materializando los postulados y garantías constitucionales, por lo que es necesario evitar que su ejecución resulte ilusoria; en este contexto cobran relevancia las medidas o providencias cautelares que según la doctrina tienen como finalidad la salvaguarda de la futura ejecución de un fallo y la efectividad del proceso, por lo que tienden a evitar una situación lesiva o potencialmente dañosa con vista a la futura sentencia (GARCIA ENTERRIA, EDUARDO. “La Batalla por las Medidas Cautelares. Civitas. Madrid, 1996, páginas 265 a 274; y ORTIZ-ORTIZ, Rafael. “El Poder Cautelar General y las Medidas Innominadas”, Editorial Frónesis, Caracas 2002, pág.191). En este sentido, el poder cautelar atribuido por el ordenamiento jurídico a los jueces, constituye una manifestación del derecho que tiene toda persona a obtener la Tutela Judicial Efectiva (artículo 26 de la Constitución) de sus derechos e intereses personales, legítimos y directos e incluso los colectivos y difusos. Las medidas cautelares fueron dispuestas con la finalidad de evitar perjuicios o daños irreparables o de difícil reparación por la sentencia definitiva, a quienes aparenten ser titulares del derecho reclamado, con lo que se garantiza la satisfacción de la pretensión deducida en juicio, mediante la ejecución material de la sentencia, evitando la posible inejecutabilidad de las sentencias definitivamente firmes que reconozcan o creen derechos a favor de los particulares. 59 Este criterio ha sido recogido por nuestra jurisprudencia, y en tal sentido la misma Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia Nº 1.025, del 26 de Octubre de 2010, caso: “Constitución del Estado Táchira” señaló: “La norma transcrita, viene a positivizar la doctrina pacífica y reiterada de esta Sala (Vid. Decisión N° 269/2000, caso: ICAP), según la cual, la tutela cautelar constituye un elemento esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y, por tanto, un supuesto fundamental del proceso que persigue un fin preventivo de modo explícito y directo. De allí, su carácter instrumental, esto es, que no constituyen un fin en sí mismas, sino que se encuentran preordenadas a una decisión ulterior de carácter definitivo, por lo que en relación al derecho sustancial, fungen de tutela mediata y, por tanto, de salvaguarda al eficaz funcionamiento de la función jurisdiccional. Significa entonces, que el citado carácter instrumental determina, por una parte, su naturaleza provisional y al mismo tiempo, por su idoneidad o suficiencia para salvaguardar la efectividad de la tutela judicial, pues si se conceden providencias que no garantizan los resultados del proceso, la tutela cautelar se verá frustrada en la medida en que no será útil para la realización de ésta. Resulta así oportuno referir a Calamandrei (1984. Providencias Cautelares, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires), en el sentido que como efecto del matiz servicial de las medidas cautelares, éstas deben ser homogéneas al petitorio de fondo, ya que alcanzan su mayor eficacia en cuanto más similares sean a las medidas que habrán de adoptarse para la satisfacción de la pretensión definitiva, pues se reitera, constituyen la garantía de la ejecución del fallo definitivo. Entonces, el fundamento de la medida cautelar no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un conocimiento periférico o superficial encaminado a obtener un pronunciamiento de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido, en el cual, deben ponderarse las circunstancias concomitantes del caso así como los intereses públicos en conflicto, ello en virtud de la presunción de legitimidad de los actos del Poder Público”. Por todo ello, visto que en el presente caso se cumplen con los requisitos de procedencia de cualquier medida cautelar, en el supuesto negado de que nieguen el 60 amparo cautelar solicitado, subsidiariamente, solicitamos que con fundamento en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, se dicte una medida cautelar innominada donde: 1- Se ordene a los accionados, so pena de desacato, a normalizar a futuro el pago de las prestaciones de pensiones y jubilaciones a sus beneficiarios que residen en el exterior, dentro de un plazo perentorio no mayor a 15 días continuos, contados a partir de la fecha de la Sentencia que decrete la presente medida cautelar. Ello los fines de detener la violación a los derechos constitucionales, humanos y fundamentales a la seguridad social, protección de la vejez, salud e igualdad y no discriminación de los demandantes. 2- Cualquier otra medida que ese Juzgado considere pertinente para solucionar el grave problema que implica la falta de pago, por parte del Estado Venezolano, a los beneficiarios venezolanos de pensiones y jubilaciones que residen en la República de Chile. Toda vez que la presente solicitud cautelar es de eminente Orden Público, y el único fin que persigue es proteger la vida, la dignidad, la salud y detener el sufrimiento de cientos de ancianos vulnerables. X- PETITORIO Con fundamento en las consideraciones precedentemente expuestas, le solicitamos a ese Honorable Órgano Jurisdiccional que la presente Demanda sea admitida, sustanciada conforme a derecho y declarada Con Lugar. Y en consecuencia le ordene a los accionados realizar las siguientes acciones: Primero: Pagar dentro de un lapso perentorio de 15 días continuos, contados a partir de la fecha de la sentencia que así lo establezca, so pena de desacato, la totalidad del monto adeudado a los beneficiarios de las jubilaciones y pensiones 61 venezolanas que residen en la República de Chile, mediante transferencia en divisas, del monto que individualmente se le adeude a cada uno de ellos, a las correspondientes cuentas bancarias acreditadas para cada uno de ellos en Chile. Monto adeudado éste que para el momento de la interposición de la presente demanda alcanza la cifra de 30.814,55 dólares americanos para a cada uno de ciudadanos beneficiarios de pensiones venezolanas de vejez que residen en Chile. Segundo: En vista de que el mencionado monto de 30.814,55 dólares americanos, va a aumentar durante el tiempo que transcurra entre el inicio del presente proceso y su culminación, solicitamos que ese Honorable Juzgado ordene una experticia complementaria al fallo que determine el aumento de dicho monto por el paso del tiempo. Así como por el cálculo de los intereses moratorios a que tienen derecho mis representados en virtud de la ilegal e injustificada demora en los pagos. Tercero: Se ordene a los demandados a realizar las gestiones necesarias para garantizar el pago oportuno y mensual de las pensiones y jubilaciones, de forma tal que en el futuro no vuelvan a generarse retrasos e impagos. XI- DIRECCIONES PARA LAS NOTIFICACIONES. A los fines de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa adjetiva, indicamos las siguientes direcciones a los fines de que se practiquen las notificaciones de las partes: A) Accionados: Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS): Carlos Alberto Rotondaro Cova. Esquina de Altagracia, edificio Sede del IVSS al lado del 62 Ministerio de Finanzas. Parroquia Altagracia, Municipio Libertador del Distrito Capital. Caracas. Presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX): Rocco Albisinni Serrano. CENCOEX - Centro Nacional de Comercio Exterior 2016, Sede Principal (Temporal): Av. Leonardo Da Vinci Edf. Anexo B-1 P.B. Urb. Los Chaguaramos. Municipio Libertador del Distrito Capital, Caracas. Presidente del Banco Central de Venezuela: Nelson Merentes. Av. Urdaneta, esquina de Carmelitas, Edificio Sede del Banco Central de Venezuela. Municipio Libertador del Distrito Capital, Caracas. B) Accionantes: Av. Luis Roche, Edificio Helena, piso 2, Ofic. 26. Urbanización Altamira, Municipio Chacao del Estado Miranda. Caracas. Esperamos que se haga justicia, en la ciudad de Caracas, a la fecha de su presentación.

 

 

 




20/01/2017


Una razón más para justificar la DEMANDA NUESTRA.

NUESTRA DEMANDA NO PERMITIRÁ NUNCA LA PRESCRIPCIÓN

DE NUESTRA DEUDA.

 

Además de constituirse en deuda externa, quedar pendiente una decisión del Juez, ahora o con otro gobierno, se agrega la interrupción de la prescripción.

 

Los que no hacen la demanda por temor a la lista Tascón prefieren no recurrir a defender sus derechos. Son todos menos PENSIVECHA.G.

 

Sin temores ni cobardías todos con la ley por delante y el derecho que nos asiste. 

 

SONIA LABORDE

 


 09/12/2016

                                                                          

                                                          Operativo de enero 2017


Pensivech.a.g. se dirige a todos los pensionados en la República Bolivariana de Venezuela residentes en Chile que deben consignar los requisitos que todos los años EXIGE el IVSS que se envían en ENERO de todos los años a Convenios Internacionales.

Nos dirigimos a todos los que ya recibieron por primera vez, a los que recibieron hasta el mes de Diciembre 2015 y a los pensionados, que habiendo hecho los trámites para recibir las pensiones en Chile todavía no reciben la primera vez.

El Consulado nos presta sus instalaciones en la calle Bustos casi Pedro de Valdivia, para el OPERATIVO que se realizará del 9 al 13 de Enero 2017( 5 días ).

Los documentos a Consignar son:

1) Fe de vida, que se retira en el Consulado.

2) Fotocopia C.I. Venezolana.

3) Fotocopia Rut Chileno.

4) Informe de pagos emitidos durante el año 2016 por el Banco Estado.

5) Fotocopia de la primera Página de la Libreta donde salen todos los datos,

Código IBAN, y número de cuenta.

Todos los documetos se enviarán antes del 30 de Enero a IVSS-CONVENIOS INTERNACIONALES Av. Francisco Javier Ustariz , Conjunto Residencial San

Bernardino, Caracas 1010 República Bolivariana de Venezuela Tlfno. 2212 5529684   Extención 5102.

El Horario en el consulado será de 9 a 16 horas de la tarde.

Cordialmente.

Junta Directiva de PENSIVECH.A.G.




01/12/2016

ASÍ VA NUESTRA DEMANDA:

INTRODUCCIÓN

Si bien es cierto que  nuestra demanda no ha fluido en forma dinámica o como muchos esperan o se ilusionan en momentos tan difíciles para nosotros,  estas acciones son muy positivas,  son  parte del camino y esta Junta en Pleno está dispuesta a luchar hasta nuestro objetivo conocido.

La base de esto obedece a qué en el fondo nuestra demanda es reconocida pero hay autoridades que sienten TEMOR DE FALLAR EN CONTRA DEL ACTUAL GOBIERNO, por temor a su integridad física individual y de su familia.

Para quienes vamos estudiando la estrategia sabemos que estos pasos son exigibles por la CIDH de la OEA,  para la futura demanda Internacional, por tal motivo cualquier negativa al respecto es un avance para alcanzar la meta final.

Hacemos énfasis que nuestra demanda es por lo que se nos debe y que pagamos oportuna y dignamente cuando fuimos activos por eso se la demandamos al ESTADO VENEZOLANO, no al gobierno de turno.

ÁNIMO SOCIOS AMIGOS



01/12/2016

Estatus actual del abogado   Juan Bautista Carrero  Marrero

“Yo conversé con el propio Juez del Tribunal 12 que declaró inadmisible el amparo y hablando en confianza, me dijo que lo disculpara pero que él no se atrevía a sentenciar en contra del Gobierno porque lo botaban. También estuve hablando con otra gente en Tribunales y le confirmaron que los jueces estaban divididos, la mitad arrodillados ante el Régimen y la otra mitad si les sentenciaba en contra. Esta vez tuvimos mala suerte y nos cayó ante un arrodillado.

 

Como ambas decisiones implican una denegación clara de justicia, podemos dar por agotada la vía interna y acudir ante cualquier procedimiento internacional. Por ello, la gente de CEPAZ me estuvo ayudando a pedir financiamiento para llevar el caso a instancias internacionales. Ellos le pidieron ayuda a dos Fundaciones que financian casos de derechos humanos y el lunes nos mandaron una carta muy linda, diciendo que lamentablemente no tenían fondos para este caso, pues no implicaba un peligro inminente a la vida de nadie, ni torturas ni desaparición de personas.

Por esta situación y ante la falta de fondos para acudir a estas instancias, vamos a enfocarnos en el litigio nacional. Yo estuve analizando mucho que hacer en contra del acto de inadmisibilidad. Si apelar o no apelar. Y luego de mucho análisis llegue a la conclusión que lo mejor para ustedes era no apelar y volver a introducir la demanda con ciertos cambios. Esto porque apelar implica pelear una instancia donde lo único que podemos ganar es que nos digan que no es un amparo y que se ordene al juez de primera instancia a volver a decidir sobre la admisión. Y en todo caso, aun ganando perdemos varios meses en una incidencia que no los beneficia en la práctica. Y ustedes justamente lo que no quieren es seguir perdiendo tiempo.

Por ello, le hice algunos cambios a la demanda y convertí en un cobro simple de pensiones para evitar cualquier otra confusión. Mandé a comprar las gacetas y a imprimir los listados que ustedes me mandaron, los cuales me deben dar hoy y mañana Dios mediante la vuelvo a introducir. También voy a aprovechar para llevarle el caso al embajador, pues necesitamos toda la ayuda que se sea posible para presionar al gobierno a que les pague.

Luego le escribo, más detalles.

Saludos,

Juan”.

 


01/12/2016


CARTAS ENVIADAS POR NUESTROS ASOCIADOS

Señor NELSON PARADA

Estimados Directivos:

Primeramente deseo agradecer y felicitarlos por la difícil labor que están ejecutando y  especialmente por llevar a cabo una Demanda de Protección por nuestros derechos, que me parece dará origen para que otras directivas tomen como ejemplo.

Vivo en la Región de Valparaíso y no asisto a reuniones en Stgo porque el presupuesto no me lo permite sin embargo, estoy atento a los acontecimientos que nos preocupa, a través de nuestra pag. web. y de la pag. del profesor  Riraldi.

Una de las cartas que denuncia nuestro problema, tratando de crear conciencia en nuestro gobierno , ha sido enviada al Pdte de la Comisión de Relaciones Exteriores, Sr.J. Tarud que como otros también indolentes, no se han molestado por dar una respuesta. Me permito por esta razón hacer llegar a Uds. el correo y teléfono de esta persona :

                 <  jtarud@congreso.cl >     Tel. 32 2505305

 

Fecha de interposición: 26 de Octubre 2016

N° Expediente AP -21-L-2016-002592.

ABOGADO: Juan Bautista Carrero Marrero.


17/11/2016


ADVERTENCIA QUE ES UNA COPIA QUE TIENE UN ERROR QUE FUE CORREGIDO DONDE SE REFIERE A LA DEUDA Y DICE diciembre 2016 debe decir  Diciembre 2015 Se nos debe desde diciembre 2015. Yo mandé varias correcciones entre otras esa muy importante ¿ok'? se introdujo Corregida.


CIUDADANOS CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS SU DESPACHO.

 

Nosotros, la ASOCIACIÓN GREMIAL DE PENSIONADOS DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN CHILE (PENSIVENCH A.G.), sociedad civil constituida por los ciudadanos acreedores de pensiones venezolanas que residen en la República de Chile, debidamente inscrita con el N° 4273 por ante el Registro de Asociaciones Gremiales de la Subsecretaría de Economía del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile, debidamente representada en este acto por su apoderado judicial, abogado en ejercicio Juan Bautista Carrero Marrero, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nºs 80.940, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº 13.114.577, mayor de edad, legalmente capaz y de este domicilio, según carácter que se evidencia del Instrumento Poder debidamente autenticado en fecha 21 de septiembre de 2016, por ante el Notario Público Nº 27 de Santiago de Chile, el cual es válido en la República Bolivariana de Venezuela por estar debidamente Apostillado, en fecha 23 det, bajo el Código de Verificación D8AB345D4F, conforme a la Convención de la Haya de la cual la República Bolivariana de Venezuela es parte suscriptora, cuya copia anexo marcada “A” previo cotejo con su original, por parte del funcionario judicial a los fines de su certificación, acudimos muy respetuosamente ante su competente autoridad, con fundamento en lo establecido en los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República, 146 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Disposición Final Tercera de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y, 2 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, con la finalidad de ejercer la presente Demanda de Protección de los Derechos e Intereses Colectivos de los Jubilados y Pensionados de la República Bolivariana de Venezuela que residen en la República de Chile, a obtener el pago oportuno de sus pensiones. La cual se ejerce junto con pretensión cautelar de amparo constitucional en contra de las acciones y omisiones, lesivas y amenazantes, a los derechos constitucionales, humanos y fundamentales a la seguridad social, la protección de la vejez, la salud y la igualdad y no discriminación, contemplados en los artículos 86, 80, 83 y 21 de la Constitución de la República, contra los ciudadanos Carlos Alberto Rotondaro Cova, 2 titular de la cédula de identidad Nº 6.157.070, en su carácter de Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS); Rocco Albisinni Serrano, titular de la cédula de identidad Nº 15.481.927, en su carácter de Presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), y; Nelson Merentes, titular de la Cédula de Identidad Nº 3.986.108, en su carácter de Presidente del Banco Central de Venezuela. Domiciliados en el Distrito Metropolitano de Caracas. La presente acción se fundamenta en las siguientes razones: I- De nuestra legitimidad para ejercer la presente Acción y de la Competencia de ese Circuito para conocerla. Resulta más que evidente que nuestra legitimidad activa deriva directamente del artículo 26 de la Constitución de la República, que a la letra establece: “Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles” (resaltado nuestro). De una simple lectura al artículo transcrito se observa que el mismo constitucionaliza la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses colectivos y difusos, a la vez que le otorga la cualidad y legitimidad a cualquier persona para que acuda a los órganos de administración de justicia en aras de demandar su protección. En análogo sentido, el artículo 147 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia también nos otorga la legitimidad para ejercer la presente demanda, al disponer: “Artículo 146. Toda persona podrá demandar la protección de sus derechos e intereses colectivos o difusos. Salvo lo dispuesto en las leyes especiales, cuando los hechos que se describan posean trascendencia nacional su conocimiento corresponderá a la Sala Constitucional; en caso contrario, corresponderá a los tribunales de primera instancia en lo civil de la localidad donde aquellos se hayan generado”. 3 En vista de que la presente acción constituye una demanda de protección sobre los derechos e intereses colectivos a la seguridad social, la protección de la vejez, la salud y la igualdad y no discriminación, de los beneficiarios de jubilaciones y pensiones venezolanas que residen en la República de Chile, resulta pertinente destacar que ya la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en múltiples oportunidades ha fijado un criterio jurisprudencial pacífico, reiterado y vinculante sobre el concepto, características y alcance de este tipo de acción. Así, sobre los diferentes aspectos de los derechos colectivos y difusos, encontramos, entre otras, a las siguientes Sentencias: Nº 483, del 29 de mayo de 2000, caso: Cofavic y Queremos Elegir; Nº 656, del 30 de junio de 2000, caso: Dilia Parra, Nº 770, del 17 de mayo de 2001, caso: Defensoría del Pueblo; Nº 1321 del 19 de junio de 2002, caso: Máximo Fébres y Nelson Chitty La Roche; Nº 1594 del 9 de julio de 2002, caso: Alfredo García Deffendini y otros; Nº 1595, del 9 de julio de 2002, caso: Colegio de Médicos del Distrito Metropolitano de Caracas; Nº 1571 del 22 de agosto de 2001, caso: Deudores Hipotecarios; Nº 2347, del 3 de octubre de 2002, caso: Henrique Capriles Radonski, Nº 2634, del 23 de octubre de 2002, caso: Defensoría del Pueblo, y; Nº 3342 del 19 de diciembre de 2002 caso: Félix Rodríguez. Cuyos criterios jurisprudenciales sobre el tema han sido resumidos en la sentencia del 19 de diciembre de 2003 (Caso: Fernando Asenjo), donde encontramos las siguientes nociones: 1.- Los “DERECHOS O INTERESES DIFUSOS: se refieren a un bien que atañe a todo el mundo (pluralidad de sujetos), esto es, a personas que -en principio- no conforman un sector poblacional identificable e individualizado, y que sin vínculo jurídico entre ellos, se ven lesionados o amenazados de lesión. Los derechos o intereses difusos se fundan en hechos genéricos, contingentes, accidentales o mutantes que afectan a un número indeterminado de personas y que emanan de sujetos que deben una prestación genérica o indeterminada, en cuanto a los posibles beneficiarios de la actividad de la cual deriva tal asistencia, como ocurre en el caso de los derechos positivos como el derecho a la salud, a la educación o a la obtención de una vivienda digna, protegidos por la Constitución y por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. 2- Los “DERECHOS O INTERESES COLECTIVOS: están referidos a un sector poblacional determinado (aunque no cuantificado) e identificable, aunque individualmente, dentro del conjunto de esas personas existe o puede existir un vínculo jurídico que los une entre ellos. Su lesión se localiza concretamente en un grupo determinable como tal, como serían los grupos profesionales, los grupos de vecinos, los gremios, o los habitantes de un área determinada, etc. 4 Los derechos colectivos deben distinguirse de los derechos de las personas colectivas, ya que estos últimos son análogos a los derechos individuales, pues no se refieren a una agrupación de individuos sino a la persona jurídica o moral a quien se atribuyan los derechos. Mientras las personas jurídicas actúan por organicidad, las agrupaciones de individuos que tienen un interés colectivo obran por representación, aun en el caso de que ésta sea ejercida por un grupo de personas, pues el carácter colectivo de los derechos cuya tutela se invoca siempre excede al interés de aquél. 3- “Las acciones provenientes de derechos e intereses difusos y colectivos, son siempre acciones de condena, o restablecedoras de situaciones, y nunca mero declarativas o constitutivas. La posibilidad de una indemnización a favor de las víctimas (en principio no individualizadas) como parte de la pretensión fundada en estos derechos e intereses, la contempla el numeral 2 del artículo 281 de la vigente Constitución; pero ello no excluye que puedan existir demandas que no pretendan indemnización alguna, sino el cese de una actividad, la supresión de un producto o de una publicidad, la demolición de una construcción, etc. 4- Los derechos e intereses colectivos y difusos, son de eminente orden público, por ello a las acciones incoadas para su protección no les es aplicable el lapso de caducidad prevenido para el amparo, razón por la cual no corre el transcurso de seis meses desde que surge la violación a la calidad de vida. 5- LEGITIMACIÓN PARA INCOAR UNA ACCIÓN POR INTERESES DIFUSOS: no se requiere que se tenga un vínculo establecido previamente con el ofensor, pero sí que se actúe como miembro de la sociedad, o de sus categorías generales (consumidores, usuarios, etc.) y que invoque su derecho o interés compartido con la ciudadanía, porque participa con ella de la situación fáctica lesionada por el incumplimiento o desmejora de los Derechos Fundamentales que atañen a todos, y que genera un derecho subjetivo comunal, que a pesar de ser indivisible, es accionable por cualquiera que se encuentre dentro de la situación infringida. La acción (sea de amparo o específica) para la protección de estos intereses la tiene tanto la Defensoría del Pueblo (siendo este organismo el que podría solicitar una indemnización de ser procedente) dentro de sus atribuciones, como toda persona domiciliada en el país. 6- LEGITIMACIÓN PARA INCOAR UNA ACCIÓN POR INTERESES Y DERECHOS COLECTIVOS: quien incoa la demanda con base a derechos o intereses colectivos, debe hacerlo en su condición de miembro o vinculado al grupo o sector lesionado, y que por ello sufre la lesión conjuntamente con los demás, por lo que por esta vía asume un interés que le es propio y le da derecho de reclamar el cese de la lesión para sí y para los demás, con quienes comparte el derecho o el interés. La acción en protección de los intereses colectivos, además de la Defensoría del Pueblo, la tiene cualquier miembro del grupo o sector que se identifique como componente de esa colectividad específica y actúa en defensa del colectivo, de manera que los derechos colectivos implican, obviamente, la existencia de sujetos colectivos, como las naciones, los pueblos, las 5 sociedades anónimas, los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones, los gremios, pero también minorías étnicas, religiosas o de género que, pese a tener una específica estructura organizacional, social o cultural, pueden no ser personas jurídicas o morales en el sentido reconocido por el derecho positivo, e inclusive simples individuos organizados en procura de preservar el bien común de quienes se encuentran en idéntica situación derivado del disfrute de tales derechos colectivos. 7- IDONEIDAD DE LA ACCIÓN: Si lo que se pretende es enervar una lesión que proviene de violaciones a derechos y garantías constitucionales, la vía procedente es la acción de amparo para restablecer una situación jurídica ante esas infracciones. Si lo que se pretende es exigir resarcimientos a los lesionados, solicitar el cumplimiento de obligaciones, prohibir una actividad o un proceder específico del demandado, o la destrucción o limitación de bienes nocivos, restableciendo una situación que se había convertido en dañina para la calidad común de vida o que sea amenazante para esa misma calidad de vida, lo procedente es incoar una acción de protección de derechos cívicos (colectivos o bien sea difusos), en cuyo fallo se podrá condenar al demandado a realizar determinadas obligaciones de hacer o no hacer, y hasta indemnizar a la colectividad, o a grupos dentro de ella, en la forma como ordene el juez, con señalamiento de cuáles instituciones sociales o públicas, o cuáles personas serán acreedoras de la indemnización. 8- EFECTOS DE LA SENTENCIA: produce efectos erga omnes, ya que beneficia o perjudica a la colectividad en general o a sectores de ella, y produce cosa juzgada al respecto. Dado a que lo que está en juego es la calidad de la vida, si los hechos que originaron las causas ya sentenciadas se modifican o sufren cambios, a pesar de que la demanda hubiere sido declarada sin lugar, si nuevos hechos demuestran que existe la amenaza o la lesión, una nueva acción podrá ser incoada, ya que no existe identidad de causas”. Aunado a lo anterior, la honorable Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia también ha establecido expresamente que los Derechos Constitucionales Sociales, entre los que se encuentran la salud, la educación, la seguridad social, la obtención de una vivienda digna, y aquellos contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como también lo es el caso del derecho a la seguridad social, constituyen derechos o interés difusos perfectamente tutelables judicialmente mediante una demanda de protección como la que aquí se plantea. En este sentido, reproducimos el mérito favorable de la Sentencia dictada por la Sala Constitucional en fecha 06 de Diciembre de 2005, en el caso: Yecenia Farías, donde se lee lo siguiente: 6 “…Se refieren a un bien que atañe a todo el mundo (pluralidad de sujetos), esto es, a personas que -en principio- no conforman un sector poblacional identificable e individualizado, y que sin vínculo jurídico entre ellos, se ven lesionados o amenazados de lesión. Los derechos o intereses difusos se fundan en hechos genéricos, contingentes, accidentales o mutantes que afectan a un número indeterminado de personas y que emanan de sujetos que deben una prestación genérica o indeterminada, en cuanto a los posibles beneficiarios de la actividad de la cual deriva tal asistencia, como ocurre en el caso de los derechos positivos como el derecho a la salud, a la educación o a la obtención de una vivienda digna, protegidos por la Constitución y por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. Así las cosas, no hay lugar a dudas de que la presente Demanda de Protección de Derechos Colectivos es la vía procesal adecuada para la resolución del presente caso. A la vez de que tenemos la plena y absoluta legitimidad para ejercer la presente acción. I.I- NUESTRA LEGITIMIDAD ACTIVA. BENEFICIARIOS DE LA PRESENTE ACCIÓN. Nuestra legitimación activa cumple con los requisitos y criterios que han sido establecidos de forma pacífica y vinculante por la jurisprudencia de la Sala Constitucional, ya que la presente acción está siendo ejercida por la ASOCIACIÓN GREMIAL DE PENSIONADOS DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN CHILE (PENSIVENCH A.G.), persona jurídica debidamente inscrita con el N° 4273 por ante el Registro de Asociaciones Gremiales de la Subsecretaría de Economía del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile. Siendo el caso, que está integrada por 529 ciudadanos acreedores de pensiones venezolanas que residen en la República de Chile, con la finalidad de defender sus derechos e intereses como jubilados y pensionados, tal como se evidencia del Certificado de Registro 12.830 de fecha 01/09/2016, emanado de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño de Chile, cuya copia anexo marcada “B”, y de las cinco Declaraciones Juradas hechas por sus miembros ante diversas Notaría de la República de Chile, cuyas copias anexamos marcadas “C”, “D”, “E”, “F” y “G”. 7 En esos documentos se aprecia el nombre, apellido, nacionalidad, huella digital y demás elementos de identificación de los integrantes de PENSIVENCH A.G. A su vez, han sido debidamente autenticados por ante distintas autoridades Chilenas, razón por la cual no requieren ser legalizados, ni apostillados y surten plenos efectos legales en la República Bolivariana de Venezuela, por mandato Convenio de Seguridad Social entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Chile, válido y obligante para nuestro país por haberlo suscrito, ratificado y aprobado mediante la “Ley Aprobatoria del Convenio Bilateral sobre Seguridad Social entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Chile”, publicada en la Gaceta Oficial Nº Extraordinario 5.754, de fecha 03 de enero de 2005 (cuya copia anexo marcada “H”). Toda vez que su artículo 19, numeral 2, expresamente establece: “2. Todos los actos administrativos y documentos que se expidan por una Institución de un Estado Contratante para la aplicación del presente Convenio, serán dispensados de los requisitos de legalización u otras formalidades similares para su utilización por Instituciones Competentes del otro Estado”. Así las cosas, al ser los 529 miembros de PENSIVENCH A.G., ciudadanos integrantes del colectivo de jubilados y pensionados venezolanos residentes en Chile que sufren por la falta de pago de sus pensiones, es obvio que tienen un interés propio y legítimo para reclamar el derecho al cobro de sus pensiones y el cese de la lesión jurídica, tanto para ellos, como para el resto de los integrantes del colectivo, quienes también comparten el mismo derecho e interés. Situación ésta que los acredita plenamente para ejercer la presente acción en favor de todo el colectivo de ciudadanos que se hicieron acreedores de pensiones y jubilaciones en la República Bolivariana de Venezuela y que hoy en día residen en la República de Chile. Por último, el hecho de que el derecho a la seguridad social está consagrado como un derecho humano fundamental, tanto por nuestra Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (Art. 4), como por diversos Pactos, Acuerdos y Tratados Internacional que han sido suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, es una circunstancia que también nos dota de legitimidad para ejercer esta demanda a favor de todos los jubilados y pensionados venezolanos que residen en Chile. Ya que según nuestra Constitución y diversos Tratados Internaciones sobre 8 Derechos Humanos, cualquier persona puede acudir a los órganos jurisdiccionales para demandar la protección y defensa y los derechos humanos. II- COMPETENCIA DE ESE CIRCUITO PARA CONOCER DE LA PRESENTE DEMANDA. No hay duda alguna de que ese Circuito Judicial Laboral del Área Metropolitana de Caracas es el competente para conocer de la presente demanda. Toda vez que ello se deriva de la letra de los artículos 146 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la Disposición Final Tercera de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social. El primero de ellos, al regular lo relativo a las demandas colectivas establece: “Artículo 146: Toda persona podrá demandar la protección de sus derechos e intereses colectivos o difusos. Salvo lo dispuesto en las leyes especiales, cuando los hechos que se describan posean trascendencia nacional su conocimiento corresponderá a la Sala Constitucional; en caso contrario, corresponderá a los tribunales de primera instancia en lo civil de la localidad donde aquellos se haya generado”. Así las cosas, en vista de que el presente caso no tiene ninguna trascendencia nacional, ya que no incide sobre el funcionamiento del Estado, ni sobre su estructura, ni tampoco tiene implicaciones sobre millones de ciudadanos, es evidente que no su conocimiento no corresponde a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. Recordemos que sólo se trata del pago de unas pensiones a una cantidad pequeña de personas que no llena ni el Teatro Teresa Carreño, por citar un ejemplo de perspectiva. Por ello, al no ser del conocimiento de la Sala Constitucional, y al existir una Ley Especial que le otorga la competencia a ese Circuito Judicial, es obvio que son ustedes los competentes para conocer de esta acción. Nos referimos a la norma contenida en la Disposición Final Tercera de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, que les atribuye la competencia al establecer: “TERCERA: Se crea la jurisdicción especial del Sistema de Seguridad Social, para dirimir las controversias que se susciten que ocasión de las relaciones jurídicas que deriven de la aplicación de la presente Ley y demás leyes sobre la materia. Hasta tanto no se lleve a cabo la creación de la jurisdicción especial, todo lo relacionado con dudas y controversias en materia de seguridad social, serán decididas por ante la jurisdicción laboral ordinaria (resaltado nuestro)”. 9 Por otro lado, al ser los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil manifiestamente incompetentes para conocer de casos laborales o de seguridad social, es obvio que por razón de la materia también son ustedes los competentes para conocer de esta acción. Igual sucede si analizamos la competencia por razón del territorio, pues al estar los demandados domiciliados en la Ciudad de Caracas y al ser autoridades de Entes Públicos cuyos despachos están en la Ciudad de Caracas, es obvio que el conocimiento de esta causa le corresponde a ese honorable Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas. III- DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD. Resulta evidente que la presente acción debe ser admitida, pues cumple con todos los requisitos legalmente establecidos. A la vez que no está incursa en ninguna de las causales de inadmisión previstas en el artículo 150 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Toda vez que: 1- Contiene y expresa adecuadamente todos los datos concernientes a la identificación y localización de los demandantes y demandados. 2- Presente una relación clara y entendible de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya la pretensión. A la vez que ilustra adecuadamente sobre la situación jurídica infringida. 3- Presenta plena prueba sobre los hechos que originan la pretensión. 4- No contiene demandas ni pretensiones que resulten incompatibles entre sí. 5- Tenemos plena legitimidad para ejercer la presente acción, en virtud de lo contemplado por la Constitución de la República, la ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y tal como ha sido interpretado de forma vinculante por la nuestra Sala Constitucional. 6- No existen otras vías o remedios procesales ordinarios que puedan satisfacer la pretensión, ya que la presente acción busca, tanto el pago de las prestaciones de seguridad social que son adeudadas, como el restablecimiento de otros derechos constitucionales lesionados. Lo cual no puede lograrse ni mediante una acción de cobro ordinaria, ni mediante un amparo individualmente ejercido. 10 7- Tampoco estamos en presencia de un asunto cuya naturaleza corresponda al contencioso de los servicios públicos, ya que no estamos discutiendo la calidad de los servicios médicos asistenciales que presta el Seguro Social, ni mucho menos estamos planteando un caso contencioso electoral. 8- Esta demanda no contiene ningún tipo de conceptos ofensivos ni irrespetuosos. Y lo más importante de todo: en el presente caso se encuentra involucrado el más relevante orden público, al tratarse de la búsqueda de la solución a un problema muy grave que lesiona derechos humanos y fundamentales a más de 500 compatriotas que están sufriendo a causa de la omisión ilegal cometida por los accionados. Lo cual, por sí mismo, basta para que ese Circuito Judicial ordene la continuación del proceso, tal como lo establece el artículo 148 de la citada Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. IV- DE LOS HECHOS QUE ORIGINAN LA PRESENTE ACCIÓN Y DE SU PLENA PRUEBA. IV.I DE LOS HECHOS. Tal como es del conocimiento general, por ser un hecho público, notorio, comunicacional, cierto e irrefutable, en la actualidad y desde hace varios meses el Estado Venezolano ha dejado de pagarle sus pensiones a los jubilados y pensionados que residen en el exterior, entre los que se encuentran mis representados. Dentro de este contexto, es el caso Ciudadano Juez, que el último mes pagado a los jubilados y pensionados que residen en la República de Chile fue el correspondiente a diciembre de 2015. Razón por la cual, para la fecha de interposición de la presente demanda, el Estado Venezolano le adeuda diez meses de pensiones y/o jubilaciones a cada uno de ellos. Esta situación les está causando un gran sufrimiento humano a los jubilados y pensionados venezolanos que viven en la República de Chile. En vista de que la mayoría de ellos depende únicamente del monto de su pensión para poder subsistir, es obvio que al no recibirlas, no pueden adquirir ni siquiera los insumos más básicos para sobrevivir, tales como alimentos o medicinas. 11 Debido a este enorme retraso, los beneficiarios de pensiones y jubilaciones que residen en la República de Chile están sufriendo todo tipo de problemas. Desde el desalojo de sus viviendas, el embargo de sus bienes, la pérdida de sus enseres domésticos, la cancelación de sus tarjetas de crédito y la falta de atención médica, hasta prácticamente morir de mengua por falta de recursos para comprar comida. Con el agravante de que al tratarse de personas de la tercera edad y discapacitados, en la mayoría de los casos no pueden encontrar trabajos o simplemente no pueden trabajar, lo cual les impide generar otro tipo de recursos por cuenta propia. Situación ésta que los hace aún más dependientes de sus pensiones y pone aún más en evidencia la gravedad que implica la irresponsable falta de pago de sus pensiones. Estos hechos son muy graves: 1) violan disposiciones de orden público; 2) implican el incumplimiento de una prestación dineraria; 3) lesionan los derechos constitucionales a la protección de la vejez, seguridad social y la salud de los beneficiarios de dichas prestaciones, y lo que es más grave aún; 4) los pone en una terrible situación de angustia e indefensión al negarles los medios económicos mínimos para acceder a los insumos más básicos para la vida. IV.II- DEL MONTO ADEUDADO. En virtud del control de cambio existente en el país, la determinación del monto en divisas que corresponde a los diferentes tipos de pensiones y jubilaciones, se ha venido regulando por los Convenios Cambiarios emitidos por el Banco Central de Venezuela en conjunto con el Ejecutivo Nacional. Los cuales han establecido que el tipo de cambio de referencia para calcular los montos de las pensiones y jubilaciones es el del dólar preferencial protegido. En la actualidad, así lo establecen los artículos 1 y 5 del vigente Convenio Cambiario Nº 35, publicado en la Gaceta Oficial Nº 40.865, de fecha 09-03-2016: “Artículo 1. A partir de la entrada en vigencia del presente Convenio Cambiario, se fija el tipo de cambio protegido en nueve bolívares con novecientos setenta y cinco céntimos (Bs. 9,975) por dólar de los Estados Unidos de América para la compra, y en diez bolívares (Bs. 10,00) por dólar de los Estados Unidos de América para la venta. Asimismo, se fija a partir de la entrada en vigencia del presente Convenio Cambiario, en diez bolívares (Bs.10,00) por dólar de los Estados Unidos de América el tipo de cambio para el pago de la deuda pública externa. 12 Artículo 5. A partir de la entrada en vigencia del presente Convenio Cambiario, la liquidación de las operaciones de venta de divisas destinadas a la conversión de las pensiones de vejez, incapacidad parcial, invalidez y sobrevivientes, pagadas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) a residentes en el exterior, se hará al tipo de cambio de venta establecido en el artículo 1 del presente Convenio Cambiario. Igual tipo de cambio aplicará para la liquidación de las operaciones de venta de divisas destinadas a la conversión de las pensiones de jubilados residentes en el exterior”. De allí que, por mandato de la norma, para determinar el monto de las pensiones de vejez, incapacidad parcial, invalidez y sobrevivientes, pagadas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) a los residentes en el exterior, se debe dividir el monto en bolívares fijado para el pago de jubilaciones y pensiones en el país, entre el valor del tipo de cambio protegido, que en este caso es de diez (10) bolívares por dólar. Antes de la entrada en vigencia del citado Convenio Cambiario Nº 35, estuvo en vigencia el Convenio Cambiario Nº 14, de fecha 08/02/2013, publicado en la Gaceta Oficial Nº 40.108, de la misma fecha, el cual establecía que las pensiones y jubilaciones serían calculadas en función de un tipo de cambio de 6,30 Bs por dólar. En virtud de ello, es obvio que para el caso de las pensiones de vejez aquí demandadas, sus montos son el producto del siguiente cálculo: 1- Pensiones de Vejez correspondientes a enero y febrero 2016: En vista de que durante este tiempo estuvo vigente el Convenio Cambiario Nº 14, que establecía en 6,30 Bs/$ el tipo de cambio para el cálculo de las pensiones. A la vez que el monto mensual de las pensiones de vejez estaba fijado en 9.648,18 Bs. Tenemos como resultado que durante este período los pensionados residentes en Chile debieron cobrar dos mensualidades de 1.531,45 dólares cada una. Considerando que no se las han pagado y que son dos mensualidades, tenemos que las pensiones de vejez correspondientes a enero y febrero de 2016 aquí demandadas suman la cantidad de 3.062,91 dólares, para cada uno de sus beneficiarios. 13 2- Pensiones de Vejez correspondientes a marzo y abril de 2016: Durante este tiempo ha estado vigente el Convenio Cambiario Nº 35, que establece en 10 Bs/$ el tipo de cambio para el cálculo de las pensiones. A la vez que el monto mensual de las pensiones de vejez estaba fijado en 11.577,81 Bs. Razón por la cual, en función de la normativa legal contemplada en el aludido Convenio Nº 35, tenemos como resultado que durante este período, los pensionados residentes en Chile debieron cobrar dos mensualidades de 1.157,7 dólares cada una. Considerando que no se las han pagado y que son dos mensualidades, tenemos que las pensiones de vejez correspondientes a marzo y abril de 2016 aquí demandadas suman la cantidad de 2.315,4 dólares, para cada uno de sus beneficiarios. 3- Pensiones de Vejez correspondientes a mayo, junio, julio y agosto de 2016. Durante este tiempo ha estado vigente el Convenio Cambiario Nº 35, que establece en 10 Bs/$ el tipo de cambio para el cálculo de las pensiones. A la vez que el monto mensual de las pensiones de vejez estaba fijado en Bs. 15.051,11. Razón por la cual, en función de la normativa legal contemplada en el aludido Convenio Nº 35, tenemos como resultado que durante este período, los pensionados residentes en Chile debieron cobrar cuatro mensualidades de 1.505,11 dólares cada una. Considerando que no se las han pagado y que son cuatro mensualidades, tenemos que las pensiones de vejez correspondientes a marzo y abril de 2016 aquí demandadas suman la cantidad de 6.020,44 dólares, para cada uno de sus beneficiarios. 4- Pensiones de Vejez correspondientes a septiembre y octubre de 2016. Considerando que actualmente el monto de las pensiones por vejez en Venezuela está fijado en la cantidad de 22.576,73 Bs. mensuales, es evidente que por mandato de dicho Convenio Cambiario Nº 35, al dividir dicho monto entre 10 (valor de cambio aplicable), tenemos que el monto mensual a pagar a cada pensionado por vejez que reside en el exterior, es el equivalente a 2.257,63 dólares americanos. Razón por la cual, en vista de que no se las han pagado y de que son dos mensualidades, tenemos que las pensiones de vejez correspondientes a septiembre y octubre de 2016, aquí demandadas, suman la cantidad de 4.515,2 dólares, para cada uno de sus beneficiarios. 14 5- Monto total de las Pensiones de Vejez adeudadas. En función de la normativa legal vigente, la sumatoria de las pensiones de vejez que se le adeudan a cada uno de los pensionados que residen en Chile, alcanza la cifra de 15.913,95 dólares americanos, que el Estado Venezolano le debe transferir directamente a cada uno de ellos, a su cuenta bancaria del lugar donde residen. Ahora bien, en virtud de que ésta es una acción de protección colectiva que busca beneficiar a todos los jubilados y pensionados venezolanos que residen en la República de Chile, cumplimos con el deber de informar al Tribunal que por cuanto pudiesen haber personas acreedoras de otro de tipo de pensiones, tales como incapacidad y/o sobreviviente, a quienes tampoco les han pagado durante estos 10 meses, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales aquí accionado, también tiene la obligación legal de efectuar dichos cálculos y pagos, ya que entre otras cosas, es el único ente que maneja directamente esa información. IV.III- La Plena Prueba de los Hechos que Fundamentan la Presente Acción. Resulta más que evidente que la falta de pago de las pensiones que sufren los pensionados y jubilados venezolanos que residen en Chile, lesiona severamente sus derechos fundamentales. Lo cual fundamenta plenamente la procedencia de la presente acción. En relación con la prueba de ello, a los fines de cumplir con la legislación adjetiva, dejamos expresa constancia que los hechos que originan la presente acción, cuales son: 1) la antes descrita falta de pago por parte del Estado Venezolano, y; 2) sus causas directamente imputables a las autoridades aquí demandadas, quienes tienen la obligación legal de transferirles dichos pagos, y no lo han hecho, constituyen hechos notorios, públicos y comunicaciones, y por lo tanto no requieren ser probados, tal como lo establece el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil (que expresamente contempla: “los hechos notorios no son objeto de prueba”), y tal como ha sido manifestado y reconocido por la jurisprudencia vinculante de esa honorable Sala Constitucional. 15 Sobre este particular reproducimos el mérito favorable de la Sentencia Nº 98, dictada por esa Sala Constitucional en fecha 15-03-2000, Exp Nº 00-0146, donde esa Sala fijó de forma vinculante el significado y alcance jurídico y procesal de los hechos notorios, públicos y comunicacionales, al expresar los siguientes fragmentos: “….el mundo actual, con el auge de la comunicación escrita mediante periódicos, o por vías audiovisuales, ha generado la presencia de otro hecho, cual es el hecho publicitado, el cual en principio no se puede afirmar si es cierto o no, pero que adquiere difusión pública uniforme por los medios de comunicación social, por lo que muy bien podría llamársele el hecho comunicacional y puede tenerse como una categoría entre los hechos notorios, ya que forma parte de la cultura de un grupo o círculo social en una época o momento determinado, después del cual pierde trascendencia y su recuerdo solo se guarda en bibliotecas o instituciones parecidas, pero que para la fecha del fallo formaba parte del saber mayoritario de un círculo o grupo social, o a el podía accederse. Así, los medios de comunicación social escritos, radiales o audiovisuales, publicitan un hecho como cierto, como sucedido, y esa situación de certeza se consolida cuando el hecho no es desmentido a pesar que ocupa un espacio reiterado en los medios de comunicación social. De esta manera, el colectivo se entera de conflictos armados, de los viajes del Presidente de la República, de los nombramientos que hace el Congreso, de la existencia de crímenes y otros delitos, de la existencia de juicios, etc. (omisis) De un hecho comunicacional de este tipo, no puede escapar un juez que en la vida actual, incluso como parte de los hechos que debe adquirir para engrosar su conocimiento sobre su entorno social, lee periódicos, oye radio o ve televisión. (omisis) Esta realidad lleva a esta Sala a considerar que el hecho comunicacional, como un tipo de notoriedad, puede ser fijado como cierto por el juez sin necesidad que conste en autos, ya que la publicidad que él ha recibido permite, tanto al juez como a los miembros de la sociedad, conocer su existencia, lo que significa que el sentenciador realmente no está haciendo uso de su saber privado… El hecho comunicacional puede ser acreditado por el juez o por las partes con los instrumentos contentivos de lo publicado, o por grabaciones o videos, por ejemplo, de las emisiones radiofónicas o de las audiovisuales, que demuestren la difusión del hecho, su uniformidad en los distintos medios y su consolidación; es decir, lo que constituye la noticia. (omisis) Planteado así la realidad de tal hecho y sus efectos, concatenado con la justicia responsable y sin formalismos inútiles que el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla; aunado a que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, tal como lo establece el artículo 257 de la vigente Constitución, y que el Estado venezolano es de derecho y de justicia, como lo expresa el artículo 2 ejusdem, en aras a esa justicia expedita e idónea que señala el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a pesar de que el hecho comunicacional y su incorporación a los autos de oficio por el juez, no 16 está prevenido expresamente en la ley, ante su realidad y el tratamiento que se viene dando en los fallos a otros hechos, incluso de menos difusión, esta Sala considera que para desarrollar un proceso justo, idóneo y sin formalismos inútiles, el sentenciador puede dar como ciertos los hechos comunicacionales con los caracteres que luego se indican, y por ello puede fijar como cierto, los hechos que de una manera uniforme fueron objeto de difusión por los medios de comunicación, considerándolos una categoría de hechos notorios, de corta duración. (omisis) Es cierto que el hecho comunicacional, como cualquier otro hecho, puede ser falso, pero dicho hecho tiene características que lo individualizan y crean una sensación de veracidad que debe ser tomada en cuenta por el sentenciador. Esos caracteres confluyentes son: 1) Se trata de un hecho, no de una opinión o un testimonio, si no de un evento reseñado por el medio como noticia; 2) Su difusión es simultánea por varios medios de comunicación social escritos, audiovisuales, o radiales, lo cual puede venir acompañado de imágenes; 3) Es necesario que el hecho no resulte sujeto a rectificaciones, a dudas sobre su existencia, a presunciones sobre la falsedad del mismo, que surjan de los mismos medios que lo comunican, o de otros y, es lo que esta Sala ha llamado antes la consolidación del hecho, lo cual ocurre en un tiempo prudencialmente calculado por el juez, a raíz de su comunicación; y 4) Que los hechos sean contemporáneos para la fecha del juicio o de la sentencia que los tomará en cuenta”. Así las cosas, la doctrina jurisprudencial de esa honorable Sala Constitucional ha sido pacífica y reiterada en afirmar, a lo largo de más de quince (15) años, que los hechos notorios, entre los que se encuentran los públicos y comunicacionales, no necesitan ser probados y por lo tanto pueden ser incorporados al proceso incluso por el propio tribunal, sin que ello vulnere el modo alguno el principio contenido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil. Lo cual está en plena sintonía con lo establecido en los artículos 2, 26 y 257 de la Constitución de la República y 506 del Código de Procedimiento Civil. De la misma manera, tal como es del conocimiento de usted, Honorable Juez, la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional ha establecido que este tipo de hechos comunicacionales deben cumplir con los siguientes requisitos para ser tomados en cuenta por el sentenciador como ciertos: 1- Que se trate de hechos o eventos reseñados como noticias o sucesos; 2- Que su difusión sea producida por varios medios de comunicación social, bien sean éstos escritos, audiovisuales o radiales, y que incluso pueden venir acompañados de imágenes; 17 3- Que el hecho se haya consolidado, al no haber sido desmentidos por una ola mediática que refleje lo contrario, a pesar de ocupar un espacio reiterado en los medios de comunicación social, ni haber sido sujeto de rectificaciones; 4- Que los hechos sean contemporáneos para la fecha del juicio o de la sentencia que los tomará en cuenta. En función de ello, es obvio y no cabe duda alguna de que en el presente caso, los hechos notorios, públicos y comunicacionales que fundamentan la presente demanda, cumplen con todos esos requisitos, toda vez que: 1- Evidentemente se trata de noticias sobre la realidad nacional; 2- Esta falta de pago de las pensiones a los jubilados y pensionados venezolanos que residen en el exterior es una noticia que ha sido reseñada por casi todos los medios de comunicación social del país, nacionales y regionales, tanto escritos, como audiovisuales y radiales, incluso por medios de internet. Resaltando el hecho de que esa grave crisis ha sido reseñada por medios de todas las corrientes y líneas editoriales. Llamando la atención el hecho de que también ha sido reseñada por medios internacionales, lo que prueba que la situación es tan grave que incluso preocupa a medios y ciudadanos de otros países. 3- Es obvio que estamos ante un hecho consolidado, pues lleva muchos meses siendo reseñado, sin haber sido desmentido por una ola mediática que informe lo contrario. Con la particularidad de que las únicas rectificaciones noticiosas han sido para informar que el grave drama humano que están sufriendo los jubilados y pensionados en el exterior se ha ido agravando a lo largo de los meses, pues cada vez tienen más meses sin cobrar y consecuentemente mayores carencias de insumos básicos. Lo cual lejos de desvirtuar la presente acción, la fortalece y suma razones a su declaratoria con lugar. 4- Evidentemente el hecho es contemporáneo a la fecha del juicio. Ahora bien, dando cumplimiento a los requisitos procesales señalados por la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de su valor probatorio como plena prueba, junto con el presente escrito consignamos los siguientes instrumentos contentivos de reseñas noticiosas sobre la falta de pago 18 de las pensiones a los pensionados y jubilados venezolanos que residen en el exterior: 1- “Desde que no me pagan la pensión subsisto con ayuda de la Iglesia”. Publicado por el Diario El Nacional en fecha 29 de mayo de 2016 y verificable en la dirección web http://www.el-nacional.com/sociedad/pagan-pension-subsisto-ayudaIglesia_0_856114481.html 2- “Pensionados y jubilados venezolanos en el exterior buscan sobrevivir ante falta de pagos”. Publicado en el portal web Cuentas Claras Digital en fecha 18 de julio de 2016, tal como se puede apreciar en la dirección web http://www.cuentasclarasdigital.org/2016/07/pensionados-y-jubilados-venezolanosen-el-exterior-buscan-sobrevivir-ante-falta-de-pagos/ 3- “Pensionados en el exterior reclaman al IVSS el cobro del beneficio”. Publicado por el Diario El Universal en fecha 28 de diciembre de 2015 y verificable en la dirección web http://www.eluniversal.com/noticias/caracas/pensionadosexterior-reclaman-ivss-cobro-del-beneficio_83537 4- “Se intensifica la crisis de jubilados y pensionados en el exterior”. Publicado por el portal web www.lapatilla.com en fecha 19 de enero de 2016, tal como se puede verificar en la siguiente dirección web https://www.lapatilla.com/site/2016/01/19/se-intensifica-crisis-de-jubilados-ypensionados-en-el-exterior/ 5- “CENCOEX suspende las remesas a jubilados en el exterior”. Publicado en el portal web runrun.es en fecha 12 de abril de 2015 y verificable en la dirección web http://runrun.es/nacional/197280/cencoex-suspende-las-remesas-a-jubilados-en-elexterior.html 6- “Jubilados en el exterior denuncian situación crítica por falta de divisas”. Publicado por el portal web runrun.es en fecha 13 de diciembre de 2015 y verificable en la dirección web http://runrun.es/nacional/venezuela- 2/240113/jubilados-en-el-exterior-denuncian-situacion-critica-por-falta-dedivisas.html 7- “Pensionados y jubilados venezolanos en el exterior buscan cómo sobrevivir”. Publicado el 21/07/2016 por el periódico El Tiempo, tal como se puede verificar en la dirección web http://eltiempo.com.ve/mundo/situacion/pensionadosy-jubilados-venezolanos-en-el-exterior-buscan-como-sobrevivir/224475 19 Todo lo cual pone en evidencia que la falta de pago de las pensiones a los jubilados y pensionados venezolanos que residen en el exterior, que motiva la presente acción, constituye un hecho público, notorio y comunicacional. Por lo tanto, está plenamente probado y acreditado en autos, y así debe ser considerado por esa honorable Sala a la hora de decidir sobre las medidas cautelares que se solicitan en el presente escrito, así como a la hora de decidir sobre el fondo del asunto. Sin menosprecio de ello, dejamos constancia que todos los medios probatorios que demuestran los graves hechos aquí narrados serán ampliados, complementados y evacuados cuando llegue la oportunidad procesal correspondiente para ello. IV.IV- Los Hechos que Originan la Presente Acción no requieren ser probados. Sin menosprecio de que ya hemos probado y acreditado en autos la falta de pago de las pensiones que motiva la presente acción, es de tener en cuenta que en el presente caso, al tratarse del cobro de una obligación cuya fuente está en la Ley, la carga de la prueba le corresponde a los accionados, tal como lo establece el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, que a la letra dispone: “Artículo 506: Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación. Los hechos notorios no son objeto de prueba”. Por ello: 1- En vista de que jubilaciones y pensiones por vez, discapacidad y sobrevivencia, constituyen una obligación que tiene su fuente en la propia Constitución y en la Ley, que además la definen como un derecho humano fundamental; 2- Considerando que el Estado Venezolano en múltiples oportunidades ha reconocido la existencia de su obligación de pagar las pensiones y jubilaciones a los residentes en el extranjero, tal como consta en la propias Memorias y Cuentas de los Ministerios del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo y Economía y Finanzas del año 2015, donde consta, tanto la existencia de la obligación, como el número, situación y monto pagado a los jubilados y pensionados durante 2015. 3- Considerando el Estado Venezolano ha reconocido la existencia de la existencia de su obligación de pagar las pensiones y jubilaciones a los residentes en el extranjero, pues en virtud de ello ha dictado los distintos Convenios Cambiarios que 20 regulan la forma de sus pagos y ha suscrito Convenios Internacionales sobre el particular, siendo el más relevante para el presente caso, el suscrito con la República de Chile. Es obvio que en el presente caso, nadie podría negar la existencia de tal obligación. Razón por la cual, al tratarse su falta de pago de un hecho negativo, no se requiere de prueba alguna de parte nuestra. Siendo el caso que la carga de la prueba le corresponde a los accionados, quienes deben demostrar el pago de la obligación demandada para poder liberarse de ella y desmentir nuestras aseveraciones, tal como lo dispone en transcrito artículo 506 del Código de Procedimiento Civil. V- DE LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO QUE SUSTENTAN LA PRESENTE ACCIÓN. V.I REGULACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. NORMAS DE ORDEN PÚBLICO. En nuestro sistema de derecho positivo, la seguridad social tiene su fundamento en el artículo 86 de la Constitución de la República, que a la letra dispone: “Artículo 86: Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social. El Estado tiene la obligación de asegurar la efectividad de este derecho, creando un sistema de seguridad social universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones directas o indirectas. La ausencia de capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección. Los recursos financieros de la seguridad social no podrán ser destinados a otros fines. Las cotizaciones obligatorias que realicen los trabajadores y las trabajadoras para cubrir los servicios médicos y asistenciales y demás beneficios de la seguridad social podrán ser administrados sólo con fines sociales bajo la rectoría del Estado. Los remanentes netos del capital destinado a la salud, la educación y la seguridad social se acumularán a los fines de su distribución y contribución en esos servicios. El sistema de seguridad social será regulado por una ley orgánica especial (resaltado nuestro)”. En desarrollo de ello, la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, en su artículo 18 establece: 21 “Artículo 18. El Sistema de Seguridad Social garantizará las prestaciones siguientes: 1. Promoción de la salud de toda la población de forma universal y equitativa, que incluye la protección y la educación para la salud y la calidad de vida, la prevención de enfermedades y accidentes, la restitución de la salud y la rehabilitación; oportuna, adecuada y de calidad. 2. Programas de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social. 3. Promoción de la salud de los trabajadores y de un ambiente de trabajo seguro y saludable, la recreación, la prevención, atención integral, rehabilitación, reentrenamiento y reinserción de los trabajadores enfermos o accidentados por causas del trabajo, así como las prestaciones en dinero que de ellos se deriven. 4. Atención integral en caso de enfermedades catastróficas. 5. Atención y protección en caso de maternidad y paternidad. 6. Protección integral a la vejez. 7. Pensiones por vejez, sobrevivencia y discapacidad. 8. Indemnización por la pérdida involuntaria del empleo. 9. Prestaciones en dinero por discapacidad temporal debido a enfermedades, accidentes, maternidad y paternidad 10. Subsidios para la vivienda y el hábitat de las personas de bajos recursos y para una parte de las cotizaciones al Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas en el caso de los trabajadores no dependientes de bajos ingresos. 11. Asignaciones para las necesidades especiales y cargas derivadas de la vida familiar. 12. Atención integral al desempleo a través de los servicios de información, orientación, asesoría, intermediación laboral, y la capacitación para la inserción al mercado de trabajo; así como la coordinación con organismos públicos y privados para el fomento del empleo. 13. Atención a las necesidades de vivienda y hábitat mediante créditos, incentivos y otras modalidades. 14. Cualquier otra prestación derivada de contingencias no previstas en esta Ley y que sea objeto de previsión social. La organización y el disfrute de las prestaciones previstas en este artículo serán desarrolladas de manera progresiva hasta alcanzar la cobertura total y consolidación del Sistema de Seguridad Social creado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (resaltado nuestro)”. 22 De allí que nuestro sistema se derecho positivo establece un conjunto amplio de medidas y prestaciones orientadas a garantizar la seguridad social de los ciudadanos. Ahora bien, en vista de que el objeto de la presente acción se circunscribe a las prestaciones por concepto de pensiones y jubilaciones, sólo nos referiremos a éstas últimas. Sobre el particular, en la propia página web del Instituto Venezolano de los Seguros Social (http://www.ivss.gov.ve/contenido/Tipos-de-Pensiones ), que merece toda la credibilidad en el presente caso, al tratarse de información oficial, encontramos que allí se definen los tipos de pensiones en los siguientes términos: “Pensión: es la prestación dineraria otorgada en virtud de una disposición jurídica que tiene como finalidad garantizar al ciudadano bienestar y seguridad social y dependiendo de la situación del ciudadano pueden ser por vejez, invalidez, incapacidad o sobreviviente. Pensión por Sobreviviente: Son prestaciones dinerarias causadas por el fallecimiento de una beneficiaria o un beneficiario de pensión de invalidez o vejez en todo caso y por el fallecimiento de una asegurada o un asegurado, siempre que tenga acreditadas no menos de setecientas cincuenta (750) cotizaciones semanales; o bien cumpla con los requisitos para tener derecho a una pensión de invalidez al momento de fallecer; o bien haya fallecido a causa de un accidente del trabajo o enfermedad profesional; o por un accidente común, siempre que la trabajadora o el trabajador para el día del accidente esté sujeto a la obligación del Seguro Social. Pensión por Invalidez: Son prestaciones dinerarias otorgadas al asegurado por la pérdida de más de dos tercio (2/3) de su capacidad para trabajar a causa de una enfermedad o accidente, en forma presumible permanente o de larga duración. Pensión por Vejez: El asegurado o asegurado después de haber cumplido 60 años de edad si es varón o 55 años si es mujer, tiene derecho a una pensión de vejez. La asegurada o el asegurado mayor de 60 años si es varón y de 55 si es mujer, que no tenga acreditadas el mínimo de 750 cotizaciones semanales para tener derecho a pensión por vejez, puede a su elección, esperar hasta el cumplimiento de este requisito o bien recibir de inmediato una indemnización única equivalente al diez por ciento (10%) de la suma de los salarios correspondientes a las cotizaciones que tenga acreditadas. Los trámites pueden ser realizados en cualquiera de las 48 Oficinas Administrativas del IVSS, sin importar el lugar de residencia del Solicitante. Pensión por Incapacidad: Son prestaciones dinerarias otorgadas en virtud de una enfermedad profesional o accidente de trabajo la cual disminuye al asegurado su capacidad para trabajar entre un 25% y hasta un 66,66%, originándose el derecho a la obtención de una pensión por incapacidad”. 23 Por su parte, el artículo 9 de la citada Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social establece expresamente que el “Sistema de Seguridad Social es de carácter público y las normas que lo regulan son de orden público”. A la vez que el artículo 119 ejusdem establece que las pensiones y jubilaciones adquiridas, son un derecho adquirido que debe ser garantizado y respetado por el Estado, a través del pago oportuno, al disponer: “Artículo 119. El Estado garantiza la vigencia y el respeto a los derechos adquiridos a través del pago oportuno y completo de las pensiones y jubilaciones a los pensionados por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y, por otros regímenes de jubilaciones y pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, que hayan cumplido con los requisitos establecidos para obtener la jubilación o pensión antes de la entrada en vigencia de la presente Ley, en los términos y condiciones que fueron adquiridos, hasta la extinción de los derechos del último sobreviviente, a cargo del organismo que otorgó el beneficio y de los fondos, si los hubiere, y estén en capacidad financiera total o parcialmente, en caso contrario a cargo del Fisco Nacional a través del organismo otorgante. Las personas beneficiarias de jubilaciones y pensiones, cualquiera sea su régimen, quedan exceptuadas de contribución o cotización alguna, salvo que continúen desempeñando actividades remuneradas”. De todo lo anterior se concluye: 1- Que todo lo relativo al régimen de seguridad y social y pago de pensiones es materia de estricto orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento para el Estado Venezolano; 2- Que el Estado Venezolano está en la obligación de pagar oportunamente las pensiones y jubilaciones; 3- Que las pensiones y jubilaciones obtenidas luego del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para ello, constituyen derechos adquiridos y deben ser pagadas por el Estado Venezolano de forma oportuna y mensual, sin importar el lugar donde residan sus beneficiarios. V.II DERECHOS CONSTITUCIONALES CONEXOS. Es evidente que la razón de ser de las jubilaciones y pensiones por vejez es brindar a sus beneficiarios los medios económicos que garanticen la protección de su vejez, su salud y su calidad de vida. Por lo tanto, este tema también se haya íntimamente 24 relacionado con los derechos a la protección de la vejez y la salud, contemplados en los artículos 80 y 83 de la Constitución de la República, que textualmente establecen: “Artículo 80: El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de seguridad social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. A los ancianos y ancianas se les garantizará el derecho a un trabajo acorde con aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello (resaltado nuestro)”. “Artículo 83. La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República” (resaltado nuestro). Por esta razón, la falta de pago de las pensiones y jubilaciones cometida por los accionados, no sólo implica el incumplimiento de una prestación dineraria, sino que también lesiona los derechos fundamentales a la protección de la vejez y la salud de los beneficiarios de dichas prestaciones, y lo que es más grave aún, los pone en una terrible situación de angustia e indefensión al imposibilitarles los medios económicos mínimos para acceder a los insumos más básicos para la vida, como lo son los alimentos y las medicinas. Aunado a lo anterior, visto que el Estado Venezolano sí le está pagando oportunamente a los pensionados y jubilados que residen en el territorio nacional, es obvio que en nuestro caso particular también se produce una clara violación al derecho constitucional a la igualdad y no discriminación, contemplado en el artículo 21 de la Constitución de la República, toda vez que son justamente los jubilados y pensionados residenciados en el exterior a quienes el Estado le ha dejado de pagar sus prestaciones. 25 V.III- TRATADOS INTERNACIONALES. Ahora bien, a la par de ser derechos constitucionales, consagrados y protegidos por normas jurídicas de Derecho Interno, los derechos a la seguridad social, la protección de la vejez, la salud y la igualdad y no discriminación también forman parte del catálogo de Derechos Humanos que deben ser respetados, garantizados, promovidos y protegidos por el Estado Venezolano, en virtud de los Acuerdos, Pactos y Tratados Internacionales que sobre la materia ha suscrito y ratificado la República Bolivariana de Venezuela. Tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por citar sólo dos ejemplos. Lo cual obliga aún más al Estado Venezolano a respetarlos, garantizarlos y velar por ellos. En efecto, el hecho de que la República Bolivariana de Venezuela haya suscrito y ratificado dichos Acuerdos Internacionales, la obliga doblemente a pagar las pensiones de vejez, incapacidad, jubilación y/o sobrevivencia. La primera fuente de esta obligación tiene su origen en las diversas disposiciones de derecho interno que tratan la materia, tales como la propia Constitución, la Ley del Seguro Social y la citada Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, y la segunda fuente viene dada porque así lo establecen dichos Acuerdos Internacionales. Aunado a ello, la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 19, 22 y 23 establece de forma clara, expresa e inequívoca la obligación que tiene el Estado Venezolano de garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos y fundamentales de sus habitantes. En los siguientes términos: “Artículo 19. El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen. Artículo 22. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos. Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las 26 establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”. Todo lo cual ha sido debidamente interpretado y ratificado por la jurisprudencia pacífica, reiterada y vinculante, emanada de la misma Sala Constitucional, que en múltiples oportunidades ha dejado muy claro el valor jurídico, vinculante y obligatorio de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, a los cuales se les reconoce rango constitucional por mandato del propio Texto Fundamental. Razón por la cual, toda persona puede invocarlos y exigirlos ante cualquier organismo jurisdiccional o administrativo nacional así como ante las instancias internacionales correspondientes. Sobre este particular, en el Preámbulo de nuestra Constitución encontramos: “Inspirada por las principales tendencias que se han desarrollado en derecho comparado y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, la Constitución reconoce expresamente el principio de progresividad en la protección de tales derechos, conforme al cual el Estado garantizará a toda persona natural o jurídica, sin discriminación alguna, el respeto, el goce y el ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los mismos. Se reconocen como fuentes en la protección de los derechos humanos a la Constitución, a los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia, y a las leyes que los desarrollen. Al respecto, con el objeto de reforzar la protección de los referidos derechos se establece que los tratados, pactos y convenciones internacionales en esta materia, suscritos y ratificados por Venezuela, prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre el goce y ejercicio de los derechos humanos más favorables a las contenidas en la Constitución y en las leyes, siendo sus disposiciones de aplicación directa e inmediata por los tribunales de la República y demás órganos que ejercen el Poder Público. Por ello, en el caso de que un tratado internacional suscrito y ratificado por Venezuela reconozca y garantice un determinado derecho humano, en forma más amplia y favorable que la Constitución, prevalece en todo caso el instrumento internacional y debe ser aplicado en forma preferente, directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado” (resaltado y cursivas nuestras). Ahora bien, tal como se establece en dichos Tratados Internacionales (que son de obligatorio cumplimiento y forman parte de nuestro sistema jurídico), los derechos a 27 la seguridad social, protección de la vejez, la vida y la salud generan obligaciones internacionales de respeto, garantía y protección por parte del Estado Venezolano. Entre las cuales le encuentran el pago oportuno de las pensiones de vejez, jubilación, incapacidad y/o sobrevivencia. Entre éstos Tratados Internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en 1966, de obligatorio cumplimiento para el Estado Venezolano por haberlo ratificado en fecha 10 de mayo de 1978, gaceta Oficial Nº 2.146 de fecha 28-01-1978, consagra el derecho a la seguridad social en los siguientes términos: “Artículo 9: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”. Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita por Venezuela mediante Resolución N° 217 del 10/12/48, en su artículo 25 establece: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. V.IV- EL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y LA REPÚBLICA DE CHILE. Junto con toda la normativa anteriormente explicada, la presente demanda también se fundamenta en el Convenio de Seguridad Social entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Chile, válido y obligante para nuestro país por haberlo suscrito, ratificado y aprobado mediante la “Ley Aprobatoria del Convenio Bilateral sobre Seguridad Social entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Chile”, publicada en la Gaceta Oficial Nº Extraordinario 5.754, de fecha 03 de enero de 2005. Cuyos artículos 5 y 20 expresamente obligan a la República Bolivariana de Venezuela a pagar a sus pensionados y jubilados residentes en la 28 República de Chile, los montos mensuales de sus pensiones y jubilaciones mediante transferencias directas a su lugar de residencia, en dólares o en pesos chilenos. De la misma manera, el aludido artículo 5 de dicho Convenio expresamente prohíbe a los Estados Parte, retener, reducir o modificar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia por el hecho de que el beneficiario se encuentre o resida en el otro Estado. VI- RESUMEN DE LAS VIOLACIONES JURÍDICAS QUE IMPLICA LA FALTA DE PAGOS AQUÍ DEMANDADA. Tal como seguramente ya concluyó ese Honorable Juez, la falta de pago de las pensiones y jubilaciones objeto de esta acción, implica múltiples infracciones jurídicas que pueden ser resumidas de la siguiente forma: 1- Violación de diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, que obligan a los accionados a transferir dicho pago, y sin embargo no lo han hecho desde hace 10 meses. 2- Lesión y amenaza de seguir lesionando el Derecho Constitucional de mis mandantes a la Seguridad Social, contemplado en el artículo 80 de la Constitución. Puesto que la omisión de los demandados priva a mis representados de su derecho constitucional a recibir sus pensiones. 3- Lesión y amenaza de seguir lesionando el derecho constitucional de mis representados a la protección de su vejez, contemplado en el artículo 80 de la Constitución. Puesto que esta situación les impide acceder a los recursos básicos para su subsistencia, generándoles indefensión y múltiples calamidades, lo que les impide gozar de la vejez digna que garantiza la Constitución. 4- Lesiona y amenaza con seguir lesionando el derecho constitucional de mis representados a la salud, contemplado en el artículo 83 de la Constitución. Puesto que la falta de pago de sus pensiones los priva de los recursos financieros que necesitan para comprar medicinas, alimentos y sufragar los gastos médicos que son indispensables para las personas de la tercera edad. 29 5- Lesiona y amenaza con seguir lesionando el derecho constitucional de mis representados a la igualdad y no discriminación, contemplado en el artículo 21 de la Constitución. Ya que los demandados sí le están pagando a los jubilados y pensionados que residen en el territorio nacional, lo que constituye una grosera discriminación en contra de mis representados. 6- Viola diversos Tratados Internacionales. 7- Implica un grosero incumplimiento del Convenio de Seguridad Social entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Chile, que obliga a nuestro país a pagarle sus pensiones en dólares o en pesos chilenos a todos los pensionados y jubilados, venezolanos y/o chilenos que se hicieron acreedores de dichos beneficios en la República Bolivariana de Venezuela, que se encuentren o residan en la República de Chile. 8- Es un incumplimiento tan basto y grosero que incluso viola las disposiciones más básicas del Derecho Civil, contenidas en el artículo 1.264 del Código Civil, que obligan al cumplimiento de las obligaciones tal como fueron contraídas. En este caso, tal como la Ley las creó. VII- De la Legitimación Pasiva de los Accionados. No existe, ni puede existir duda al hecho cierto e innegable, de que por mandato legal, los aquí accionados son los únicos responsables y capaces de restablecer la situación jurídica infringida. En efecto, su legitimación pasiva se evidencia claramente de lo siguiente: a) La legitimación pasiva de los señores Presidentes del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) y del Banco Central de Venezuela, aquí demandados, deriva de los artículos 6 y 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, que expresamente establecen: “Artículo 6: Divisas a Poderes Públicos y para Cubrir Necesidades Esenciales. Las divisas destinadas a cubrir los gastos de los poderes públicos y a la satisfacción de las necesidades esenciales de la sociedad, tales como lo son los bienes y servicios declarados como de primera necesidad, constituidos por las medicinas, los alimentos, la vivienda y la educación, sin que este enunciado tenga carácter taxativo, serán asignadas y fiscalizadas por el Centro Nacional de Comercio Exterior, mediante el procedimiento que éste dicte al efecto, quien deberá rendir cuenta de su 30 actuación a la Vicepresidencia del Área Económica del Consejo de Ministros Revolucionarios, en función del monto de disponibilidad de divisas aprobado al efecto por el Banco Central de Venezuela”. “Artículo 11: Autoridades Administrativas. A los efectos de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, constituyen Autoridades Administrativas para la ejecución del régimen de administración de divisas los siguientes: 1) Vicepresidencia del Área Económica del Consejo de Ministros Revolucionarios, en la planificación, conducción, articulación y coordinación de la política económica nacional, determinando a tales fines las prioridades de atención de divisas, la política de incentivos, y el control sobre los mecanismos administrados por las autoridades competentes del régimen de administración de divisas. 2) Centro Nacional de Comercio Exterior, en la gestión, administración, supervisión y control de los mecanismos administrados por las autoridades competentes del régimen de administración de divisas, así como en la regulación de los procedimientos, requisitos y restricciones que requiera la instrumentación de los Convenios Cambiarios a través de los citados mecanismos. 3) Corporación Venezolana de Comercio Exterior, en la ejecución de la política nacional de exportaciones no petroleras, la de importaciones, la procura y garantía de las mejores condiciones en cuanto a calidad y precios de productos y bienes para el país, cuyas funciones estarán regidas por las orientaciones emanadas del Presidente de la República, del Despacho del Vicepresidente del Consejo de Ministros Revolucionarios para el Área Económica, y del Centro Nacional de Comercio Exterior”. b) La Legitimación Pasiva del ciudadano Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, viene dada por diversas disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Seguro Social. Pues tal como expresa la Memoria del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo del año 2015, en su página 114, al referirse a las competencias del Instituto Venezolanos de los Seguros Sociales: “Mientras dure la transición hacia la Nueva Institucionalidad, se mantiene vigente la Ley del Seguro Social, en cuanto sus disposiciones no contraríen las normas establecidas en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y las leyes de los regímenes prestacionales. En tal sentido, se mantienen las atribuciones otorgadas en la Ley del Seguro Social en su artículo Nº 51: “…velará por la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la materia y cumplirá y hará cumplir todo lo relacionado con el régimen de cotizaciones y prestaciones.” 31 VIII- SOBRE LA EVIDENTE PROCEDENCIA DE LA PRESENTE ACCIÓN. Honorable Juez, hasta el presente momento hemos expuesto sobradas razones, debidamente probadas conforme a derecho, que demuestran la total procedencia de la presente acción. No obstante, con el debido respeto, hacemos las siguientes consideraciones: 1.- Independientemente del revestimiento jurídico antes expuesto, esta demanda busca detener el injustificado sufrimiento que están padeciendo 529 ancianos, jubilados y pensionados venezolanos que viven en la República de Chile, los cuales cada día sufren la angustia y desesperación que implica no poder adquirir los insumos más básicos para subsistir, tales como alimentos y medicinas, como consecuencia de la falta de pago de sus pensiones. Lo que está en juego es la integridad, la dignidad, la vida y la salud de muchos ancianos venezolanos; 2.- Esta Demanda de Protección se fundamenta en una lógica muy sencilla: El Estado debe pagar las pensiones y jubilaciones a sus acreedores que residen en el exterior; El Estado lleva 10 meses sin hacerlo; Por lo tanto, el Estado debe ser condenado de restituir la situación jurídica infringida. ¡Así de sencillo! 3- El Petitorio de la presente acción es perfectamente ejecutable. Además de que deriva de una obligación constitucional de estricto orden público. Ya que, tal como ha quedado evidenciado en el presente escrito, tanto nuestra Constitución, como distintas Leyes Nacionales y Tratados Internacionales, obligan al Estado Venezolano al pago de las prestaciones derivadas de la Seguridad Social. De la misma manera, es de hacer notar que el monto total cuyo pago se demanda en la presente acción no representa ni siquiera el 0,11% de las divisas nacionales. En efecto, tal como consta en las páginas 580 y 581 de la Memoria del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas del año 2015, que es un acto administrativo válido, cierto y hace plena prueba, durante el pasado año 2015 el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), en función de la disponibilidad asignada por el Banco Central de Venezuela (BCV), autorizó a liquidar un total de MMUS$ 7.758,19, de los cuales tan sólo 72,43 MMUS$ correspondieron al pago de pensiones y jubilaciones a la totalidad de los más de 12.500 jubilados y pensionados que residen 32 dispersos en todo el planeta, lo que equivale al 0,93% del total de las divisas liquidadas. Por ello, en vista de que la presente demanda sólo se circunscribe a los 529 jubilados y pensionados que residen en la República de Chile, es obvio que el pago aquí reclamado no representa ni el 0,11% de las divisas nacionales. Lo que trae como consecuencia que bajo ningún concepto se pueda alegar la “falta de dólares” como excusa para no efectuar dichos pagos. Menos aun cuando estamos en un caso de estricto orden público constitucional, que afecta la dignidad, la vida y la salud de ancianos indefensos que sólo dependen de sus pensiones para poder vivir. Por todo ello es obvio que la presente acción resulta completamente procedente y debe ser declarada con lugar en bien de los beneficiarios venezolanos de jubilaciones y pensiones que residen en Chile, y así solicitamos sea declarado por ese honorable Juzgado. IX- SOBRE LA URGENTE NECESIDAD DE QUE SE DICTE UN AMPARO CAUTELAR. El poder cautelar de los jueces es esencial para proteger de daños irreparables a los derechos de las personas que acuden a la justicia. Ese Circuito Judicial no ha dudado en ejercerlo cuando ha estimado necesario proteger los intereses en peligro, en aras de salvaguardar la supremacía constitucional y el imperio del Derecho. De conformidad con los artículos 2 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ejercemos como medida cautelar una pretensión de amparo constitucional, toda vez que las acciones y omisiones que aquí se cuestionan vulneran derechos y garantías constitucionales, tal como ha sido plenamente demostrado a lo largo del presente escrito. Razón por la cual solicitamos se restablezca la situación jurídica infringida mientras dure el proceso del juicio principal y, lo que es más importante aún, se evite que se generen nuevas violaciones a los derechos a la seguridad social, protección de la vejez, salud, igualdad y no discriminación de los jubilados y pensionados venezolanos que residen en la República de Chile. Conforme a los criterios jurisprudenciales sostenidos, el amparo constitucional bien puede constituir una medida cautelar por medio de la cual el juez debe evitar que 33 sean violados derechos o garantías de rango constitucional, mientras dure el procedimiento principal. Con relación a los requisitos de procedencia de la medida de amparo cautelar, la jurisprudencia ha señalado que: …es menester revisar el cumplimiento de los requisitos que condicionan la procedencia de toda medida cautelar, adaptados naturalmente a las características propias de la institución de amparo en fuerza de la especialidad de los derechos presuntamente vulnerados. Dicho lo anterior, estima la Sala que debe analizarse en primer término, el fumusboni iuris, con el objeto de concretar la presunción grave de violación o amenaza de violación del derecho constitucional alegado por la parte quejosa y que lo vincula al caso concreto; y en segundo lugar, el periculum in mora, elemento éste determinable por la sola verificación del requisito anterior, pues la circunstancia de que exista presunción grave de violación de un derecho de orden constitucional, el cual por su naturaleza debe ser restituido de forma inmediata, conduce a la convicción de que debe preservarse ipso facto la actualidad de ese derecho, ante el riesgo inminente de causar un perjuicio irreparable en la definitiva a la parte que alega la violación. (Sentencia del 20 de marzo de 2001, caso: “Marvin Enrique Sierra Velasco”). La jurisprudencia pacífica y reiterada ha establecido que las medidas cautelares serán decretadas por el Juez siempre que se cumplan con los siguientes requisitos: (1) que exista prueba del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, y; (2) que exista prueba suficiente del derecho que se reclama en juicio. Ambos constituyen lo que se entiende como el periculum in mora y el fumusboni iuris. Así las cosas, no cabe duda alguna de que en el presente caso se cumplen con todos los requisitos exigidos para la procedencia del Amparo Cautelar solicitado, toda vez que: 1. El fumusboni iuris: El fumusboni iuris está sin duda presente. En esta etapa procesal el juez actúa con base en una apariencia de buen derecho, como se suele traducir al español la famosa frase en latín con la que el Derecho Procesal ha identificado el primero de los requisitos de procedencia de la medida de tutela provisional. No puede el juez efectuar, con carácter definitivo, su análisis de fondo, pero sí debe tomar en cuenta la apariencia de que la parte solicitante de la medida tiene cierta razón. 34 Por ello, considerando: a) Que los derechos fundamentales a la seguridad social, la protección de la vejez, la salud, la igualdad y no discriminación, están expresamente consagrados tanto por la Constitución de la República, en sus artículos 86, 80, 83 y 21. Así como por múltiples Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos suscritos por Venezuela, incluyendo el Convenio de Seguridad Social entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Chile; b) Que la presente acción busca precisamente proteger esos derechos; c) Que hay plena prueba de que el Estado de Venezolano lleva varios meses sin pagar las pensiones a los jubilados y pensionados que residen en el exterior. Lo que ya ha causado un gran sufrimiento y disminución de la calidad de vida de muchos ancianos quienes no tienen ni cómo comprar comida, y amenaza con seguir agravando la situación, mientras no se corrija este lamentable e ilegal incumplimiento; Es evidente que está cubierto el requisito de la presunción de buen derecho, ya que el mismo deviene de la propia Constitución, y así solicitamos sea declarado. 2. El periculum in mora En relación con el periculum in mora, resulta también evidente el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo si no se dicta el amparo cautelar que se solicita. En efecto, hay plena prueba de que la falta del pago de las pensiones y jubilaciones a sus beneficiarios que residen en el exterior, está sometiendo a miles de ancianos a situaciones de extrema pobreza que les impide acceder a los insumos más básicos y necesarios para su subsistencia, tales como alimentos y medicinas. En muchos casos puede generar el desalojo de sus viviendas y el embargo de sus bienes. Así como el empeoramiento de sus condiciones de salud, producto del estrés, la angustia, el insomnio, la desesperación que esta situación acarrea y la falta de acceso a medicinas y tratamientos médicos por no poder costearlos. Recordemos que la inmensa mayoría de los beneficiarios de las pensiones y jubilaciones son personas de la tercera edad, que ya no pueden trabajar en función de su ancianidad o simplemente no consiguen trabajo por la misma causa, y por lo tanto son completamente dependientes de sus pensiones para poder vivir. Lo que trae 35 como consecuencia que su injustificado sufrimiento va a seguir agravándose hasta que se normalice el pago de sus prestaciones. Por ello, en cada día que pase sin que se solucione el problema objeto de la presente demanda, seguirán sufriendo ancianos venezolanos por esta causa. De allí la urgente e imprescindible necesidad de que se dicte con carácter de urgencia un mandamiento cautelar que obligue a los accionados a tomar medidas eficaces para normalizar el pago de las pensiones y jubilaciones a sus beneficiarios que residen en el exterior, a fin de evitar daños irreparables por la sentencia definitiva que dicte este Tribunal. Daños que en este caso van desde el desalojo de sus viviendas y la pérdida de sus enseres, hasta la muerte por incapacidad de comprar medicamentos y alimentos. La ponderación de intereses. ¿Qué interés puede ser más importante que proteger la vida, la salud y la dignidad de pobres ancianos indefensos? Imagínese por un momento, Honorable Magistrado que usted, sus padres o sus familiares están sufriendo porque el Estado Venezolano no les paga su única fuente de ingresos, y a consecuencia de ello no tienen ni para comprar comida, los están desalojando de sus casas, se acuestan sin haber comido y pasan las noches en vela preocupados por la incertidumbre y desesperación. ¿Acaso no es ese un interés suficientemente fuerte para decretar esta medida en bien de los pobres ancianos indefensos? Por todo ello está más que probado que en el presente caso se cumplen con todos los requisitos de procedencia del amparo cautelar solicitado, y así solicitamos sea decidido, y en consecuencia: 1- Se ordene a los accionados, so pena de desacato, a normalizar el pago de las prestaciones de pensiones y jubilaciones a sus beneficiarios que residen en el exterior, dentro de un plazo perentorio no mayor a 15 días continuos, contados a partir de la fecha de la Sentencia que decrete la presente medida cautelar. Ello los fines de detener la violación a los derechos constitucionales, humanos y fundamentales a la seguridad social, protección de la vejez, salud e igualdad y no discriminación de los demandantes. 36 Subsidiariamente, es decir, sólo en el supuesto de que ese Juzgado negase la pretensión de amparo cautelar, solicitamos que, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, se acuerden las medidas cautelares que se estimen pertinentes para resguardar la apariencia de buen derecho invocada y garantizar las resultas del juicio. A tales fines debemos recordar que “el proceso judicial” como lo concibe la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, constituye un instrumento para la realización de la justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 257, eiusdem. Entendido el proceso de esta manera, es la sentencia definitiva, la que aplica el derecho al caso concreto, materializando los postulados y garantías constitucionales, por lo que es necesario evitar que su ejecución resulte ilusoria; en este contexto cobran relevancia las medidas o providencias cautelares que según la doctrina tienen como finalidad la salvaguarda de la futura ejecución de un fallo y la efectividad del proceso, por lo que tienden a evitar una situación lesiva o potencialmente dañosa con vista a la futura sentencia (GARCIA ENTERRIA, EDUARDO. “La Batalla por las Medidas Cautelares. Civitas. Madrid, 1996, páginas 265 a 274; y ORTIZ-ORTIZ, Rafael. “El Poder Cautelar General y las Medidas Innominadas”, Editorial Frónesis, Caracas 2002, pág.191). En este sentido, el poder cautelar atribuido por el ordenamiento jurídico a los jueces, constituye una manifestación del derecho que tiene toda persona a obtener la Tutela Judicial Efectiva (artículo 26 de la Constitución) de sus derechos e intereses personales, legítimos y directos e incluso los colectivos y difusos. Las medidas cautelares fueron dispuestas con la finalidad de evitar perjuicios o daños irreparables o de difícil reparación por la sentencia definitiva, a quienes aparenten ser titulares del derecho reclamado, con lo que se garantiza la satisfacción de la pretensión deducida en juicio, mediante la ejecución material de la sentencia, evitando la posible inejecutabilidad de las sentencias definitivamente firmes que reconozcan o creen derechos a favor de los particulares. Este criterio ha sido recogido por nuestra jurisprudencia, y en tal sentido la misma Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia Nº 1.025, del 26 de Octubre de 2010, caso: “Constitución del Estado Táchira” señaló: “La norma transcrita, viene a positivizar la doctrina pacífica y reiterada de esta Sala (Vid. Decisión N° 269/2000, caso: ICAP), según la cual, la tutela cautelar constituye un elemento esencial del derecho a la tutela 37 judicial efectiva y, por tanto, un supuesto fundamental del proceso que persigue un fin preventivo de modo explícito y directo. De allí, su carácter instrumental, esto es, que no constituyen un fin en sí mismas, sino que se encuentran preordenadas a una decisión ulterior de carácter definitivo, por lo que en relación al derecho sustancial, fungen de tutela mediata y, por tanto, de salvaguarda al eficaz funcionamiento de la función jurisdiccional. Significa entonces, que el citado carácter instrumental determina, por una parte, su naturaleza provisional y al mismo tiempo, por su idoneidad o suficiencia para salvaguardar la efectividad de la tutela judicial, pues si se conceden providencias que no garantizan los resultados del proceso, la tutela cautelar se verá frustrada en la medida en que no será útil para la realización de ésta. Resulta así oportuno referir a Calamandrei (1984. Providencias Cautelares, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires), en el sentido que como efecto del matiz servicial de las medidas cautelares, éstas deben ser homogéneas al petitorio de fondo, ya que alcanzan su mayor eficacia en cuanto más similares sean a las medidas que habrán de adoptarse para la satisfacción de la pretensión definitiva, pues se reitera, constituyen la garantía de la ejecución del fallo definitivo. Entonces, el fundamento de la medida cautelar no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un conocimiento periférico o superficial encaminado a obtener un pronunciamiento de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido, en el cual, deben ponderarse las circunstancias concomitantes del caso así como los intereses públicos en conflicto, ello en virtud de la presunción de legitimidad de los actos del Poder Público”. Por todo ello, visto que en el presente caso se cumplen con los requisitos de procedencia de cualquier medida cautelar, en el supuesto negado de que nieguen el amparo cautelar solicitado, subsidiariamente, solicitamos que con fundamento en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, se dicte una medida cautelar innominada donde: 1- Se ordene a los accionados, so pena de desacato, a normalizar el pago de las prestaciones de pensiones y jubilaciones a sus beneficiarios que residen en el exterior, dentro de un plazo perentorio no mayor a 15 días continuos, contados a partir de la fecha de la Sentencia que decrete la presente medida cautelar. Ello los fines de detener la violación a los derechos constitucionales, humanos y fundamentales a la seguridad social, protección de la vejez, salud e igualdad y no discriminación de los demandantes. 38 2- Cualquier otra medida que ese Juzgado considere pertinente para solucionar el grave problema que implica la falta de pago, por parte del Estado Venezolano, a los beneficiarios venezolanos de pensiones y jubilaciones que residen en la República de Chile. Toda vez que la presente solicitud cautelar es de eminente Orden Público, y el único fin que persigue es proteger la vida, la dignidad, la salud y detener el sufrimiento de cientos de ancianos vulnerables. X- PETITORIO Con fundamento en las consideraciones precedentemente expuestas, le solicitamos a ese Honorable Órgano Jurisdiccional que la presente Demanda sea admitida, sustancia conforme a derecho y declarada Con Lugar. Y en consecuencia le ordene a los accionados realizar las siguientes acciones: Primero: Pagar dentro de un lapso perentorio de 15 días continuos, contados a partir de la fecha de la sentencia que así lo establezca, so pena de desacato, la totalidad del monto adeudado a los beneficiarios de las jubilaciones y pensiones venezolanas que residen en la República de Chile, mediante transferencia en divisas, del monto que individualmente se le adeude a cada uno de ellos, a las correspondientes cuentas bancarias acreditadas para cada uno de ellos en Chile. Monto adeudado éste que para el momento de la interposición de la presente demanda alcanza la cifra de 15.913,95 dólares americanos para a cada uno de ciudadanos beneficiarios de pensiones venezolanas de vejez que residen en Chile. Segundo: En vista de que el mencionado monto de 15.913,95 dólares americanos, va a aumentar durante el tiempo que transcurra entre el ejercicio de la presente acción y su pago, solicitamos que ese Honorable Juzgado ordene una experticia complementaria al fallo que determine el aumento de dicho monto por el paso del tiempo. Así como por el cálculo de los intereses moratorios a que tienen derecho mis representados en virtud de la ilegal e injustificada demora en los pagos. Tercero: Se ordene a los demandados a realizar las gestiones necesarias para garantizar el pago oportuno y mensual de las pensiones y jubilaciones, de forma tal que en el futuro no vuelvan a generarse retrasos e impagos. Esto como medio para garantizar que no vuelvan a producirse nuevas lesiones a los derechos 39 constitucionales, humanos y fundamentales a la seguridad social, protección de la vejez, salud e igualdad y no discriminación de los demandantes. XI- DIRECCIONES PARA LAS NOTIFICACIONES. A los fines de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa adjetiva, indicamos las siguientes direcciones a los fines de que se practiquen las notificaciones de las partes: A) Accionados: Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS): Carlos Alberto Rotondaro Cova. Esquina de Altagracia, edificio Sede del IVSS al lado del Ministerio de Finanzas. Parroquia Altagracia, Municipio Libertador del Distrito Capital. Caracas. Presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX): Rocco Albisinni Serrano. CENCOEX - Centro Nacional de Comercio Exterior 2016, Sede Principal (Temporal): Av. Leonardo Da Vinci Edf. Anexo B-1 P.B. Urb. Los Chaguaramos. Municipio Libertador del Distrito Capital, Caracas. Presidente del Banco Central de Venezuela: Nelson Merentes. Av. Urdaneta, esquina de Carmelitas, Edificio Sede del Banco Central de Venezuela. Municipio Libertador del Distrito Capital, Caracas. B) Accionantes: Av. Luis Roche, Edificio Helena, piso 2, Ofic. 26. Urbanización Altamira, Municipio Chacao del Estado Miranda. Caracas. Es justicia que esperamos en la ciudad de Caracas, a la fecha de su presentación.
  
02/11/2016

ACCIÓN SOCIAL

En la Asociación se está conformando una comisión de bienestar social para orientar y otorgar algún tipo de ayuda a los socios que se encuentren en un estado de mayor vulnerabilidad en cuanto a salud y sustento económico.

 Es bueno recordar que en condiciones normales los socios deben estar inscritos en los centros de salud de las diferentes municipalidades. Tendrán atención y se les otorgarán las medicinas esenciales para los casos que así lo ameriten en forma gratuita.

Si alguien se encuentra en una situación muy precaria favor acercarse con la absoluta confianza a la directiva y ver la forma de ayuda.

ESTATUS DE NUESTRAS PENSIONES/JUBILACIONES

Como es de conocimiento universal la situación de Venezuela está en un estado extremadamente crítico,  las gestiones que hemos realizado por los conductos regulares no logran una respuesta digna y menos con el respeto que nos merecemos.

Seguiremos nuestra estrategia larga y difícil para recuperar lo que nos corresponde y lo que hemos ganado en nuestra vida  activa con el mismo  respeto que desearíamos recibir.

Ante tal situación recomendamos no tener falsas ilusiones o expectativas y por favor no creer en rumores que de vez en cuando aparecen en las redes. Solo creer cuando nuestro dinero esté en nuestros bolsillos.

Seguiremos adelante.


26/09/2016

Carta publicada por el diario "EL MERCURIO" del 21 de septiembre en la página A-2.


Señor Director,

La asociación gremial de pensionados Venezolanos residentes en Chile debidamente constituida y registrada en el Ministerio de Economía denominada PENSIVECH A.G. está integrada por Chilenos y Venezolanos de la tercera edad que tuvimos la vida laboral en ambos países en forma digna y responsable.

Nuestro interés es dar a conocer cómo el Estado Venezolano ha suspendido los pagos parcialmente desde el 2015 y en forma absoluta el año 2016, arbitrariamente y sin explicación alguna. Es fácil comprender los problemas serios que genera esta situación a los afectos tanto en salud como económico y lo indigno que nos resulta tener que exponer esto a la luz pública.

Hemos realizado gestiones por vías regulares ante la embajada, ejecutivo y la Asamblea Nacional de la república Bolivariana de Venezuela, sin lograr respuesta de ningún tipo.

Esta demanda es de Justicia Social, no es política simplemente son nuestros derechos ganados en la etapa activa. Por lo demás se encuentran tipificados en los principios fundamentales suscritos en la OEA y en las Naciones Unidas por los países miembros, donde se incluye el estado Venezolano… Por lo tanto tenemos la convicción que esta falta atenta a los Derechos Humanos.

No estamos dispuestos a callarnos y simplemente perder lo debidamente ganado de ahí que continuaremos una estrategia de unirnos los 12.000 casos como el nuestro residentes en España, Italia, Argentina, Uruguay, Estados Unidos y continuar esta demanda tanto dentro de Venezuela como ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Sabemos que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile ha  realizado gestiones de consultas al respecto y sus respuestas han sido similares a las nuestras a pesar de la reciprocidad y legalidad de los acuerdos bilaterales.

Sonia Laborde

Presidenta de Pensivech.A.G.

Pensivech.a.g.@gmail.com

sonialaborde@gmail.com

teléfono: 978742124  


JUNTA DIRECTIVA ENFATIZA (Publicado 06-09-16)

 Cada vez más,  vemos la utilidad de la DECLARACIÓN JURADA, constituyéndose en la base del compromiso de luchar por un derecho  adquirido ya que el Estado  Venezolano ha cumplido hasta el 2014 en forma plena, parcial en el 2015 e incumplido durante el 2016.
Además Venezuela se ha comprometido a cumplir ante organismos internacionales por muchas décadas y convenios bilaterales actuales.
Hemos hecho un diagnóstico del porqué  una parte de los socios no han adherido a la Declaración Jurada y las causas más reiterativas son:
Miedo: A quedar fichado en una lista y que nos pueda pasar algo.
Sentimentalismo: “En Venezuela el pueblo entre otras cosas está sufriendo de Hambre y Escasez de Alimentes. En tales condiciones como vamos a exigir este derecho aunque nos pertenezca”.
Razones políticas: “Por principios o valores no podemos hacer gestiones en contra de los actuales gobernantes”. Comentan algunos
Famosas Excusas que nos caracterizan culturalmente: “No sabía”, “No tengo Tiempo”, “No tengo plata”, “Queda muy lejos la Notaría,”  etc.  Se han otorgado toda clase de facilidades.         
Respuesta de Junta Directiva y Colaboradores:
Cada día que pasa estamos más convencidos del camino que estamos llevando a cabo al punto que en otras latitudes comienzan a seguir los mismos pasos para alcanzar el objetivo y así lo ratifican organismos nacionales e internacionales.
La Declaración Jurada es la base para que cada quién unido a un gran todo,  alcancemos lo nuestro aunque tarde pero seguro amparados en una legalidad y con la frente en alto.
La ASAMBLEA EXTRAORDINARIA del pasado 16 de julio de 2016 aprobó una ESTRATEGIA en los siguientes términos:
BASE: Con UNIÓN, FUERZA, SABIDURÍA DE LA TERCERA EDAD y RESPETO. Dejar fuera Politiquería y fanatismos de cualquier índole y enfocarnos en el no pago de las pensiones.

Acuerdos:
Divulgar Nuestro Problema ante Organismos Nacionales e Internacionales, Prensa de Venezuela,  Chile e internacional.
Periódicamente solicitar respuestas de Organismos pertinentes de Venezuela a través de la embajada de Venezuela en Santiago.
No enviar individuo o delegación alguna por esta causa a  Venezuela para solicitar respuesta o promesas por la razón de que esto ya se ha efectuado y la realidad demuestra  que ni siquiera serían recibidos. Peor aún,  cuando esto lo ha intentado el Ministerio de RREE de Chile por diferentes vías diplomáticas y ni siquiera reciben respuestas a sus solicitudes.
La Embajada y Consulado de Venezuela,  por ningún motivo será Agredida, ni tomada, ni violentada por PENSIVECH  A.G. porque nuestra Estrategia  así lo acordó en la Asamblea mencionada. Adoptamos una ESTRATEGIA  en base a RESPETO; EFICIENCIA y dentro de un MARCO JURÍDICO local e internacional.
Hacemos énfasis en estos acuerdos puestos que hay unos pocos socios que sugieren una estrategia diferente como tomarse La Embajada de Venezuela en Santiago e enviar comisión a Venezuela a gestionar los pagos pendientes. Estimamos que esto no conduce a una solución del problema.  Sin embargo cualquier aporte dentro del acuerdo marco será Bienvenida.
Esta Asociación acuerda incluir a  PENSIONADOS, JUBILADOS, antiguos y nuevos,  personas que estén en trámites o que tengan trámites suspendidos por cualquier causa referente a este tema.
Por cualquier duda pueden acudir personalmente a la reunión mencionada, página Web, por nuestros correos de pensivech  o personales, llamadas telefónicas etc.
Por último agradecemos a las socias  colaboradoras incorporadas a las reuniones de los jueves y han dado en tremendo aporte a la organización Herminia, Mónica, Doina y  Clara.
JUNTA DIRECTIVA y Colaboradoras. 

Publicado 03-09-16 Se les informa a los Pensionados que todavía no han ido a la NOTARIA a firmar la Declaración Jurada, que se ha extendido el período por dos meses más y se les ofrece enviárselas a sus correos electrónicos por si les es más fácil acudir a una NOTARÍA más cercana a sus casas. Luego enviarla o traerla a Willie Arthur 2030 departamento 703 Providencia. Señora Sonia Laborde

Se les informa a los Pensionados que ya el miércoles próximo enviaremos las demandas a la CIDH-OEA y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Se les informa a los Pensionados que estamos en contacto con ONG y abogados en Venezuela, que nos ayudarán a incursionar en acciones legales internas en tribunales venezolanos, por el pago de las pensiones adeudadas. También actuaremos conjuntamente con ellos en acciones legales a nivel internacional.

Informamos que estamos averiguando en Caracas, si a los pensionados residentes en Chile también les enviarán el retroactivo de noviembre que les adeudan, que fue transferido a los pensionados de Uruguay.

 


(PUBLICADO 23-08-16)Se solicita a los asociados que se comuniquen en Caracas con familiares que puedan asistir mañana a la PROTESTA de Pensionados FRENTE MINISTERIO HACIENDA cerca del Banco Central Av. Urdaneta a apoyar a los manifestantes por el pago de lo que les adeudan.

Gracias!!!

Estimados socios. (PUBLICADO 09-08-16)

Les informo oficialmente que la Junta Directiva más una serie de colaboradores está trabajando a tiempo completo sobre la estrategia acordada en la asamblea extraordinaria del mes de julio de 2016.

El proceso es muy lento dado que no hay respuesta oficial del Estado venezolano .

Recomendamos a los socios considerar solución del problema cuando nuestros dineros estén depositados en el Banco Estado de Chile, para no crear falsas expectativas.

Dentro de las Estrategias menciono cada una de ellas:

1.- Respecto a la Declaración Jurada sigue caminando aún hay tiempo de firmarla en la misma notaría hasta el 15 de septiembre. Por favor divulgar esta noticia entre asociados y pueden firmar además los Pensionados y /o Jubilados que no estén asociados y quienes hayan hecho los trámites y no les han solucionado el problema.

Este es un requisito básico para todas las acciones que estamos emprendiendo.

2.- Ya se iniciaron gestiones con la OEA (CIDH), OIT y se han avanzado gestiones con ASOPEX y otras organizaciones similares donde hay una disposición común sobre la forma de actuar en esta demanda de nuestros derechos.

3.- Nuestro problema ya ha sido comunicado y divulgado en el Ministerio de RREE de Chile y estamos avanzando la próxima semana con la ONU y la Cámara de Diputados de Chile comisión de RREE.

4.- Los organismos hasta el momento que nos ofrecen mayores garantías en SALVAGUARDAR y RECUPERAR NUESTRO DERECHO hasta el momento son OEA, a través de CIDH, que significa COMISIÓN INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS y la OIT. Ambas exigen un protocolo previo y extenso lo que nos obliga a estudiar el caso y hacernos asesorar por expertos y además que represente a nuestra Asociación Gremial en Venezuela. Estamos en estos momentos en la búsqueda de estos asesores. Tendremos reunión con uno de ellos la próxima semana.

Con esto buscamos llegar al punto de dejar establecida la deuda del Estado Venezolano a nosotros y luego constituirla en obligatoria a cumplir por el ESTADO VENEZOLANO, independiente del gobierno de turno.

Si llegamos a esto hemos dado un gran paso. Recibiremos el pago. Es una tarea larga pero lo bueno que ya la iniciamos, incluso vamos más adelantados con nuestros pares de otros lugares.

Solo les pido paciencia tenemos una Fe inmensa en que llegaremos a la meta y aquellos que sienten temor en firmar o sientan un romanticismo ideológico que les impide apoyarnos, le recomendamos que recapaciten porque sólo estamos exigiendo un derecho ganado, adquirido y reconocido por la querida Venezuela. Lo estamos haciendo con PROFUNDO RESPETO Y POR LOS CONDUCTOS REGULARES A TODAS LAS AUTORIDADES Y AL PROPIO ESTADO VENEZOLANO CON LA FRENTE EN ALTO. No amparamos insultos de nadie contra nadie.

JUNTA DIRECTIVA Y COLABORADORES.

PD. La Declaración Jurada han firmado 244 personas y somos 500. Con Jubilados 1.000. Debemos hacer un esfuerzo de incentivar esto porque la unión hace la fuerza.

Tenemos solucionado el problema con la gente de Provincia o el extranjero para que se incorporen.


BOLSA DE TRABAJO... (01-08-16)
Dada la difícil situación de la mayoría de nuestros asociados y Pensionados en general, reiteramos la necesidad de aplicar la solidaridad, para los que aún puedan laborar sugerimos ofrecer sus servicios a través de esta misma página, también se vale, buscar empleo para jóvenes familiares que ayuden a sus "viejitos". Naturalmente es muy importante si alguien puede ofrecer empleos para nuestros socios y allegados... Los anuncios se publicarán en la pestaña Pens. Solidarios GRACIAS!!!

Dicen que: "El que quiere besar busca la boca"... si quieres enterarte de los últimos acontecimientos relativos a nuestros pagos atrasados, busca en la pestaña Sitios de Interés, en las dos últimas opciones Vagula... y Jubilados en el Exterior, encontrarás nuevos materiales y opiniones diversas día a día... inclusive noticias provenientes de Chile...

ATENCIÓN: Con la finalidad de agilizar las respuestas a las inquietudes que los socios plantean a través del correo electrónico, se decidió abrir un nuevo correo institucional (sin eliminar el anterior) este último será administrado por nuestro Secretario Sr. Carlos Pizarro, la dirección es: pensivech.sec@gmail.com
Aquí pueden plantear lo relativo a: 1.- Nuevas inscripciones 2.- Actualización de Datos 3.- Información sobre decisiones tomadas en el Directorio, etc.

22-07-16 Atención!!! Ya tenemos un muy importante Nro de firmantes... pero queremos que sea el máximo posible, de manera que se prolongó el plazo para  recibir sus firmas. Las personas que viven en provincia, pueden firmar en la notaría más cercana a su domicilio, para lo cual deben imprimir la copia de la DJ que firmó nuestra Presidenta, esa copia la llevan a su Notaría, proceden a la firma para luego enviar el documento que les entregue su Notaria en ORIGINAL (Vía Chile Express u otro similar) a la dirección Willie Arthur 2030 Departamento 703, No olviden colocar ambas identificaciones, Chile y Venezuela así como su dirección particular. Sugerimos a los socios que vivan relativamente cerca firmar en una misma lista y ahorrar en gastos de envío, por ejemplo tenemos la importante colaboración de nuestro Socio Nelson Parada, de la V Región, que puede coordinar la firma de aquellos que puedan ir hasta Quilpué... o adonde se pongan de acuerdo, hay un director que puede ir a buscar la lista de firmas sin cargo para ustedes ni para la Asociación. El teléfono celular de Nelson es:
994 91 16 56 Al cual también pueden acceder por wasap MUY IMPORTANTE: La Declaración Jurada firmada, la pueden bajar al final de está misma página, DJfirma.pdf Cualquier duda escriba a pensivech.a.g@gmail.com o a pensivech.sec@gmail.com


  MENSAJE MASIVO 10-07-16

Estimados socios, debido a la gran cantidad de consultas que ha generado la Declaración Jurada (DJ), se intentará aclarar para todos y se insiste en la necesidad de que visiten y lean cuidadosamente las informaciones que se actualizan al menos una vez por semana en ESTA PÁGINA WEB.

Una vez más volvemos a sugerir que si tienen problemas para ingresar a esta página busquen ayuda directa de un hijo, nieto o familiar pero haciendo hincapié en que sea el interesado quien escriba o tecleé para que después recuerde como hacerlo solo...

ACLARAMOS:

1.- Como su redacción lo sugiere la Declaración Jurada, nos permitirá tener una constancia escrita y fundamentada de nuestra condición de Pensionados y/o Jubilados de Venezuela, cobrando en Chile. Posteriormente servirá en el caso de entablar una demanda judicial colectiva para defender nuestro legítimo derecho de recibir dichos pagos.

2.- Hasta el momento, las personas que viven en provincia deberán viajar hasta Santiago para poder firmar la DJ. Sin embargo, el lunes 11-07-16 se consultará en la Notaría si es posible que puedan firmar en alguna Notaría de otra ciudad y anexar esas firmas…(esto no es seguro)

3.- Se informó que el pago para cada Socio era de $ 1.000 pero la Notaría aumentó dicho costo a $ 2.000 Se estudia y el mismo lunes se va a proponer que solo pidan $ 1.000 y que el resto lo asuma la Asociación.

3.- El horario de atención de la Notaría 1ra. De Ñuñoa (Av. Irarrazaval 1745) es el siguiente: de lunes a jueves de 9:00 a 13:30 y de 15:30 a 18:00 hras y los viernes de 9:00 a 13:30 y de 15:30 a 17:30 hrs. Se estima que se recibirán firmas hasta el 15-07-16

4.- La Notaría no está entregando boleta a cada firmante, debido a que entregará una sola boleta a nombre de la Asociación.

5.- Entendemos que la mayoría de nosotros se encuentre en un estado de nerviosismo, debido a los retrasos en nuestros pagos, pero se debe mantener la calma cuando nos debemos dirigir a distintos organismos… Lo decimos porque la persona encargada de recibir a los firmantes en la Notaría, se quejó por la actitud agresiva de algunos de los pensionados (misma situación han planteado en el Consulado)

6.- Se agradece que por favor no llamen al teléfono que se puso en el mensaje anterior, ha llamado mucha gente y según la encargada de la Notaría se colapsa la atención…

7.- En la primera pestaña o enlace de nuestra página web, podrán ver las cartas dirigidas a distintas autoridades, en las que se plantea la difícil situación por la que estamos pasando...

Cordialmente Luis (mensaje debidamente compartido y autorizado por nuestra actual Presidenta, Sra. Sonia Laborde)



En la pestaña Sitios de interés puede acceder a varias páginas web interesantes, una de ellas es "Vagula. Pensionados en Españar" del Profesor Renato Iraldi, radicado en España.



Para aprender como revisar su condición o Status de Pensionado en la Página web del IVSS haga "click" o pulse el siguiente enlace Status de Pensionado Es muy importante verificar esta información debido a que tenemos al menos cuatro casos en Chile de  pensionados que ahora aparecen cobrando en una entidad financiera en Venezuela, además de otro socio que apareció como fallecido... ambos están haciendo las diligencias para arreglar su situación, pero es un trámite muy engorroso y demoroso...


            EL SEGUNDO COMUNICADO DE LA DIPUTADA SONIA MEDINA, HA GENERADO DIVERSAS REACCIONES

Para ver detalles revise la página del Prof. Miguel Megías a la que puede entrar en la última opción de la pestaña Sitios de Interés, Jubilados en el Exterior

En archivo que se adjunta en la parte inferior un resumen de algunas respuestas...










01/12/2016


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 09/12/2016

                                                                          

                                                          Operativo de enero 2017


Pensivech.a.g. se dirige a todos los pensionados en la República Bolivariana de Venezuela residentes en Chile que deben consignar los requisitos que todos los años EXIGE el IVSS que se envían en ENERO de todos los años a Convenios Internacionales.

Nos dirigimos a todos los que ya recibieron por primera vez, a los que recibieron hasta el mes de Diciembre 2015 y a los pensionados, que habiendo hecho los trámites para recibir las pensiones en Chile todavía no reciben la primera vez.

El Consulado nos presta sus instalaciones en la calle Bustos casi Pedro de Valdivia, para el OPERATIVO que se realizará del 9 al 13 de Enero 2017( 5 días ).

Los documentos a Consignar son:

1) Fe de vida, que se retira en el Consulado.

2) Fotocopia C.I. Venezolana.

3) Fotocopia Rut Chileno.

4) Informe de pagos emitidos durante el año 2016 por el Banco Estado.

5) Fotocopia de la primera Página de la Libreta donde salen todos los datos,

Código IBAN, y número de cuenta.

Todos los documetos se enviarán antes del 30 de Enero a IVSS-CONVENIOS INTERNACIONALES Av. Francisco Javier Ustariz , Conjunto Residencial San

Bernardino, Caracas 1010 República Bolivariana de Venezuela Tlfno. 2212 5529684   Extención 5102.

El Horario en el consulado será de 9 a 16 horas de la tarde.

Cordialmente.

Junta Directiva de PENSIVECH.A.G.




01/12/2016

ASÍ VA NUESTRA DEMANDA:

INTRODUCCIÓN

Si bien es cierto que  nuestra demanda no ha fluido en forma dinámica o como muchos esperan o se ilusionan en momentos tan difíciles para nosotros,  estas acciones son muy positivas,  son  parte del camino y esta Junta en Pleno está dispuesta a luchar hasta nuestro objetivo conocido.

La base de esto obedece a qué en el fondo nuestra demanda es reconocida pero hay autoridades que sienten TEMOR DE FALLAR EN CONTRA DEL ACTUAL GOBIERNO, por temor a su integridad física individual y de su familia.

Para quienes vamos estudiando la estrategia sabemos que estos pasos son exigibles por la CIDH de la OEA,  para la futura demanda Internacional, por tal motivo cualquier negativa al respecto es un avance para alcanzar la meta final.

Hacemos énfasis que nuestra demanda es por lo que se nos debe y que pagamos oportuna y dignamente cuando fuimos activos por eso se la demandamos al ESTADO VENEZOLANO, no al gobierno de turno.

ÁNIMO SOCIOS AMIGOS



01/12/2016

Estatus actual del abogado   Juan Bautista Carrero  Marrero

Como ambas decisiones implican una denegación clara de justicia, podemos dar por agotada la vía interna y acudir ante cualquier procedimiento internacional. Por ello, la gente de CEPAZ me estuvo ayudando a pedir financiamiento para llevar el caso a instancias internacionales. Ellos le pidieron ayuda a dos Fundaciones que financian casos de derechos humanos y el lunes nos mandaron una carta muy linda, diciendo que lamentablemente no tenían fondos para este caso, pues no implicaba un peligro inminente a la vida de nadie, ni torturas ni desaparición de personas.

Por esta situación y ante la falta de fondos para acudir a estas instancias, vamos a enfocarnos en el litigio nacional. Yo estuve analizando mucho que hacer en contra del acto de inadmisibilidad. Si apelar o no apelar. Y luego de mucho análisis llegue a la conclusión que lo mejor para ustedes era no apelar y volver a introducir la demanda con ciertos cambios. Esto porque apelar implica pelear una instancia donde lo único que podemos ganar es que nos digan que no es un amparo y que se ordene al juez de primera instancia a volver a decidir sobre la admisión. Y en todo caso, aun ganando perdemos varios meses en una incidencia que no los beneficia en la práctica. Y ustedes justamente lo que no quieren es seguir perdiendo tiempo.

Por ello, le hice algunos cambios a la demanda y convertí en un cobro simple de pensiones para evitar cualquier otra confusión. Mandé a comprar las gacetas y a imprimir los listados que ustedes me mandaron, los cuales me deben dar hoy y mañana Dios mediante la vuelvo a introducir. También voy a aprovechar para llevarle el caso al embajador, pues necesitamos toda la ayuda que se sea posible para presionar al gobierno a que les pague.

Luego le escribo, más detalles.

Saludos,

Juan”.

 


01/12/2016


CARTAS ENVIADAS POR NUESTROS ASOCIADOS

Señor NELSON PARADA

Estimados Directivos:

Primeramente deseo agradecer y felicitarlos por la difícil labor que están ejecutando y  especialmente por llevar a cabo una Demanda de Protección por nuestros derechos, que me parece dará origen para que otras directivas tomen como ejemplo.

Vivo en la Región de Valparaíso y no asisto a reuniones en Stgo porque el presupuesto no me lo permite sin embargo, estoy atento a los acontecimientos que nos preocupa, a través de nuestra pag. web. y de la pag. del profesor  Riraldi.

Una de las cartas que denuncia nuestro problema, tratando de crear conciencia en nuestro gobierno , ha sido enviada al Pdte de la Comisión de Relaciones Exteriores, Sr.J. Tarud que como otros también indolentes, no se han molestado por dar una respuesta. Me permito por esta razón hacer llegar a Uds. el correo y teléfono de esta persona :

                 <  jtarud@congreso.cl >     Tel. 32 2505305

 

Fecha de interposición: 26 de Octubre 2016

N° Expediente AP -21-L-2016-002592.

ABOGADO: Juan Bautista Carrero Marrero.


17/11/2016

PRIMERA DEMANDA

ADVERTENCIA QUE ES UNA COPIA QUE TIENE UN ERROR QUE FUE CORREGIDO DONDE SE REFIERE A LA DEUDA Y DICE diciembre 2016 debe decir  Diciembre 2015 Se nos debe desde diciembre 2015. Yo mandé varias correcciones entre otras esa muy importante ¿ok'? se introdujo Corregida.


CIUDADANOS CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS SU DESPACHO.

 

Nosotros, la ASOCIACIÓN GREMIAL DE PENSIONADOS DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN CHILE (PENSIVENCH A.G.), sociedad civil constituida por los ciudadanos acreedores de pensiones venezolanas que residen en la República de Chile, debidamente inscrita con el N° 4273 por ante el Registro de Asociaciones Gremiales de la Subsecretaría de Economía del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile, debidamente representada en este acto por su apoderado judicial, abogado en ejercicio Juan Bautista Carrero Marrero, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nºs 80.940, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº 13.114.577, mayor de edad, legalmente capaz y de este domicilio, según carácter que se evidencia del Instrumento Poder debidamente autenticado en fecha 21 de septiembre de 2016, por ante el Notario Público Nº 27 de Santiago de Chile, el cual es válido en la República Bolivariana de Venezuela por estar debidamente Apostillado, en fecha 23 det, bajo el Código de Verificación D8AB345D4F, conforme a la Convención de la Haya de la cual la República Bolivariana de Venezuela es parte suscriptora, cuya copia anexo marcada “A” previo cotejo con su original, por parte del funcionario judicial a los fines de su certificación, acudimos muy respetuosamente ante su competente autoridad, con fundamento en lo establecido en los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República, 146 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Disposición Final Tercera de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y, 2 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, con la finalidad de ejercer la presente Demanda de Protección de los Derechos e Intereses Colectivos de los Jubilados y Pensionados de la República Bolivariana de Venezuela que residen en la República de Chile, a obtener el pago oportuno de sus pensiones. La cual se ejerce junto con pretensión cautelar de amparo constitucional en contra de las acciones y omisiones, lesivas y amenazantes, a los derechos constitucionales, humanos y fundamentales a la seguridad social, la protección de la vejez, la salud y la igualdad y no discriminación, contemplados en los artículos 86, 80, 83 y 21 de la Constitución de la República, contra los ciudadanos Carlos Alberto Rotondaro Cova, 2 titular de la cédula de identidad Nº 6.157.070, en su carácter de Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS); Rocco Albisinni Serrano, titular de la cédula de identidad Nº 15.481.927, en su carácter de Presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), y; Nelson Merentes, titular de la Cédula de Identidad Nº 3.986.108, en su carácter de Presidente del Banco Central de Venezuela. Domiciliados en el Distrito Metropolitano de Caracas. La presente acción se fundamenta en las siguientes razones: I- De nuestra legitimidad para ejercer la presente Acción y de la Competencia de ese Circuito para conocerla. Resulta más que evidente que nuestra legitimidad activa deriva directamente del artículo 26 de la Constitución de la República, que a la letra establece: “Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles” (resaltado nuestro). De una simple lectura al artículo transcrito se observa que el mismo constitucionaliza la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses colectivos y difusos, a la vez que le otorga la cualidad y legitimidad a cualquier persona para que acuda a los órganos de administración de justicia en aras de demandar su protección. En análogo sentido, el artículo 147 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia también nos otorga la legitimidad para ejercer la presente demanda, al disponer: “Artículo 146. Toda persona podrá demandar la protección de sus derechos e intereses colectivos o difusos. Salvo lo dispuesto en las leyes especiales, cuando los hechos que se describan posean trascendencia nacional su conocimiento corresponderá a la Sala Constitucional; en caso contrario, corresponderá a los tribunales de primera instancia en lo civil de la localidad donde aquellos se hayan generado”. 3 En vista de que la presente acción constituye una demanda de protección sobre los derechos e intereses colectivos a la seguridad social, la protección de la vejez, la salud y la igualdad y no discriminación, de los beneficiarios de jubilaciones y pensiones venezolanas que residen en la República de Chile, resulta pertinente destacar que ya la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en múltiples oportunidades ha fijado un criterio jurisprudencial pacífico, reiterado y vinculante sobre el concepto, características y alcance de este tipo de acción. Así, sobre los diferentes aspectos de los derechos colectivos y difusos, encontramos, entre otras, a las siguientes Sentencias: Nº 483, del 29 de mayo de 2000, caso: Cofavic y Queremos Elegir; Nº 656, del 30 de junio de 2000, caso: Dilia Parra, Nº 770, del 17 de mayo de 2001, caso: Defensoría del Pueblo; Nº 1321 del 19 de junio de 2002, caso: Máximo Fébres y Nelson Chitty La Roche; Nº 1594 del 9 de julio de 2002, caso: Alfredo García Deffendini y otros; Nº 1595, del 9 de julio de 2002, caso: Colegio de Médicos del Distrito Metropolitano de Caracas; Nº 1571 del 22 de agosto de 2001, caso: Deudores Hipotecarios; Nº 2347, del 3 de octubre de 2002, caso: Henrique Capriles Radonski, Nº 2634, del 23 de octubre de 2002, caso: Defensoría del Pueblo, y; Nº 3342 del 19 de diciembre de 2002 caso: Félix Rodríguez. Cuyos criterios jurisprudenciales sobre el tema han sido resumidos en la sentencia del 19 de diciembre de 2003 (Caso: Fernando Asenjo), donde encontramos las siguientes nociones: 1.- Los “DERECHOS O INTERESES DIFUSOS: se refieren a un bien que atañe a todo el mundo (pluralidad de sujetos), esto es, a personas que -en principio- no conforman un sector poblacional identificable e individualizado, y que sin vínculo jurídico entre ellos, se ven lesionados o amenazados de lesión. Los derechos o intereses difusos se fundan en hechos genéricos, contingentes, accidentales o mutantes que afectan a un número indeterminado de personas y que emanan de sujetos que deben una prestación genérica o indeterminada, en cuanto a los posibles beneficiarios de la actividad de la cual deriva tal asistencia, como ocurre en el caso de los derechos positivos como el derecho a la salud, a la educación o a la obtención de una vivienda digna, protegidos por la Constitución y por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. 2- Los “DERECHOS O INTERESES COLECTIVOS: están referidos a un sector poblacional determinado (aunque no cuantificado) e identificable, aunque individualmente, dentro del conjunto de esas personas existe o puede existir un vínculo jurídico que los une entre ellos. Su lesión se localiza concretamente en un grupo determinable como tal, como serían los grupos profesionales, los grupos de vecinos, los gremios, o los habitantes de un área determinada, etc. 4 Los derechos colectivos deben distinguirse de los derechos de las personas colectivas, ya que estos últimos son análogos a los derechos individuales, pues no se refieren a una agrupación de individuos sino a la persona jurídica o moral a quien se atribuyan los derechos. Mientras las personas jurídicas actúan por organicidad, las agrupaciones de individuos que tienen un interés colectivo obran por representación, aun en el caso de que ésta sea ejercida por un grupo de personas, pues el carácter colectivo de los derechos cuya tutela se invoca siempre excede al interés de aquél. 3- “Las acciones provenientes de derechos e intereses difusos y colectivos, son siempre acciones de condena, o restablecedoras de situaciones, y nunca mero declarativas o constitutivas. La posibilidad de una indemnización a favor de las víctimas (en principio no individualizadas) como parte de la pretensión fundada en estos derechos e intereses, la contempla el numeral 2 del artículo 281 de la vigente Constitución; pero ello no excluye que puedan existir demandas que no pretendan indemnización alguna, sino el cese de una actividad, la supresión de un producto o de una publicidad, la demolición de una construcción, etc. 4- Los derechos e intereses colectivos y difusos, son de eminente orden público, por ello a las acciones incoadas para su protección no les es aplicable el lapso de caducidad prevenido para el amparo, razón por la cual no corre el transcurso de seis meses desde que surge la violación a la calidad de vida. 5- LEGITIMACIÓN PARA INCOAR UNA ACCIÓN POR INTERESES DIFUSOS: no se requiere que se tenga un vínculo establecido previamente con el ofensor, pero sí que se actúe como miembro de la sociedad, o de sus categorías generales (consumidores, usuarios, etc.) y que invoque su derecho o interés compartido con la ciudadanía, porque participa con ella de la situación fáctica lesionada por el incumplimiento o desmejora de los Derechos Fundamentales que atañen a todos, y que genera un derecho subjetivo comunal, que a pesar de ser indivisible, es accionable por cualquiera que se encuentre dentro de la situación infringida. La acción (sea de amparo o específica) para la protección de estos intereses la tiene tanto la Defensoría del Pueblo (siendo este organismo el que podría solicitar una indemnización de ser procedente) dentro de sus atribuciones, como toda persona domiciliada en el país. 6- LEGITIMACIÓN PARA INCOAR UNA ACCIÓN POR INTERESES Y DERECHOS COLECTIVOS: quien incoa la demanda con base a derechos o intereses colectivos, debe hacerlo en su condición de miembro o vinculado al grupo o sector lesionado, y que por ello sufre la lesión conjuntamente con los demás, por lo que por esta vía asume un interés que le es propio y le da derecho de reclamar el cese de la lesión para sí y para los demás, con quienes comparte el derecho o el interés. La acción en protección de los intereses colectivos, además de la Defensoría del Pueblo, la tiene cualquier miembro del grupo o sector que se identifique como componente de esa colectividad específica y actúa en defensa del colectivo, de manera que los derechos colectivos implican, obviamente, la existencia de sujetos colectivos, como las naciones, los pueblos, las 5 sociedades anónimas, los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones, los gremios, pero también minorías étnicas, religiosas o de género que, pese a tener una específica estructura organizacional, social o cultural, pueden no ser personas jurídicas o morales en el sentido reconocido por el derecho positivo, e inclusive simples individuos organizados en procura de preservar el bien común de quienes se encuentran en idéntica situación derivado del disfrute de tales derechos colectivos. 7- IDONEIDAD DE LA ACCIÓN: Si lo que se pretende es enervar una lesión que proviene de violaciones a derechos y garantías constitucionales, la vía procedente es la acción de amparo para restablecer una situación jurídica ante esas infracciones. Si lo que se pretende es exigir resarcimientos a los lesionados, solicitar el cumplimiento de obligaciones, prohibir una actividad o un proceder específico del demandado, o la destrucción o limitación de bienes nocivos, restableciendo una situación que se había convertido en dañina para la calidad común de vida o que sea amenazante para esa misma calidad de vida, lo procedente es incoar una acción de protección de derechos cívicos (colectivos o bien sea difusos), en cuyo fallo se podrá condenar al demandado a realizar determinadas obligaciones de hacer o no hacer, y hasta indemnizar a la colectividad, o a grupos dentro de ella, en la forma como ordene el juez, con señalamiento de cuáles instituciones sociales o públicas, o cuáles personas serán acreedoras de la indemnización. 8- EFECTOS DE LA SENTENCIA: produce efectos erga omnes, ya que beneficia o perjudica a la colectividad en general o a sectores de ella, y produce cosa juzgada al respecto. Dado a que lo que está en juego es la calidad de la vida, si los hechos que originaron las causas ya sentenciadas se modifican o sufren cambios, a pesar de que la demanda hubiere sido declarada sin lugar, si nuevos hechos demuestran que existe la amenaza o la lesión, una nueva acción podrá ser incoada, ya que no existe identidad de causas”. Aunado a lo anterior, la honorable Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia también ha establecido expresamente que los Derechos Constitucionales Sociales, entre los que se encuentran la salud, la educación, la seguridad social, la obtención de una vivienda digna, y aquellos contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como también lo es el caso del derecho a la seguridad social, constituyen derechos o interés difusos perfectamente tutelables judicialmente mediante una demanda de protección como la que aquí se plantea. En este sentido, reproducimos el mérito favorable de la Sentencia dictada por la Sala Constitucional en fecha 06 de Diciembre de 2005, en el caso: Yecenia Farías, donde se lee lo siguiente: 6 “…Se refieren a un bien que atañe a todo el mundo (pluralidad de sujetos), esto es, a personas que -en principio- no conforman un sector poblacional identificable e individualizado, y que sin vínculo jurídico entre ellos, se ven lesionados o amenazados de lesión. Los derechos o intereses difusos se fundan en hechos genéricos, contingentes, accidentales o mutantes que afectan a un número indeterminado de personas y que emanan de sujetos que deben una prestación genérica o indeterminada, en cuanto a los posibles beneficiarios de la actividad de la cual deriva tal asistencia, como ocurre en el caso de los derechos positivos como el derecho a la salud, a la educación o a la obtención de una vivienda digna, protegidos por la Constitución y por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. Así las cosas, no hay lugar a dudas de que la presente Demanda de Protección de Derechos Colectivos es la vía procesal adecuada para la resolución del presente caso. A la vez de que tenemos la plena y absoluta legitimidad para ejercer la presente acción. I.I- NUESTRA LEGITIMIDAD ACTIVA. BENEFICIARIOS DE LA PRESENTE ACCIÓN. Nuestra legitimación activa cumple con los requisitos y criterios que han sido establecidos de forma pacífica y vinculante por la jurisprudencia de la Sala Constitucional, ya que la presente acción está siendo ejercida por la ASOCIACIÓN GREMIAL DE PENSIONADOS DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN CHILE (PENSIVENCH A.G.), persona jurídica debidamente inscrita con el N° 4273 por ante el Registro de Asociaciones Gremiales de la Subsecretaría de Economía del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile. Siendo el caso, que está integrada por 529 ciudadanos acreedores de pensiones venezolanas que residen en la República de Chile, con la finalidad de defender sus derechos e intereses como jubilados y pensionados, tal como se evidencia del Certificado de Registro 12.830 de fecha 01/09/2016, emanado de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño de Chile, cuya copia anexo marcada “B”, y de las cinco Declaraciones Juradas hechas por sus miembros ante diversas Notaría de la República de Chile, cuyas copias anexamos marcadas “C”, “D”, “E”, “F” y “G”. 7 En esos documentos se aprecia el nombre, apellido, nacionalidad, huella digital y demás elementos de identificación de los integrantes de PENSIVENCH A.G. A su vez, han sido debidamente autenticados por ante distintas autoridades Chilenas, razón por la cual no requieren ser legalizados, ni apostillados y surten plenos efectos legales en la República Bolivariana de Venezuela, por mandato Convenio de Seguridad Social entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Chile, válido y obligante para nuestro país por haberlo suscrito, ratificado y aprobado mediante la “Ley Aprobatoria del Convenio Bilateral sobre Seguridad Social entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Chile”, publicada en la Gaceta Oficial Nº Extraordinario 5.754, de fecha 03 de enero de 2005 (cuya copia anexo marcada “H”). Toda vez que su artículo 19, numeral 2, expresamente establece: “2. Todos los actos administrativos y documentos que se expidan por una Institución de un Estado Contratante para la aplicación del presente Convenio, serán dispensados de los requisitos de legalización u otras formalidades similares para su utilización por Instituciones Competentes del otro Estado”. Así las cosas, al ser los 529 miembros de PENSIVENCH A.G., ciudadanos integrantes del colectivo de jubilados y pensionados venezolanos residentes en Chile que sufren por la falta de pago de sus pensiones, es obvio que tienen un interés propio y legítimo para reclamar el derecho al cobro de sus pensiones y el cese de la lesión jurídica, tanto para ellos, como para el resto de los integrantes del colectivo, quienes también comparten el mismo derecho e interés. Situación ésta que los acredita plenamente para ejercer la presente acción en favor de todo el colectivo de ciudadanos que se hicieron acreedores de pensiones y jubilaciones en la República Bolivariana de Venezuela y que hoy en día residen en la República de Chile. Por último, el hecho de que el derecho a la seguridad social está consagrado como un derecho humano fundamental, tanto por nuestra Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (Art. 4), como por diversos Pactos, Acuerdos y Tratados Internacional que han sido suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, es una circunstancia que también nos dota de legitimidad para ejercer esta demanda a favor de todos los jubilados y pensionados venezolanos que residen en Chile. Ya que según nuestra Constitución y diversos Tratados Internaciones sobre 8 Derechos Humanos, cualquier persona puede acudir a los órganos jurisdiccionales para demandar la protección y defensa y los derechos humanos. II- COMPETENCIA DE ESE CIRCUITO PARA CONOCER DE LA PRESENTE DEMANDA. No hay duda alguna de que ese Circuito Judicial Laboral del Área Metropolitana de Caracas es el competente para conocer de la presente demanda. Toda vez que ello se deriva de la letra de los artículos 146 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la Disposición Final Tercera de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social. El primero de ellos, al regular lo relativo a las demandas colectivas establece: “Artículo 146: Toda persona podrá demandar la protección de sus derechos e intereses colectivos o difusos. Salvo lo dispuesto en las leyes especiales, cuando los hechos que se describan posean trascendencia nacional su conocimiento corresponderá a la Sala Constitucional; en caso contrario, corresponderá a los tribunales de primera instancia en lo civil de la localidad donde aquellos se haya generado”. Así las cosas, en vista de que el presente caso no tiene ninguna trascendencia nacional, ya que no incide sobre el funcionamiento del Estado, ni sobre su estructura, ni tampoco tiene implicaciones sobre millones de ciudadanos, es evidente que no su conocimiento no corresponde a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. Recordemos que sólo se trata del pago de unas pensiones a una cantidad pequeña de personas que no llena ni el Teatro Teresa Carreño, por citar un ejemplo de perspectiva. Por ello, al no ser del conocimiento de la Sala Constitucional, y al existir una Ley Especial que le otorga la competencia a ese Circuito Judicial, es obvio que son ustedes los competentes para conocer de esta acción. Nos referimos a la norma contenida en la Disposición Final Tercera de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, que les atribuye la competencia al establecer: “TERCERA: Se crea la jurisdicción especial del Sistema de Seguridad Social, para dirimir las controversias que se susciten que ocasión de las relaciones jurídicas que deriven de la aplicación de la presente Ley y demás leyes sobre la materia. Hasta tanto no se lleve a cabo la creación de la jurisdicción especial, todo lo relacionado con dudas y controversias en materia de seguridad social, serán decididas por ante la jurisdicción laboral ordinaria (resaltado nuestro)”. 9 Por otro lado, al ser los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil manifiestamente incompetentes para conocer de casos laborales o de seguridad social, es obvio que por razón de la materia también son ustedes los competentes para conocer de esta acción. Igual sucede si analizamos la competencia por razón del territorio, pues al estar los demandados domiciliados en la Ciudad de Caracas y al ser autoridades de Entes Públicos cuyos despachos están en la Ciudad de Caracas, es obvio que el conocimiento de esta causa le corresponde a ese honorable Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas. III- DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD. Resulta evidente que la presente acción debe ser admitida, pues cumple con todos los requisitos legalmente establecidos. A la vez que no está incursa en ninguna de las causales de inadmisión previstas en el artículo 150 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Toda vez que: 1- Contiene y expresa adecuadamente todos los datos concernientes a la identificación y localización de los demandantes y demandados. 2- Presente una relación clara y entendible de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya la pretensión. A la vez que ilustra adecuadamente sobre la situación jurídica infringida. 3- Presenta plena prueba sobre los hechos que originan la pretensión. 4- No contiene demandas ni pretensiones que resulten incompatibles entre sí. 5- Tenemos plena legitimidad para ejercer la presente acción, en virtud de lo contemplado por la Constitución de la República, la ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y tal como ha sido interpretado de forma vinculante por la nuestra Sala Constitucional. 6- No existen otras vías o remedios procesales ordinarios que puedan satisfacer la pretensión, ya que la presente acción busca, tanto el pago de las prestaciones de seguridad social que son adeudadas, como el restablecimiento de otros derechos constitucionales lesionados. Lo cual no puede lograrse ni mediante una acción de cobro ordinaria, ni mediante un amparo individualmente ejercido. 10 7- Tampoco estamos en presencia de un asunto cuya naturaleza corresponda al contencioso de los servicios públicos, ya que no estamos discutiendo la calidad de los servicios médicos asistenciales que presta el Seguro Social, ni mucho menos estamos planteando un caso contencioso electoral. 8- Esta demanda no contiene ningún tipo de conceptos ofensivos ni irrespetuosos. Y lo más importante de todo: en el presente caso se encuentra involucrado el más relevante orden público, al tratarse de la búsqueda de la solución a un problema muy grave que lesiona derechos humanos y fundamentales a más de 500 compatriotas que están sufriendo a causa de la omisión ilegal cometida por los accionados. Lo cual, por sí mismo, basta para que ese Circuito Judicial ordene la continuación del proceso, tal como lo establece el artículo 148 de la citada Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. IV- DE LOS HECHOS QUE ORIGINAN LA PRESENTE ACCIÓN Y DE SU PLENA PRUEBA. IV.I DE LOS HECHOS. Tal como es del conocimiento general, por ser un hecho público, notorio, comunicacional, cierto e irrefutable, en la actualidad y desde hace varios meses el Estado Venezolano ha dejado de pagarle sus pensiones a los jubilados y pensionados que residen en el exterior, entre los que se encuentran mis representados. Dentro de este contexto, es el caso Ciudadano Juez, que el último mes pagado a los jubilados y pensionados que residen en la República de Chile fue el correspondiente a diciembre de 2015. Razón por la cual, para la fecha de interposición de la presente demanda, el Estado Venezolano le adeuda diez meses de pensiones y/o jubilaciones a cada uno de ellos. Esta situación les está causando un gran sufrimiento humano a los jubilados y pensionados venezolanos que viven en la República de Chile. En vista de que la mayoría de ellos depende únicamente del monto de su pensión para poder subsistir, es obvio que al no recibirlas, no pueden adquirir ni siquiera los insumos más básicos para sobrevivir, tales como alimentos o medicinas. 11 Debido a este enorme retraso, los beneficiarios de pensiones y jubilaciones que residen en la República de Chile están sufriendo todo tipo de problemas. Desde el desalojo de sus viviendas, el embargo de sus bienes, la pérdida de sus enseres domésticos, la cancelación de sus tarjetas de crédito y la falta de atención médica, hasta prácticamente morir de mengua por falta de recursos para comprar comida. Con el agravante de que al tratarse de personas de la tercera edad y discapacitados, en la mayoría de los casos no pueden encontrar trabajos o simplemente no pueden trabajar, lo cual les impide generar otro tipo de recursos por cuenta propia. Situación ésta que los hace aún más dependientes de sus pensiones y pone aún más en evidencia la gravedad que implica la irresponsable falta de pago de sus pensiones. Estos hechos son muy graves: 1) violan disposiciones de orden público; 2) implican el incumplimiento de una prestación dineraria; 3) lesionan los derechos constitucionales a la protección de la vejez, seguridad social y la salud de los beneficiarios de dichas prestaciones, y lo que es más grave aún; 4) los pone en una terrible situación de angustia e indefensión al negarles los medios económicos mínimos para acceder a los insumos más básicos para la vida. IV.II- DEL MONTO ADEUDADO. En virtud del control de cambio existente en el país, la determinación del monto en divisas que corresponde a los diferentes tipos de pensiones y jubilaciones, se ha venido regulando por los Convenios Cambiarios emitidos por el Banco Central de Venezuela en conjunto con el Ejecutivo Nacional. Los cuales han establecido que el tipo de cambio de referencia para calcular los montos de las pensiones y jubilaciones es el del dólar preferencial protegido. En la actualidad, así lo establecen los artículos 1 y 5 del vigente Convenio Cambiario Nº 35, publicado en la Gaceta Oficial Nº 40.865, de fecha 09-03-2016: “Artículo 1. A partir de la entrada en vigencia del presente Convenio Cambiario, se fija el tipo de cambio protegido en nueve bolívares con novecientos setenta y cinco céntimos (Bs. 9,975) por dólar de los Estados Unidos de América para la compra, y en diez bolívares (Bs. 10,00) por dólar de los Estados Unidos de América para la venta. Asimismo, se fija a partir de la entrada en vigencia del presente Convenio Cambiario, en diez bolívares (Bs.10,00) por dólar de los Estados Unidos de América el tipo de cambio para el pago de la deuda pública externa. 12 Artículo 5. A partir de la entrada en vigencia del presente Convenio Cambiario, la liquidación de las operaciones de venta de divisas destinadas a la conversión de las pensiones de vejez, incapacidad parcial, invalidez y sobrevivientes, pagadas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) a residentes en el exterior, se hará al tipo de cambio de venta establecido en el artículo 1 del presente Convenio Cambiario. Igual tipo de cambio aplicará para la liquidación de las operaciones de venta de divisas destinadas a la conversión de las pensiones de jubilados residentes en el exterior”. De allí que, por mandato de la norma, para determinar el monto de las pensiones de vejez, incapacidad parcial, invalidez y sobrevivientes, pagadas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) a los residentes en el exterior, se debe dividir el monto en bolívares fijado para el pago de jubilaciones y pensiones en el país, entre el valor del tipo de cambio protegido, que en este caso es de diez (10) bolívares por dólar. Antes de la entrada en vigencia del citado Convenio Cambiario Nº 35, estuvo en vigencia el Convenio Cambiario Nº 14, de fecha 08/02/2013, publicado en la Gaceta Oficial Nº 40.108, de la misma fecha, el cual establecía que las pensiones y jubilaciones serían calculadas en función de un tipo de cambio de 6,30 Bs por dólar. En virtud de ello, es obvio que para el caso de las pensiones de vejez aquí demandadas, sus montos son el producto del siguiente cálculo: 1- Pensiones de Vejez correspondientes a enero y febrero 2016: En vista de que durante este tiempo estuvo vigente el Convenio Cambiario Nº 14, que establecía en 6,30 Bs/$ el tipo de cambio para el cálculo de las pensiones. A la vez que el monto mensual de las pensiones de vejez estaba fijado en 9.648,18 Bs. Tenemos como resultado que durante este período los pensionados residentes en Chile debieron cobrar dos mensualidades de 1.531,45 dólares cada una. Considerando que no se las han pagado y que son dos mensualidades, tenemos que las pensiones de vejez correspondientes a enero y febrero de 2016 aquí demandadas suman la cantidad de 3.062,91 dólares, para cada uno de sus beneficiarios. 13 2- Pensiones de Vejez correspondientes a marzo y abril de 2016: Durante este tiempo ha estado vigente el Convenio Cambiario Nº 35, que establece en 10 Bs/$ el tipo de cambio para el cálculo de las pensiones. A la vez que el monto mensual de las pensiones de vejez estaba fijado en 11.577,81 Bs. Razón por la cual, en función de la normativa legal contemplada en el aludido Convenio Nº 35, tenemos como resultado que durante este período, los pensionados residentes en Chile debieron cobrar dos mensualidades de 1.157,7 dólares cada una. Considerando que no se las han pagado y que son dos mensualidades, tenemos que las pensiones de vejez correspondientes a marzo y abril de 2016 aquí demandadas suman la cantidad de 2.315,4 dólares, para cada uno de sus beneficiarios. 3- Pensiones de Vejez correspondientes a mayo, junio, julio y agosto de 2016. Durante este tiempo ha estado vigente el Convenio Cambiario Nº 35, que establece en 10 Bs/$ el tipo de cambio para el cálculo de las pensiones. A la vez que el monto mensual de las pensiones de vejez estaba fijado en Bs. 15.051,11. Razón por la cual, en función de la normativa legal contemplada en el aludido Convenio Nº 35, tenemos como resultado que durante este período, los pensionados residentes en Chile debieron cobrar cuatro mensualidades de 1.505,11 dólares cada una. Considerando que no se las han pagado y que son cuatro mensualidades, tenemos que las pensiones de vejez correspondientes a marzo y abril de 2016 aquí demandadas suman la cantidad de 6.020,44 dólares, para cada uno de sus beneficiarios. 4- Pensiones de Vejez correspondientes a septiembre y octubre de 2016. Considerando que actualmente el monto de las pensiones por vejez en Venezuela está fijado en la cantidad de 22.576,73 Bs. mensuales, es evidente que por mandato de dicho Convenio Cambiario Nº 35, al dividir dicho monto entre 10 (valor de cambio aplicable), tenemos que el monto mensual a pagar a cada pensionado por vejez que reside en el exterior, es el equivalente a 2.257,63 dólares americanos. Razón por la cual, en vista de que no se las han pagado y de que son dos mensualidades, tenemos que las pensiones de vejez correspondientes a septiembre y octubre de 2016, aquí demandadas, suman la cantidad de 4.515,2 dólares, para cada uno de sus beneficiarios. 14 5- Monto total de las Pensiones de Vejez adeudadas. En función de la normativa legal vigente, la sumatoria de las pensiones de vejez que se le adeudan a cada uno de los pensionados que residen en Chile, alcanza la cifra de 15.913,95 dólares americanos, que el Estado Venezolano le debe transferir directamente a cada uno de ellos, a su cuenta bancaria del lugar donde residen. Ahora bien, en virtud de que ésta es una acción de protección colectiva que busca beneficiar a todos los jubilados y pensionados venezolanos que residen en la República de Chile, cumplimos con el deber de informar al Tribunal que por cuanto pudiesen haber personas acreedoras de otro de tipo de pensiones, tales como incapacidad y/o sobreviviente, a quienes tampoco les han pagado durante estos 10 meses, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales aquí accionado, también tiene la obligación legal de efectuar dichos cálculos y pagos, ya que entre otras cosas, es el único ente que maneja directamente esa información. IV.III- La Plena Prueba de los Hechos que Fundamentan la Presente Acción. Resulta más que evidente que la falta de pago de las pensiones que sufren los pensionados y jubilados venezolanos que residen en Chile, lesiona severamente sus derechos fundamentales. Lo cual fundamenta plenamente la procedencia de la presente acción. En relación con la prueba de ello, a los fines de cumplir con la legislación adjetiva, dejamos expresa constancia que los hechos que originan la presente acción, cuales son: 1) la antes descrita falta de pago por parte del Estado Venezolano, y; 2) sus causas directamente imputables a las autoridades aquí demandadas, quienes tienen la obligación legal de transferirles dichos pagos, y no lo han hecho, constituyen hechos notorios, públicos y comunicaciones, y por lo tanto no requieren ser probados, tal como lo establece el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil (que expresamente contempla: “los hechos notorios no son objeto de prueba”), y tal como ha sido manifestado y reconocido por la jurisprudencia vinculante de esa honorable Sala Constitucional. 15 Sobre este particular reproducimos el mérito favorable de la Sentencia Nº 98, dictada por esa Sala Constitucional en fecha 15-03-2000, Exp Nº 00-0146, donde esa Sala fijó de forma vinculante el significado y alcance jurídico y procesal de los hechos notorios, públicos y comunicacionales, al expresar los siguientes fragmentos: “….el mundo actual, con el auge de la comunicación escrita mediante periódicos, o por vías audiovisuales, ha generado la presencia de otro hecho, cual es el hecho publicitado, el cual en principio no se puede afirmar si es cierto o no, pero que adquiere difusión pública uniforme por los medios de comunicación social, por lo que muy bien podría llamársele el hecho comunicacional y puede tenerse como una categoría entre los hechos notorios, ya que forma parte de la cultura de un grupo o círculo social en una época o momento determinado, después del cual pierde trascendencia y su recuerdo solo se guarda en bibliotecas o instituciones parecidas, pero que para la fecha del fallo formaba parte del saber mayoritario de un círculo o grupo social, o a el podía accederse. Así, los medios de comunicación social escritos, radiales o audiovisuales, publicitan un hecho como cierto, como sucedido, y esa situación de certeza se consolida cuando el hecho no es desmentido a pesar que ocupa un espacio reiterado en los medios de comunicación social. De esta manera, el colectivo se entera de conflictos armados, de los viajes del Presidente de la República, de los nombramientos que hace el Congreso, de la existencia de crímenes y otros delitos, de la existencia de juicios, etc. (omisis) De un hecho comunicacional de este tipo, no puede escapar un juez que en la vida actual, incluso como parte de los hechos que debe adquirir para engrosar su conocimiento sobre su entorno social, lee periódicos, oye radio o ve televisión. (omisis) Esta realidad lleva a esta Sala a considerar que el hecho comunicacional, como un tipo de notoriedad, puede ser fijado como cierto por el juez sin necesidad que conste en autos, ya que la publicidad que él ha recibido permite, tanto al juez como a los miembros de la sociedad, conocer su existencia, lo que significa que el sentenciador realmente no está haciendo uso de su saber privado… El hecho comunicacional puede ser acreditado por el juez o por las partes con los instrumentos contentivos de lo publicado, o por grabaciones o videos, por ejemplo, de las emisiones radiofónicas o de las audiovisuales, que demuestren la difusión del hecho, su uniformidad en los distintos medios y su consolidación; es decir, lo que constituye la noticia. (omisis) Planteado así la realidad de tal hecho y sus efectos, concatenado con la justicia responsable y sin formalismos inútiles que el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla; aunado a que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, tal como lo establece el artículo 257 de la vigente Constitución, y que el Estado venezolano es de derecho y de justicia, como lo expresa el artículo 2 ejusdem, en aras a esa justicia expedita e idónea que señala el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a pesar de que el hecho comunicacional y su incorporación a los autos de oficio por el juez, no 16 está prevenido expresamente en la ley, ante su realidad y el tratamiento que se viene dando en los fallos a otros hechos, incluso de menos difusión, esta Sala considera que para desarrollar un proceso justo, idóneo y sin formalismos inútiles, el sentenciador puede dar como ciertos los hechos comunicacionales con los caracteres que luego se indican, y por ello puede fijar como cierto, los hechos que de una manera uniforme fueron objeto de difusión por los medios de comunicación, considerándolos una categoría de hechos notorios, de corta duración. (omisis) Es cierto que el hecho comunicacional, como cualquier otro hecho, puede ser falso, pero dicho hecho tiene características que lo individualizan y crean una sensación de veracidad que debe ser tomada en cuenta por el sentenciador. Esos caracteres confluyentes son: 1) Se trata de un hecho, no de una opinión o un testimonio, si no de un evento reseñado por el medio como noticia; 2) Su difusión es simultánea por varios medios de comunicación social escritos, audiovisuales, o radiales, lo cual puede venir acompañado de imágenes; 3) Es necesario que el hecho no resulte sujeto a rectificaciones, a dudas sobre su existencia, a presunciones sobre la falsedad del mismo, que surjan de los mismos medios que lo comunican, o de otros y, es lo que esta Sala ha llamado antes la consolidación del hecho, lo cual ocurre en un tiempo prudencialmente calculado por el juez, a raíz de su comunicación; y 4) Que los hechos sean contemporáneos para la fecha del juicio o de la sentencia que los tomará en cuenta”. Así las cosas, la doctrina jurisprudencial de esa honorable Sala Constitucional ha sido pacífica y reiterada en afirmar, a lo largo de más de quince (15) años, que los hechos notorios, entre los que se encuentran los públicos y comunicacionales, no necesitan ser probados y por lo tanto pueden ser incorporados al proceso incluso por el propio tribunal, sin que ello vulnere el modo alguno el principio contenido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil. Lo cual está en plena sintonía con lo establecido en los artículos 2, 26 y 257 de la Constitución de la República y 506 del Código de Procedimiento Civil. De la misma manera, tal como es del conocimiento de usted, Honorable Juez, la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional ha establecido que este tipo de hechos comunicacionales deben cumplir con los siguientes requisitos para ser tomados en cuenta por el sentenciador como ciertos: 1- Que se trate de hechos o eventos reseñados como noticias o sucesos; 2- Que su difusión sea producida por varios medios de comunicación social, bien sean éstos escritos, audiovisuales o radiales, y que incluso pueden venir acompañados de imágenes; 17 3- Que el hecho se haya consolidado, al no haber sido desmentidos por una ola mediática que refleje lo contrario, a pesar de ocupar un espacio reiterado en los medios de comunicación social, ni haber sido sujeto de rectificaciones; 4- Que los hechos sean contemporáneos para la fecha del juicio o de la sentencia que los tomará en cuenta. En función de ello, es obvio y no cabe duda alguna de que en el presente caso, los hechos notorios, públicos y comunicacionales que fundamentan la presente demanda, cumplen con todos esos requisitos, toda vez que: 1- Evidentemente se trata de noticias sobre la realidad nacional; 2- Esta falta de pago de las pensiones a los jubilados y pensionados venezolanos que residen en el exterior es una noticia que ha sido reseñada por casi todos los medios de comunicación social del país, nacionales y regionales, tanto escritos, como audiovisuales y radiales, incluso por medios de internet. Resaltando el hecho de que esa grave crisis ha sido reseñada por medios de todas las corrientes y líneas editoriales. Llamando la atención el hecho de que también ha sido reseñada por medios internacionales, lo que prueba que la situación es tan grave que incluso preocupa a medios y ciudadanos de otros países. 3- Es obvio que estamos ante un hecho consolidado, pues lleva muchos meses siendo reseñado, sin haber sido desmentido por una ola mediática que informe lo contrario. Con la particularidad de que las únicas rectificaciones noticiosas han sido para informar que el grave drama humano que están sufriendo los jubilados y pensionados en el exterior se ha ido agravando a lo largo de los meses, pues cada vez tienen más meses sin cobrar y consecuentemente mayores carencias de insumos básicos. Lo cual lejos de desvirtuar la presente acción, la fortalece y suma razones a su declaratoria con lugar. 4- Evidentemente el hecho es contemporáneo a la fecha del juicio. Ahora bien, dando cumplimiento a los requisitos procesales señalados por la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de su valor probatorio como plena prueba, junto con el presente escrito consignamos los siguientes instrumentos contentivos de reseñas noticiosas sobre la falta de pago 18 de las pensiones a los pensionados y jubilados venezolanos que residen en el exterior: 1- “Desde que no me pagan la pensión subsisto con ayuda de la Iglesia”. Publicado por el Diario El Nacional en fecha 29 de mayo de 2016 y verificable en la dirección web http://www.el-nacional.com/sociedad/pagan-pension-subsisto-ayudaIglesia_0_856114481.html 2- “Pensionados y jubilados venezolanos en el exterior buscan sobrevivir ante falta de pagos”. Publicado en el portal web Cuentas Claras Digital en fecha 18 de julio de 2016, tal como se puede apreciar en la dirección web http://www.cuentasclarasdigital.org/2016/07/pensionados-y-jubilados-venezolanosen-el-exterior-buscan-sobrevivir-ante-falta-de-pagos/ 3- “Pensionados en el exterior reclaman al IVSS el cobro del beneficio”. Publicado por el Diario El Universal en fecha 28 de diciembre de 2015 y verificable en la dirección web http://www.eluniversal.com/noticias/caracas/pensionadosexterior-reclaman-ivss-cobro-del-beneficio_83537 4- “Se intensifica la crisis de jubilados y pensionados en el exterior”. Publicado por el portal web www.lapatilla.com en fecha 19 de enero de 2016, tal como se puede verificar en la siguiente dirección web https://www.lapatilla.com/site/2016/01/19/se-intensifica-crisis-de-jubilados-ypensionados-en-el-exterior/ 5- “CENCOEX suspende las remesas a jubilados en el exterior”. Publicado en el portal web runrun.es en fecha 12 de abril de 2015 y verificable en la dirección web http://runrun.es/nacional/197280/cencoex-suspende-las-remesas-a-jubilados-en-elexterior.html 6- “Jubilados en el exterior denuncian situación crítica por falta de divisas”. Publicado por el portal web runrun.es en fecha 13 de diciembre de 2015 y verificable en la dirección web http://runrun.es/nacional/venezuela- 2/240113/jubilados-en-el-exterior-denuncian-situacion-critica-por-falta-dedivisas.html 7- “Pensionados y jubilados venezolanos en el exterior buscan cómo sobrevivir”. Publicado el 21/07/2016 por el periódico El Tiempo, tal como se puede verificar en la dirección web http://eltiempo.com.ve/mundo/situacion/pensionadosy-jubilados-venezolanos-en-el-exterior-buscan-como-sobrevivir/224475 19 Todo lo cual pone en evidencia que la falta de pago de las pensiones a los jubilados y pensionados venezolanos que residen en el exterior, que motiva la presente acción, constituye un hecho público, notorio y comunicacional. Por lo tanto, está plenamente probado y acreditado en autos, y así debe ser considerado por esa honorable Sala a la hora de decidir sobre las medidas cautelares que se solicitan en el presente escrito, así como a la hora de decidir sobre el fondo del asunto. Sin menosprecio de ello, dejamos constancia que todos los medios probatorios que demuestran los graves hechos aquí narrados serán ampliados, complementados y evacuados cuando llegue la oportunidad procesal correspondiente para ello. IV.IV- Los Hechos que Originan la Presente Acción no requieren ser probados. Sin menosprecio de que ya hemos probado y acreditado en autos la falta de pago de las pensiones que motiva la presente acción, es de tener en cuenta que en el presente caso, al tratarse del cobro de una obligación cuya fuente está en la Ley, la carga de la prueba le corresponde a los accionados, tal como lo establece el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, que a la letra dispone: “Artículo 506: Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación. Los hechos notorios no son objeto de prueba”. Por ello: 1- En vista de que jubilaciones y pensiones por vez, discapacidad y sobrevivencia, constituyen una obligación que tiene su fuente en la propia Constitución y en la Ley, que además la definen como un derecho humano fundamental; 2- Considerando que el Estado Venezolano en múltiples oportunidades ha reconocido la existencia de su obligación de pagar las pensiones y jubilaciones a los residentes en el extranjero, tal como consta en la propias Memorias y Cuentas de los Ministerios del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo y Economía y Finanzas del año 2015, donde consta, tanto la existencia de la obligación, como el número, situación y monto pagado a los jubilados y pensionados durante 2015. 3- Considerando el Estado Venezolano ha reconocido la existencia de la existencia de su obligación de pagar las pensiones y jubilaciones a los residentes en el extranjero, pues en virtud de ello ha dictado los distintos Convenios Cambiarios que 20 regulan la forma de sus pagos y ha suscrito Convenios Internacionales sobre el particular, siendo el más relevante para el presente caso, el suscrito con la República de Chile. Es obvio que en el presente caso, nadie podría negar la existencia de tal obligación. Razón por la cual, al tratarse su falta de pago de un hecho negativo, no se requiere de prueba alguna de parte nuestra. Siendo el caso que la carga de la prueba le corresponde a los accionados, quienes deben demostrar el pago de la obligación demandada para poder liberarse de ella y desmentir nuestras aseveraciones, tal como lo dispone en transcrito artículo 506 del Código de Procedimiento Civil. V- DE LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO QUE SUSTENTAN LA PRESENTE ACCIÓN. V.I REGULACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. NORMAS DE ORDEN PÚBLICO. En nuestro sistema de derecho positivo, la seguridad social tiene su fundamento en el artículo 86 de la Constitución de la República, que a la letra dispone: “Artículo 86: Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social. El Estado tiene la obligación de asegurar la efectividad de este derecho, creando un sistema de seguridad social universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones directas o indirectas. La ausencia de capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección. Los recursos financieros de la seguridad social no podrán ser destinados a otros fines. Las cotizaciones obligatorias que realicen los trabajadores y las trabajadoras para cubrir los servicios médicos y asistenciales y demás beneficios de la seguridad social podrán ser administrados sólo con fines sociales bajo la rectoría del Estado. Los remanentes netos del capital destinado a la salud, la educación y la seguridad social se acumularán a los fines de su distribución y contribución en esos servicios. El sistema de seguridad social será regulado por una ley orgánica especial (resaltado nuestro)”. En desarrollo de ello, la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, en su artículo 18 establece: 21 “Artículo 18. El Sistema de Seguridad Social garantizará las prestaciones siguientes: 1. Promoción de la salud de toda la población de forma universal y equitativa, que incluye la protección y la educación para la salud y la calidad de vida, la prevención de enfermedades y accidentes, la restitución de la salud y la rehabilitación; oportuna, adecuada y de calidad. 2. Programas de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social. 3. Promoción de la salud de los trabajadores y de un ambiente de trabajo seguro y saludable, la recreación, la prevención, atención integral, rehabilitación, reentrenamiento y reinserción de los trabajadores enfermos o accidentados por causas del trabajo, así como las prestaciones en dinero que de ellos se deriven. 4. Atención integral en caso de enfermedades catastróficas. 5. Atención y protección en caso de maternidad y paternidad. 6. Protección integral a la vejez. 7. Pensiones por vejez, sobrevivencia y discapacidad. 8. Indemnización por la pérdida involuntaria del empleo. 9. Prestaciones en dinero por discapacidad temporal debido a enfermedades, accidentes, maternidad y paternidad 10. Subsidios para la vivienda y el hábitat de las personas de bajos recursos y para una parte de las cotizaciones al Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas en el caso de los trabajadores no dependientes de bajos ingresos. 11. Asignaciones para las necesidades especiales y cargas derivadas de la vida familiar. 12. Atención integral al desempleo a través de los servicios de información, orientación, asesoría, intermediación laboral, y la capacitación para la inserción al mercado de trabajo; así como la coordinación con organismos públicos y privados para el fomento del empleo. 13. Atención a las necesidades de vivienda y hábitat mediante créditos, incentivos y otras modalidades. 14. Cualquier otra prestación derivada de contingencias no previstas en esta Ley y que sea objeto de previsión social. La organización y el disfrute de las prestaciones previstas en este artículo serán desarrolladas de manera progresiva hasta alcanzar la cobertura total y consolidación del Sistema de Seguridad Social creado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (resaltado nuestro)”. 22 De allí que nuestro sistema se derecho positivo establece un conjunto amplio de medidas y prestaciones orientadas a garantizar la seguridad social de los ciudadanos. Ahora bien, en vista de que el objeto de la presente acción se circunscribe a las prestaciones por concepto de pensiones y jubilaciones, sólo nos referiremos a éstas últimas. Sobre el particular, en la propia página web del Instituto Venezolano de los Seguros Social (http://www.ivss.gov.ve/contenido/Tipos-de-Pensiones ), que merece toda la credibilidad en el presente caso, al tratarse de información oficial, encontramos que allí se definen los tipos de pensiones en los siguientes términos: “Pensión: es la prestación dineraria otorgada en virtud de una disposición jurídica que tiene como finalidad garantizar al ciudadano bienestar y seguridad social y dependiendo de la situación del ciudadano pueden ser por vejez, invalidez, incapacidad o sobreviviente. Pensión por Sobreviviente: Son prestaciones dinerarias causadas por el fallecimiento de una beneficiaria o un beneficiario de pensión de invalidez o vejez en todo caso y por el fallecimiento de una asegurada o un asegurado, siempre que tenga acreditadas no menos de setecientas cincuenta (750) cotizaciones semanales; o bien cumpla con los requisitos para tener derecho a una pensión de invalidez al momento de fallecer; o bien haya fallecido a causa de un accidente del trabajo o enfermedad profesional; o por un accidente común, siempre que la trabajadora o el trabajador para el día del accidente esté sujeto a la obligación del Seguro Social. Pensión por Invalidez: Son prestaciones dinerarias otorgadas al asegurado por la pérdida de más de dos tercio (2/3) de su capacidad para trabajar a causa de una enfermedad o accidente, en forma presumible permanente o de larga duración. Pensión por Vejez: El asegurado o asegurado después de haber cumplido 60 años de edad si es varón o 55 años si es mujer, tiene derecho a una pensión de vejez. La asegurada o el asegurado mayor de 60 años si es varón y de 55 si es mujer, que no tenga acreditadas el mínimo de 750 cotizaciones semanales para tener derecho a pensión por vejez, puede a su elección, esperar hasta el cumplimiento de este requisito o bien recibir de inmediato una indemnización única equivalente al diez por ciento (10%) de la suma de los salarios correspondientes a las cotizaciones que tenga acreditadas. Los trámites pueden ser realizados en cualquiera de las 48 Oficinas Administrativas del IVSS, sin importar el lugar de residencia del Solicitante. Pensión por Incapacidad: Son prestaciones dinerarias otorgadas en virtud de una enfermedad profesional o accidente de trabajo la cual disminuye al asegurado su capacidad para trabajar entre un 25% y hasta un 66,66%, originándose el derecho a la obtención de una pensión por incapacidad”. 23 Por su parte, el artículo 9 de la citada Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social establece expresamente que el “Sistema de Seguridad Social es de carácter público y las normas que lo regulan son de orden público”. A la vez que el artículo 119 ejusdem establece que las pensiones y jubilaciones adquiridas, son un derecho adquirido que debe ser garantizado y respetado por el Estado, a través del pago oportuno, al disponer: “Artículo 119. El Estado garantiza la vigencia y el respeto a los derechos adquiridos a través del pago oportuno y completo de las pensiones y jubilaciones a los pensionados por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y, por otros regímenes de jubilaciones y pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, que hayan cumplido con los requisitos establecidos para obtener la jubilación o pensión antes de la entrada en vigencia de la presente Ley, en los términos y condiciones que fueron adquiridos, hasta la extinción de los derechos del último sobreviviente, a cargo del organismo que otorgó el beneficio y de los fondos, si los hubiere, y estén en capacidad financiera total o parcialmente, en caso contrario a cargo del Fisco Nacional a través del organismo otorgante. Las personas beneficiarias de jubilaciones y pensiones, cualquiera sea su régimen, quedan exceptuadas de contribución o cotización alguna, salvo que continúen desempeñando actividades remuneradas”. De todo lo anterior se concluye: 1- Que todo lo relativo al régimen de seguridad y social y pago de pensiones es materia de estricto orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento para el Estado Venezolano; 2- Que el Estado Venezolano está en la obligación de pagar oportunamente las pensiones y jubilaciones; 3- Que las pensiones y jubilaciones obtenidas luego del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para ello, constituyen derechos adquiridos y deben ser pagadas por el Estado Venezolano de forma oportuna y mensual, sin importar el lugar donde residan sus beneficiarios. V.II DERECHOS CONSTITUCIONALES CONEXOS. Es evidente que la razón de ser de las jubilaciones y pensiones por vejez es brindar a sus beneficiarios los medios económicos que garanticen la protección de su vejez, su salud y su calidad de vida. Por lo tanto, este tema también se haya íntimamente 24 relacionado con los derechos a la protección de la vejez y la salud, contemplados en los artículos 80 y 83 de la Constitución de la República, que textualmente establecen: “Artículo 80: El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de seguridad social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. A los ancianos y ancianas se les garantizará el derecho a un trabajo acorde con aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello (resaltado nuestro)”. “Artículo 83. La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República” (resaltado nuestro). Por esta razón, la falta de pago de las pensiones y jubilaciones cometida por los accionados, no sólo implica el incumplimiento de una prestación dineraria, sino que también lesiona los derechos fundamentales a la protección de la vejez y la salud de los beneficiarios de dichas prestaciones, y lo que es más grave aún, los pone en una terrible situación de angustia e indefensión al imposibilitarles los medios económicos mínimos para acceder a los insumos más básicos para la vida, como lo son los alimentos y las medicinas. Aunado a lo anterior, visto que el Estado Venezolano sí le está pagando oportunamente a los pensionados y jubilados que residen en el territorio nacional, es obvio que en nuestro caso particular también se produce una clara violación al derecho constitucional a la igualdad y no discriminación, contemplado en el artículo 21 de la Constitución de la República, toda vez que son justamente los jubilados y pensionados residenciados en el exterior a quienes el Estado le ha dejado de pagar sus prestaciones. 25 V.III- TRATADOS INTERNACIONALES. Ahora bien, a la par de ser derechos constitucionales, consagrados y protegidos por normas jurídicas de Derecho Interno, los derechos a la seguridad social, la protección de la vejez, la salud y la igualdad y no discriminación también forman parte del catálogo de Derechos Humanos que deben ser respetados, garantizados, promovidos y protegidos por el Estado Venezolano, en virtud de los Acuerdos, Pactos y Tratados Internacionales que sobre la materia ha suscrito y ratificado la República Bolivariana de Venezuela. Tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por citar sólo dos ejemplos. Lo cual obliga aún más al Estado Venezolano a respetarlos, garantizarlos y velar por ellos. En efecto, el hecho de que la República Bolivariana de Venezuela haya suscrito y ratificado dichos Acuerdos Internacionales, la obliga doblemente a pagar las pensiones de vejez, incapacidad, jubilación y/o sobrevivencia. La primera fuente de esta obligación tiene su origen en las diversas disposiciones de derecho interno que tratan la materia, tales como la propia Constitución, la Ley del Seguro Social y la citada Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, y la segunda fuente viene dada porque así lo establecen dichos Acuerdos Internacionales. Aunado a ello, la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 19, 22 y 23 establece de forma clara, expresa e inequívoca la obligación que tiene el Estado Venezolano de garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos y fundamentales de sus habitantes. En los siguientes términos: “Artículo 19. El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen. Artículo 22. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos. Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las 26 establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”. Todo lo cual ha sido debidamente interpretado y ratificado por la jurisprudencia pacífica, reiterada y vinculante, emanada de la misma Sala Constitucional, que en múltiples oportunidades ha dejado muy claro el valor jurídico, vinculante y obligatorio de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, a los cuales se les reconoce rango constitucional por mandato del propio Texto Fundamental. Razón por la cual, toda persona puede invocarlos y exigirlos ante cualquier organismo jurisdiccional o administrativo nacional así como ante las instancias internacionales correspondientes. Sobre este particular, en el Preámbulo de nuestra Constitución encontramos: “Inspirada por las principales tendencias que se han desarrollado en derecho comparado y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, la Constitución reconoce expresamente el principio de progresividad en la protección de tales derechos, conforme al cual el Estado garantizará a toda persona natural o jurídica, sin discriminación alguna, el respeto, el goce y el ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los mismos. Se reconocen como fuentes en la protección de los derechos humanos a la Constitución, a los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia, y a las leyes que los desarrollen. Al respecto, con el objeto de reforzar la protección de los referidos derechos se establece que los tratados, pactos y convenciones internacionales en esta materia, suscritos y ratificados por Venezuela, prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre el goce y ejercicio de los derechos humanos más favorables a las contenidas en la Constitución y en las leyes, siendo sus disposiciones de aplicación directa e inmediata por los tribunales de la República y demás órganos que ejercen el Poder Público. Por ello, en el caso de que un tratado internacional suscrito y ratificado por Venezuela reconozca y garantice un determinado derecho humano, en forma más amplia y favorable que la Constitución, prevalece en todo caso el instrumento internacional y debe ser aplicado en forma preferente, directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado” (resaltado y cursivas nuestras). Ahora bien, tal como se establece en dichos Tratados Internacionales (que son de obligatorio cumplimiento y forman parte de nuestro sistema jurídico), los derechos a 27 la seguridad social, protección de la vejez, la vida y la salud generan obligaciones internacionales de respeto, garantía y protección por parte del Estado Venezolano. Entre las cuales le encuentran el pago oportuno de las pensiones de vejez, jubilación, incapacidad y/o sobrevivencia. Entre éstos Tratados Internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en 1966, de obligatorio cumplimiento para el Estado Venezolano por haberlo ratificado en fecha 10 de mayo de 1978, gaceta Oficial Nº 2.146 de fecha 28-01-1978, consagra el derecho a la seguridad social en los siguientes términos: “Artículo 9: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”. Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita por Venezuela mediante Resolución N° 217 del 10/12/48, en su artículo 25 establece: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. V.IV- EL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y LA REPÚBLICA DE CHILE. Junto con toda la normativa anteriormente explicada, la presente demanda también se fundamenta en el Convenio de Seguridad Social entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Chile, válido y obligante para nuestro país por haberlo suscrito, ratificado y aprobado mediante la “Ley Aprobatoria del Convenio Bilateral sobre Seguridad Social entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Chile”, publicada en la Gaceta Oficial Nº Extraordinario 5.754, de fecha 03 de enero de 2005. Cuyos artículos 5 y 20 expresamente obligan a la República Bolivariana de Venezuela a pagar a sus pensionados y jubilados residentes en la 28 República de Chile, los montos mensuales de sus pensiones y jubilaciones mediante transferencias directas a su lugar de residencia, en dólares o en pesos chilenos. De la misma manera, el aludido artículo 5 de dicho Convenio expresamente prohíbe a los Estados Parte, retener, reducir o modificar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia por el hecho de que el beneficiario se encuentre o resida en el otro Estado. VI- RESUMEN DE LAS VIOLACIONES JURÍDICAS QUE IMPLICA LA FALTA DE PAGOS AQUÍ DEMANDADA. Tal como seguramente ya concluyó ese Honorable Juez, la falta de pago de las pensiones y jubilaciones objeto de esta acción, implica múltiples infracciones jurídicas que pueden ser resumidas de la siguiente forma: 1- Violación de diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, que obligan a los accionados a transferir dicho pago, y sin embargo no lo han hecho desde hace 10 meses. 2- Lesión y amenaza de seguir lesionando el Derecho Constitucional de mis mandantes a la Seguridad Social, contemplado en el artículo 80 de la Constitución. Puesto que la omisión de los demandados priva a mis representados de su derecho constitucional a recibir sus pensiones. 3- Lesión y amenaza de seguir lesionando el derecho constitucional de mis representados a la protección de su vejez, contemplado en el artículo 80 de la Constitución. Puesto que esta situación les impide acceder a los recursos básicos para su subsistencia, generándoles indefensión y múltiples calamidades, lo que les impide gozar de la vejez digna que garantiza la Constitución. 4- Lesiona y amenaza con seguir lesionando el derecho constitucional de mis representados a la salud, contemplado en el artículo 83 de la Constitución. Puesto que la falta de pago de sus pensiones los priva de los recursos financieros que necesitan para comprar medicinas, alimentos y sufragar los gastos médicos que son indispensables para las personas de la tercera edad. 29 5- Lesiona y amenaza con seguir lesionando el derecho constitucional de mis representados a la igualdad y no discriminación, contemplado en el artículo 21 de la Constitución. Ya que los demandados sí le están pagando a los jubilados y pensionados que residen en el territorio nacional, lo que constituye una grosera discriminación en contra de mis representados. 6- Viola diversos Tratados Internacionales. 7- Implica un grosero incumplimiento del Convenio de Seguridad Social entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Chile, que obliga a nuestro país a pagarle sus pensiones en dólares o en pesos chilenos a todos los pensionados y jubilados, venezolanos y/o chilenos que se hicieron acreedores de dichos beneficios en la República Bolivariana de Venezuela, que se encuentren o residan en la República de Chile. 8- Es un incumplimiento tan basto y grosero que incluso viola las disposiciones más básicas del Derecho Civil, contenidas en el artículo 1.264 del Código Civil, que obligan al cumplimiento de las obligaciones tal como fueron contraídas. En este caso, tal como la Ley las creó. VII- De la Legitimación Pasiva de los Accionados. No existe, ni puede existir duda al hecho cierto e innegable, de que por mandato legal, los aquí accionados son los únicos responsables y capaces de restablecer la situación jurídica infringida. En efecto, su legitimación pasiva se evidencia claramente de lo siguiente: a) La legitimación pasiva de los señores Presidentes del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) y del Banco Central de Venezuela, aquí demandados, deriva de los artículos 6 y 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, que expresamente establecen: “Artículo 6: Divisas a Poderes Públicos y para Cubrir Necesidades Esenciales. Las divisas destinadas a cubrir los gastos de los poderes públicos y a la satisfacción de las necesidades esenciales de la sociedad, tales como lo son los bienes y servicios declarados como de primera necesidad, constituidos por las medicinas, los alimentos, la vivienda y la educación, sin que este enunciado tenga carácter taxativo, serán asignadas y fiscalizadas por el Centro Nacional de Comercio Exterior, mediante el procedimiento que éste dicte al efecto, quien deberá rendir cuenta de su 30 actuación a la Vicepresidencia del Área Económica del Consejo de Ministros Revolucionarios, en función del monto de disponibilidad de divisas aprobado al efecto por el Banco Central de Venezuela”. “Artículo 11: Autoridades Administrativas. A los efectos de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, constituyen Autoridades Administrativas para la ejecución del régimen de administración de divisas los siguientes: 1) Vicepresidencia del Área Económica del Consejo de Ministros Revolucionarios, en la planificación, conducción, articulación y coordinación de la política económica nacional, determinando a tales fines las prioridades de atención de divisas, la política de incentivos, y el control sobre los mecanismos administrados por las autoridades competentes del régimen de administración de divisas. 2) Centro Nacional de Comercio Exterior, en la gestión, administración, supervisión y control de los mecanismos administrados por las autoridades competentes del régimen de administración de divisas, así como en la regulación de los procedimientos, requisitos y restricciones que requiera la instrumentación de los Convenios Cambiarios a través de los citados mecanismos. 3) Corporación Venezolana de Comercio Exterior, en la ejecución de la política nacional de exportaciones no petroleras, la de importaciones, la procura y garantía de las mejores condiciones en cuanto a calidad y precios de productos y bienes para el país, cuyas funciones estarán regidas por las orientaciones emanadas del Presidente de la República, del Despacho del Vicepresidente del Consejo de Ministros Revolucionarios para el Área Económica, y del Centro Nacional de Comercio Exterior”. b) La Legitimación Pasiva del ciudadano Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, viene dada por diversas disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Seguro Social. Pues tal como expresa la Memoria del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo del año 2015, en su página 114, al referirse a las competencias del Instituto Venezolanos de los Seguros Sociales: “Mientras dure la transición hacia la Nueva Institucionalidad, se mantiene vigente la Ley del Seguro Social, en cuanto sus disposiciones no contraríen las normas establecidas en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y las leyes de los regímenes prestacionales. En tal sentido, se mantienen las atribuciones otorgadas en la Ley del Seguro Social en su artículo Nº 51: “…velará por la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la materia y cumplirá y hará cumplir todo lo relacionado con el régimen de cotizaciones y prestaciones.” 31 VIII- SOBRE LA EVIDENTE PROCEDENCIA DE LA PRESENTE ACCIÓN. Honorable Juez, hasta el presente momento hemos expuesto sobradas razones, debidamente probadas conforme a derecho, que demuestran la total procedencia de la presente acción. No obstante, con el debido respeto, hacemos las siguientes consideraciones: 1.- Independientemente del revestimiento jurídico antes expuesto, esta demanda busca detener el injustificado sufrimiento que están padeciendo 529 ancianos, jubilados y pensionados venezolanos que viven en la República de Chile, los cuales cada día sufren la angustia y desesperación que implica no poder adquirir los insumos más básicos para subsistir, tales como alimentos y medicinas, como consecuencia de la falta de pago de sus pensiones. Lo que está en juego es la integridad, la dignidad, la vida y la salud de muchos ancianos venezolanos; 2.- Esta Demanda de Protección se fundamenta en una lógica muy sencilla: El Estado debe pagar las pensiones y jubilaciones a sus acreedores que residen en el exterior; El Estado lleva 10 meses sin hacerlo; Por lo tanto, el Estado debe ser condenado de restituir la situación jurídica infringida. ¡Así de sencillo! 3- El Petitorio de la presente acción es perfectamente ejecutable. Además de que deriva de una obligación constitucional de estricto orden público. Ya que, tal como ha quedado evidenciado en el presente escrito, tanto nuestra Constitución, como distintas Leyes Nacionales y Tratados Internacionales, obligan al Estado Venezolano al pago de las prestaciones derivadas de la Seguridad Social. De la misma manera, es de hacer notar que el monto total cuyo pago se demanda en la presente acción no representa ni siquiera el 0,11% de las divisas nacionales. En efecto, tal como consta en las páginas 580 y 581 de la Memoria del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas del año 2015, que es un acto administrativo válido, cierto y hace plena prueba, durante el pasado año 2015 el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), en función de la disponibilidad asignada por el Banco Central de Venezuela (BCV), autorizó a liquidar un total de MMUS$ 7.758,19, de los cuales tan sólo 72,43 MMUS$ correspondieron al pago de pensiones y jubilaciones a la totalidad de los más de 12.500 jubilados y pensionados que residen 32 dispersos en todo el planeta, lo que equivale al 0,93% del total de las divisas liquidadas. Por ello, en vista de que la presente demanda sólo se circunscribe a los 529 jubilados y pensionados que residen en la República de Chile, es obvio que el pago aquí reclamado no representa ni el 0,11% de las divisas nacionales. Lo que trae como consecuencia que bajo ningún concepto se pueda alegar la “falta de dólares” como excusa para no efectuar dichos pagos. Menos aun cuando estamos en un caso de estricto orden público constitucional, que afecta la dignidad, la vida y la salud de ancianos indefensos que sólo dependen de sus pensiones para poder vivir. Por todo ello es obvio que la presente acción resulta completamente procedente y debe ser declarada con lugar en bien de los beneficiarios venezolanos de jubilaciones y pensiones que residen en Chile, y así solicitamos sea declarado por ese honorable Juzgado. IX- SOBRE LA URGENTE NECESIDAD DE QUE SE DICTE UN AMPARO CAUTELAR. El poder cautelar de los jueces es esencial para proteger de daños irreparables a los derechos de las personas que acuden a la justicia. Ese Circuito Judicial no ha dudado en ejercerlo cuando ha estimado necesario proteger los intereses en peligro, en aras de salvaguardar la supremacía constitucional y el imperio del Derecho. De conformidad con los artículos 2 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ejercemos como medida cautelar una pretensión de amparo constitucional, toda vez que las acciones y omisiones que aquí se cuestionan vulneran derechos y garantías constitucionales, tal como ha sido plenamente demostrado a lo largo del presente escrito. Razón por la cual solicitamos se restablezca la situación jurídica infringida mientras dure el proceso del juicio principal y, lo que es más importante aún, se evite que se generen nuevas violaciones a los derechos a la seguridad social, protección de la vejez, salud, igualdad y no discriminación de los jubilados y pensionados venezolanos que residen en la República de Chile. Conforme a los criterios jurisprudenciales sostenidos, el amparo constitucional bien puede constituir una medida cautelar por medio de la cual el juez debe evitar que 33 sean violados derechos o garantías de rango constitucional, mientras dure el procedimiento principal. Con relación a los requisitos de procedencia de la medida de amparo cautelar, la jurisprudencia ha señalado que: …es menester revisar el cumplimiento de los requisitos que condicionan la procedencia de toda medida cautelar, adaptados naturalmente a las características propias de la institución de amparo en fuerza de la especialidad de los derechos presuntamente vulnerados. Dicho lo anterior, estima la Sala que debe analizarse en primer término, el fumusboni iuris, con el objeto de concretar la presunción grave de violación o amenaza de violación del derecho constitucional alegado por la parte quejosa y que lo vincula al caso concreto; y en segundo lugar, el periculum in mora, elemento éste determinable por la sola verificación del requisito anterior, pues la circunstancia de que exista presunción grave de violación de un derecho de orden constitucional, el cual por su naturaleza debe ser restituido de forma inmediata, conduce a la convicción de que debe preservarse ipso facto la actualidad de ese derecho, ante el riesgo inminente de causar un perjuicio irreparable en la definitiva a la parte que alega la violación. (Sentencia del 20 de marzo de 2001, caso: “Marvin Enrique Sierra Velasco”). La jurisprudencia pacífica y reiterada ha establecido que las medidas cautelares serán decretadas por el Juez siempre que se cumplan con los siguientes requisitos: (1) que exista prueba del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, y; (2) que exista prueba suficiente del derecho que se reclama en juicio. Ambos constituyen lo que se entiende como el periculum in mora y el fumusboni iuris. Así las cosas, no cabe duda alguna de que en el presente caso se cumplen con todos los requisitos exigidos para la procedencia del Amparo Cautelar solicitado, toda vez que: 1. El fumusboni iuris: El fumusboni iuris está sin duda presente. En esta etapa procesal el juez actúa con base en una apariencia de buen derecho, como se suele traducir al español la famosa frase en latín con la que el Derecho Procesal ha identificado el primero de los requisitos de procedencia de la medida de tutela provisional. No puede el juez efectuar, con carácter definitivo, su análisis de fondo, pero sí debe tomar en cuenta la apariencia de que la parte solicitante de la medida tiene cierta razón. 34 Por ello, considerando: a) Que los derechos fundamentales a la seguridad social, la protección de la vejez, la salud, la igualdad y no discriminación, están expresamente consagrados tanto por la Constitución de la República, en sus artículos 86, 80, 83 y 21. Así como por múltiples Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos suscritos por Venezuela, incluyendo el Convenio de Seguridad Social entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Chile; b) Que la presente acción busca precisamente proteger esos derechos; c) Que hay plena prueba de que el Estado de Venezolano lleva varios meses sin pagar las pensiones a los jubilados y pensionados que residen en el exterior. Lo que ya ha causado un gran sufrimiento y disminución de la calidad de vida de muchos ancianos quienes no tienen ni cómo comprar comida, y amenaza con seguir agravando la situación, mientras no se corrija este lamentable e ilegal incumplimiento; Es evidente que está cubierto el requisito de la presunción de buen derecho, ya que el mismo deviene de la propia Constitución, y así solicitamos sea declarado. 2. El periculum in mora En relación con el periculum in mora, resulta también evidente el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo si no se dicta el amparo cautelar que se solicita. En efecto, hay plena prueba de que la falta del pago de las pensiones y jubilaciones a sus beneficiarios que residen en el exterior, está sometiendo a miles de ancianos a situaciones de extrema pobreza que les impide acceder a los insumos más básicos y necesarios para su subsistencia, tales como alimentos y medicinas. En muchos casos puede generar el desalojo de sus viviendas y el embargo de sus bienes. Así como el empeoramiento de sus condiciones de salud, producto del estrés, la angustia, el insomnio, la desesperación que esta situación acarrea y la falta de acceso a medicinas y tratamientos médicos por no poder costearlos. Recordemos que la inmensa mayoría de los beneficiarios de las pensiones y jubilaciones son personas de la tercera edad, que ya no pueden trabajar en función de su ancianidad o simplemente no consiguen trabajo por la misma causa, y por lo tanto son completamente dependientes de sus pensiones para poder vivir. Lo que trae 35 como consecuencia que su injustificado sufrimiento va a seguir agravándose hasta que se normalice el pago de sus prestaciones. Por ello, en cada día que pase sin que se solucione el problema objeto de la presente demanda, seguirán sufriendo ancianos venezolanos por esta causa. De allí la urgente e imprescindible necesidad de que se dicte con carácter de urgencia un mandamiento cautelar que obligue a los accionados a tomar medidas eficaces para normalizar el pago de las pensiones y jubilaciones a sus beneficiarios que residen en el exterior, a fin de evitar daños irreparables por la sentencia definitiva que dicte este Tribunal. Daños que en este caso van desde el desalojo de sus viviendas y la pérdida de sus enseres, hasta la muerte por incapacidad de comprar medicamentos y alimentos. La ponderación de intereses. ¿Qué interés puede ser más importante que proteger la vida, la salud y la dignidad de pobres ancianos indefensos? Imagínese por un momento, Honorable Magistrado que usted, sus padres o sus familiares están sufriendo porque el Estado Venezolano no les paga su única fuente de ingresos, y a consecuencia de ello no tienen ni para comprar comida, los están desalojando de sus casas, se acuestan sin haber comido y pasan las noches en vela preocupados por la incertidumbre y desesperación. ¿Acaso no es ese un interés suficientemente fuerte para decretar esta medida en bien de los pobres ancianos indefensos? Por todo ello está más que probado que en el presente caso se cumplen con todos los requisitos de procedencia del amparo cautelar solicitado, y así solicitamos sea decidido, y en consecuencia: 1- Se ordene a los accionados, so pena de desacato, a normalizar el pago de las prestaciones de pensiones y jubilaciones a sus beneficiarios que residen en el exterior, dentro de un plazo perentorio no mayor a 15 días continuos, contados a partir de la fecha de la Sentencia que decrete la presente medida cautelar. Ello los fines de detener la violación a los derechos constitucionales, humanos y fundamentales a la seguridad social, protección de la vejez, salud e igualdad y no discriminación de los demandantes. 36 Subsidiariamente, es decir, sólo en el supuesto de que ese Juzgado negase la pretensión de amparo cautelar, solicitamos que, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, se acuerden las medidas cautelares que se estimen pertinentes para resguardar la apariencia de buen derecho invocada y garantizar las resultas del juicio. A tales fines debemos recordar que “el proceso judicial” como lo concibe la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, constituye un instrumento para la realización de la justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 257, eiusdem. Entendido el proceso de esta manera, es la sentencia definitiva, la que aplica el derecho al caso concreto, materializando los postulados y garantías constitucionales, por lo que es necesario evitar que su ejecución resulte ilusoria; en este contexto cobran relevancia las medidas o providencias cautelares que según la doctrina tienen como finalidad la salvaguarda de la futura ejecución de un fallo y la efectividad del proceso, por lo que tienden a evitar una situación lesiva o potencialmente dañosa con vista a la futura sentencia (GARCIA ENTERRIA, EDUARDO. “La Batalla por las Medidas Cautelares. Civitas. Madrid, 1996, páginas 265 a 274; y ORTIZ-ORTIZ, Rafael. “El Poder Cautelar General y las Medidas Innominadas”, Editorial Frónesis, Caracas 2002, pág.191). En este sentido, el poder cautelar atribuido por el ordenamiento jurídico a los jueces, constituye una manifestación del derecho que tiene toda persona a obtener la Tutela Judicial Efectiva (artículo 26 de la Constitución) de sus derechos e intereses personales, legítimos y directos e incluso los colectivos y difusos. Las medidas cautelares fueron dispuestas con la finalidad de evitar perjuicios o daños irreparables o de difícil reparación por la sentencia definitiva, a quienes aparenten ser titulares del derecho reclamado, con lo que se garantiza la satisfacción de la pretensión deducida en juicio, mediante la ejecución material de la sentencia, evitando la posible inejecutabilidad de las sentencias definitivamente firmes que reconozcan o creen derechos a favor de los particulares. Este criterio ha sido recogido por nuestra jurisprudencia, y en tal sentido la misma Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia Nº 1.025, del 26 de Octubre de 2010, caso: “Constitución del Estado Táchira” señaló: “La norma transcrita, viene a positivizar la doctrina pacífica y reiterada de esta Sala (Vid. Decisión N° 269/2000, caso: ICAP), según la cual, la tutela cautelar constituye un elemento esencial del derecho a la tutela 37 judicial efectiva y, por tanto, un supuesto fundamental del proceso que persigue un fin preventivo de modo explícito y directo. De allí, su carácter instrumental, esto es, que no constituyen un fin en sí mismas, sino que se encuentran preordenadas a una decisión ulterior de carácter definitivo, por lo que en relación al derecho sustancial, fungen de tutela mediata y, por tanto, de salvaguarda al eficaz funcionamiento de la función jurisdiccional. Significa entonces, que el citado carácter instrumental determina, por una parte, su naturaleza provisional y al mismo tiempo, por su idoneidad o suficiencia para salvaguardar la efectividad de la tutela judicial, pues si se conceden providencias que no garantizan los resultados del proceso, la tutela cautelar se verá frustrada en la medida en que no será útil para la realización de ésta. Resulta así oportuno referir a Calamandrei (1984. Providencias Cautelares, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires), en el sentido que como efecto del matiz servicial de las medidas cautelares, éstas deben ser homogéneas al petitorio de fondo, ya que alcanzan su mayor eficacia en cuanto más similares sean a las medidas que habrán de adoptarse para la satisfacción de la pretensión definitiva, pues se reitera, constituyen la garantía de la ejecución del fallo definitivo. Entonces, el fundamento de la medida cautelar no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un conocimiento periférico o superficial encaminado a obtener un pronunciamiento de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido, en el cual, deben ponderarse las circunstancias concomitantes del caso así como los intereses públicos en conflicto, ello en virtud de la presunción de legitimidad de los actos del Poder Público”. Por todo ello, visto que en el presente caso se cumplen con los requisitos de procedencia de cualquier medida cautelar, en el supuesto negado de que nieguen el amparo cautelar solicitado, subsidiariamente, solicitamos que con fundamento en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, se dicte una medida cautelar innominada donde: 1- Se ordene a los accionados, so pena de desacato, a normalizar el pago de las prestaciones de pensiones y jubilaciones a sus beneficiarios que residen en el exterior, dentro de un plazo perentorio no mayor a 15 días continuos, contados a partir de la fecha de la Sentencia que decrete la presente medida cautelar. Ello los fines de detener la violación a los derechos constitucionales, humanos y fundamentales a la seguridad social, protección de la vejez, salud e igualdad y no discriminación de los demandantes. 38 2- Cualquier otra medida que ese Juzgado considere pertinente para solucionar el grave problema que implica la falta de pago, por parte del Estado Venezolano, a los beneficiarios venezolanos de pensiones y jubilaciones que residen en la República de Chile. Toda vez que la presente solicitud cautelar es de eminente Orden Público, y el único fin que persigue es proteger la vida, la dignidad, la salud y detener el sufrimiento de cientos de ancianos vulnerables. X- PETITORIO Con fundamento en las consideraciones precedentemente expuestas, le solicitamos a ese Honorable Órgano Jurisdiccional que la presente Demanda sea admitida, sustancia conforme a derecho y declarada Con Lugar. Y en consecuencia le ordene a los accionados realizar las siguientes acciones: Primero: Pagar dentro de un lapso perentorio de 15 días continuos, contados a partir de la fecha de la sentencia que así lo establezca, so pena de desacato, la totalidad del monto adeudado a los beneficiarios de las jubilaciones y pensiones venezolanas que residen en la República de Chile, mediante transferencia en divisas, del monto que individualmente se le adeude a cada uno de ellos, a las correspondientes cuentas bancarias acreditadas para cada uno de ellos en Chile. Monto adeudado éste que para el momento de la interposición de la presente demanda alcanza la cifra de 15.913,95 dólares americanos para a cada uno de ciudadanos beneficiarios de pensiones venezolanas de vejez que residen en Chile. Segundo: En vista de que el mencionado monto de 15.913,95 dólares americanos, va a aumentar durante el tiempo que transcurra entre el ejercicio de la presente acción y su pago, solicitamos que ese Honorable Juzgado ordene una experticia complementaria al fallo que determine el aumento de dicho monto por el paso del tiempo. Así como por el cálculo de los intereses moratorios a que tienen derecho mis representados en virtud de la ilegal e injustificada demora en los pagos. Tercero: Se ordene a los demandados a realizar las gestiones necesarias para garantizar el pago oportuno y mensual de las pensiones y jubilaciones, de forma tal que en el futuro no vuelvan a generarse retrasos e impagos. Esto como medio para garantizar que no vuelvan a producirse nuevas lesiones a los derechos 39 constitucionales, humanos y fundamentales a la seguridad social, protección de la vejez, salud e igualdad y no discriminación de los demandantes. XI- DIRECCIONES PARA LAS NOTIFICACIONES. A los fines de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa adjetiva, indicamos las siguientes direcciones a los fines de que se practiquen las notificaciones de las partes: A) Accionados: Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS): Carlos Alberto Rotondaro Cova. Esquina de Altagracia, edificio Sede del IVSS al lado del Ministerio de Finanzas. Parroquia Altagracia, Municipio Libertador del Distrito Capital. Caracas. Presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX): Rocco Albisinni Serrano. CENCOEX - Centro Nacional de Comercio Exterior 2016, Sede Principal (Temporal): Av. Leonardo Da Vinci Edf. Anexo B-1 P.B. Urb. Los Chaguaramos. Municipio Libertador del Distrito Capital, Caracas. Presidente del Banco Central de Venezuela: Nelson Merentes. Av. Urdaneta, esquina de Carmelitas, Edificio Sede del Banco Central de Venezuela. Municipio Libertador del Distrito Capital, Caracas. B) Accionantes: Av. Luis Roche, Edificio Helena, piso 2, Ofic. 26. Urbanización Altamira, Municipio Chacao del Estado Miranda. Caracas. Es justicia que esperamos en la ciudad de Caracas, a la fecha de su presentación.
  
02/11/2016

ACCIÓN SOCIAL

En la Asociación se está conformando una comisión de bienestar social para orientar y otorgar algún tipo de ayuda a los socios que se encuentren en un estado de mayor vulnerabilidad en cuanto a salud y sustento económico.

 Es bueno recordar que en condiciones normales los socios deben estar inscritos en los centros de salud de las diferentes municipalidades. Tendrán atención y se les otorgarán las medicinas esenciales para los casos que así lo ameriten en forma gratuita.

Si alguien se encuentra en una situación muy precaria favor acercarse con la absoluta confianza a la directiva y ver la forma de ayuda.

ESTATUS DE NUESTRAS PENSIONES/JUBILACIONES

Como es de conocimiento universal la situación de Venezuela está en un estado extremadamente crítico,  las gestiones que hemos realizado por los conductos regulares no logran una respuesta digna y menos con el respeto que nos merecemos.

Seguiremos nuestra estrategia larga y difícil para recuperar lo que nos corresponde y lo que hemos ganado en nuestra vida  activa con el mismo  respeto que desearíamos recibir.

Ante tal situación recomendamos no tener falsas ilusiones o expectativas y por favor no creer en rumores que de vez en cuando aparecen en las redes. Solo creer cuando nuestro dinero esté en nuestros bolsillos.

Seguiremos adelante.


26/09/2016

Carta publicada por el diario "EL MERCURIO" del 21 de septiembre en la página A-2.


Señor Director,

La asociación gremial de pensionados Venezolanos residentes en Chile debidamente constituida y registrada en el Ministerio de Economía denominada PENSIVECH A.G. está integrada por Chilenos y Venezolanos de la tercera edad que tuvimos la vida laboral en ambos países en forma digna y responsable.

Nuestro interés es dar a conocer cómo el Estado Venezolano ha suspendido los pagos parcialmente desde el 2015 y en forma absoluta el año 2016, arbitrariamente y sin explicación alguna. Es fácil comprender los problemas serios que genera esta situación a los afectos tanto en salud como económico y lo indigno que nos resulta tener que exponer esto a la luz pública.

Hemos realizado gestiones por vías regulares ante la embajada, ejecutivo y la Asamblea Nacional de la república Bolivariana de Venezuela, sin lograr respuesta de ningún tipo.

Esta demanda es de Justicia Social, no es política simplemente son nuestros derechos ganados en la etapa activa. Por lo demás se encuentran tipificados en los principios fundamentales suscritos en la OEA y en las Naciones Unidas por los países miembros, donde se incluye el estado Venezolano… Por lo tanto tenemos la convicción que esta falta atenta a los Derechos Humanos.

No estamos dispuestos a callarnos y simplemente perder lo debidamente ganado de ahí que continuaremos una estrategia de unirnos los 12.000 casos como el nuestro residentes en España, Italia, Argentina, Uruguay, Estados Unidos y continuar esta demanda tanto dentro de Venezuela como ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Sabemos que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile ha  realizado gestiones de consultas al respecto y sus respuestas han sido similares a las nuestras a pesar de la reciprocidad y legalidad de los acuerdos bilaterales.

Sonia Laborde

Presidenta de Pensivech.A.G.

Pensivech.a.g.@gmail.com

sonialaborde@gmail.com

teléfono: 978742124  


JUNTA DIRECTIVA ENFATIZA (Publicado 06-09-16)

 Cada vez más,  vemos la utilidad de la DECLARACIÓN JURADA, constituyéndose en la base del compromiso de luchar por un derecho  adquirido ya que el Estado  Venezolano ha cumplido hasta el 2014 en forma plena, parcial en el 2015 e incumplido durante el 2016. 
Además Venezuela se ha comprometido a cumplir ante organismos internacionales por muchas décadas y convenios bilaterales actuales.
Hemos hecho un diagnóstico del porqué  una parte de los socios no han adherido a la Declaración Jurada y las causas más reiterativas son:
Miedo: A quedar fichado en una lista y que nos pueda pasar algo.
Sentimentalismo: “En Venezuela el pueblo entre otras cosas está sufriendo de Hambre y Escasez de Alimentes. En tales condiciones como vamos a exigir este derecho aunque nos pertenezca”.
Razones políticas: “Por principios o valores no podemos hacer gestiones en contra de los actuales gobernantes”. Comentan algunos
Famosas Excusas que nos caracterizan culturalmente: “No sabía”, “No tengo Tiempo”, “No tengo plata”, “Queda muy lejos la Notaría,”  etc.  Se han otorgado toda clase de facilidades.          
Respuesta de Junta Directiva y Colaboradores:
Cada día que pasa estamos más convencidos del camino que estamos llevando a cabo al punto que en otras latitudes comienzan a seguir los mismos pasos para alcanzar el objetivo y así lo ratifican organismos nacionales e internacionales.
La Declaración Jurada es la base para que cada quién unido a un gran todo,  alcancemos lo nuestro aunque tarde pero seguro amparados en una legalidad y con la frente en alto.
La ASAMBLEA EXTRAORDINARIA del pasado 16 de julio de 2016 aprobó una ESTRATEGIA en los siguientes términos:
BASE: Con UNIÓN, FUERZA, SABIDURÍA DE LA TERCERA EDAD y RESPETO. Dejar fuera Politiquería y fanatismos de cualquier índole y enfocarnos en el no pago de las pensiones.

Acuerdos: 
Divulgar Nuestro Problema ante Organismos Nacionales e Internacionales, Prensa de Venezuela,  Chile e internacional.
Periódicamente solicitar respuestas de Organismos pertinentes de Venezuela a través de la embajada de Venezuela en Santiago.
No enviar individuo o delegación alguna por esta causa a  Venezuela para solicitar respuesta o promesas por la razón de que esto ya se ha efectuado y la realidad demuestra  que ni siquiera serían recibidos. Peor aún,  cuando esto lo ha intentado el Ministerio de RREE de Chile por diferentes vías diplomáticas y ni siquiera reciben respuestas a sus solicitudes.
La Embajada y Consulado de Venezuela,  por ningún motivo será Agredida, ni tomada, ni violentada por PENSIVECH  A.G. porque nuestra Estrategia  así lo acordó en la Asamblea mencionada. Adoptamos una ESTRATEGIA  en base a RESPETO; EFICIENCIA y dentro de un MARCO JURÍDICO local e internacional.
Hacemos énfasis en estos acuerdos puestos que hay unos pocos socios que sugieren una estrategia diferente como tomarse La Embajada de Venezuela en Santiago e enviar comisión a Venezuela a gestionar los pagos pendientes. Estimamos que esto no conduce a una solución del problema.  Sin embargo cualquier aporte dentro del acuerdo marco será Bienvenida.
Esta Asociación acuerda incluir a  PENSIONADOS, JUBILADOS, antiguos y nuevos,  personas que estén en trámites o que tengan trámites suspendidos por cualquier causa referente a este tema.
Por cualquier duda pueden acudir personalmente a la reunión mencionada, página Web, por nuestros correos de pensivech  o personales, llamadas telefónicas etc.
Por último agradecemos a las socias  colaboradoras incorporadas a las reuniones de los jueves y han dado en tremendo aporte a la organización Herminia, Mónica, Doina y  Clara.
JUNTA DIRECTIVA y Colaboradoras. 

Publicado 03-09-16 Se les informa a los Pensionados que todavía no han ido a la NOTARIA a firmar la Declaración Jurada, que se ha extendido el período por dos meses más y se les ofrece enviárselas a sus correos electrónicos por si les es más fácil acudir a una NOTARÍA más cercana a sus casas. Luego enviarla o traerla a Willie Arthur 2030 departamento 703 Providencia. Señora Sonia Laborde

Se les informa a los Pensionados que ya el miércoles próximo enviaremos las demandas a la CIDH-OEA y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Se les informa a los Pensionados que estamos en contacto con ONG y abogados en Venezuela, que nos ayudarán a incursionar en acciones legales internas en tribunales venezolanos, por el pago de las pensiones adeudadas. También actuaremos conjuntamente con ellos en acciones legales a nivel internacional.

Informamos que estamos averiguando en Caracas, si a los pensionados residentes en Chile también les enviarán el retroactivo de noviembre que les adeudan, que fue transferido a los pensionados de Uruguay.

 


(PUBLICADO 23-08-16)Se solicita a los asociados que se comuniquen en Caracas con familiares que puedan asistir mañana a la PROTESTA de Pensionados FRENTE MINISTERIO HACIENDA cerca del Banco Central Av. Urdaneta a apoyar a los manifestantes por el pago de lo que les adeudan.

Gracias!!!

Estimados socios. (PUBLICADO 09-08-16)

Les informo oficialmente que la Junta Directiva más una serie de colaboradores está trabajando a tiempo completo sobre la estrategia acordada en la asamblea extraordinaria del mes de julio de 2016.

El proceso es muy lento dado que no hay respuesta oficial del Estado venezolano .

Recomendamos a los socios considerar solución del problema cuando nuestros dineros estén depositados en el Banco Estado de Chile, para no crear falsas expectativas.

Dentro de las Estrategias menciono cada una de ellas:

1.- Respecto a la Declaración Jurada sigue caminando aún hay tiempo de firmarla en la misma notaría hasta el 15 de septiembre. Por favor divulgar esta noticia entre asociados y pueden firmar además los Pensionados y /o Jubilados que no estén asociados y quienes hayan hecho los trámites y no les han solucionado el problema.

Este es un requisito básico para todas las acciones que estamos emprendiendo.

2.- Ya se iniciaron gestiones con la OEA (CIDH), OIT y se han avanzado gestiones con ASOPEX y otras organizaciones similares donde hay una disposición común sobre la forma de actuar en esta demanda de nuestros derechos.

3.- Nuestro problema ya ha sido comunicado y divulgado en el Ministerio de RREE de Chile y estamos avanzando la próxima semana con la ONU y la Cámara de Diputados de Chile comisión de RREE.

4.- Los organismos hasta el momento que nos ofrecen mayores garantías en SALVAGUARDAR y RECUPERAR NUESTRO DERECHO hasta el momento son OEA, a través de CIDH, que significa COMISIÓN INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS y la OIT. Ambas exigen un protocolo previo y extenso lo que nos obliga a estudiar el caso y hacernos asesorar por expertos y además que represente a nuestra Asociación Gremial en Venezuela. Estamos en estos momentos en la búsqueda de estos asesores. Tendremos reunión con uno de ellos la próxima semana.

Con esto buscamos llegar al punto de dejar establecida la deuda del Estado Venezolano a nosotros y luego constituirla en obligatoria a cumplir por el ESTADO VENEZOLANO, independiente del gobierno de turno.

Si llegamos a esto hemos dado un gran paso. Recibiremos el pago. Es una tarea larga pero lo bueno que ya la iniciamos, incluso vamos más adelantados con nuestros pares de otros lugares.

Solo les pido paciencia tenemos una Fe inmensa en que llegaremos a la meta y aquellos que sienten temor en firmar o sientan un romanticismo ideológico que les impide apoyarnos, le recomendamos que recapaciten porque sólo estamos exigiendo un derecho ganado, adquirido y reconocido por la querida Venezuela. Lo estamos haciendo con PROFUNDO RESPETO Y POR LOS CONDUCTOS REGULARES A TODAS LAS AUTORIDADES Y AL PROPIO ESTADO VENEZOLANO CON LA FRENTE EN ALTO. No amparamos insultos de nadie contra nadie.

JUNTA DIRECTIVA Y COLABORADORES.

PD. La Declaración Jurada han firmado 244 personas y somos 500. Con Jubilados 1.000. Debemos hacer un esfuerzo de incentivar esto porque la unión hace la fuerza.

Tenemos solucionado el problema con la gente de Provincia o el extranjero para que se incorporen.


BOLSA DE TRABAJO... (01-08-16)
Dada la difícil situación de la mayoría de nuestros asociados y Pensionados en general, reiteramos la necesidad de aplicar la solidaridad, para los que aún puedan laborar sugerimos ofrecer sus servicios a través de esta misma página, también se vale, buscar empleo para jóvenes familiares que ayuden a sus "viejitos". Naturalmente es muy importante si alguien puede ofrecer empleos para nuestros socios y allegados... Los anuncios se publicarán en la pestaña Pens. Solidarios GRACIAS!!!

Dicen que: "El que quiere besar busca la boca"... si quieres enterarte de los últimos acontecimientos relativos a nuestros pagos atrasados, busca en la pestaña Sitios de Interés, en las dos últimas opciones Vagula... y Jubilados en el Exterior, encontrarás nuevos materiales y opiniones diversas día a día... inclusive noticias provenientes de Chile...

ATENCIÓN: Con la finalidad de agilizar las respuestas a las inquietudes que los socios plantean a través del correo electrónico, se decidió abrir un nuevo correo institucional (sin eliminar el anterior) este último será administrado por nuestro Secretario Sr. Carlos Pizarro, la dirección es: pensivech.sec@gmail.com
Aquí pueden plantear lo relativo a: 1.- Nuevas inscripciones 2.- Actualización de Datos 3.- Información sobre decisiones tomadas en el Directorio, etc.

22-07-16 Atención!!! Ya tenemos un muy importante Nro de firmantes... pero queremos que sea el máximo posible, de manera que se prolongó el plazo para  recibir sus firmas. Las personas que viven en provincia, pueden firmar en la notaría más cercana a su domicilio, para lo cual deben imprimir la copia de la DJ que firmó nuestra Presidenta, esa copia la llevan a su Notaría, proceden a la firma para luego enviar el documento que les entregue su Notaria en ORIGINAL (Vía Chile Express u otro similar) a la dirección Willie Arthur 2030 Departamento 703, No olviden colocar ambas identificaciones, Chile y Venezuela así como su dirección particular. Sugerimos a los socios que vivan relativamente cerca firmar en una misma lista y ahorrar en gastos de envío, por ejemplo tenemos la importante colaboración de nuestro Socio Nelson Parada, de la V Región, que puede coordinar la firma de aquellos que puedan ir hasta Quilpué... o adonde se pongan de acuerdo, hay un director que puede ir a buscar la lista de firmas sin cargo para ustedes ni para la Asociación. El teléfono celular de Nelson es: 
994 91 16 56 Al cual también pueden acceder por wasap MUY IMPORTANTE: La Declaración Jurada firmada, la pueden bajar al final de está misma página, DJfirma.pdf Cualquier duda escriba a pensivech.a.g@gmail.com o a pensivech.sec@gmail.com


  MENSAJE MASIVO 10-07-16

Estimados socios, debido a la gran cantidad de consultas que ha generado la Declaración Jurada (DJ), se intentará aclarar para todos y se insiste en la necesidad de que visiten y lean cuidadosamente las informaciones que se actualizan al menos una vez por semana en ESTA PÁGINA WEB.

Una vez más volvemos a sugerir que si tienen problemas para ingresar a esta página busquen ayuda directa de un hijo, nieto o familiar pero haciendo hincapié en que sea el interesado quien escriba o tecleé para que después recuerde como hacerlo solo...

ACLARAMOS:

1.- Como su redacción lo sugiere la Declaración Jurada, nos permitirá tener una constancia escrita y fundamentada de nuestra condición de Pensionados y/o Jubilados de Venezuela, cobrando en Chile. Posteriormente servirá en el caso de entablar una demanda judicial colectiva para defender nuestro legítimo derecho de recibir dichos pagos.

2.- Hasta el momento, las personas que viven en provincia deberán viajar hasta Santiago para poder firmar la DJ. Sin embargo, el lunes 11-07-16 se consultará en la Notaría si es posible que puedan firmar en alguna Notaría de otra ciudad y anexar esas firmas…(esto no es seguro)

3.- Se informó que el pago para cada Socio era de $ 1.000 pero la Notaría aumentó dicho costo a $ 2.000 Se estudia y el mismo lunes se va a proponer que solo pidan $ 1.000 y que el resto lo asuma la Asociación.

3.- El horario de atención de la Notaría 1ra. De Ñuñoa (Av. Irarrazaval 1745) es el siguiente: de lunes a jueves de 9:00 a 13:30 y de 15:30 a 18:00 hras y los viernes de 9:00 a 13:30 y de 15:30 a 17:30 hrs. Se estima que se recibirán firmas hasta el 15-07-16

4.- La Notaría no está entregando boleta a cada firmante, debido a que entregará una sola boleta a nombre de la Asociación.

5.- Entendemos que la mayoría de nosotros se encuentre en un estado de nerviosismo, debido a los retrasos en nuestros pagos, pero se debe mantener la calma cuando nos debemos dirigir a distintos organismos… Lo decimos porque la persona encargada de recibir a los firmantes en la Notaría, se quejó por la actitud agresiva de algunos de los pensionados (misma situación han planteado en el Consulado)

6.- Se agradece que por favor no llamen al teléfono que se puso en el mensaje anterior, ha llamado mucha gente y según la encargada de la Notaría se colapsa la atención…

7.- En la primera pestaña o enlace de nuestra página web, podrán ver las cartas dirigidas a distintas autoridades, en las que se plantea la difícil situación por la que estamos pasando...

Cordialmente Luis (mensaje debidamente compartido y autorizado por nuestra actual Presidenta, Sra. Sonia Laborde)



En la pestaña Sitios de interés puede acceder a varias páginas web interesantes, una de ellas es "Vagula. Pensionados en Españar" del Profesor Renato Iraldi, radicado en España.



Para aprender como revisar su condición o Status de Pensionado en la Página web del IVSS haga "click" o pulse el siguiente enlace Status de Pensionado Es muy importante verificar esta información debido a que tenemos al menos cuatro casos en Chile de  pensionados que ahora aparecen cobrando en una entidad financiera en Venezuela, además de otro socio que apareció como fallecido... ambos están haciendo las diligencias para arreglar su situación, pero es un trámite muy engorroso y demoroso...


            EL SEGUNDO COMUNICADO DE LA DIPUTADA SONIA MEDINA, HA GENERADO DIVERSAS REACCIONES

Para ver detalles revise la página del Prof. Miguel Megías a la que puede entrar en la última opción de la pestaña Sitios de InterésJubilados en el Exterior

En archivo que se adjunta en la parte inferior un resumen de algunas respuestas...
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DJfirma.pdf
(1221k)
Pensionados Venezolanos en Chile,
22 jul. 2016 15:09
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