LAS EVALUACIONES EXTERNAS Y EL PAPEL QUE CUMPLEN CON LA LOMCE (II)

En el contexto de escasos recursos y permanente “crisis fiscal” se promueve la competencia entre centros como un factor de mejora de la calidad educativa, de la productividad (medida por el % de alumnado con evaluación positiva y el menor gasto posible) y de su adaptación a los cambios que se producen en su entorno (entiéndase al servicio del mercado). Una manera de fomentar esa competencia es introducir fórmulas de financiamiento competitivo, es decir, un sistema que haga depender la financiación de los centros de los resultados obtenidos en las evaluaciones externas o en función del nº de alumnos que son captados por cada centro.  Así se establece en la ley de reforma, que los centros que cuenten con más alumnos y/o mejores resultados (que, como demuestran todos los estudios, coinciden con los que escolarizan al alumnado más favorecido social y culturalmente) gozarán de mayores dosis de financiamiento aumentando aún más las desigualdades. Las evaluaciones externas de las escuelas, de los docentes y de los alumnos son la fórmula ideal de rendimiento de cuentas para determinar cuáles tienen que ser castigados y  cuáles recompensados. Al mismo tiempo se constituyen en  el instrumento preciso para activar a los individuos y a las escuelas, fomentar su competitividad y contribuir al funcionamiento del mercado educativo.

 Las pruebas que se plantean en las evaluaciones externas son de carácter censal, es decir, se aplicarán a todo el alumnado y en todo el país. Están concebidas como una carrera de obstáculos para todos los alumnos. Estos exámenes-reválidas serán aplicados por personal ajeno al centro, desconocedor del alumnado, de su realidad concreta y de su forma de aprendizaje. No son pruebas que tengan en cuenta el punto de partida del alumno, ni se pretende conocer con ellas el estado o situación del sistema educativo. No buscan luchar contra el fracaso escolar sino más bien certificar ese fracaso y utilizarlo como excusa para expulsar del sistema educativo, de forma prematura, a  buena parte de los que han sido incluidos en él en los últimos treinta años. Y no olvidemos que el fracaso escolar es un problema ligado a la clase social. Estudios recientes señalan que “la proporción entre hijos de trabajadores el sector servicios (profesionales y gerentes) e hijos de trabajadores sin cualificación es, en cuanto al acceso al bachillerato, del 70% y 26% respectivamente” con lo que “la desigualdad entre clases sociales a la hora de acceder a la educación post-obligatoria es patente”. (Estudio publicado en la Revista Educación por Bernardi y Requena. 2010)

Las evaluaciones externas son llaves que abren y cierran la posibilidad de seguir estudiando y conseguir el título correspondiente. Son pruebas que afectarán al expediente del alumnado y lo clasificarán expulsándolo del sistema o determinando la trayectoria obligada a seguir. En definitiva aumentarán la segregación clasista y reducirá la igualdad de oportunidades para el alumnado de origen humilde. Lo que se persigue en el fondo, aunque se diga lo contrario, es formar mano de obra barata para un mercado de trabajo precario  y en continua rotación al menos coste posible.

Se viene presentando la actuación de los docentes como el principal,  casi único, determinante de los resultados obtenidos por el alumnado. Sin embargo desde los sectores conservadores y neoliberales se viene mostrando una profunda desconfianza hacia el mismo y se cuestiona su status como profesorado funcionario del servicio público de educación. Se considera que el profesor tiene status de privilegio tanto desde el punto de vista de sus condiciones de trabajo como  del excesivo poder docente en el ámbito del centro y en el curricular. Por ello una de las pretensiones de las políticas neoliberales es romper el control que aún les quede a los profesionales de los servicios públicos sobre el sistema y someterlos al control del cliente-consumidor a través de una estructura de mercado. Se utilizan para ello dos medios. Uno la desregulación del personal docente que está llevando a la incertidumbre de sus funciones, a la pérdida de derechos laborales y a despidos masivos. Otro la evaluación de su rendimiento en función de los resultados obtenidos, contados en aprobados, por sus alumnos y del desempeño de su función docente. Las evaluaciones externas establecidas en la LOMCE son el instrumento idóneo para disciplinar al profesorado, desincentivar su creatividad y autonomía y fomentar la obediencia, la conformidad y la burocratización del acto de enseñar. Contribuyen por tanto a profundizar el proceso de desprofesionalización y proletarización de la labor docente, proceso que lleva implícito la pérdida del escaso poder docente que les resta  en el sistema educativo. El profesorado venía contando con poco margen para definir lo que debe enseñar. Su participación en los procesos de legislación educativa venía a ser nula en la práctica. Expertos en metodología y psicólogos  dictaminaban su metodología. Su libertad de cátedra venía siendo cuestionada. Su capacidad de decisión en los órganos colegiados de los centros había sido recortada. Ahora, con la LOMCE, las evaluaciones externas, en las  que no tiene arte ni parte en cuanto a su elaboración y aplicación, son las que deciden si los alumnos aprendieron o no y si los profesores enseñaron correctamente. Son las que van a determinar su productividad, alumnos que superan las pruebas, de la que puede depender en parte sus retribuciones salariales.

 La LOMCE ningunea y devalúa el papel del profesorado, deja en agua de borrajas todo el proceso de evaluación continua y controla el grueso de su acción educativa orientándola a la preparación del alumnado para la superación de las evaluaciones externas que se proponen.

J.A.Balbuena

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