Paraguay

1.         Prospectiva Ambiental Nacional

La Ley Nº 1561/00 crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaria del Ambiente (SEAM). Esta última lidera en el Paraguay la política relativa al manejo ambiental, en la cual se considera que el ambiente constituye un patrimonio común de los paraguayos de hoy y del mañana, de su calidad dependen la vida y la posibilidad de desarrollo de las comunidades del Paraguay.

Su visión apunta al cambio de un modelo economicista en el cual la productividad debe ser el máximo valor, a un modelo de desarrollo sostenible propiciando la implementación eficaz y eficiente de programas nacionales de conservación y uso sostenible de la biodiversidad, considerando los principios del convenio sobre diversidad biológica CDB, el fortalecimiento institucional y el marco legal nacional e internacional con el fin de mejorar la calidad de vida.

Su misión es apoyar la formulación, la ejecución de los planes, programas y proyectos orientados a estudiar y utilizar de manera sostenible la diversidad biológica en el territorio nacional, con acciones coordinadas de los  organismos responsables de la elaboración, normalización, coordinación, ejecución y fiscalización de la política y gestión ambiental. Para ello la Política Ambiental Nacional contempla tres niveles de la organización político – administrativo: el nacional, el departamental y el municipal, y orienta sus estrategias y acciones hacia la descentralización de la gestión ambiental y al fortalecimiento de la capacidad de desarrollo sostenible, con amplia participación social.

En el ámbito del sector eléctrico, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), en cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley Nº 966 del año 1964, interviene sobre numerosos factores componentes de los medios natural y humano.

Con el cambio de concepción sobre el ambiente natural y humano, la ANDE incorpora a su misión el aspecto ambiental y la define de la siguiente manera: “Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país para contribuir a su desarrollo y al bienestar de la población, con responsabilidad social y ambiental, promoviendo la excelencia en la administración de los recursos y en la prestación de los servicios”.

Bajo la perspectiva nacional e internacional, son relevantes para la industria eléctrica las evaluaciones ambientales, la producción más limpia, el uso eficiente de la energía, el seguimiento y evaluación de las gestiones ambientales y, los mercados verdes.

Todo lo expuesto, es el compromiso del país con la sostenibilidad consagrados en el derecho ambiental integrado por la carta magna, la legislación nacional e internacional, y así mismo la jurisprudencia de los tribunales internacionales y nacionales.

2.         Marco Supranacional

La inserción del Paraguay en la concertación de naciones preocupadas por la problemática ambiental se fue dando simultáneamente con el resto de los países latinoamericanos en la década de los 70 como consecuencia de la divulgación mundial de los debates de la Conferencia de Estocolmo y también de la presión ejercida por algunos organismos internacionales.

Las ideas sobre un nuevo modelo de desarrollo denominado “desarrollo sostenible” surgidas a fines de la década de los ochenta y que alcanza su mayor intensidad durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992 y reiterados en diversos convenios es apoyado y ratificados por nuestro país, a través de las siguientes leyes:

·       Marco Internacional

-      Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES) - Ley N° 583/73

-      Convención sobre la  Protección del patrimonio mundial, cultural y natural - Ley N° 1231/86

-      Convenio para establecer y conservar la reserva natural del bosque del Mbaracayu y la cuenca que lo rodea del Río Jejuí - Ley Nº 112/91

-      Convenio de Viena (Protección de la capa de ozono) - Ley N° 61/92

-      Convenios sobre pueblos indígenas y triviales en países independientes - Ley N° 234/93

-      Convenio Cambio Climático - Ley N° 251/93

-      Convenio sobre diversidad biológica (Cumbre de la tierra) - Ley N° 253/93

-      Convención relativa de humedales - Ley N° 350/94

-      Convenio de Basilea (Mov. Transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación) - Ley N° 567/95 y 1282/98

-      Acuerdo sobre cooperación para el combate al tráfico ilícito de madera - Ley Nº 751/95

-      Lucha contra la desertificación - Ley N° 970/96

-      Conservación de especies migratorias Ley N° 1314/98

-      Convención marco de las Naciones Unidas que aprueba el Protocolo de Kyoto - Ley N° 1447/99

-      Enmiendas del Protocolo de Montreal relativo a sustancias que agotan la capa de ozono - Ley N° 1507/99

-      Enmienda de Gabarone sobre comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre. (CITES) - Ley N° 1508/99

-      Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la Biotecnología del convenio sobre la diversidad Biológica - Ley Nº 2309/03

·       Marco Regional

-      Convención de la flora, fauna y las bellezas escénicas de los países de América - Ley N° 758/79

-      Protocolo de Brasilia para solución de controversias - Ley N° 18/92

-      Ajuste complementario al acuerdo de cooperación técnica en materia de mediciones de la calidad del agua suscripto entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de la República Federativa del Brasil - Ley Nº 232/93

-      Acuerdo para la conservación de la fauna acuática en los cursos de los ríos limítrofes - Ley N° 555/95

-      Acuerdo sobre cooperación para el combate al tráfico ilícito de madera - Ley N° 751/95

-      Protocolo adicional del convenio sobre conservación y desarrollo de los recursos ícticos en los tramos compartidos de los ríos Paraná y Paraguay - Ley N° 1171/97

-      Acuerdo sobre reconocimiento de los canales de los ríos Paraná y Paraguay para la navegación común de ambos estados - Ley N°1235/98.

3.         Temas Relevantes de la Normativa

3.1.     Aguas

La Ley N° 3239 “De los recursos hídricos del Paraguay”, tiene por objeto regular la gestión sustentable e integral de todas las aguas y los territorios que la producen, cualquiera sea su ubicación, estado físico o su ocurrencia natural dentro del territorio paraguayo, con el fin de hacerla social, económica y ambientalmente sustentable; asimismo establece como autoridad de su aplicación a la Secretaria del Ambiente (SEAM).

La SEAM se encuentra actualmente impulsando la reglamentación de la Ley, en cuanto a la planificación, registros, permisos, concesiones, fijación de cánones y penalizaciones.

3.2.     Áreas Protegidas

La norma principal es la Ley N° 352/94 de Area Silvestres Protegidas, al respecto cualquier actividad o intervención dentro de las ASP declaradas, se deberá coordinar con la Secretaría del Ambiente que es la Autoridad de Aplicación de la Ley.

3.3.     Biodiversidad

Los impactos tales como la deforestación, el efecto de borde, el efecto barrera, los cambios en la calidad de hábitats naturales, la presión sobre especies vulnerables o en peligro de extinción, están asociados fundamentalmente a la apertura y limpieza de la franja de servidumbre de las líneas de transmisión eléctrica. Existen normativas generales relacionadas con la protección del Medio Biológico, tales como:

Ley 422/73 “Forestal”

Ley Nº 96/92 "De la Vida Silvestre".

Ley Nº 2524/04 “De prohibición en la Región Oriental de las Actividades de Transformación y Conversión de Superficies con Cobertura Boscosa” (Ley de Deforestación Cero)

N° 3139/06, que prorroga la vigencia de los artículos 2 y 3 y amplía la ley 2524/04 de prohibición en la Región Oriental de las actividades de transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques.

Dentro de los estudios ambientales realizados en el marco de la Ley N° 294/93 se proponen la adopción de medidas en base al análisis de la normativa vigente, estas medidas van desde la elevación de las torres para evitar la remoción de la vegetación durante la limpieza de la franja de servidumbre, hasta la colocación de desviadores de vuelos en sitios de migración de aves.

3.4.     Cambio climático y renovables

Paraguay ha ratificado por Ley Nº 251/93 el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).  La Ley Nº 1447/99 ratifica el Protocolo de Kyoto.

El Decreto Nº 14943/01 el 9 de octubre del año 2001 implementa por el Programa Nacional de Cambio Climático (PNCC), bajo la Secretaría del Ambiente (SEAM).

El PNCC está integrado por el Consejo Nacional de Cambio Climático (CNCC) y la Oficina Nacional de Cambio Climático (ONCC).

La Resolución SEAM Nº 244/04 aprueba el reglamento interno de funciones de la Comisión Nacional de Cambio Climático.

La Resolución SEAM Nº 1663/05 se aprueba la Guía y Procedimientos para la presentación de Proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio en Paraguay.

3.5.     Campos electromagnéticos

El Decreto 10071/07 fija los parámetros máximos de exposición a campos eléctricos y magnéticos en la gama de frecuencias de 0 a 300 Gz. La normativa aprueba como límites máximos permisibles máximos de exposición permisibles, los valores establecidos como niveles de referencia por la Comisión Internacional para la proteccióncontra las radiaciones No Ionizantes ICNIRP. Es decir:

Campo eléctrico:   10 kV/m (exposición laboral)

    5 kV/m (exposición pública)

Campo magnético: 500 µT (exposición laboral)

   100 µT (exposición pública)

En situaciones en las que se dan exposiciones simultáneas de diferentes frecuencias, se adoptan los criterios y recomendaciones de la ICNIRP.

La autoridad de aplicación es la Secretaría del Ambiente.

Grupos étnicos (solo comentar y mencionar normativas principales, cuando se trate de proyectos o gestión operacional con impacto ambiental)

El marco legal respecto a las poblaciones indígenas. Comprende leyes que se desprenden de la Constitución Nacional del país, y otras regulaciones tanto a nivel nacional como la ratificación de convenciones internacionales.

La Constitución Nacional reconoce la existencia de los pueblos indígenas. Los define como grupos de cultura anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo (Art. 62). El Estatuto de Comunidades Indígenas (Ley 904/81 y Ley 919/96 que modifica y amplía varios de sus artículos) tiene por objeto la preservación social y cultural de las comunidades indígenas, la defensa de su patrimonio y sus tradiciones, el mejoramiento de sus condiciones económicas, su efectiva participación en el proceso de desarrollo nacional y su acceso a un régimen jurídico que les garantice la propiedad de la tierra y otros recursos productivos en igualdad de derechos con los demás ciudadanos (Art. 1).

El conjunto de leyes que establecen garantías para los pueblos indígenas no ha sido suficiente para  incorporarlos de manera más activa en el proceso de desarrollo de Paraguay.

En el caso que un Proyecto Eléctrico pase por comunidades indígenas, se implementan mecanismos de información a la comunidad Indígena sobre los aspectos técnicos, jurídicos e institucionales de la obra y otras informaciones que puedan ser de interés para las comunidades.

En el marco de los estudios ambientales (Ley N° 294/93 de EIA), se identifican y evaluan los impactos sobre las comunidades y se proponen medidas de resarcimiento con el acuerdo de la Comunidad.

3.6.     Licenciamiento y autorizaciones ambientales

La principal normativa relacionada con el Licenciamiento ambiental de Proyectos es la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su reglamento - Decreto 14.281/96.

El Decreto Reglamentario Nº 14.281/96 de la Ley Nº 294/93 indica que los proyectos eléctricos de: usinas, líneas transmisión de energía eléctricas y subestaciones con tensiones iguales o superiores a 100.000 Voltios necesitan ser sometidos al proceso de licenciamiento ambiental.

En la misma disposición legal también se establece que “cualquier actividad que implique efectos negativos a los recursos naturales y el medio ambiente, o requiera, según las disposiciones contenidas en leyes, reglamentos y normas técnicas, la consideración de la variable ambiental para ser autorizada, podrá ser objeto de la exigencia de un EIA”.

     El proceso de Licenciamiento Ambiental

El licenciamiento ambiental está constituido por un conjunto de actividades que finalizan con la emisión de la licencia ambiental y se constituye en un requisito para la ejecución de proyectos eléctricos (generación, transmisión y distribución de energía) o actividades que se encuentren en  ejecución.

La licencia ambiental otorga al solicitante el permiso para iniciar o proseguir la obra o actividad. Además,  la licencia ambiental obliga al proponente al cumplimiento de las medidas de mitigación propuestas para el proyecto en el Plan de gestión Ambiental. La misma requiere ser renovada cada dos años.

     Procedimientos para la obtención de la licencia ambiental

Los trámites relacionados con la obtención de la licencia ambiental son los siguientes:

- El proponente debe realizar la consulta a la autoridad nacional (Secretaría del Ambiente), utilizando un Cuestionario Ambiental Básico (CAB) donde se consignan todas las informaciones básicas del Proyecto; acompañando al CAB van los certificados y permisos locales (Carta de Interés Departamental y Certificado de Localización Municipal).

- En caso de requerirse un EIA, la SEAM emite unos Términos de Referencia (TOR) con los cuales el proponente a través de Consultores Ambientales debidamente habilitados preparan el EIA.

- Una vez culminado el EIA, el proponente presenta los Informes EIA y RIMA (Relatorio de Impacto Ambiental) a la SEAM.

- El proponente informa a la comunidad que ha presentado el Estudio y que está disponible para la consulta a través de publicaciones en prensa radial y escrita.

- Además, la SEAM puede requerir la realización de una Audiencia Pública donde el proponente presenta a la comunidad las informaciones relacionadas con el Proyecto.

- Cumplido todos los requisitos y documentaciones la SEAM otorga la Licencia Ambiental al proponente, con un plazo de validez de 2 años, y bajo condición del cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental, debiendo ser renovada posteriormente cada 2 años

3.7.     Participación ciudadana

La forma de información y participación pública está definida en la Ley 294/93 de EIA, durante el procedimiento, el proponente del proyecto bajo el proceso de licenciamiento informa a la comunidad que ha presentado el Estudio Ambiental a la Secretaría del Ambiente y que está disponible para la consulta a través de publicaciones en prensa radial y escrita.

La SEAM puede requerir la realización de una Audiencia Pública donde el proponente presenta a la comunidad las informaciones relacionadas con el Proyecto.

3.8.     Ruido ambiental

Ley N° 1100/97 “De prevención de la polución sonora”, considera ruidos y sonidos molestos a los que sobrepasen los niveles promedios definidos en la ley, se hace referencia a los picos ocasionales de ruidos y sonidos discontinuos y que se producen ocasionalmente en el día. También consideran la máxima exposición diaria permisible por ruidos y sonidos molestos causados dentro de los locales con actividades laborales, industriales, comerciales o sociales debe estar sujeta a los sgtes. límites:

Duración por horas y Decibeles (DB) SFL

                       8 horas                             90

                       6 horas                             92

                       4 horas                             95

                       3 horas                             97

                       2 horas                             100

                       1 1/2 horas                       110

                       1  hora                            115

3.9.     Sustancias químicas (PCBs)

La Resolución No. 1190/08 promulgada por la Secretaría del Ambiente en fecha 12 de agosto de 2008, establece medidas para la gestión de bifenilos policlorados (PCBs) en la República del Paraguay a ser cumplidas por los poseedores y fabricantes de aceites dieléctricos y equipos que lo contienen, y por las Empresas que realizan transportes y mantenimientos de dichos equipos y sustancias.

La resolución establece que los equipos que ingresan al país deben contar con Certificado de Origen que certifique que los equipos están “sin contenido de PCB” (la expresión significa que la concentración de PCB debe ser menor a 1 ppm o menor valor detectado por cromatografia gaseosa).

En cuanto a existencias, todo equipo eléctrico que contienen fluidos eléctricos se considera PCB cuando contiene una concentración igual o mayor a 500 ppm de PCB.  Se consideran Libres de PCB cuando la concentración es menosr a 50 ppm.  

Las instalaciones donde se realizan actividades de mantenimiento de equipos quer contienen aceites dieléctricos deben contar con Licencia Ambiental y Habilitación de Funcionamiento.

Estas instalaciones deben disponer de capacidades para efectuar controles analíticos del nivel de contenido de PCB en aceites, suelo y equipos, sistemas de registro de entradas y salidas de equipos,  sistemas de seguridad, etc., todos disponibles para verificación por parte de la Secretaría del Ambiente.

Los poseedores de equipos  deben presentar cada año (al 31 de enero): Un resumen de inventarios actualizados  (equipos PCB o contaminados con PCB, en operación y como residuos, equipos reclasificados, residuos tratados).

Los equipos en operación y fuera de uso deben llevar una etiqueta visible que indique el grado de concentración de PCB, en letras y con una simbología de colores.

Los poseedores de equipos deben efectuar controles de la funcionalidad de equipos.

La descontaminación o eliminación de equipos y/o materiales PCB debe efectuarse antes del 30 de julio de 2020.

La descontaminación o eliminación debe ser efectuada por gestores de residuosd autorizados.

Los límites máximos permisibles para emisioines al medio ambiente por cualquier actividad o proceso industrial que trate equipos, materias, reasiduos quer contengan cualquier concentración de PCB son los siguientes:

- Emisiones atmosféricas: 0,2 ug/m3

- Agua residual: 5 ug/l

- Sólidos residuales: menor a 50 mg/kg
Para derrames al suelo, los límites máximos de contaminación de PCB son los siguientes:

- Agrícola: 0,5 mg/kg

- Residencial: 5 mg/kg

- Industial: 25 mg/kg

4.         Reflexiones finales

El marco legal nacional, establece desde la Constitución Nacional claros principios de defensa del ambiente, de la diversidad ecológica, de los intereses difusos, de la salud pública y de la calidad de vida.

Existen normativas nacionales aplicables a cualquier proyecto de desarrollo, en este contexto se incorporan los proyectos eléctricos, no existiendo una normatividad específica para el sector.

La Secretaría del Ambiente es la institución nacional responsable de la administración de las principales leyes ambientales aplicables al sector eléctrico.

La preparación de Estudios de Impacto Ambiental, la obtención de la licencia ambiental y el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental constituyen los principales instrumentos para la adecuación de los proyectos y actividades eléctricas al marco normativo ambiental. Además, constituyen elementos claves para la sostenibilidad de los mismos.

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