Colombia

1.         Prospectiva Ambiental Nacional

La Carta Constitucional define el carácter social del Estado y en este marco reconoce la protección del medio ambiente como principio fundamental y derecho colectivo[1].  Allí,  se establecen y sintetizan los elementos claves que hoy orientan el manejo ambiental del país: protección del ambiente; compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia económica; control fiscal; participación ciudadana y respeto por la cultura.

La Ley 99 de 1993 –Ley del Medio Ambiente, crea el Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT), reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, y organiza el Sistema Nacional Ambiental –SINA-, entre otros.

El MAVDT, conjuntamente con el Presidente de la República en Colombia, es el ente encargado de formular la política ambiental, considerando este elemento como eje transversal para el desarrollo económico y social, el crecimiento y la sostenibilidad del país. Su visión apunta, entre otros, al desarrollo autosostenible y a la potencialización de las ventajas comparativas de la nación, para lo cual establece como directrices principales la planificación y administración eficiente por parte de las autoridades ambientales, la visión regional para el desarrollo sostenible y la consolidación de espacios de participación.

La ley 1450 de 2011, mediante la cual se formula el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, indica que “durante el cuatrienio 2010-2014 se incorporarán los siguientes ejes transversales en todas las esferas del quehacer nacional con el fin de obtener la Prosperidad para Todos: (…) una sociedad a la cual la sostenibilidad ambiental, la adaptación al cambio climático, el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones y el desarrollo cultural sean una prioridad y una práctica como elemento esencial del bienestar y como principio de equidad con las futuras generaciones”. Los aspectos ambientales relevantes de la ley se destacaran en los respectivos temas.

 

Asimismo, el Plan Energético Nacional, desarrollado por la Unidad de Planeación Minero Energética -UPME, entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, establece una serie de estrategias y recomendaciones, con visión de largo plazo, que orientan la formulación de políticas para atender las necesidades energéticas del País y enfrentar con éxito las condiciones de productividad y competitividad del entorno internacional. El Plan tiene como objetivo  central “maximizar la contribución del sector energético al desarrollo sostenible del país”.

El Sector Eléctrico Colombiano –SEC, que ha sido un importante actor en el proceso de construcción de la visión ambiental del país, ha posicionado el compromiso ambiental como elemento estratégico de la eficiencia y sostenibilidad empresarial, elemento clave de la Responsabilidad Social Empresarial. Todo esto se formaliza tanto en políticas sectoriales y empresariales como en la gestión para la inserción adecuada de los proyectos en el medio natural y social de las regiones que influencian.

Bajo la perspectiva nacional y el compromiso sectorial, son relevantes para la industria eléctrica las evaluaciones ambientales estratégicas, la eficiencia en el licenciamiento, la producción más limpia, el uso eficiente de la energía, el seguimiento y evaluación de la gestión ambiental, la reducción de emisiones, los mercados verdes y la oferta de servicios. Todo lo anterior, es el producto del compromiso del país con la sostenibilidad consagrado en su Carta Constitucional, en la normatividad que la desarrolla, en la adhesión a los acuerdos y convenios mundiales asociados al desarrollo sostenible y las iniciativas promovidas por Naciones Unidas como Objetivos del Desarrollo del Milenio y Milenio y Pacto Global.

Actualmente la UPME, adelanta la Evaluación Ambiental Estratégica del Sector Eléctrico Colombiano - EAE. Como resultado de la primera fase recientemente concluída, se visualiza la necesidad de reorientar el actual modelo de planificación del Plan de Expansión de Referencia de la Generación y Transmisión (PERGT)  basado en decisiones de óptimo económico y mínimo costo, hacia un modelo en el que los criterios ambientales sean factor de decisión de los proyectos.

El objetivo propuesto para la fase dos, a desarrollarse entre 2010 y 2011,  es el de elaborar recomendaciones al modelo de planeamiento de la expansión del sistema eléctrico para permitir una mejor consideración de la dimensión ambiental.

En este sentido, se identifica el compromiso de Colombia en la suscripción de los acuerdos ambientales, que se configuran como el escenario internacional en el cual se enmarcan los desarrollos normativos que se adelantan en el país.

2.         Marco Supranacional

El marco legal e institucional colombiano en materia de manejo ambiental apoya las tendencias globales del Desarrollo Sostenible, concepto oficializado en la “Cumbre de Río” en 1992 y reiterado en múltiples convenios a los cuales se ha adherido el país, destacándose los siguientes:

·       Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, cuyo objetivo es establecer una alianza mundial equitativa, mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas, procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses y se proteja la integridad del sistema ambiental”.

·       Ley 164 del  27 de octubre de 1994, mediante la cual se ratifica el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, el cual propende por lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. El protocolo contempla “Mecanismos de Desarrollo Limpio”, para que los países No Anexos (en vías de desarrollo) ayuden a los países del Anexo B (desarrollados) a reducir el inventario atmosférico de los Gases Efecto Invernadero –GEI- a los niveles establecidos por el Protocolo.

·       Ley 629 de 27 diciembre 2000, por  medio de la cual se aprueba el "Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", hecho en Kyoto el 11 de diciembre de 1997 cuyo objetivo es la reducción de emisiones y fomentar a la eficiencia energética.

·       Ley 29 de 1992 - Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono", suscrito en Montreal el 16 de septiembre de 1987, con sus enmiendas adoptadas en Londres el 29 de junio de 1990 y en Nairobi el 21 de junio de 1991.

·       Ley 306 de 5 de agosto de 1996 - Aprueba la Enmienda de Copenhague al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono, suscrita en Copenhague el 25 de noviembre de 1992.

·       Ley 960 de 28 junio de 2005, por  medio de la cual se aprueba la Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono", adoptada en Beijing, China, el 3 de diciembre de 1999.

·       Ley 30 del 5 de marzo de 1990, ratifica el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, que busca evitar los impactos potencialmente nocivos de la modificación de la capa de ozono sobre la salud humana y el medio ambiente y propende por una mayor investigación con el fin de aumentar el nivel de conocimientos científicos al respecto.

·       Ley 253 de enero 9 de 1996, por medio de la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, hecho en Basilea el 22 de marzo de 1989.

Ley 1159 de 20 septiembre 2009, por  medio de la cual se aprueba el Convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos, objeto de comercio internacional.

·       Ley 165 de 9 de noviembre de 1994, aprueba el Convenio Sobre la Diversidad Biológica cuyos objetivos son la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Este convenio fue ratificado mediante la Ley 165 del 9 de noviembre de 1994.

·       Ley 17 de enero 22 de 1981- Por la cual se aprueba la "Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre", suscrita en Washington, D.C el 3 de marzo de 1973.

·       Ley 45 de 1983 ratifica el Convenio de las Naciones Unidas para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. El convenio  pretende conservar el patrimonio cultural y el patrimonio natural, los cuales están cada vez más amenazados de destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro sino también por la evolución de la vida social y económica que las agrava con fenómenos de alteración o de destrucción aún más temibles; así mismo, considera que el deterioro o la desaparición de un bien del patrimonio cultural y natural constituye un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo.

·       Ley  106 del 10 de diciembre de 1985, mediante  la cual se ratifica el Tratado de Cooperación Amazónica firmado el 12 de marzo de 1981, para promover el desarrollo armónico de los territorios amazónicos, buscando equidad, preservación del medio ambiente y conservación y utilización racional de sus recursos naturales.

Mediante Ley 1440 de 2011 Colombia  aprueba el “Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas- UNASUR”, hecho en Brasilia, Brasil, el 23 de mayo de 2008. Este tratado contiene herramientas importantes para realizar proyectos de infraestructura en el marco de la integración energética de los países que hacen parte de UNASUR.

3.         Temas Relevantes de la Normativa

Articulado a las directrices internacionales, constitucionales y de política ambiental nacional, Colombia ha avanzado en la  formulación de normas que regulan los aspectos referentes al uso y disposición de los recursos ambientales de orden físico biótico y social. En el presente capítulo se especifica el alcance de la normatividad expedida y su interrelación con el desarrollo de los proyectos del sector eléctrico:

3.1.     Aguas

El Decreto-Ley 2811 de 1974,  –Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables, reguló lo relacionado con el uso y aprovechamiento del recurso hídrico: captación, vertimiento, ocupación de cauces, ordenamiento de cuencas, entre otros.

El agua es un bien de uso público, en consecuencia la utilización del recurso debe hacerse siempre mediante el trámite de una concesión de agua, contemplada en el Decreto 1541 de 1979 del Ministerio de Agricultura. A su vez, el Decreto 1594 de 1984 establece los parámetros de los vertimientos, entre otros, se establecen parámetros en relación a la Demanda Biológica de Oxígeno -DBO, Demanda Química de Oxígeno -DQO, PH, los cuales le son impuestos y controlados a través de un permiso de vertimiento que debe solicitar el dueño del proyecto según los términos estipulados por  el citado decreto.

El Decreto 1594/84 en su artículo 48, señala: Para el uso industrial, no se establecen criterios de calidad con excepción de las actividades relacionadas con explotación de cauces, playas y lechos, para las cuales se deberán tener en cuenta los criterios contemplados en el parágrafo 1 del artículo 42 y en el artículo 43 en lo referente a sustancias tóxicas o irritantes, pH, grasas y aceites flotantes, materiales flotantes provenientes de actividad humana y coliformes totales.

A su vez el artículo 72 del mismo decreto 1594/84, establece los criterios generales que debe cumplir todo vertimiento a un cuerpo de agua:

Referencia

Usuario

pH

5 a 9 unidades

Temperatura

 <40ºC

Material flotante

Ausente

Grasas y aceites

Remoción >o igual a 80% en carga

Sólidos sus-

Pendidos domésticos o industriales

Remoción > o igual a 80% en carga

Demanda bioquímica de oxígeno:

 

Para desechos domésticos

Remoción >o igual  80% en carga

Para desechos industriales

Remoción > o igual a 80% en carga

 

De otro lado, la Ley 373 de 1997 estableció condicionamientos para el  Uso Racional Agua.

Por último, el decreto de Cuencas Hidrográficas –Decreto 1729 de 2002 del Ministerio del Medio ambiente, hoy MAVDT-  reglamentó lo relacionado con los planes de ordenamiento de cuencas; cuando una cuenca tenga aprobado su respectivo plan de ordenamiento, este debe integrarse con el plan de ordenamiento territorial y, en consecuencia, es un condicionamiento para el uso del suelo.

Mediante el Decreto 1324 de 2007, se crea el registro de usuarios del registro hídrico.

     Aguas –vertimientos

El Decreto 3930 de 25 de octubre de 2010 modifica el Decreto  Ley 2811 de 1974 en cuanto a ordenamiento del recurso hídricos, usos y calidades del agua y requisitos de vertimientos  al suelo y al alcantarillado; fue modificado por el Decreto 4728 de 2010 el cual exige la presentación de planes de cumplimiento que de ser aprobados por la autoridad ambiental, cuando el usuario no cumplas las normas de vertimiento.

La Ley 1450 de 2011 mediante la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014, modifica el Decreto 2811 de 1994 en cuanto a los criterios para la delimitación de las Rondas Hídricas, determinando que esta debe hacerse previos estudios por parte de la autoridad ambiental correspondiente. Igualmente la ley establece que se cobraran tasas retributivas y compensatorias, cuando se superen los límites permisibles de contaminación, incluso a quienes carecen del respectivo permiso de concesión y vertimiento sin perjuicio de las sanciones que le sean aplicables.

3.2.     Áreas Protegidas

El Decreto 2811 de 1974 arriba señalado señala las categorías de las áreas protegidas.  En Colombia existen áreas protegidas del nivel nacional y regional con diversos objetivos, ya sea, conservación del recurso hídrico, del recurso forestal y del recurso suelo; la categoría más importante son los parques nacionales naturales. Cada área está regulada por una norma especial, sea un decreto o una resolución; en consecuencia, hay que analizar en cada caso si los proyectos eléctricos que se desarrollen en el país intervendrán áreas protegidas, para considerar las limitaciones que hay en el uso del territorio para el desarrollo del proyecto.

Recientemente se expidió el Decreto 2372 de 2010 el cual reglamenta el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y  las categorías de manejo que lo conforman y los procedimientos generales relacionados con este. 

De otro lado, mediante Resolución 918 de 2011 se  establecen los requisitos y el procedimiento para la sustracción de áreas en las reservas forestales nacionales y regionales, para el desarrollo de actividades consideradas de utilidad pública o interés social.

La Ley 1450 de 2011 por medio de la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014, estableció los criterios para la delimitación de los ecosistemas de páramos y humedales, determinando la cartografía específica para hacerlos y definiendo que son las autoridades ambientales regionales las que deben realizar los estudios para definir los usos de estos ecosistemas. Igualmente se definen las condiciones para construcción de proyectos en dichos ecosistemas.

 

 

3.3.     Biodiversidad

La normatividad relacionada con biodiversidad que aplica  al sector eléctrico está básicamente referida a especies protegidas y especies en vía de extinción de fauna y flora.   Cuando se requiera realizar un proyecto, se debe analizar la normatividad especial con el objeto de evaluar el tratamiento que debe darse a estas especies protegidas. Actualmente se revisa la Política Nacional de Biodiversidad formulada en 1995; en un documento preliminar de 2010 se plantea como objetivo de la política  “Promover la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, para mantener o aumentar la capacidad adaptativa (resiliencia) de los socio-ecosistemas a escalas nacional, regional y local en escenarios de cambio, mediante la acción conjunta, coordinada y concertada del Estado, el sector productivo y la sociedad civil”.

3.4.     Cambio climático y energías renovables

Mediante la Resolución 0551 de 2009 del MAVDT, se adoptan los requisitos y evidencias de contribución de los proyectos al desarrollo sostenible del país y se establece el procedimiento para la aprobación nacional de proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que optan al Mecanismo de Desarrollo Limpio - MDL.

El Ministerio de Minas y Energía –MME, mediante la Resolución 180740 de 2007, actualiza el factor de emisión de gases de efecto invernadero para los proyectos de generación de energía con fuentes renovables conectados al Sistema Interconectado Nacional cuya capacidad instalada sea igual o menor a 15 MW.

La normatividad en mención aplica para proyectos de generación y transmisión eléctrica que opten al mecanismo de desarrollo limpio.

La Resolución 2733 de  2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,  establece el procedimiento para la aprobación nacional de programas de actividades (PoA- por sus siglas en inglés) bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y reglamenta la autorización de las entidades coordinadoras.

La Resolución  2734 de  2010 introduce mejoras en el procedimiento de aprobación nacional   de proyectos de reducción de emisiones de GEI que optan al MDL con el ánimo de reducir los tiempos de respuesta, agilizar el proceso interno de evaluación; la segunda. Deroga la Resoluciones 0453 y 0454 de 2010.

3.5.     Campos electromagnéticos

El Ministerio de Minas y Energía, estableció el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE – mediante la Resolución 181294 de 2008. Este reglamento contempla, en el artículo 14-4 los valores límites de exposición a campos Electromagnéticos generados por instalaciones eléctricas.

Tipo de Exposición

Intensidad de campo Electrico (kV/m)

Densidad de flujo magnético (uT)

Exposición ocupacional en un día de trabajo de 8 horas

10

500

Exposición del público en general hasta 8 horas continuas

5

100

3.6.     Compensaciones ambientales

En  Colombia en general, las compensaciones ambientales se determinan en cada proyecto en función del uso específico de los recursos y, con base en ello, la autoridad ambiental define cada tipo de compensación.

Específicamente, cuando para un proyecto se requiere el uso de agua tomada directamente de una fuente natural, la Ley 99 de 1993 –parágrafo del artículo 43- y el Decreto 1900 de 2006, que reglamenta dicho  parágrafo, establecen que: “Todo proyecto que involucre en su ejecución el uso del agua tomada directamente de fuentes naturales y que esté sujeto a la obtención de licencia ambiental, deberá destinar el 1% del total de la inversión para la recuperación, conservación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica de acuerdo con lo dispuesto en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica que incluya la respectiva fuente hídrica de la que se toma el agua. En ausencia del respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, los recursos se podrán invertir en algunas de las obras o actividades señaladas en los literales "a" hasta  "i"”.

El Decreto 1900 de 2006 del MAVDT determina la forma de aplicación de este porcentaje (1%) cuando corresponda.

3.6 Contaminación del aire - atmósfera

En Colombia se ha regulado  en materia de la calidad del aire a nivel de inmisión (Resolución  601 de 2006 del MAVDT, modificada por las Resoluciones 610 y 760 de  2010 del MAVDT). 

Así mismo, el Decreto 909 de 2008 estableció los estándares de emisión admisible de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas, los cuales se relacionan en la siguiente tabla:

Así mismo, se establecieron medidas para el control de importaciones de sustancias agotadoras de la capa de ozono (Resolución  901 de 2006 del MAVDT). Se adoptó el protocolo para control y vigilancia de contaminación de fuentes fijas (Res.  760/10)  y para monitoreo y seguimiento de calidad del aire (Res. 650/10) e igualmente, se creó el Subsistema de Información de Calidad del Aire – SISAIRE (Res. 651/10).

La normatividad relacionada aplica a proyectos eléctricos que, en construcción u operación, puedan generar contaminación atmosférica (Resoluciones 650 y 651 de 2010 del MAVDT). 

En lo referente a Ruido Ambiental, la Resolución 627 de 2006, establece los estándares permisibles, los cuales varían entre 45 y 80 decibeles dependiendo del área de localización.

Mediante Resolucion 935 de 2011, se establecen los métodos para la evaluación de emisiones contaminantes por fuentes fijas y se determina el número de pruebas o corridas para la medición de contaminantes en fuentes fijas. La Resolución desarrolla el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica generada por Fuentes Fijas (Resolución 760 de 2010 el cual se ajustó mediante Resolución 2153 de 2 de noviembre de 2010).

3.7.     Grupos étnicos

La Constitución Nacional de Colombia establece que se debe respetar la diversidad cultural. Mediante la Ley 21 de 1991, Colombia adoptó el Convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales; por esta razón, cuando se pretenda realizar un proyecto en resguardos indígenas o en territorios de comunidades negras, se debe realizar la consulta previa reglamentada en el Decreto 1320 de 1998 del Ministerio del Interior.

Directiva Presidencial No. 1 de marzo de 2010 determina los mecanismos para la aplicación de la Ley 21 de 1991, señala las acciones que requieren la garantía del derecho a la Consulta Previa y establece los mecanismos mediante los cuales procede el proceso de Consulta Previa.

3.8.     Instrumentos e incentivos económicos y tributarios ambientales

La Ley Ambiental, Ley 99 de 1993, estableció que cuando se utilice el recurso hídrico se deben pagar tasas por uso o tasas compensatorias (artículo. 42  de la Ley 99 de 1993, reglamentado por el Decreto 155 de 2004 del MAVDT); y en el caso de vertimientos, se deben pagar las tasas retributivas (artículo 42 de la Ley 99 de 1993, reglamentado por el Decreto 3100 de 2003  modificado este por el Decreto 3440 de 2004, ambos del MAVDT).

Mediante el Decreto 00155 de 2004, el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial,   reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas  superficiales, las cuales incluyen las aguas estuarinas, y las aguas subterráneas, incluyendo dentro de estas los acuíferos litorales. No son objeto de cobro del presente decreto las aguas marítimas. 

Están obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud de una concesión de aguas. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante resolución, fijará anualmente el monto tarifario mínimo de las tasas por utilización de aguas.   

De otra parte, el artículo 45 de la Ley 99 de 1993, establece que las empresas generadoras de energía hidroeléctrica cuya potencia nominal instalada total supere los 10.000 kilovatios, deben transferir el 6% de las ventas brutas de energía a   las Corporaciones Autónomas Regionales y a los Municipios localizados en el área de influencia del proyecto, en una proporción de  3% para cada parte. En el caso de centrales térmicas, la transferencia total es del 4%, con el 2.5% para las Coporaciones Autónomas Regionales y el 1.5% para el municipio donde se encuentra la planta de generación térmica.

Estos recursos tienen destinación específica con prioridad para proyectos de saneamiento básico y mejoramiento ambiental. El pago de esta transferencia exime al sector de generación de energía eléctrica del pago por uso de agua.

Respecto a los Incentivos Tributarios, la normatividad ambiental incentiva a las empresas, comunidades o personas naturales que  realicen esfuerzos para lograr el objetivo común de tener un ambiente adecuado para las generaciones futuras. En tal sentido, el Estatuto Tributario Nacional otorga al sector productivo beneficios fiscales e incentivos tributarios por inversión ambiental. Los dos principales incentivos de carácter ambiental son los relacionados con: a) la Deducción del Impuesto de Rentas para Inversiones en Sistemas de Control y Mejoramiento Ambiental, b) la Exclusión de Impuesto al Valor Agregado –IVA- por compra de maquinaria y equipos que hagan parte integral de un sistema de control y monitoreo ambiental.

3.9.     Licenciamiento y autorizaciones ambientales

La Licencia Ambiental es el instrumento administrativo mediante el cual la autoridad ambiental autoriza la ejecución de una obra, proyecto o actividad,  en sus etapas de construcción, operación y desmantelamiento.

El Decreto 2820 de 5 de agosto de 2010 del MAVDT, determina los proyectos que requieren licencia ambiental  y las autoridades competentes para otorgarlo. En el caso del Sector Eléctrico, el artículo 8º. del decreto establece que el MAVDT es competente para otorgar Licencia Ambiental en los siguientes proyectos: 

a) La construcción y operación de Centrales generadoras de energía eléctrica con capacidad instalada igualo superior a 100 MW;

b) Los proyectos de exploración y uso de fuentes de energía alternativa virtualmente contaminantes con capacidad instalada superior a 3MW;

c) EI tendido de las líneas de transmisión del sistema nacional de interconexión eléctrica, compuesto por el conjunto de líneas con sus correspondientes módulos de conexión (subestaciones) que se proyecte operen a tensiones iguales o superiores a 220 KV.

Así mismo  el artículo 9º  del decreto establece los proyectos eléctricos que son competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales, a saber:

a) La construcción y operación de centrales generadoras con una capacidad mayor o igual a 10 y menor de 100 MW, diferentes a las centrales generadoras de energía a partir del recurso hídrico;

b) El tendido de líneas del sistema de transmisión conformado por el conjunto de líneas con sus equipos asociados, que operan a tensiones menores de 220 KV Y que no pertenecen a un sistema de distribución local;

c) La construcción y operación de centrales generadoras de energía a partir del recurso hídrico con una capacidad menor a 100 MW; exceptuando las pequeñas hidroeléctricas destinadas a operar en Zonas No Interconectadas (ZNI) y cuya capacidad sea igualo menor a 10 MW.

En lo referente al sector eléctrico,  el  Ministerio de Ambiente, ha definido para la elaboración de los estudios ambientales términos de referencia de los proyectos de generación y transmisión eléctrica: Diagnostico Ambiental de Alternativas – DAA, y Estudio de Impacto Ambiental –EIA, igualmente ha adoptado las Guías Ambientales de Referencia para los estudios  (Resolución 1023 de 2005).

Este nuevo decreto establece que para el trámite de la licencia ambiental de proyectos hidroeléctricos se deberá presentar al MAVDT copia del registro expedido por la Unidad de Planeación Minero Energético – UPME; así mismo la autoridad ambiental solicitará a la UPME concepto técnico relativo al potencia energético de las diferentes alternativas que presente el solicitante en su diagnóstico ambiental de alternativas.

El tiempo promedio para el trámite de la licencia ambiental de conformidad con los términos establecidos en la Ley 1450 de 2011 son  200 días hábiles aproximadamente.

Adicionalmente, mediante la resolución 1503 de 4 de agosto de 2010, el MAVDT, definió la metodología general para la elaboración de  los Estudios de Impacto Ambiental, para todo tipo de proyectos.

El Decreto 2820 de 5 de agosto de 2010  establece que la Licencia Ambiental incluye los permisos y autorizaciones requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables necesarios para el desarrollo del proyecto, los cuales deben ser descritos en el Estudio de Impacto Ambiental – EIA. Estos permisos, en general, se otorgan por toda la vida útil del proyecto.

De otra parte, cuando se requiera hacer modificación a la Licencia Ambiental, se debe solicitar autorización al MAVDT. En el año 2009, mediante gestión realizada ante este Ministerio por el sector eléctrico, se aprobó una modificación al Decreto 1220 de 2005 en lo referente a los casos en que se requiera modificaciones menores de la Licencia Ambiental, el cual fue aprobado mediante la Resolución 2101 de 2009 de este mismo Ministerio.

El decreto 2820 de 5 de agosto de 2010, establece que se debe informar a la comunidades el alcance del proyecto, con énfasis en los impactos y las medidas de manejo propuestas y valorar e incorporar en el Estudio de Impacto Ambiental, En los casos en que se requiera, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 99 de 1993, en materia de consulta previa con comunidades indígenas y negras tradicionales y al Decreto 1320 de 1998 o al que lo sustituya o modifique.

En cuanto al cobro de  servicios de evaluación y seguimiento de la licencia ambiental, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, la ley 633 de 2000, faculta al Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial para  el cobro de dichos servicios; la Resolución 1110 de   2002,  establece  las tarifas y el procedimiento para su cobro.

La Ley 1450 de 2011 por medio de la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014,  especifica las condiciones y requisitos mínimos que deben tener las personas y empresas que realicen EIA. En el artículo 223 modifica los términos para el trámite de la licencia ambiental por parte de las autoridades ambientales, estableciendo:

 El interesado en el otorgamiento de una licencia ambiental presentará ante la autoridad ambiental competente la solicitud acompañada del estudio de impacto ambiental correspondiente para su evaluación. La autoridad competente dispondrá de treinta (30) días hábiles para solicitar al interesado información adicional en caso derequerirse. Allegada la información requerida, la autoridad ambiental dispondrá de diez (10) días hábiles adicionales para solicitar a otras entidades o autoridades los conceptos técnicos o informaciones pertinentes, que deberán serle remitidos en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o quien haga sus veces, dispondrá hasta noventa (90) días hábiles para decidir sobre la licencia ambiental, contados a partir del acto administrativo de trámite que reconozca que ha sido reunida toda la información requerida según el procedimiento previsto en esteartículo.

Parágrafo 1o. En caso de que el procedimiento se demore más de los noventa (90) días hábiles establecido en este artículo contados a partir del acto administrativo de trámite que reconozca que ha sido reunida toda la información requerida, se convocará a un comité quien en un plazo menor a diez (10) días hábiles establecerá un plan de acción obligatorio para que en un plazo menor a treinta (30) días hábiles la autoridad ambiental esté en posibilidad de decidir sobre la licencia ambiental.

Es de relevar la modificación que hace la ley a los  plazos para expedición de la licencia ambiental, pasando de 90 a 200 días hábiles.

3.10.  Ordenamiento territorial

La Ley 388 de 1997, estableció el método para realizar el ordenamiento territorial en los Municipios. Esta Ley establece cómo se debe desarrollar el componente ambiental en los citados planes de ordenamiento. Cuando se pretenda desarrollar un proyecto es requisito indispensable consultar el Plan de Ordenamiento Territorial – POT- de cada Municipio, con el fin de conocer cuales son las restricciones de los usos del suelo establecidos. 

Esta Ley ha sido reglamentada por varios Decretos que precisan la aplicación de la misma.

3.11.  Participación ciudadana

La Ley 99 de 1993 en su artículo 72 establece que cualquier persona puede participar en los procedimientos administrativos ambientales sin demostrar interés jurídico, por cuanto la Constitución de 1991 definió el Ambiente como un derecho colectivo. En forma general, la participación ciudadana está regulada mediante la Ley 134 de 1994. Entre los mecanismos de participación que contempla la Ley 99 de 1993 y la Ley 134 de 1994 se encuentran las Audiencias Públicas. Cuando se pretenda desarrollar un proyecto, obra o actividad, se podrá solicitar a la autoridad ambiental el desarrollo de la citada audiencia para dar a conocer a las organizaciones sociales, comunidad en general, entidades públicas y privadas los impactos que éste pueda generar o genere y las medidas de manejo propuestas o implementadas para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar dichos impactos; así como recibir opiniones, informaciones y documentos que aporte la comunidad y demás entidades públicas o privadas.

La Audiencia Pública fue reglamentada por el Decreto 330 de 2007 del MAVDT.

Es necesario advertir que cuando se trate de proyectos que se vayan a realizar en territorios de comunidades negras o resguardos indígenas, o en el área de influencia de estos territorios, debe aplicarse la consulta previa, de conformidad con el Decreto 1320 de 1998 del Ministerio del Interior.

3.12.  Patrimonio arqueológico y cultural

La denominada "Ley de la Cultura"- Ley 397 de 1997, desarrolla los postulados de la Constitución Nacional en lo referente a la protección del patrimonio cultural y de la diversidad étnica y cultural y crea el Ministerio de la Cultura.

La Ley exige la formulación de un plan de protección al patrimonio arqueológico que pueda ser afectado por proyectos de desarrollo como requisito previo para la obtención de las licencias ambientales requeridas.

La Ley desarrolla normas especiales para salvaguardar el patrimonio arqueológico de la Nación, y exige que cuando se vaya a realizar un proyecto se debe  investigar si en la zona  existen bienes arqueológicos y, en el caso de que se encuentren estos en el área del proyecto o zona de influencia, se debe realizar un Plan de Manejo Arqueológico el cual debe estar dirigido por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia- ICANH.

Mediante el Decreto 763 de 2009 del Ministerio de Cultura, se definieron las etapas y los mecanismos para realizar el Plan de Manejo Arqueológico cuando se va a realizar una obra o proyecto, plan que debe acompañarse para el trámite de la Licencia Ambiental.

3.13.  Paisaje

La Constitución Nacional establece que el paisaje es patrimonio común.

El Código de Recursos Naturales, Decreto-Ley 2811 de 1974[2], parte XII, artículos 302 a  304 establece que:

-     La comunidad tiene derecho a disfrutar de paisajes urbanos y rurales que contribuyan a su bienestar físico y espiritual. Se determinarán los que merezcan protección.

-     En la realización de las obras, las personas o entidades urbanizadoras, públicas y privadas procurarán mantener la armonía con la estructura general del paisaje.

Asimismo, el Decreto establece las responsabilidades de las Administraciones en la preservación del paisaje.

En referencia específica al paisaje en el sector eléctrico, los Términos de Referencia del Diagnostico Ambiental de Alternativas de proyectos lineales (Resolución 1277 de 2006 del MAVDT)  disponen “Establecer las unidades de paisaje regional y su interacción con el proyecto, se podrán utilizar sensores remotos como imágenes de satélite, radar o fotografías aéreas”.

De igual forma, los Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental de los proyectos de transmisión (Resolución 1288 de 2006 del MAVDT) establece abordar el paisaje desde dos puntos de vista: 

 “Como escenario natural, para lo cual deberá determinar la forma y calidad de integración entre las geoformas y las coberturas vegetales asociadas.

Como impacto escénico, para lo cual deberá determinar la incidencia del proyecto en torno a las costumbres del lugar.

Además, se deberán identificar los sitios que por su belleza escénica deban ser considerados de interés paisajístico y que sean afectados por el proyecto”.

3.14.  Residuos

En Colombia la normatividad en materia de residuos es muy amplia, la cual está dirigida a reglar sobre residuos peligrosos y no peligrosos.

En relación con  los residuos no peligrosos que pueden generarse en un proyecto, conviene analizar básicamente el manejo de escombros y los sitios de disposición de estos, como lo señala la Resolución 541 de 1994 del MAVDT.

En materia de residuos peligrosos, Colombia suscribió el Convenio de Basilea y lo ratificó con la Ley 430 de 1998.  A partir de la suscripción del convenio se ha regulado la gestión integral del ciclo de vida del producto, la responsabilidad del generador, en la cual se establece que  ésta se extiende hasta la disposición  final del producto; se introdujo en la normatividad el principio de precaución, la internalización de costos ambientales, normas de seguridad en el sistema de transporte de residuos peligrosos, entre otros.

Entre las normas a destacar está la Ley 1259 de 2008 sobre Gestión Integral de Residuos Peligrosos, el Decreto 4741 de 2005 y el Decreto reglamentario 1362 de 2007 del MAVDT.  

El  Decreto 4741 de 2005 tiene por objeto prevenir la generación de residuos o desechos peligrosos, así como regular el manejo de los residuos o desechos generados, con el fin de proteger la salud humana y el ambiente.  Así mismo, el Decreto reglamentario 1362 de 2007 tiene por objeto establecer los requisitos y el procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, como instrumento de captura de información, con la finalidad de contar con información  normalizada, homogénea y sistemática sobre la generación y manejo de residuos o desechos peligrosos originados por las diferentes actividades productivas y sectoriales del país.

 

3.15.   Ruido

El Decreto 948 de 1995 del Ministerio del Medio Ambiente, hoy MAVDT, regula lo relacionado con aire y ruido; el artículo 49 estable que los generadores eléctricos de emergencia o plantas eléctricas deben contar con silenciadores y sistemas que permitan el control de los niveles de ruido.

La Resolución 627 de 2006 del MAVDT regula lo relacionado con emisión de ruido y ruido ambiental. Esta Resolución determina los parámetros para medición del ruido ambiental estableciendo zonificación y horarios respectivos.

3.16.  Sanciones y Delitos Ambientales

La Ley 1333 de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio ambiental para Colombia. En este procedimiento se establece que las entidades competentes para sancionar por infracciones ambientales son el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, las Corporaciones Autónomas Regionales, Las Corporaciones de Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales Urbanas.

Se considera como Infracción Ambiental cualquier violación a la normatividad ambiental. El procedimiento puede iniciarse con una indagación preliminar,  la cual tiende a verificar las circunstancias en las cuales presuntamente se cometió la infracción.  En esta etapa se pueden practicar pruebas tendientes a clarificar los hechos en los cuales se soporte al acto administrativo y la apertura de la investigación preliminar.  Si se encuentra que no hubo responsabilidad del presunto infractor, el trámite se archiva; si hubo responsabilidad, se pasa a una segunda fase que se inicia con un acto administrativo de formulación de cargos, en esta etapa corresponde al investigado la carga de la prueba, para demostrar que no cometió la infracción.

Esta Ley  consagra la presunción de la culpa o el dolo, por lo cual, corresponde al presunto infractor o investigado desvirtuar esta presunción y, en consecuencia, le corresponde la carga de la prueba.  Otro elemento importante a destacar es que se establece en 20 años el término de caducidad de la acción sancionatoria ambiental.

Las sanciones pueden ser multas, suspensión de la obra, decomiso de elementos utilizados por causar la presunta infracción, caducidad o terminación de la licencia permiso o autorización, entre otras.

La sanción administrativa no es obstáculo para que se inicien investigaciones penales o de responsabilidad civil extracontractual; en consecuencia, el investigado  puede resultar sancionado administrativa, penal y civilmente.

Complementariamente  esta Ley definió la implementación del Registro Único de Infractores Ambientales -RUIA, reglamentado mediante la Resolución 415 de 2010 del MAVDT, mediante el cual se publica en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea –VITAL- la información relacionada con los infractores ambientales (nombre, tipo de falta, sanción aplicada, lugar, fecha, etc.).   En consecuencia, a partir de la expedición de la Ley, todo aquel que cometa una infracción ambiental en Colombia tendrá que cumplir con la respectiva sanción o multa que le imponga la autoridad ambiental, pero también someterse al escarnio público.

Entre seis meses y dos años sería el tiempo que permanecería expuesto el nombre de la persona o compañía infractora, dependiendo del tipo de contravención. Si se trata de una multa, podría durar seis meses después de ser cancelada. Si el caso es el cierre de un establecimiento, llegaría hasta los dos años.

Asi mismo el Decreto 3678 de 2010, establece los criterios para la imposición de sanciones los cuales son: Beneficio ilícito; factor de temporalidad; grado de afectación ambiental; circunstancias agravantes y atenuantes; costos asociados; capacidad socioeconómica del infractor.

La Resolución 2086 de 2010, establece la metodología para la tasación de multas y las formulas a aplicar de acuerdo a los criterios definidos en el decreto 3678 de 2010.

De otra parte la Resolución 1575  de 2011, expedida por el Ministerio de Minas y Energía, consagra la figura denominada Amparo Policivo, por medio del cual se establece un procedimiento para solicitar a los alcaldes municipales intevenir cuando se generen Afectaciones de Hecho en las servidumbres eléctricas, tales como ocupaciones por viviendas, cultivos u otras actividades prohibidas en las normas.

Ley 1466 de junio 30 de 2011-Por medio de la cual se instauró en el territorio nacional la aplicación del Comparendo Ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros, y se dictan otras disposiciones.- Para el caso de generadores de energía, deben acatar lo relacionado con disposición de escombros (para obras en construcción) y manejo de residuos en sus campamentos y zonas de influencia.

3.17.  Seguro Ecológico

 La ley 491 de 1999 estableció el Seguro Ecológico, el cual tiene  por objeto amparar los perjuicios económicos cuantificables producidos a una persona determinada como parte o a consecuencia de daños al ambiente y a los recursos naturales, en los casos del seguro de responsabilidad civil extrancontractual, cuando tales daños hayan sido causados por un hecho imputable al asegurado, siempre y cuando no sea producido por un acto meramente potestativo o causado con dolo o culpa grave; o, en los casos de los seguros reales como consecuencia de un hecho accidental, súbito e imprevisto de la acción de un tercero o por causas naturales.

Mediante Concepto 1200-E2-75998 de junio 28 de 2010, Minambiente  precisó  que  la ley  491 de 1999, no creó un seguro  ecológico, es decir un seguro que cubra los daños al medio ambiente.

Lo que ampara según la ley, son los daños a los bienes de propiedad de terceros, afectados como consecuencia de un problema de contaminación o deterioro o daño ambiental, esto es un seguro de responsabilidad civil extracontractual que ya se encuentra regulado y no es obligatorio.

3.18.  Suelos

De acuerdo con el Código de Recursos Naturales – Decreto-Ley 2811 de 1974,  existen varios tipos de figuras para proteger los recursos naturales, tales como: los Parques Nacionales Naturales, Áreas Forestales Protectoras y Productoras Protectoras, Parques Regionales, Distritos de Manejo Integrado, entre otras. Igualmente, existen disposiciones para proteger el uso del suelo cuando se den condiciones especiales con cierto tipo de pendientes.

Cuando se va a construir un proyecto, es requisito indispensable que en el estudio de impacto ambiental se identifiquen las posibles áreas protegidas que  pueden ser intervenidas por dicho proyecto, dado que la autoridad ambiental debe realizar un trámite especial para sustraer el área definida como reserva si lo considera pertinente, de acuerdo con lo establecido en el estudio de impacto ambiental y con el carácter publico de la obra que se pretenda desarrollar.

3.19.  Sustancias Químicas

Mediante Ley 1259 de 2009, Colombia aprobó el Convenio de Rótterdam, cuyo objetivo es promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de las partes en la esfera del comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a posibles daños y contribuir a su utilización ambientalmente racional, facilitando el intercambio de información acerca de sus características, estableciendo un proceso nacional de adopción de decisiones sobre su importación y exportación y difundiendo esas decisiones a las partes.

De otro lado,  mediante la  Resolución 2400 de 1979 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, hoy Ministerio de Protección Social, se establecen  los requisitos para el etiquetado de los productos químicos peligrosos; almacenamiento de sustancias químicas peligrosas; lámparas antichispas en sitos de almacenamiento de líquidos inflamables, entre otros.

Asimismo, el Decreto 1609 de 2002 del Ministerio de Transporte, reglamenta todo lo relativo al manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

En la actualidad en el marco de la Mesa Nacional de PCBs, instancia sectorial liderada por el Ministerio de Ambiente con la participación de las empresas del sector eléctrico, se estructura el proyecto de resolución  por la cual se establecen medidas de gestión, manejo y eliminación de equipos, materiales, desechos o sustancias que consisten, contienen o estén contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB).

La norma proyecta como metas de eliminación de todos los equipos, materiales, desechos o sustancias contaminados con PCB,  el año 2028.

3.20.  Uso Racional de Energía – URE- y Energías Alternativas

Con la Ley 697 de 2001 se declara el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) como un asunto de interés social, público y de conveniencia nacional, fundamental para asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad de la economía colombiana, la protección al consumidor y la promoción del uso de energías no convencionales de manera sostenible con el medio ambiente y los recursos naturales.

Como desarrollo de la Ley se ha expedido alguna normatividad, dentro de la que se destaca:

·       Decreto 2501 de 2007 del MME, que tiene por objeto propiciar el uso racional y eficiente de energía eléctrica a aplicar en los productos utilizados en la transformación de energía eléctrica tanto de fabricación nacional como importados, para su comercialización en Colombia y en los productos destinados para el uso final de energía eléctrica, tanto de fabricación nacional como importados, para su comercialización en Colombia.

·       Resolución 18 0540 de 2010 del MME, la cual modifica el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público –RETILAP- y se establecen los requisitos de eficacia mínima y vida útil de las fuentes lumínicas.

·       Decreto 2331 de 2007 del MME, que tiene por objeto la  utilización o sustitución en los edificios, cuyos usuarios sean entidades oficiales de cualquier orden, de todas las bombillas incandescentes por bombillas ahorradoras de energía, específicamente Lámparas Fluorescentes Compactas (LFC) de alta eficiencia.  Aplica para  las instalaciones, edificios y sedes administrativas de  proyectos y empresas de todos los sectores económicos, incluyendo el sector eléctrico.  

·       La Resolución 18-019 de 2010, adopta el Plan de Acción Indicativo 2010 – 2015 para desarrollar el Programa de Uso Eficiente y Racional de la Energía y demás formas de energía No convencionales – PROURE y se definen sus objetivos y subprogramas. El plan define compromisos muy específicos para los sectores y en particular para el de servicios públicos en materia de ahorro de energía.

·       Resolución No. 180540 de Marzo 30 de 2010, modifica la Resolución 181331 de 6 agosto de 2009.

·                     Resolución 182544 de 29 de diciembre de 2010 y Resolución 180173 de 14 de febrero de 2011, modifican parcialmente  la Resolución 180540 de 2010, al establecer una transitoriedad hasta 31 de diciembre de 2011  para lámparas  incandescentes con potencia de 75 w y 150w y hasta diciembre de 2013 para lámparas hasta 60w.

Transcurridos estos  plazos, no se permitirá el uso y comercialización de las bombillas o lámparas incandescentes para iluminación de espacios donde se requiera la luz artificial para el desarrollo de actividades humanas.

3.21.  Aspectos Comerciales  del uso de recursos

La Ley 1377 de 2010  reglamenta las actividades comerciales relacionadas con las plantaciones forestales y agroforestales; a su vez, da un plazo de un año para que el Gobierno Nacional presente al Congreso de la República un proyecto de Ley que establezca claramente las condiciones objetivas que permitan la selección de los beneficiarios del Certificado de Incentivo Forestal –CIF- para apoyo de programas de reforestación comercial.

De igual forma, la Ley 99 de 1993 establece que las autoridades encargadas de autorizar, controlar y vigilar la comercialización de los recursos naturales son las Corporaciones Autónomas Regionales - CAR’s- y los Departamentos.  También, en esta Ley se fijan las condiciones y exigencias que se hacen a las empresas que utilizan los recursos naturales con fines económicos: tasas retributivas y compensatorias, tasas para compensar los gastos de mantenimiento de la renovabilidad de los recursos naturales renovables, tasas por utilización de aguas, transferencia del sector eléctrico a las CAR’s y Municipios ubicados en las áreas de influencia de los proyectos.

Decreto 125 de 20 de enero de 2011- Programa Especial de Reforestación-Por el cual el gobierno crea el Programa Especial de Reforestación con el fin de ejecutar proyectos de reforestación comercial en las áreas afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011, para rehabilitar el uso de los suelos con potencial para la reforestación incluyendo las cuencas de los ríos y las áreas conectadas con ellas- Posiblemente aplique para las zonas aledañas a los embalses que están bajo cuidado de los generadores.

4.         Reflexiones Finales

En la actualización del documento Marco Normativo del Sector Eléctrico  Colombiano 2010, se han reseñado los principales aspectos legales, normativos y procedimentales relacionados con la gestión ambiental requerida en el diseño, desarrollo y operación de los proyectos eléctricos en Colombia  a fin de hacerlos s viables y sostenibles, legal, social, ambiental y económicamente.

El documento es un aporte importante como referente para la tona de decisiones de los posibles inversores de proyectos eléctricos en Colombia.

La normatividad ambiental reciente ha sido muy dinámica y se enfocado a legislar en los temas de Residuos, Aire, Uso Racional de Energía- URE, licenciamiento, sanciones, Instrumentos Económicos  y  Áreas Protegidas.  

Dicha normatividad ha implicado para el sector ajuste y mejoramiento en la gestión y calidad de sus procesos técnicos y ambientales, y recursos económicos adicionales para las implementaciones requeridas.

Se advierte que en el caso del licenciamiento ambiental, si bien los tiempos comprendidos en la norma para realizar el tramite, son racionales para ejecutar las actividades necesaria para obtener la licencia ambiental, las autoridades ambientales en muchas ocasiones retardan o no cumplen estos términos, lo cual genera sobrecostos a las empresas e impacto en su imagen, dado que estas deben cumplir con los cronogramas y regulaciones del sector.

Es de resaltar la participación del sector eléctrico en la formulación  y gestión de normas,  orientadas a reducir trámites en el proceso de modificación de licencia en el caso de proyectos de bajo impacto ambiental, como fue la expedición de la Resolución 2101 de 2009.

Dado  la expedición de la nueva ley sancionatoria, el incumplimiento de  la normatividad ambiental,  implica un riesgo para las empresas del sector, en cuanto el Registro Único de Infractores Ambiéntales RUIA, con impacto a nivel de se  imagen.

Así mismo la regulación en los temas de Áreas Protegidas implica un  reto grande para el sector de aportar  a la consolidación de dichas áreas mediante el apoyo a los programas de conservación que se estructuren en el marco de las compensaciones ambientales por la intervención del recurso vegetal; un reto derivado es la  concertación y cogestión de dichos programas de gran valor agregado por su impacto a la contribución de la reducción de gases de efecto invernadero.

En términos de perspectiva regulatoria en el mediano plazo se espera la consolidación de normas sobre PCbs, recursos forestales y ordenación de cuencas.

Finalmente, como parte de la ordenación del recurso hídrico, se expidió por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la POLÍTICA NACIONAL HÍDRICA, en la cual el Sector Eléctrico Colombiano tuvo una gran participación, particularmente en lo que tiene que ver con el ordenamiento del recurso y la prevención del conflictos por el uso del agua en cuencas abastecedoras. En ese sentido se ha propuesto la creación de la Agencia Nacional del Agua, la cual ha contado con el apoyo de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios –ANDESCO- y de la Asociación Colombiana de Generadores –ACOLGEN-. Los objetivos de dicha agencia serían la Administración integral del recurso hídrico para la generación de energía armonizando los intereses del Estado, la Sociedad y las Empresas del sector.  La agencia se encargaría de: 1. Realizar la planeación óptima del potencial hidroeléctrico de todas las cuencas del País y realizar estudios para los proyectos hidroeléctricos hasta prefactibilidad; 2. Concertar con las demás entidades del estado el aprovechamiento óptimo del recurso y 3. Subastar las concesiones de los Proyectos de Generación en etapa de prefactibilidad, para que el Titular de la concesión continúe los estudios y trámites ambientales, hasta obtener la Licencia Ambiental (concesión del recurso agua).

La tendencia regulatoria en el segundo semestre de 2010 y primero de 2011, se dirige a actualizar la normatividad contenida en el decreto 2811 de 1974-Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y Protección del Medio Ambiente,  en temas como la definición de criterios para la protección de paramos y humedales; metodología para definir la calidad de suelos forestales y definición de áreas forestales protectoras y productoras, igualmente la determinación de rondas hídricas con base en estudios técnicos.

Es de destacar la modificación que hace la Ley del Plan Nacional de Desarrollo (L1450/11) a  la Ley 99 de 1993, en lo referente a los términos para el trámite de la licencia ambiental los cuales se aumentan en aproximadamente 110 días. 

También es importante destacar que se introducen nuevas responsabilidades a los usuarios del recurso hídrico en especial en lo relacionado con vertimientos, al exigir al usuario presentar un plan de
riesgo que permita adoptar importantes elementos para la protección del mismo.

En relación al desarrollo de las sanciones ambientales se expidieron normas para determinar los criterios de imposición de sanciones y una metodología para la tasación de multas.

Es importante destacar igualmente la ley por medio de la cual Colombia prueba  el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas- UNASUR.

En cuanto al recurso aire, se establecen los métodos para la evaluación de emisiones contaminantes por fuentes con el objeto de desarrollar  el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica generada por Fuentes Fijas.

De otro lado se introducen modificaciones en la normatividad  relacionada con cambio climático; se  introducen mejoras en el procedimiento de aprobación nacional   de proyectos de reducción de emisiones de GEI que optan al MDL. con el ánimo de reducir los tiempos de respuesta, agilizar el proceso interno de evaluación. Igualmente establece el procedimiento para la aprobación nacional de programas de actividades (PoA-  bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y se reglamenta la autorización de las entidades coordinadoras.



[1] Constitución Política Nacional. Artículo 1º.

[2] Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

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