Bolivia

1.         Prospectiva Ambiental Nacional

En los últimos años en Bolivia se ha iniciado un proceso para modificar en forma significativa la estructura institucional y legal, lo que incidirá en las diferentes actividades y sectores, como el eléctrico.

Se cuenta con una nueva Constitución Política del Estado (NCPE), aprobada mediante consulta pública el 25 de enero de 2009. El Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero de 2009 establece la nueva estructura, roles y responsabilidades del Poder Ejecutivo.

Si bien a causa de la NCPE se prevé un proceso paulatino de revisión y conformación de nuevos marcos regulatorios sectoriales, en cuanto a la normativa ambiental y la aplicable al sector eléctrico a la fecha aún se mantienen en vigencia las anteriores a la NCPE.

Los Convenios internacionales suscritos por el Estado (marco supranacional), también se mantienen en vigencia a la fecha.

De acuerdo a la actual estructura del Poder Ejecutivo Boliviano, la autoridad responsable de la formulación de las políticas ambientales y su gestión, es el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambios Climáticos, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas.

En cuanto al marco legal ambiental, está en vigencia la Ley de Medio Ambiente (N° 1333, 27/04/1992), que en su Artículo 1 establece:

 “La presente Ley tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población.”

El sector eléctrico acompaña y cumple la normativa pertinente, en especial lo relacionado al licenciamiento ambiental y los reportes anuales.

2.         Marco Supranacional

El marco legal Boliviano en materia de gestión ambiental acompaña las iniciativas multilaterales, a través de su participación y posterior aprobación y ratificación de importantes Convenios internaciona-les, entre los cuales se pueden mencionar:    

·           Convenio marco de las naciones unidas sobre el cambio climático, acuerdo de escala global para estabilizar la emisión de gases de efecto invernadero, ratificado y aprobado mediante Ley 1576 de 25/07/94.

·           Convenios de Viena y Montreal para la protección de la capa de Ozono, acuerdo de escala global para reducir la emisión de gases que afectan la capa de Ozono, ratificado y aprobado mediante Ley 1584 de 35/08/94, igualmente las enmiendas mediante Ley 1933 de 21/12/98

·           Convenio sobre la Diversidad Biológica, acuerdo de escala global para conservar la diversidad biológica, ratificado y aprobado mediante Ley 1580 de 25/07/94. Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES), ratificado mediante Ley No. 1255 de 5/07/91. Protocolo de Bioseguridad de Cartagena, aprobado y ratificado mediante Ley 2274, de 22/11/91. Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional como Hábitat de Aves Acuática (RAMSAR), aprobado mediante Ley No. 2357, de 7/05/02.

·           Convenio de Basilea sobre Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su eliminación, ratificado y aprobado mediante Leyes 1698 de 12/07/96 y 2777 de 7/07/04.

·           Tratado de Cooperación Amazónica, acuerdo de escala regional para promover el desarrollo de los territorios amazónicos, ratificado y aprobado mediante Leyes 874 (30/05/86) y 1973 (30/04/99).

·           Convenio de Estocolmo, acuerdo de escala global para proteger la salud humana y el medio ambiente de Contaminantes Orgánicos Persistentes, ratificado y aprobado mediante Ley 2417 de 25/10/02.

·           Protocolo de Kyoto, acuerdo de escala global para estabilizar la emisión de gases efecto invernadero y establecer mecanismos de reducción, ratificado y aprobado mediante Ley 1988 de 22/07/99.

·           Convenio de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, aprobado mediante Ley 1688 de 27/03/1996

·           Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, acuerdo de escala global, ratificado y aprobado mediante Ley 1257 de 11/07/91. Reconocimiento de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, aprobado mediante Ley 3760 de 7/11/07 y Ley 3897 de 26/06/08.

3.         Temas Relevantes de la Normativa

La Nueva Constitución Política del Estado, aprobada el 25 de Enero de 2009 establece lineamientos sobre los derechos y obligaciones en materia ambiental de los ciudadanos y de autoridades u organizaciones, así como la propiedad de los recursos naturales (del pueblo boliviano).

La Ley del Medio Ambiente N° 1333 promulgada el 27 de abril de 1992 es de carácter general. Su objetivo fundamental es proteger y conservar el Medio Ambiente sin afectar el desarrollo del país, procurando mejorar la calidad de vida de la población, según el Artículo 1 ya citado (1.1 Marco Ambiental General).

A través de los Reglamentos de la Ley mencionada se establece la obligatoriedad de efectuar estudios de evaluación de impacto ambiental a cualquier proyecto eléctrico, exceptuando los de transmisión de pequeña escala, libres de contaminantes o directamente ambientalistas (Decreto Supremo 27173, de 15/09/2003).

Al cumplirse el plazo de vigencia de las primeras licencias ambientales (10 años), mediante Decreto Supremo 28592 de 17/01/2006, se aprobaron normas complementarias que actualizaron el marco institucional y establecieron el procedimiento de actualización de las licencias ambientales.

Los Decretos Supremos 267075 10/07/2002 y 28499 de 10/12/2005, complementaron y modificaron la reglamentación de la Ley de Medio Ambiente, para la mejor fiscalización y aplicación de auditorías ambientales.

3.1.     Aguas

La NCPE define criterios básicos relacionados a los recursos hídricos, entre ellos que es un derecho fundamental para la vida y no puede ser privatizado, que es posible su aprovechamiento sujeto a licencia, con protagonismo del Estado (Art. 373). El uso y manejo se basará en el aprovechamiento sustentable de las cuencas hidrográficas (Art. 375).

Está en vigencia el Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica (8/12/1995), de la Ley de Medio Ambiente, cuyo objetivo es regular la prevención de la contaminación  y control de la calidad de los recursos hídricos. Define el sistema de control de la contaminación hídrica y los límites permisibles de los potenciales elementos contaminantes, así como de las condiciones físico químicas que debe cumplir un efluente para ser vertido en uno de los cuatro tipos de cuerpos receptores definidos; mientras se efectúa la clasificación de los cuerpos de agua, se dispone la aplicación del Anexo A-2 que contiene los límites permisibles para descargas líquidas en cuerpos de agua, haciendo énfasis en Metales Pesados, Aceites y Grasas, DBO-DQO.

3.2.     Áreas Protegidas

La NCPE establece que las Areas Protegidas constituyen un bien común, cumple diferentes funciones para el desarrollo sustentable, forma parte del patrimonio natural y cultural del país (Art. 385).

También está en vigencia la Ley de Vida Silvestre Parques Nacionales Caza y Pesca (DL 12301, 14/03/75) y el Reglamento de Áreas Protegidas (DS 24781, 31/0797).

Solo en casos excepcionales y cuando se declara de interés nacional, se permite el aprovechamiento de recursos naturales de un Área Protegida (Artículo 33, Reglamento General de Áreas Protegidas, DS 24781, 31/07/97).

3.3.     Biodiversidad

De acuerdo a la NCPE, el Estado protegerá todos los recursos genéticos, microorganismos y sus conocimientos asociados. Prevé establecer un sistema de registro de la propiedad intelectual a favor del Estado (Art. 381,II). Prevé acciones de defensa y recuperación de material biológico (Art. 382), establece restricciones sobre usos extractivos y sanciones penales por tenencia, manejo y tráfico ilegal de especies (Art. 383).

Especial atención se presta a la Amazonía, considerado espacio estratégico (Art. 390). Y que se prevé su desarrollo integral sustentable (Art. 391).

La Ley 1580 de 25/07/1994, aprueba y ratifica el Convenio sobre Diversidad Biológica de NNUU.

Leyes o Reglamentos: de Vida Silvestre Parques Nacionales Caza y Pesca (DL 12301, 14/03/75), Áreas Protegidas (DS 24781, 31/0797), Forestal (Ley 1700, 12/07/96).

Convenios internacionales suscritos: CITES (Ley 1255, 5/07/91) y Ramsar (Ley 2357, 7/05/02).

3.4.     Cambio climático y renovables

La Ley 1576 de 25/07/1994, aprueba y ratifica la Convención Marco de la NNUU sobre el Cambio Climático.

La responsabilidad de la representación nacional en este tema y por su administración general, recae en el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambios Climáticos.

El DS 28218 de 24/06/2005 establece de importancia nacional apoyar la implementación de actividades de mitigación del cambio climático, entre ellos en el sector energético.

La autoridad sectorial, el Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas, tiene tuición y competencias en cuanto a las energías renovables.

3.5.     Campos electromagnéticos

Como marco general, la NCPE indica que la administración de los campos electromagnéticos es atribución del Estado, es de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país.

Desde el punto de vista ambiental, no existe normativa sobre límites permisibles. La corriente prevaleciente en el país es recurrir a recomendaciones técnicas internacionales.

3.6.     Contaminación del aire - atmósfera

La Ley 1584 aprueba el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, Protocolo de Montreal, Enmienda de Londres y Enmienda de Copenhague.

El Decreto Supremo 27421 de 26/03/2004, crea el Sistema de Licencias de Importación y Control de Sustancias Agotadoras del Ozono (SILICSAO) y el DS 27562 de 9/06/2004, establece el Reglamento de Gestión Ambiental para SAOs.

Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica (RMCA), tiene el objetivo de establecer el marco regulatorio técnico jurídico a la Ley del Medio Ambiente, en lo referente a la calidad y la prevención de la contaminación atmosférica.

Establece los sistemas y medios de control de las diferentes fuentes de contaminación atmosférica, fijando además los límites permisibles de las sustancias generalmente presentes en los diferentes procesos de emisión. También establece los límites permisibles de calidad del aire (Anexo 1  y 2). El Anexo 3 establece la lista de contaminates peligrosos para la elaboración de inventarios de emisión.

El Anexo 4 establece los límites de emisión para turbinas a Gas Natural >105,5x106 kJ/h:

Contaminante (kg/106 m3 Gas Natural consumido)

Partículas

SO

CO

NOx

50

9,6

640

8800

3.7.     Grupos étnicos

La Ley 1257 de 11/07/1991, aprueba el Convenio 169 de la 76 Conferencia de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

La Ley Nº 3760 de 07/11/2007 eleva a rango de Ley de la República los 46 artículos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas, aprobada en la 62" Sesión de la Asamblea General de la ONU del 13 de septiembre de 2007.

3.8.     Instrumentos e incentivos económicos y tributarios ambientales, obligación de seguro ambiental

La Ley de Medio Ambiente establece directrices e instituciones para fomentar las actividades ambientales, pero no se han materializado en acciones concretas o ya no están en vigencia.

En forma indirecta existen incentivos ambientales para el sector eléctrico, como la aplicación de proyectos en el marco del Protocolo de Kioto (Mecanismo de Desarrollo Limpio).

No hay obligación de recurrir a seguros ambientales.

3.9.     Licenciamiento y autorizaciones ambientales

El Reglamento de Prevención y Control Ambiental, establece el marco técnico jurídico referido a la obtención de la Ficha Ambiental, Manifiesto Ambiental, Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, Auditorias Ambientales, Categorización de los impactos ambientales y las autoridades competentes en la materia. Los siguientes artículos reflejan el ámbito y competencia de este Reglamento:

“ARTICULO 1:  La presente disposición legal reglamenta la Ley del Medio Ambiente No. 1333 de 27 de abril de 1992, en lo referente a Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y Control de Calidad Ambiental (CCA), dentro del marco del desarrollo sostenible.

ARTICULO 2:  Las disposiciones de este reglamento, se aplicarán:

a)  En cuanto a la EIA, a todas las obras, actividades y proyectos, públicos o privados, así como a programas y planes, con carácter previo a su fase de inversión, cualquier acción de implementación, o ampliación y;

b)  En cuanto al CCA, a todas las obras, actividades y proyectos públicos o privados, que se encuentren en proceso de implementación, operación, mantenimiento o etapa de abandono.”

a) Licencia Ambiental: La licencia ambiental, según el Artículo 7 del Reglamento de Prevención y Control Ambiental:

“Es el documento jurídico administrativo otorgado por la Autoridad Ambiental Competente al REPRESENTANTE LEGAL que avala el cumplimiento de todos los requisitos previstos en la LEY y reglamentación correspondiente en lo que se refiere a los procedimientos de prevención y control ambiental. Para efectos legales y administrativos tienen carácter de Licencia Ambiental la Declaratoria de Impacto Ambiental, el Certificado de Dispensación y la Declaratoria de Adecuación Ambiental.“

Las Licencias Ambientales tienen vigencia de 10 años (Art. 61, Reglamento General de Gestión Ambiental), al término del cual debe solicitarse la renovación.

b) Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)

Es el instrumento preventivo de la gestión ambiental, aplicado a los proyectos nuevos.

Todo proyecto es categorizado en 4 categorías, numeradas de 1 a 4, siendo la “1” la que requiere un estudio de evaluación de impacto ambiental analítico integral (el más completo), mientras que la última no requiere de ningún estudio (Dispensación). Dicha categorización se realiza mediante el llenado de una “Ficha Ambiental”.

Los proyectos eléctricos de Categoría 4, es decir que no requieren EIA según el Decreto Supremo 27173 (15/09/2003), son los siguientes:

Ø Ampliación de líneas eléctricas.

Ø Densificación del servicio eléctrico.

Ø Instalación de paneles fotovoltaicos.

Ø Centrales eólicas

Ø Picocentrales hidroeléctricas.

Todos los demás proyectos no mencionados requieren ingresar al proceso y efectuarse estudios de EIA.

Si el proyecto es de Categoría 1 o 2, deberá efectuarse un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, de mayor o menor complejidad, respectivamente. La Categoría 3 corresponde a proyectos que solamente requieren el planteamiento de medidas de mitigación.

El Estudio de EIA tiene carácter de “Declaración Jurada” y constituye la base para la otorgación de la licencia ambiental, denominada “Declaratoria de Impacto Ambiental:

DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA): Documento emitido por la Autoridad Ambiental Competente, en caso de que el proyecto, obra o actividad, a ser iniciado, sea viable bajo los principios del desarrollo sostenible; por el cual se autoriza, desde el punto de vista ambiental la realización del mismo. La DIA fijará las condiciones ambientales que deben cumplirse durante las fases de implementación, operación y abandono. Asimismo, se constituirá conjuntamente con el EElA, y en particular con el Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental, en la referencia técnico-legal para los proyectos, obras o actividades nuevos. Este documento tiene carácter de Licencia Ambiental.“

c) Control de Calidad Ambiental (CCA)

Es el instrumento correctivo y de control de la gestión ambiental. Sus objetivos son normar y regular la utilización del medio ambiente y los recursos naturales y, controlar las actividades.

El propietario de un proyecto debe confeccionar un formulario de “Manifiesto Ambiental”, que refleja la situación ambiental de las actividades que desarrolla y cuando corresponda planteará un Plan de Adecuación Ambiental.

El Manifiesto Ambiental tiene carácter de declaración jurada y constituye la base para  otorgar la licencia ambiental, denominada “Declaratoria de Adecuación Ambiental”:

 

DECLARATORIA DE ADECUACION AMBIENTAL (DAA): Documento emitido por la Autoridad Ambiental Competente por el cual se aprueba, desde el punto de vista ambiental, la prosecución de un proyecto, obra o actividad que está en su fase, de operación o etapa de abandono, a la puesta en vigencia del presente reglamento. La DAA que tiene carácter de licencia ambiental, se basa en la evaluación del MA, y fija las condiciones ambientales que deben cumplirse de acuerdo con el Plan de Adecuación Ambiental y Pian de Aplicación y Seguimiento Ambiental propuestos.  La DAA se constituirá conjuntamente con el MA, en la referencia técnico-legal para los procedimientos de control ambiental para proyectos, obras o actividades existentes a la promulgación del presente Reglamento. Este documento tiene carácter de Licencia Ambiental.

Se prevé, en los casos necesarios, la realización de Auditorias Ambientales.

d)  Reglamento para renovación de Licencias ambientales

Las Licencias Ambientales tienen vigencia de 10 años (Art. 61, Reglamento General de Gestión Ambiental). Para las empresas que tramitaron sus licencias a momento de promulgarse la Reglamentación, a la fecha ya se ha cumplido el plazo de vigencia.

En fecha 17/01/2006, se promulgó el Decreto Supremo N° 28592, estableciendo las condiciones y procedimiento para la renovación de licencias vencidas.

Es importante destacar que, en aplicación de este Decreto, entre las empresas que gestionaron la renovación de las licencias ambientales están las del sector eléctrico.

3.10.  Participación ciudadana

La NCPE establece que la población tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a ser consultado e informado sobre decisiones que afectan la calidad ambiental (Art. 343). Tiene derecho a un ambiente saludable, protegido y saludable. Por lo anterior, cualquier persona está facultada a ejercitar acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente (Art. 33, 34).

Adicionalmente, el Reglamento General de Gestión Ambiental (de la Ley de Medio Ambiente), regula la participación ciudadana, siendo su objetivo regular la gestión ambiental (entendida como el conjunto de actividades y decisiones concomitantes orientadas al Desarrollo Sostenible). Define:

-      El marco institucional, funciones, atribuciones, competencias y responsabilidades de los diferentes niveles de la administración pública involucrados en la Gestión Ambiental.

-      Aspectos relativos a la formulación y establecimiento de políticas ambientales, procesos e instrumentos de planificación.

-       Normas, procedimientos y regulaciones jurídico - administrativas.

-       Instancias de participación ciudadana.

-       Fomento a la investigación científica y tecnológica, instrumentos e incentivos ambientales.

3.11.  Residuos Sólidos

El Reglamento de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos establece el régimen jurídico para la ordenación y vigilancia de la Gestión de los Residuos Sólidos, manejo de los mismos, regulaciones y disposición final.

Define la normatividad que debe seguir la gestión de residuos sólidos buscando garantizar un adecuado acondicionamiento, así como evitar la contaminación del suelo y cuerpos de agua.

Adicionalmente, el Instituto Boliviano de Normalización (IBNORCA), ha emitido Normas para la gestión de los residuos sólidos domésticos, en el marco de los sistemas de gestión ambientales.

El Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas establece las acciones en el marco del Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, determinando los procedimientos de manejo, control y reducción de riesgos.

Fija los procedimientos de registro de actividades con sustancias peligrosas a fin de poder llevar un seguimiento y control de las mismas, exigiendo el cumplimiento de la normatividad básica a fin de evitar daños al medio ambiente por inadecuado manejo de dichas sustancias. Como referencia para el país establece el listado de Naciones Unidas.

3.12.  Ruido ambiental

El Reglamento de Contaminación Atmosférica establece el marco regulatorio técnico jurídico a la Ley del Medio Ambiente, en lo referente a la calidad y la prevención de la contaminación atmosférica.

Establece los sistemas y medios de control de las diferentes fuentes de contaminación atmosférica, fijando además los límites permisibles de las sustancias generalmente presentes en los diferentes procesos de emisión.

El límite permisible de ruido para fuentes fijas es de 68dB(A) de Horas 6 – 22 y de 65dB(A) de Horas 22 – 6, en las colindancias del predio. En caso de localizarse la fuente en cercanías de centros hospitalarios, escuelas o asilos, el límite es 55dB(A).

3.13.  Sanciones y delitos ambientales

La NCPE (Art. 345,3, 347,II) establece que las políticas de gestión ambiental se basan en la responsabilidad, sanción civil, penal y administrativa por incumplimiento de normas de protección ambiental y por la ejecución de actividades que produzcan daños medioambientales. También, se declara la imprescriptibilidad de los delitos ambientales (Art. 347,I).

Por su parte, la Ley de Medio Ambiente, efectúa una distinción entre infracciones administrativas y los delitos ambientales, ambos sujetos a sanciones dependiendo de la magnitud de la infracción.

3.14.  Suelos

De acuerdo a la NCPE, el uso se hace conforme a su capacidad de uso mayor, organización y ocupación del espacio, considerando sus características biofísicas, socoeconómicas, culturales y político institucionales (Art. 380,II). La conversión del uso de tierras boscosas solo será posible en espacios legalmente asignados.

En la Ley de Medio Ambiente se hace referencia al recurso Suelo, dirigido al manejo apropiado y conservación del recurso.

3.15.  Sustancias químicas

El Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas establece los procedimientos de manejo, control y reducción de riesgos de sustancias corrosivas, explosivas, inflamables, patogénicas-bioinfecciosas, radioactivas, reactivas o tóxicas.

Fija los procedimientos de registro de actividades con sustancias peligrosas a fin de poder llevar un seguimiento y control de las mismas, exigiendo el cumplimiento de la normatividad básica a fin de evitar daños al medio ambiente por inadecuado manejo de dichas sustancias. Como referencia para el país establece el listado de Naciones Unidas.

A nivel nacional se ha creado el Programa Nacional de Contaminantes Orgánicos Persistentes PRONACOP, como instancia técnica-operativa encargada de hacer cumplir los compromisos del Convenio de Estocolmo.

3.16.  Uso racional de energía

Mediante Decreto Supremo 29466 de 5/03/2008, se crea el Programa Nacional de Eficiencia Energética “Electricidad para vivir con Dignidad”, con la finalidad de establecer acciones políticas y ejecutar proyectos que busquen optimizar el uso racional, eficiente y eficaz de la energía.

El Gobierno ha impulsado un plan de reemplazo gratuito de focos incandescentes (lámparas fluorescentes compactadas, LFC), destinado a reducir la demanda.

4.         Reflexiones finales

Se señalaron los principales aspectos legales, normativos y procedimentales, relacionados con la gestión ambiental general, aplicable a los proyectos eléctricos.

Si bien existe un marco normativo aún en vigencia, en cuanto a la Ley de Electricidad y la Ley de Medio Ambiente (y su reglamentación), la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado hace prever futuras modificaciones y ajustes.

Los requisitos ambientales básicos a cumplir para cualquier proyecto eléctrico, están bien establecidos y son los mismos que los reportados en anteriores ocasiones.

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