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"Diego contra la oscuridad": libro de poemas de un jurista indignado, hablando como ciudadano... contra el  miedo y para la esperanza.

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COMPAÑERO/A JURISTA:
MUESTRA TU APOYO A LA PROPOSICIÓN DE LEY DE REGULACIÓN DE LA DACIÓN EN PAGO, DE PARALIZACIÓN DE LOS DESAHUCIOS Y DE ALQUILER SOCIAL
 
 
 
 
 
 
 
NI UN DESAHUCIO MÁS
 
 
 
 
 
 
 

 

     

              

CARTA A TODOS/AS LOS/LAS COMPAÑEROS/AS JURISTAS DE ESPAÑA, A PROPÓSITO DE LA TRAGEDIA DE LOS DESAHUCIOS HIPOTECARIOS

Estimado/a compañero/a jurista:

¿Cuántas veces a lo largo de tu trayectoria profesional, has dicho a alguien cosas como: “le entiendo, pero es que la ley lo que dice es…”, o “lo siento, pero yo no hago las leyes, sólo las aplico…?”. ¿Alguna vez, cuando alguien se fue de tu despacho después de contarte su historia personal, de transmitirte su dolor, se te ha hecho un nudo en la garganta?

Pues bien: como sabes, por consecuencia de la actual regulación de las ejecuciones hipotecarias, hay muchísimas personas muy cerca de ti pasando por una situación de enorme sufrimiento. Viven angustiadas porque se van a quedar en la calle. Desesperadas. En otro caso, ya han perdido su vivienda, su hogar, donde en otro tiempo fueron quizá felices. Hay varias personas que han pagado hasta con su vida.

Siempre parece que no se puede hacer nada. Si además de jurista, eres funcionario/a (técnico/a de una Administración, secretario/a judicial, juez/a,…) todavía con más razón. Sientes que estás atado de pies y manos. Pero queremos decirte que esta vez sí que podemos hacer algo: sí, porque ya hay una proposición de ley que puede suponer la solución para mucha gente, un cambio importantísimo en la vida de muchísimas personas, presentada con el apoyo de más de 1.400.000 firmas. E incluso ha sido admitido a trámite, así que ahora Las Cortes se tienen que pronunciar sobre ella. ¿Imaginas cuánto esfuerzo habrá supuesto, llegar hasta este punto? ¿Puedes hacerte una idea de cuántos ciudadanos anónimos habrán colaborado para ello?

Por eso, no nos dirigimos a ti para que nos ayudes a buscar soluciones, o a realizar estudios de carácter jurídico sobre la cuestión. Tampoco vamos a hacer contigo gestos grandilocuentes, ni queremos animarte a desarrollar comportamientos de desobediencia civil. De hecho, quienes tenemos la condición de servidores públicos, aquí reiteramos nuestro compromiso de continuar aplicando las normas de nuestro ordenamiento jurídico en nuestras respectivas actividades profesionales con absoluta independencia y objetividad. No puede ser de otra manera. Únicamente estamos mostrando nuestro apoyo a una iniciativa para que, por los mecanismos democráticos, una determinada norma sea modificada, como tantas otras son modificadas todos los días.

Ya se escuchan voces de expertos en Economía (y también de “supuestos expertos” en Economía) diciendo que no es viable la dación en pago. Estos expertos sólo representan a una parte de los técnicos en la materia. Pero es que el hecho de que España se constituya como Estado Social y Democrático de Derecho (art. 1.1 de la Constitución) implica entre otras cosas la sumisión de todos los poderes, no a criterios económicos, sino al imperio de la Ley. Y en cuestión de Leyes, los expertos somos nosotros. Y sabemos de qué hablamos cuando decimos que la ley, en un régimen democrático, debe ser la expresión de la voluntad del pueblo. Sí, puesto que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” (art. 1.2 CE). “Todos” los poderes: El legislativo, el ejecutivo y el judicial. No es retórica, esto es Derecho positivo vigente. Todo el capítulo III del Título I de nuestra norma suprema, bajo la rúbrica “De los principios rectores de la política social y económica” establece obligaciones para los poderes públicos en relación con la cultura, la protección de la familia, la educación, la salud,… Y la vivienda: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación” (art. 47 CE).

Como derecho positivo plenamente vinculante para los poderes públicos son las normas jurídicas de ámbito internacional que han sido incorporados a nuestro ordenamiento jurídico. Así, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966. Su art. 11.1, por ejemplo, proclama: “Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho,…”

Existen mecanismos en nuestro sistema jurídico para que, si una norma fuese contraria a la Constitución, quede fuera del ordenamiento jurídico. Ahora bien: No rebasando los límites que fija nuestra norma suprema, desde el punto de vista jurídico, sí es viable que la ley incorpore algo que reclama una amplísima mayoría de la población. No sólo es viable. Es que lo inherente a la ley, en un régimen como el nuestro, es precisamente eso: que incorpore la voluntad de los ciudadanos, en forma de mayoría. Y en relación con la vivienda, como hemos visto, introducir medidas como las que incluye la proposición de ley puede considerarse una obligación para los poderes públicos.

Por otro lado, como juristas sabemos que es consustancial a la hipoteca su carácter de garantía “real”, respecto del bien inmueble sobre el que se constituye. Y que no es consustancial a este gravamen la garantía de naturaleza “personal” que consagra el principio de responsabilidad patrimonial universal del art. 1911 del Código Civil. No es consustancial a la hipoteca el que una persona, además de perder su vivienda entregándola a la entidad financiera (con la posibilidad para ésta de volver a enajenarla, en definitiva de volver a obtener beneficio de ella), haya de responder con todo su patrimonio actual y futuro de una deuda hipotecaria que subsiste, aun cuando hay entrega del bien, mediante adjudicación en subasta judicial a esa misma entidad financiera. Y no digamos que responda además, solidariamente, el patrimonio actual y futuro de otra/s persona/s, por virtud de la figura del “aval”. Tampoco que haga frente a unos altísimos intereses fijados unilateralmente por el Banco. Todo eso no sucede en otros países.

En definitiva, que en España se modifique la regulación es sólo, como ves, cuestión de voluntad política. Sólo están pidiendo, con nosotros, dación en pago cuando la vivienda hipotecada sea la vivienda habitual (con efecto retroactivo, sí), y la paralización de los desahucios cuando se trata también de vivienda habitual y de deudores de buena fe, con conversión en alquiler social, de modo que un máximo del 30% de sus ingresos se destinen a pagar por el uso del inmueble. Pero que ese deudor no se quede en la calle. Estas medidas afectan, según los cálculos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca a un porcentaje muy reducido de las ejecuciones hipotecarias.

Te pedimos que, públicamente, apoyes la proposición de ley. Con ella podemos hasta salvar vidas humanas. Dar esperanza a muchísima gente, ayudarles para que puedan tener una segunda oportunidad. La presión social, para que se apruebe la propuesta, es fundamental. Y nosotros somos una voz relevante en el debate que se está abriendo. Entre otras cosas, porque cada día vemos de cerca las consecuencias que en las personas tiene la aplicación de las normas que conforman nuestro ordenamiento jurídico. Y porque un día decidimos estudiar la carrera de Derecho, quizá por un sentimiento de Justicia con cierto arraigo en nuestro espíritu.

Sólo te rogamos que nos coloquemos junto al dolor de tantos seres humanos. Somos juristas; en muchos casos, además, servidores públicos. Pero la neutralidad y objetividad que debemos observar en el desarrollo de nuestras actividades profesionales, son compatibles con nuestro legítimo ejercicio del derecho a la libertad de expresión, como ciudadanos. Nada hay ilegal, nada reprochable, en expresar nuestra voluntad de que una norma jurídica sea modificada por los trámites legalmente previstos.

Para nosotros, apoyar esta causa, es una obligación moral. Más que nunca, una cuestión de vida o muerte. Literalmente. Porque por comportamientos de las entidades financieras, calificados ya como “abusivos” en muchas instancias, incluso judiciales, hay personas que están muriendo.

Nos ha tocado vivir un momento histórico, y el día de mañana, queremos tener la conciencia tranquila de que, pacíficamente, luchamos. Hicimos todo lo que estaba en nuestra mano. Y mucho de lo que está en nuestra mano, no está en la de todas esas personas que esperan que les ayudemos. ¿Te unes a nosotros?

             

               


PARA APOYAR LA ILP-PROPOSICIÓN DE LEY

entra en la página: http://juristasporlailp.wordpress.com

 

 


JURISTAS QUE FIRMAN ESTA CARTA (POR ORDEN ALFABÉTICO):


- Aganzo Ramón, Encarnación. Magistrado/juez. Juzgado de Primera Instancia número 5 de Elche (Alicante). Profesora colaboradora de la Facultad de Derecho de la Universidad Miguel Hernández. 

- Álvarez Castañeda, Jesús, Abogado.

- Báez Martín, María del Cristo, Abogada. 

- Benavent Cuquerella, Davit. Juez sustituto

- Borruel Armendáriz, Ángel. Abogado

- Bullón Hernández, Javier. Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales. Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife

- Calamita Calderín, Tomás. Licenciado en Derecho. Secretario Judicial sustituto. Juzgado de lo Penal número 7 de Santa Cruz de Tenerife.

- Centurión Castro, Sandra. Licenciada en Derecho. Procuradora de los Tribunales de Santa Cruz de Tenerife

- Criado Casado, Justo. Magistrado. Cuéllar (Segovia)

- Cuerva González, Jose Manuel. Abogado

- De Blas Mesón, Isabel. Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales. Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Doctora en Periodismo

- Javier de Cominges Cáceres. Abogado

- Díaz Peña, Alfredo. Licenciado en Derecho. Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Seguridad Social

- Edesa Palacio, Jose Ramón. Letrado-Jefe de la Unidad Administrativa del Fondo de Garantía Salarial en Santa Cruz de Tenerife (Habilitado por la Abogacía del Estado)

- Fernández Carmona, Francisca. Funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores de la Junta de Andalucía. Especialidad Administración General

- Fernández Font, Joaquim Miquel. Magistrado. Audiencia Provincial de Girona. Sección 2ª.

- Fernández Seijo, Jose María. Magistrado. Juzgado de Lo Mercantil número 3. Barcelona.

- Ginés Tarazaga, Juan Ángel. Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife)

- Gómez Corona, Esperanza. Profesora titular de Derecho Constitucional. Universidad de Sevilla

- González Granado, Javier. Notario de Formentera

- Guerrero Rodríguez, Mercedes. Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales. Juzgado de Lo Social número 6 de Santa Cruz de Tenerife

- Hernández Cabrera, Pilar Candelaria. Licenciada en Derecho. Técnico de Administración General. Jefa de Sección de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias

- Hernández García, Juana María. Abogada. Profesora de Derecho del Trabajo. Universidad de San Cristóbal de La Laguna.

- Honorato Chulián, Auxiliadora. Funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores de la Junta de Andalucía. Especialidad Administración General.

- Iglesias Ossorio, Brais C. Profesor doctorando de Derecho Laboral de la Universidad de San Cristóbal de La Laguna y abogado

- Jurado López, Jose Ramón. Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales. Juzgado de Lo Social número 2 de Santa Cruz de Tenerife

- Lorenzo Afonso, Victoria Eugenia. Abogada

- Martín Martín, Sebastián. Profesor Contratado Doctor de Historia del Derecho en la Universidad de Sevilla

- Martín Ortega, Francisco. Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales. Juzgado de lo Social número 4 de Santa Cruz de Tenerife

- Masferré Coll, Jaume. Magistrado. Audiencia Provincial de Girona. Sección 2ª. 

- Matitos Rodríguez, Rosario. Funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores de la Junta de Andalucía. Especialidad Administración General

- Miquel González, Jose María. Catedrático emérito de Derecho Civil. Universidad Autónoma de Madrid.

- Molist Requena, Marta. Magistrado. Juzgado de Lo Social número 2 de Santa Cruz de Tenerife.

- Mújica Dorta, Alicia. Abogada

- Parra Lozano, Maria José. Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales. Juzgado de Lo Social número 5. Santa Cruz de Tenerife. 

- Pérez-Crespo Cano, Maria de la Concepción. Jueza sustituta. 

- Portillo Caro, Yolanda. Licenciada en Derecho. Funcionaria de la Administración de Justicia (Tramitadora Procesal)

- Revert Lázaro, Antonio. Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales. Cruz Distinguida de Segunda Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

- Rey Huidobro, Jose Isidro. Magistrado. Audiencia Provincial de Girona. Sección 2ª.

- Rodrigo Vila, Guillermo. Funcionario de la Junta de Andalucía.

- Rodríguez Casimiro, Francisco. Abogado.

- Rodríguez Martín, Verónica Patricia. Letrada de la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Rojas Rivero, Gloria. Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de San Cristóbal de La Laguna. Magistrada Suplente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (sede de Santa Cruz de Tenerife)

- Román Grande, Miguel Ángel. Juez sustituto. 

- Ruiz Ferrer, Belén. Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales. Juzgado de Lo Social número 7 de Santa Cruz de Tenerife

- Saavedra Doménech, Isabel. Abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca - Stop desahucios en Gran Canaria. 

- Sánchez Jordán, Maria Elena. Profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de San Cristóbal de La Laguna (acreditada como catedrática). 

- Sánchez Pérez, Clemente. Licenciado en Derecho. Técnico en Gestión Recaudatoria. Ayuntamiento de Cercedilla (Madrid).

- Uribes Madero, Celia María. Licenciada en Derecho. Funcionaria de la Administración de Justicia (Gestora Procesal)

- Urrea Marsal, Lidia. Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales. Juzgado de Primera Instancia número 5 de Lleida. 

- Valero Moldes, Fabián. Abogado. Presidente de la asociación Avogados novos de Vigo.

- Vega García, Francisco. Técnico Superior de la Administración General de la Junta de Andalucía. 

- Vives Martínez, Gemma. Magistrada. Juzgado de Primera Instancia número 22 de Barcelona. 


 

ACCESO DIRECTO A:  


 TEXTO ÍNTEGRO DE LA PROPOSICIÓN DE LEY

 

SOBRE LA PROPOSICIÓN DE LEY de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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