SENTENCIA Const. 1480/2005-R APELACION RESTRINGIDA

APELACION RESTRINGIDA

SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1480/2005-R
Sucre, 22 de noviembre de 2005

Expediente: 2005-11379-23-RAC
Distrito: Chuquisaca
Magistrado Relator: Dr. Willman Ruperto Durán Ribera

En revisión el Auto 72, de 11 de abril de 2005, pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, cursante de fs. 126 a 127 vta., dentro del recurso de amparo constitucional interpuesto por Julio César Auza Anglarill en representación de Carlos Gonzalez Weise contra Jaime Ampuero García, Héctor Sandoval Parada y José Luis Baptista, ministros y ex Ministro de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, alegando la vulneración del derecho a la seguridad jurídica consagrado en el art. 7 inc. a) de la Constitución Política del Estado (CPE).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido del recurso

I.1.1. Hechos que motivan el recurso


En la demanda presentada el 1 de abril de 2005, cursante de fs. 102 a 109, subsanado el 5 del mismo mes y año (fs. 113) el recurrente asevera que el 24 de abril de 2002, Adriática de Seguros y Reaseguros S.A. interpuso querella contra su mandante, y otro, por los supuestos delitos de extorsión y estafa, que derivó en la Sentencia de 15 de julio de 2003, dictada por el Juez Tercero de Sentencia que determinó su inocencia respecto a los delitos acusados. El 28 de julio de 2003, pese a no existir reserva de recurrir, la parte querellante formuló apelación restringida que mereció el Auto de Vista 277, de 3 de septiembre de 2003, por el cual la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, declaró procedente el recurso, por ende anuló la Sentencia y determinó la reposición del juicio por otro Tribunal. Recurrido el Auto de Vista por parte de su representado, las autoridades judiciales demandadas pronunciaron el Auto Supremo 545 admitiendo el recurso de casación formulado por su mandante y el otro imputado y por Auto Supremo 518 de 20 de septiembre de 2004, declararon infundados los recursos, siendo notificado su representado el 9 de octubre de 2004.



En cuanto a la tramitación de la causa, señaló que en la querella se imputó el delito de estafa por la no existencia de un programa computacional, pero el propio querellante afirmó que no existía y si existía no funcionaba, siendo evidente que la querella partió de una afirmación falsa, porque debía existir o no existir el sistema computacional y además si existía y no funcionaba, debió demostrarse pericialmente, pero en la audiencia del juicio la parte querellante aceptó que el sistema existía y que en realidad la discusión estaba referida al valor del mismo y lo que se adeudaba, situaciones que no constituyen delitos de estafa y extorsión. De otra parte no se valoró que en el proceso y en la Sentencia existía un carácter reconstructivo de los hechos y que la parte querellante utilizó todos los medios probatorios a su alcance, al igual que su defensa, lo que permitió al Juzgador pronunciar su Sentencia.

Después de la lectura de la Sentencia, la parte querellante no hizo la reserva de recurrir, habiendo procedido posteriormente a formalizar su apelación, situación que fue reclamada en la contestación a la apelación y en el recurso de casación y sobre lo cual nunca hubo pronunciamiento expreso, lo que implica una violación procedimental.

Señala que el Tribunal de apelación basó, su fallo en que el Juez de Sentencia habría violado el art. 370.6 del Código de procedimiento penal (CPP) es decir por haber efectuado una valoración defectuosa de la prueba, situación que fue aceptada por el Tribunal de casación, pues determinó que la inadecuada valoración de la prueba es diferente a la facultad que tiene el Tribunal de Sentencia de valorar la prueba que es incensurable; sin embargo, señala que a partir de la definición de los términos, se tiene que la valoración defectuosa de la prueba es cuando un juzgador da importancia o trascendencia a una prueba que tiene carencia o falta de cualidades propias, las que deben demostrarse dentro del marco de lo que son los defectos, es decir que la forma en que se la obtuvo violó el ordenamiento jurídico o fue obtenida sin norma respaldatoria, por lo que no podía tener validez o carecía de los requisitos exigidos por ley, de modo que el término valoración defectuosa de la prueba se refiere a que el juzgador le de valor a una prueba que carecía o no tenía cualidades propias, porque se violó la normativa de cómo debía obtenérsela o no cumplió con los requisitos legales.

De otra parte, uno de los considerando del Auto de Vista 277, de 3 de septiembre de 2003 estableció: “con relación a la denuncia de la parte recurrente sobre la valoración defectuosa de las pruebas y la dictación de la Sentencia en base a hechos inexistentes y que las pruebas no habrían sido valoradas”, es decir, con esa afirmación, se trastocó lo reclamado por el apelante ya que el agravio que invocó, solamente se basó en la valoración defectuosa de la prueba y en ningún momento argumentó la inexistencia de hechos como afirmó el Tribunal de apelación, además si bien el Auto de Vista versó sobre la supuesta valoración defectuosa de la prueba, no detalló ni determinó en que consistió dicha valoración defectuosa específicamente, que en los hechos no existió, sino que se ingresó a revisar la sana crítica del juzgador, de modo que el Auto Supremo 518 simplemente trató de justificar una supuesta diferenciación, pues, como tiene referido, la valoración defectuosa de la prueba se refiere estrictamente a que el juzgador haya tomado en cuenta una prueba que no cumplió con los requisitos legales en su obtención y no así como la valoró, ya que caso contrario lo que estaría revisando es la sana crítica del Juzgador.

Agrega que si hubiese existido una inobservancia de la ley o una errónea aplicación, la Corte Superior debió anular total o parcialmente, y ordenar la reposición de un nuevo juicio por otro juez o tribunal, pero no mencionó cual fue la norma inobservada o erróneamente aplicada. La anulación supuestamente era parcial por una aparente valoración defectuosa de la prueba, entonces porque no se repuso hasta que se dicte nueva Sentencia, lógicamente no era el interés de la parte querellante sino de anular totalmente el juicio, para poder reiniciar al que presentó originalmente de manera incongruente y falto de sustento legal. Finalmente si la prueba era tan evidente a favor del querellante porque no procedió a dictar una nueva Sentencia como le faculta la última parte del art. 413 del CPP.

En el caso de autos, a través de los recursos de apelación y casación se cuestionó la sana crítica del juzgador y no se consideró ninguna valoración defectuosa de la prueba, ya que los Autos impugnados no fundamentan la supuesta valoración defectuosa de una prueba así como tampoco la parte querellante, cuando en realidad la pretensión fue cuestionar la sana crítica del juzgador y no una supuesta valoración defectuosa de la prueba, la que además nunca ha podido ser acreditada, respaldada o fundamentada en apelación o en el trámite del recurso de casación y/o fundamentada en el Auto de Vista y en el Auto Supremo.

Partiendo de lo que se entiende por Sentencia en materia penal, se tiene que al haberse dictado una Sentencia absolutoria en el caso de autos, el juzgador cumplió con los pasos previos para el pronunciamiento de una Sentencia y éstos no pueden ser obviados, bajo un supuesto tecnicismo de diferenciación inexplicada e inadecuadamente expresada entre la inadecuada valoración de la prueba y la facultad que tiene el Tribunal de Sentencia de valorar la prueba que es incensurable, sin tomarse en cuenta lo que debe considerarse como Sentencia absolutoria, en cuyo mérito el Auto Supremo, desconoció la línea jurisprudencial referida a la valoración de la prueba, a la inadecuada o incorrecta valoración de la prueba y al significado del art. 407 del CPP.

Lo que implica que el Auto Supremo 518, de 20 de septiembre de 2004 es violatorio al ordenamiento jurídico, ingresando a juzgar y valorar la sana crítica del juzgador so pretexto de una supuesta violación procedimental, no solamente violando el precedente de juzgamiento que vino teniendo hasta esa fecha la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Santa Cruz, en casos anteriores similares, como se encuentra demostrado de los Autos de Vista acompañados oportunamente, sino también la tradición y la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia y finalmente la emitida por el Tribunal Constitucional, por lo que al no existir ningún otro recurso legal para que se pueda restituir los derechos constitucionales de su representado, pues pese a ser absuelto se pretende nuevamente enjuiciarlo penalmente, es que interpone el presente recurso.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El actor estima que se ha vulnerado el derecho de su representado a la seguridad jurídica, consagrado en el art. 7 inc. a) de la CPE.

I.1.3. Autoridades recurridas y petitorio

De acuerdo a lo expuesto, interpone recurso de amparo contra Jaime Ampuero García, Héctor Sandoval Parada y José Luis Baptista, ministros y ex Ministro de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, impetrando sea declarado procedente, por ende se deje sin efecto el Auto Supremo 518, de 20 de septiembre de 2004 y se dicte uno nuevo que resuelva el recurso de casación interpuesto de su parte.

I.2. Audiencia del Tribunal de amparo constitucional

Efectuada la audiencia el 11 de abril de 2005, sin la presencia del representante del Ministerio Público, conforme consta en el acta de fs. 124 a 125, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación del recurso

El recurrente reiteró los extremos contenidos en su demanda.

I.2.2. Informe de las autoridades recurridas


Las autoridades recurridas de fs. 120 a 123 expresaron en primer término, que el recurso no cumple con la inmediatez exigida por el amparo, al haber sido interpuesto después de seis meses y once días de haber conocido el recurrente el Auto Supremo impugnado. Informaron que la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Distrito Judicial de Santa Cruz por Auto de Vista 277, de 3 de septiembre declaró admisible el recurso de apelación restringida que interpuso Adriática de Seguros y Reaseguros S.A. contra la Sentencia absolutoria que pronunció el Juez Tercero de Sentencia. Al haberse interpuesto los recursos de casación por el representado del actor y otro, la Sala Penal del Supremo Tribunal con la facultad conferida por el art. 419 del CPP declaró infundados los recursos previo estudio de los supuestos agravios inferidos por los imputados con el Auto de Vista impugnado.

Agregaron, que el Auto Supremo 518, de 20 de septiembre de 2004, fue pronunciado en sujeción a las normas legales, respetando los derechos y garantías constitucionales del actor, pues en cuanto a la reserva de recurrir, el art. 407 del CPP es claro, al establecer la admisibilidad de la apelación restringida cuando se haya reclamado oportunamente el saneamiento de un acto que infrinja el derecho de las partes o una actuación formal, o cuando ha efectuado reserva de recurrir contra la Resolución pronunciada durante el desarrollo del juicio; mientras que para denunciar los defectos de la Sentencia no se necesita reserva de recurrir, porque así lo establece la parte in fine del párrafo segundo del citado artículo; razón por la cual, el Tribunal de Casación no tenía porque realizar un pronunciamiento expreso, ya que los casos de nulidad absoluta o vicios de Sentencia regulados por los arts. 169 y 370 del CPP, no necesitan de la reserva de recurrir, en cuyo mérito el Auto Supremo impugnado no contradijo al AS 99 de 14 de marzo de 2002.

Respecto a la valoración defectuosa de la prueba prevista por el art. 370.6 del CPP, la Sala Penal Primera de la Corte Superior, se encuentra facultada para observar si el Juez o Tribunal de Sentencia ejerció las reglas de la sana crítica a tiempo de valorar la prueba, es decir, si trascendía en la apreciación de la prueba la ciencia, la experiencia y la lógica del juzgador aplicando los arts. 173 y 359 del Código adjetivo, además de que dicha motivación sea convincente, pues el tribunal de apelación debe garantizar que la valoración de la prueba no tenga defecto alguno, sin revisar las reglas de la sana crítica del juez o tribunal de sentencia que son incensurables.

El recurrente confunde la valoración defectuosa de la prueba con los medios lícitos de obtención de la misma y con la prueba tasada o legal, ésta sustituida por las reglas de la sana crítica instituida por los arts. 173 y 359 del CPP.

Respecto al Auto Supremo 518, expresaron que la facultad que tiene el Tribunal de Sentencia de valorar la prueba es incensurable, siendo la misma el género, mientras que la valoración defectuosa de la prueba es la especie, en este caso el Tribunal de apelación se encuentra facultado para reparar dicho defecto y disponer la reposición del juicio porque el Código de procedimiento penal no instituye segunda instancia.

Por otra parte señalaron que la línea jurisprudencial señala que los recursos de amparo y hábeas no pueden revocar decisiones judiciales adoptadas por jueces o Tribunales competentes en el ejercicio de la jurisdicción que les atribuye la ley, correspondiendo la ejecución de las Sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada sin alterar ni modificar su contenido, no pudiendo suspender su ejecución por ningún recurso ordinario o extraordinario, resultando que el representado del actor fue legalmente procesado por la comisión de los delitos de extorsión y estafa por jueces y Tribunales competentes respetando sus derechos y garantías; solicitando en definitiva la improcedencia del recurso.

El ex ministro José Luis Baptista Morales, no se presentó a audiencia ni prestó su respectivo informe pese a su legal citación (fs. 115 vta.).

I.2.3. Resolución

El Auto 72, de 11 de abril de 2005, cursante de fs. 126 a 127 vta., declaró improcedente el recurso con costas y multa a calificarse en ejecución de Sentencia, con los siguientes argumentos:
a)El Juez de Partido de Sentencia, los Vocales de la Sala Penal Primera de la Corte Superior, y las autoridades judiciales recurridas, pronunciaron las resoluciones con las facultades y competencias señaladas por ley, sin quebrantar norma jurídica alguna, sometiendo su actuación a lo previsto en el CPP.
b)El representado del actor, también interpuso los recursos que la ley le franquea correspondiendo la aplicación del art. 96.3 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC).
c)El “Auto de Vista que declaró anula la sentencia, determinando la reposición de obrados” para que otro Tribunal dicte nueva Resolución, antecedente que hace ver que no existe aún una Sentencia ejecutoriada, además que la parte recurrente tiene a su alcance el recurso de revisión de Sentencia.
d)La valoración de la prueba es una atribución privativa de los órganos jurisdiccionales ordinarios.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional

Por Acuerdo Jurisdiccional 132/2005, de 24 de octubre, el Pleno del Tribunal Constitucional amplió el plazo procesal para pronunciar Resolución hasta el 22 de noviembre de 2005; habiéndose dictado el presente fallo dentro de plazo legal.

II. CONCLUSIONES


Luego del análisis de antecedentes, se establecen las conclusiones siguientes:

II.1. Por Sentencia de 15 de julio de 2003 (fs. 1-16), el Juez Tercero de Sentencia en lo Penal de la Capital, declaró la absolución del representado del actor, respecto a la acusación por la comisión de los delitos de extorsión y estafa.

II.2. Por Auto de Vista de 3 de septiembre de 2003 (fs. 17-20), dictado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Santa Cruz, en mérito a la apelación restringida presentada por Adriática de Seguros y Reaseguros S.A., se declaró admisible y procedente el medio impugnativo, por ende, anuló la Sentencia pronunciada y dispuso la reposición del juicio por otro Tribunal, ordenando el respectivo sorteo de la causa, bajo los siguientes fundamentos: a) ser evidente la infracción del art. 370.6 del CPP, porque el juez de la causa al dictar el fallo procedió en forma incorrecta, sin tomar en cuenta los alcances del art. 359.2 del CPP, ya que basó su Sentencia en una sola declaración testifical; además la valoración de la prueba es incorrecta y no refleja la realidad de los hechos, pues el juez sólo la enumeró y no la valoró debidamente, incluida la prueba pericial ofrecida por la parte querellante, violando de ese modo el art 173 del CPP; b) al obrar de esa manera incurrió en un vicio absoluto e insalvable que no es susceptible de convalidación conforme el art. 169.3 del CPP, lo que implica inobservancia de la Ley procesal penal con relación a la prueba documental y pericial que no fue valorada prudencialmente; c) si bien corresponde al Tribunal a quo la valoración de la prueba en aplicación de las reglas de la sana crítica, tal situación es dable a condición de que no se efectué inobservancia o errónea aplicación de la Ley, no pudiendo el Tribunal de apelación revisar cuestiones de hecho, pues su función como controlador jurídico superior tiende a corregir el vicio in iudicando pero solamente in iure lo que presupone la intangibilidad del material fáctico sometido a juzgamiento, concluyendo que el fallo apelado no se ajustó a las normas procesales vigentes al haberse inobservado la ley adjetiva con relación a la valoración defectuosa de la prueba.

II.3.Por Auto de 29 de octubre de 2003 (fs. 30 y vta.), la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia admitió los recursos de casación presentados por el representado del actor y otro.

II.4. Por Auto Supremo de 20 de septiembre de 2004 (fs. 59-60), las autoridades recurridas, declararon infundados los recursos de casación interpuestos por el representado del actor, con el siguiente fundamento: “(...) tienen distinto sentido la ´inadecuada valoración de la prueba´ y ´la facultad que tiene el Tribunal de Sentencia de valorar la prueba que es incensurable´, razón por la cual con esos argumentos los recurrentes no demuestran que hubo similitud de hechos ni contradicción jurídica. La facultad exclusiva que tiene el Juez de Sentencia y el Tribunal de Sentencia para valorar la prueba sobre la base de las reglas de la sana crítica, se diferencia sustancialmente de la valoración defectuosa de la prueba propiamente dicha. En efecto, la primera se refiere a la facultad incensurable de la autoridad jurisdiccional, que es el género, y la segunda se relaciona con la valoración defectuosa de la prueba, que es la especie. De las dos, la primera se encuentra normada por el artículo 173 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con lo establecido en el artículo 359 del mismo Código sobre las normas para deliberación y votación en los Tribunales de Sentencia, y la segunda se encuentra comprendida en el numeral 6) del artículo 370 del indicado Código. Con referencia a esos puntos, corresponde al Tribunal de Apelación analizar los vicios de forma o procedimiento de los vicios sustanciales o de fondo”. Esta determinación fue notificada al actor el 9 de octubre de 2004 (fs. 60 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El actor, afirma que las autoridades judiciales recurridas violaron el derecho de su representado a la seguridad jurídica, porque al emitir el Auto Supremo 518, de 20 de septiembre de 2004: a) no se pronunciaron respecto a su reclamo en sentido de que la parte querellante formuló apelación restringida pese a no efectuar reserva de recurrir; b) declararon infundado el recurso de casación interpuesto de su parte, bajo un supuesto tecnicismo de diferenciación entre la inadecuada valoración de la prueba y la facultad que tiene el tribunal o juez de sentencia de valorar la prueba que es incensurable, cuestionándose en realidad a través del Auto Supremo la sana crítica del juzgador. Corresponde considerar si en la especie es viable otorgar la tutela pretendida.

III.1. Antes de ingresar al análisis de la problemática planteada, es preciso referirse a la supuesta falta de inmediatez en la interposición del recurso señalada por las autoridades recurridas, al afirmar que hubiera sido interpuesto después de seis meses y once días de haber conocido el recurrente el Auto Supremo impugnado; al respecto corresponde señalar que el principio de inmediatez está referido a la interposición del recurso en el plazo de seis meses desde que se conoció el hecho impugnado que se considera lesivo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, en ese sentido, en el presente caso la notificación al representado del actor con el Auto Supremo de 20 de septiembre de 2004 se produjo el 9 de octubre del mismo año, por lo que hasta la interposición del presente recurso, 1 de abril de 2005, no habían transcurrido aún los seis meses exigidos; por lo tanto, no es evidente la falta de inmediatez en la interposición del presente amparo.

De otra parte, cabe precisar que si bien la parte recurrente en su demanda, hace mención al Auto de Vista 277 de 3 de septiembre de 2003 y a la forma como - en criterio del recurrente - los vocales de la Corte Superior de Santa Cruz debieron proceder, no es menos evidente que la presente acción tutelar, se halla dirigida únicamente a los ministros de la Sala Penal de Corte Suprema de Justicia, lo que imposibilita a este Tribunal compulsar la actuación de los miembros de la referida Corte de Distrito.

III.2. Con relación a la reserva de recurrir en la apelación restringida, la SC 0954/2003-,R de 8 de julio expresó: “El art. 407 CPP prevé el recurso de apelación restringida por inobservancia o errónea aplicación de la ley, estableciendo que cuando el precepto legal que se invoque como inobservado o erróneamente aplicado constituya un defecto del procedimiento, el recurso sólo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su saneamiento o ha efectuado reserva de recurrir, salvo en los casos de nulidad absoluta o cuando se trate de los vicios de la Sentencia, de conformidad a lo previsto por los art. 169 y 370 del mismo Procedimiento.

(...) En la especie, consta que el recurrente interpuso el recurso de apelación restringida dentro del plazo establecido por ley ante la supuesta inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva y porque la Sentencia se hubiera basado en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba. Por consiguiente, así formulado el recurso, no era exigible de ningún modo el requisito de reclamo oportuno o reserva de recurso, como indebidamente interpretaron los recurridos a tiempo de declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación restringida, vulnerando el derecho a la defensa del recurrente, entre cuyas manifestaciones se halla el de impugnar las resoluciones que le causen agravio durante el desarrollo de un determinado proceso” ( las negrillas son nuestras).

Esto, supone que si el recurso de apelación restringida se basa en los defectos o vicios de la Sentencia, no es exigible el reclamo oportuno de saneamiento ni la reserva de recurrir, pues como fluye de manera natural y lógica, el agravio no surge en el desarrollo de la audiencia de juicio, sino, luego de la Sentencia y a partir de su pronunciamiento.

Ahora bien, el actor sostiene en el presente recurso que la parte querellante no hizo reserva de recurrir, una vez leída la Sentencia, habiendo procedido posteriormente a presentar su apelación, situación que fue reclamada en la contestación a la apelación y en el recurso de casación sin merecer ningún pronunciamiento expreso, lo que implicaría ciertamente una violación procedimental. Empero, cabe mencionar que este Tribunal en la SC 1262/2004-R, de 10 de agosto estableció que: “(...) este Tribunal Constitucional concluye que, el error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión judicial adoptada en el proceso judicial, de manera tal que de no haberse producido dicho defecto el resultado sería otro; pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión objetada por los errores procesales, pues en este último caso se produciría un resultado adverso al sentido y esencia de la garantía al derecho del debido proceso, ya que simplemente demoraría la sustanciación del proceso judicial para llegar al mismo resultado.” (la negrilla es nuestra).

En el presente caso, se establece que si bien las autoridades judiciales no se pronunciaron en el Auto Supremo impugnado sobre el reclamo planteado por el representado del actor, no es menos evidente que dicha omisión no tiene relevancia constitucional, habida cuenta que la interposición del recurso de apelación restringida por la parte querellante, en el caso de autos, no exigía la reserva de recurrir, teniendo en cuenta que el medio impugnativo se refirió a los vicios existentes en la Sentencia pronunciada en el juicio seguido en contra del representado del actor, no así en la tramitación de la audiencia de juicio.

III.3. Con relación al fundamento del Auto Supremo que motiva la presente acción tutelar y que declaró infundado el recurso de casación interpuesto por el representado del actor, es menester mencionar que en la aplicación de los distintos sistemas procesales penales, se han distinguido a su vez tres diferentes sistemas de valoración de prueba; conforme a lo siguiente: 1) el Sistema de la Intima Convicción que otorga absoluta libertad al Juez para apreciar con entera libertad las pruebas, e incluso apartarse de ellas, dictando la Sentencia conforme a lo que le dicta su conciencia, con la particularidad de que la autoridad judicial no está compelido a especificar las razones de que una prueba es o no efectiva; 2) el sistema de las Pruebas Legales caracterizado porque la ley indica; por anticipado, el valor o grado de eficacia que tiene cada medio probatorio, lo que implica que el Juez no tiene libertad de apreciación, sino que, ante determinada prueba le deberá atribuir el valor o eficacia que indica la ley; y 3) el sistema de la Sana Crítica, que se define como el sistema que considera un conjunto de normas y de criterios de los jueces, basados en las reglas de la lógica, de lo que le dicta su experiencia, de principios de la psicología, y aún del sentido común, que aunadas llevan al convencimiento humano.

En cuanto al ordenamiento jurídico nacional, el art. 173 del CPP establece: “El juez o Tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida”. Esto supone que el Código procesal penal asume el sistema de valoración de la sana crítica; lo que implica que la autoridad judicial a tiempo de dictar Sentencia debe considerar: las reglas de la experiencia, que son aquellas que conoce el hombre común; las reglas de la psicología referidas no a las normas elaboradas por ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos; además de las reglas de la lógica, vale decir la regla de la identidad, la regla de contradicción, la regla de tercero excluido o la regla de razón suficiente.

Una vez pronunciada la Sentencia, ésta puede ser objeto de apelación restringida en los términos previstos por el art. 407 del CPP, en mérito a la inobservancia o errónea aplicación de la ley, respecto a los cuales este Tribunal en la SC 1075/2003-R de 24 de julio señaló: “Conviene precisar qué alcances tienen, en el contexto del Código, las expresiones “inobservancia de la ley” y “errónea aplicación de la ley”. El primer supuesto se presenta cuando la autoridad judicial no ha observado la norma o, lo que es lo mismo, ha creado cauces paralelos a los establecidos en la ley (así, SC 1056/2003-R). En el segundo caso, si bien se observa la norma, la autoridad judicial la aplica en forma errónea. En este punto, corresponde puntualizar que la inobservancia de la ley o su aplicación errónea, puede ser tanto de la ley sustantiva como la ley adjetiva. Así, la norma sustantiva puede ser erróneamente aplicada por: 1) errónea calificación de los hechos (tipicidad), 2) errónea concreción del marco penal o, 3) errónea fijación judicial de la pena (SC 727/2003-R).

Los supuestos de errónea aplicación de la ley adjetiva son: 1) los defectos de procedimiento en general y 2) los expresamente establecidos en los arts. 169 y 370 CPP. Conforme a esto, los supuestos previstos en los dos preceptos referidos -excepto el inciso 1) del art. 370, que alude a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva- están referidos a: 1) inobservancia de la ley adjetiva, 2) errónea aplicación de la ley adjetiva, cuando no se comprueban los hechos acusados conforme a los parámetros exigidos por ley (de modo integral, conforme a las reglas de la sana crítica). Esto significa que los hechos acusados deben ser probados y que sólo es válida la comprobación realizada conforme a ley. En este sentido, una acusación y/o querella, no estará comprobada conforme a ley cuando:

1.El hecho no existió
2.El hecho no se ha probado en forma suficiente (inc. 3 al 11 del art. 370, art. 169 y demás defectos de procedimiento impugnados oportunamente)
3.El hecho existió pero no se puede individualizar al agente (inc. 2 del art. 370)”.

Ahora bien, precisada la facultad que tiene el juez o tribunal de sentencia para dictar Sentencia en base a las reglas de la sana crítica, se tiene que la valoración de los elementos de prueba incorporados por las partes en la actividad probatoria desarrollada en la audiencia de juicio, ciertamente es una labor exclusiva de ambos Tribunales de justicia, habida cuenta que el Tribunal competente para resolver la apelación restringida - Corte Superior conforme el art. 51 inc. 2) del CPP -estará encargado únicamente de establecer la existencia de vicios de juicio o vicios de actividad, llamados también vicios o errores in iudicando o vicios o errores in procedendo, que precisamente pueden surgir, entre otros motivos por la valoración defectuosa de la prueba.

Consecuentemente, las autoridades judiciales recurridas, al establecer una diferenciación entre la facultad incensurable de la autoridad jurisdiccional para valorar la prueba y la valoración defectuosa de la prueba, considerando a la primera como género y a la segunda como especie, a tiempo de resolver el recurso de casación interpuesto por el representado del actor, no han incurrido en ningún acto ilegal que vulnere el derecho a la seguridad jurídica y menos implica un cuestionamiento a la sana crítica del juzgador como erradamente sostiene el recurrente, pues, la valoración defectuosa de la prueba debe ser corregida a través del recurso que de manera expresa establece la Ley (art. 370.6 con relación al 407 del CPP); en este sentido, se está frente a una valoración defectuosa de la prueba, cuando el juzgador se vale de los parámetros de la sana crítica, otorgándole un valor a la prueba del que racionalmente carece o desconociendo el que racionalmente tiene o lo que es lo mismo, debe estar anclado el razonamiento en la lógica, que informa el conocimiento y la experiencia humana; se trata pues de una facultad que la ley otorga al órgano superior de verificar que el juez de grado aplicó a la valoración de las pruebas las reglas de la sana crítica, su no aplicación constituye una valoración defectuosa de la prueba, consiguientemente, al haber los ministros de la Corte Suprema de Justicia, declarado infundado el recurso de casación interpuesto por el recurrente, al entender que los vocales hicieron una correcta aplicación de la ley procesal al corregir la aplicación defectuosa de la prueba, no cometieron ningún acto ilegal, que atente contra el derecho a la seguridad jurídica del recurrente, en cuyo mérito no corresponde otorgar la tutela prevista por el art. 19 de la CPE.

De lo analizado se concluye que el Tribunal de amparo al haber declarado improcedente el recurso, con distintos argumentos, ha realizado una correcta aplicación del art. 19 de la CPE.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los arts. 19.IV y 120.7ª de la CPE; arts. 7 inc. 8) y 102.V de la LTC, en revisión, resuelve:

APROBAR Auto 72 de 11 de abril de 2005, pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, cursante de fs. 126 a 127 vta., y, en consecuencia DENEGAR el amparo solicitado.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional

No intervienen el Magistrado, Dr. José Antonio Rivera Santivañez, por encontrarse en vacación anual.

Fdo. Dr. Willman Ruperto Durán Ribera
PRESIDENTE

Fdo. Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas
DECANA

Fdo. Dra. Martha Rojas Álvarez
MAGISTRADA

Fdo. Dr. Artemio Arias Romano
MAGISTRADO

Fdo. Dra. Silvia Salame Farjat


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