SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1178/2005-R

Sucre, 26 de septiembre de 2005

ESTA SENTENCIA CONSTITUCIONAL, SE REFIERE A UN CASO RESUELTO EN EL QUE UN TRIBUNAL DE SENTENCIA EN LO PENAL, RECHAZA UN INCIDENTE DE EXTINCION DE LA ACCION PENAL POR DURACION MAXIMA DEL PROCESO (ART. 133 C.P.P.), EL CUAL SE APELO DECLARANDO PROCEDENTE POR AUTO DE VISTA DEL TRIBUNAL DE ALZADA, ORDENANDO LA EXTINCION DE LA ACCION Y LA LIBERTAD DEL IMPUTADO, A PESAR DE ELLO EL TRIBUNAL CONTINUO CON EL JUICIO Y SE DICTO SENTENCIA CONDENATORIA PARA EL IMPUTADO.

SE PLANTEO UN HABEAS CORPUS CONTRA EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA POR QUE NO ACATO UN AUTO DE VISTA DICTADO POR EL TRIBUNAL DE ALZADA, ES ASI QUE SE NEGO LA LIBERTAD DEL RECURRENTE NO OBSTANTE YA ESTABA DECLARADA LA EXTINCION DE LA ACCION.

LA OBLIGACION DE DEMANDAR A TODOS LOS MIEMBROS DE UN TRIBUNAL NO ES EXIGIBLE EN MATERIA DE HABEAS CORPUS, SINO UNICAMENTE EN RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL.

EL RECURSO DE APELACION INCIDENTAL, RESPECTO AL INCIDENTE DE EXTINCION DE LA ACCION POR DURACION MAXIMA DEL PROCESO, TIENE EFECTO SUSPENSIVO, SE SUSPENDE EL JUICIO HASTA QUE SE RESUELVA LA APELACION…



Expediente: 2005-12271-25-RHC
Distrito: Santa Cruz
Magistrado Relator: Dr. Willman Ruperto Durán Ribera

En revisión de la Sentencia de 5 de agosto de 2005, cursante de fs. 35 vta. a 36, pronunciada por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del recurso de hábeas corpus interpuesto por Bismarck Carlos Padilla contra Luis Jaime Cruz Justiniano, Juez Técnico del Tribunal Cuarto de Sentencia, alegando la vulneración de sus derechos a la libertad y a la seguridad jurídica.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido del recurso

I.1.1. Hechos que motivan el recurso

Por memorial presentado el 4 de agosto de 2005, cursante de fs. 26 a 28, el recurrente expresa que dentro del proceso penal que le siguió el Ministerio Público por el delito de tráfico de sustancias controladas, solicitó la extinción de la acción penal en razón de haberse vencido el 25 de mayo de 2005, el plazo señalado en el art. 133 del Código de procedimiento penal (CPP); petición que fue rechazada por el Tribunal Cuarto de Sentencia por Auto de 15 de junio del año en curso, contra el que planteó recurso de apelación incidental que fue declarado procedente por Auto de Vista de 18 de julio, el cual además dispuso la extinción de la acción penal únicamente respecto a su persona por las razones expuestas fundadamente en ese fallo, ordenando el archivo de obrados y el levantamiento de las medidas cautelares dispuestas en su contra.

Mientras eso sucedía en apelación, tres días después de dictado el Auto de Vista, el Tribunal Cuarto de Sentencia señaló audiencia de juicio oral para el 25 de julio de 2005; fecha en que dictó Sentencia condenatoria en su contra, condenándole a sufrir la pena de diez años de presidio. Por memorial de 2 de agosto de 2005, solicitó al Tribunal Cuarto de Sentencia el mandamiento de libertad correspondiente en cumplimiento de lo ordenado en el auto de vista, mereciendo un proveído negativo por el Juez Técnico recurrido, bajo el argumento de haberse dictado Sentencia condenatoria que ya no podía ser modificada por ese Tribunal.

Con esta actuación el Juez Técnico recurrido violó sus derechos al negarle su libertad no obstante haber sido ordenada por el Tribunal superior en la misma causa, rehusándose a cumplir con esa determinación, por lo que se encuentra indebidamente detenido y preso en virtud al decreto de 3 de agosto de 2005 pronunciado por el Juez recurrido, con el que rechazó su solicitud de libertad, razón por la cual plantea el presente recurso.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Señala como vulnerados sus derecho a la libertad y a la seguridad jurídica.

I.1.3. Autoridad recurrida y petitorio

Con esos antecedentes plantea recurso de hábeas corpus contra Luis Jaime Cruz Justiniano, Juez Técnico del Tribunal Cuarto de Sentencia, pidiendo la procedencia del recurso y por ende, se ordene su inmediata libertad, con costas.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de amparo constitucional

La audiencia se realizó el 5 de agosto de 2005 (fs. 34 a 36) en ausencia del representante del Ministerio Público, ocurriendo lo siguiente:

I.2.1. Ratificación del recurso

El abogado del recurrente ratificó íntegramente el recurso.

I.2.2.Informe de la autoridad recurrida

El Juez Técnico recurrido, Luis Jaime Cruz Justiniano, informó de fs. 31 a 33 que el 15 de junio de 2005, el Tribunal del que es miembro rechazó la extinción penal planteada por el recurrente, lo que motivó que éste plantee apelación incidental contra el Auto de rechazo que fue remitido el 5 de julio al Tribunal de alzada. El 26 de julio se celebró el juicio y se dictó Sentencia condenatoria contra el recurrente y otros, dándose lectura a la misma el 29 del mismo mes y año en audiencia pública. El 3 de agosto de 2005 fue devuelto el recurso de apelación incidental, que fue resuelto a favor del actor por la Sala Penal Primera de la Corte Superior. Esa misma fecha, el recurrente solicitó se libre mandamiento de libertad en razón a que se habría dispuesto la extinción penal de la causa seguida en su contra; solicitud que la presidencia del Tribunal Cuarto de Sentencia remitió a la Sentencia condenatoria dictada, toda vez que una vez dictada la misma, ya no puede ser modificada ni alterada en sus efectos, pues la revocatoria, modificación, nulidad y/o extinción de la acción penal sólo podrá ser declarada por el tribunal de alzada o superior que revise y conozca los recursos que se plantean. Por otra parte, este recurso el actor lo dirigió solo contra el Presidente del Tribunal colegiado y no lo dirigió contra los demás miembros que tendrías que definir su petición, haciéndolo improcedente y así pidió se lo declare.

I.2.3. Resolución

La Sentencia de 5 de agosto de 2005 (fs. 35 vta. a 36) declaró improcedente el recurso, con los siguientes fundamentos:

a)El Tribunal de Sentencia dictó una Sentencia condenatoria contra el recurrente, pero no es debido a ello que éste se encuentra detenido, procesado o preso, sino que su privación de libertad viene de antes, inclusive desde la orden del Juez cautelar, lo que muestra que la autoridad recurrida no cometió ningún acto ilegal, además que debió demandar a todos los miembros del tribunal que dictó la Sentencia, vale decir a los dos jueces técnicos y a los jueces ciudadanos.
b)La extinción de la acción es una excepción que puede hacerse valer aún posteriormente de dictada una sentencia, como lo establece el art. 100 del Código penal (CP).
c)El recurso de hábeas corpus es procedente siempre y cuando se hubieran agotado los recursos ordinarios; en este caso, al existir una Sentencia condenatoria que admite el recurso de apelación restringida, el mismo que es inviable.

II. CONCLUSIONES

Del análisis del expediente y de las pruebas aportadas, se concluye lo siguiente:

II.1. Dentro del juicio oral por tráfico de sustancias controladas, seguido por el Ministerio Público contra el recurrente y otros, éste solicitó la extinción de acción al haber transcurrido más de tres años sin que haya concluido el proceso, al amparo del art. 133 del CPP (fs. 1); petición que fue rechazada mediante Auto de 15 de junio de 2005 (fs. 2 a 3) pronunciado por el Tribunal Cuarto de Sentencia, presidido por el recurrido.

II.2.El actor presentó apelación incidental contra el Auto anterior (fs. 5 a 6 vta.), que mereció el Auto de Vista de 18 de julio de 2005 (fs. 11 a 16), a través del cual la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz declaró admisible y procedente esa apelación y dispuso la extinción de la acción penal únicamente respecto a su persona, disponiendo en su favor el archivo de obrados y el levantamiento de las medidas cautelares dispuestas en su contra.

II.3.El Tribunal Cuarto de Sentencia pronunció la Sentencia 27/2005, de 26 de julio (fs. 18 a 25), que declaró al recurrente autor y responsable del delito de tráfico de sustancias controladas, imponiéndole la pena mínima de diez años de presidio. Este fallo fue leído en audiencia el 29 de julio de 2005 (fs. 25).

II.4.En mérito al Auto de Vista de 18 de julio del año en curso, el recurrente, por memorial presentado el 2 de agosto de 2005 pidió se extienda en su favor el correspondiente mandamiento de libertad (fs. 17). El Juez Técnico recurrido, en su calidad de Presidente del Tribunal Cuarto de Sentencia decretó el 3 de agosto de 2005, que existe una Sentencia condenatoria que ya no puede ser modificada por ese Tribunal (fs. 17 vta.).




III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El recurrente alega estar indebida e ilegalmente detenido en razón a que el Juez Técnico recurrido, no obstante haberse declarado por el tribunal de alzada la extinción de la acción penal seguida en su contra y el levantamiento de todas las medidas cautelares adoptadas respecto a su persona, rechazó su petición de libertad, bajo el argumento de que se dictó Sentencia condenatoria que ya no podía ser modificada por el Tribunal que preside, rehusándose a cumplir con una determinación del tribunal superior, por lo que se encuentra indebidamente detenido y preso. Consiguientemente, corresponde analizar si los hechos reclamados se encuentran dentro del ámbito de protección que otorga el art. 18 de la Constitución Política del Estado.

III.1. En la problemática planteada se establece que dentro del juicio oral por tráfico de sustancias controladas seguido por el Ministerio Público contra el recurrente y otros, el actor planteó como excepción la extinción de la acción penal al amparo del art. 133 del CPP, que el Tribunal Cuarto de Sentencia presidido por el Juez Técnico recurrido, le rechazó mediante Auto de 15 de junio de 2005, lo que dio lugar a que el recurrente plantee recurso de apelación incidental contra dicho Auto, que la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, por Auto de Vista de 18 de julio de 2005, declaró admisible y procedente, disponiendo la extinción de la acción penal únicamente respecto al recurrente, así como el archivo de obrados y el levantamiento de las medidas cautelares dispuestas en su contra.

No obstante que el recurso de apelación incidental planteado por el recurrente tiene efecto suspensivo, de acuerdo al art. 396 inc. 1) del CPP con relación a los arts. 308 inc. 4) y 27 inc. 10) del CPP (esa es la regla general y los únicos recursos que tienen efecto devolutivo o no suspensivo, son los expresamente señalados por ley), el Tribunal Cuarto de Sentencia presidido por el Juez Técnico recurrido, en vez de dejar en suspenso el juicio oral hasta que se resuelva dicha apelación, continuó indebidamente la tramitación del juicio oral, llegando a pronunciar en fecha posterior al Auto de Vista de 18 de julio del año en curso, la Sentencia 27/2005, de 26 de julio, que declaró al actor, autor y responsable del delito de tráfico de sustancias controladas, imponiéndole la pena mínima de diez años de presidio.

Es más, cuando el recurrente solicitó al Tribunal Cuarto de Sentencia que en cumplimiento del Auto de Vista de 18 de julio de 2005, se libre mandamiento de libertad en su favor, el Juez Técnico recurrido, Presidente de ese Tribunal, le negó su solicitud aduciendo haberse dictado Sentencia condenatoria que no podía ser modificada por ese Tribunal, en franco desconocimiento a una resolución ejecutoriada pronunciada por el Tribunal superior, cuando lo único que corresponde en esos casos es darle estricto cumplimiento en aras de la seguridad jurídica y del debido proceso.

III.2.De todo lo relacionado se concluye sin lugar a dudas, que el Tribunal Cuarto de Sentencia presidido por el Juez Técnico recurrido cometió un acto ilegal que viola el derecho a la libertad del recurrente, al haberse negado a dar cumplimiento al Auto de Vista de 18 de julio de 2005 pronunciado por el Tribunal de alzada, en un acto de desobedecimiento a los fallos emanados de un Tribunal superior que deben ser obligatoriamente cumplidos por el inferior, pretendiendo justificar sin ninguna base legal esa omisión en una Sentencia condenatoria pronunciada sin competencia, cuando el juicio oral se encontraba suspendido en mérito a la apelación incidental planteada por el recurrente, incurriendo por tanto en la detención y apresamiento indebido de éste, toda vez que la acción penal iniciada en su contra ya no existe, al haber sido judicialmente declarada extinguida a través del tantas veces mencionado Auto de Vista de 18 de julio de 2005, consecuentemente, corresponde otorgar al recurrente la tutela solicitada.

III.3.En cuanto a los fundamentos del Tribunal de hábeas corpus, es preciso aclarar lo siguiente:

La obligación de demandar a todos los miembros de un tribunal colegiado no es exigible en materia de hábeas corpus, sino únicamente en el recurso de amparo constitucional, que tiene naturaleza distinta al recurso planteado, por lo mismo no es de aplicación a éste, pues la Ley del Tribunal Constitucional como la doctrina constitucional emitida por esta jurisdicción ha eximido a la persona que recurra en hábeas corpus del cumplimiento de ciertos formalismos atendiendo la esencia del mismo y los fines que persigue; por consiguiente, la omisión del recurrente de plantear el hábeas corpus contra todos los integrantes del Tribunal Cuarto de Sentencia, no impide a este Tribunal ingresar a la compulsa de fondo del recurso, salvo que exista alguna otra omisión de parte del recurrente que haga imposible realizarla. Así, la SC 0360/2005-R, de 12 de abril; sin embargo, ello determina que bajo el principio general de que las concurrencias de un fallo judicial sólo alcanza a quienes participaran en la litis; en caso de procedencia, no se puede declarar responsables a las autoridades que no fueron demandadas.

La extinción de la acción evidentemente es una excepción que puede ser planteada aún después de dictada una sentencia, y en la especie, dicha extinción de la acción fue declarada por el Tribunal de alzada. Por consiguiente, únicamente corresponde el cumplimiento de esa decisión por el Juez inferior ahora recurrido, quien claramente ha lesionado el derecho a la libertad del recurrente al negarle la libertad no obstante estar extinguida la acción penal por resolución expresa del Tribunal de alzada. Ante esta negativa, procede la tutela solicitada, toda vez que no se activa la subsidiariedad por excepción del hábeas corpus al existir una flagrante violación al derecho a la libertad, en el caso de autos, al no existir, un recurso idóneo y expedito que pueda reparar la lesión al derecho a la libertad, con el mismo rigor y eficacia que el hábeas corpus.


Por consiguiente, el Tribunal de hábeas corpus al haber declarado improcedente el recurso ha hecho una incorrecta evaluación del caso en análisis así como de los alcances del art. 18 de la CPE.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los arts. 18.III, 120.7ª de la CPE; arts. 7 inc. 8) y 93 de la Ley del Tribunal Constitucional, con los fundamentos expuestos, en revisión resuelve: REVOCAR la Resolución revisada, y declarar PROCEDENTE el recurso de hábeas corpus presentado por el recurrente de fs. 26 a 28, disponiendo que el Tribunal Cuarto de Sentencia presidido por el Juez Técnico recurrido, dé estricto cumplimiento al Auto de Vista de 18 de julio de 2005 y libre el mandamiento de libertad a favor del recurrente.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional.

No interviene la Decana, Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas, por encontrarse con licencia.

Fdo. Dr. Willman Ruperto Durán Ribera
PRESIDENTE

Fdo. Dr. José Antonio Rivera Santivañez
MAGISTRADO

Fdo. Dra. Martha Rojas Alvarez
MAGISTRADA

Fdo. Dr. Artemio Arias Romano
MAGISTRADO

Fdo. Dr. Walter Raña Arana
MAGISTRADO

 

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