SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0965/2006-R

Sucre, 2 de octubre de 2006

Expediente: 2005-12927-26-RAC
Distrito: Santa Cruz
Magistrada Relatora: Dra. Martha Rojas Álvarez

En revisión la Resolución de 18 de noviembre de 2005, cursante de fs. 30 a 32 pronunciada por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz dentro del recurso de amparo constitucional interpuesto por Juan José Zehl García, Gerente Regional de la Aduana de Santa Cruz contra Jaime Soliz Phiel, Fiscal de Distrito y Raúl Roca, Fiscal de Materia; alegando la vulneración de los derechos a la defensa, al debido proceso y a la seguridad jurídica; así como el principio de legalidad.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido del recurso

I.1.1.Hechos que motivan el recurso


Por memorial presentado el 21 de octubre de 2005 (fs. 3 a 8 vta.) el recurrente asevera que dentro del proceso penal aduanero seguido por el Ministerio Público y la Gerencia Regional de la Aduana de Santa Cruz a la que representa, contra la empresa “BOLPET S.R.L.”, representada por Oscar Torrico Sánchez, por la presunta comisión del delito de contrabando de acuerdo a lo establecido por el art. 166 de la Ley General de Aduanas (LGA) y el art. 181 inc. g) del Código Tributario Boliviano (CTB), de 2 de agosto de 2003, las autoridades recurridas a su turno pronunciaron ilegalmente la Resolución de rechazo de la investigación de 16 de mayo de 2005 y el Auto de 3 de junio de 2005, aduciendo que la misma no reunió los suficientes elementos de convicción para fundar una imputación contra la citada empresa, Resolución que fue ratificada por el Fiscal de Distrito, sin haber tomado en cuenta lo siguiente, a saber:



La empresa “BOLPET S.R.L.”, sometida al régimen de internación temporal para exportación (RITEX) mediante declaración de mercancías de admisión temporal presentadas en las Administraciones de Aduana, Interior Santa Cruz, realizó 61 admisiones temporales, con suspensión de pago de tributos aduaneros a la importación de la mercancía consistente en la materia prima “politereftalato de eltineo” para su transformación y elaboración de productos finales. Cumplido el plazo de permanencia de las mercancías admitidas temporalmente, conforme lo establecen el art. 169 del Decreto Supremo (DS) 25870 y el art. 167 del DS 27310 del Reglamento al Código Tributario Boliviano; no habiéndose realizado la reexportación de la mercancía admitida temporalmente, ni habiéndose efectuado el cambio de régimen aduanero a importación para el consumo con el pago de tributos aduaneros correspondientes, la Aduana Nacional efectuó las acciones establecidas en el art. 173 incs. a) y b) del DS 25870, esto es, elaborando 61 Autos de ejecución de garantía con lo cual se dio inicio a la ejecución de garantías mediante cobro coactivo.

Ante dichas acciones legales iniciadas por la Aduana la empresa “BOLPET S.R.L.”, presentó un memorial ante la Gerencia Regional Santa Cruz indicando no tener deuda alguna con el Estado, con el argumento de que la indicada empresa efectuó el pago correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) ventas de la mercancía correspondiente a las operaciones RITEX; en cuya virtud, presume que dicha empresa cometió el delito de contrabando de acuerdo a lo establecido por el art. 166 de la LGA y el art. 181 inc. g) del CTB, que establece que comete contrabando el que “efectúe la tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita”.

En ese orden, el 18 de febrero de 2005, el Fiscal informó el inicio de la investigación en base al acta de intervención ANGRSCZ 01/05; luego el 1 de marzo de 2005 se solicitó a través del Fiscal orden de allanamiento y requisa de los depósitos de la empresa “BOLPET S.R.L.”, con la finalidad de establecer el destino de la mercancía internada bajo la modalidad del RITEX; y, ante su solicitud reiterada de que se efectivice dicho mandamiento de allanamiento se dictó el proveído de 11 de marzo de 2005, disponiendo que previamente se cite al representante legal de la indicada empresa a efectos de que presente su declaración informativa, quien se abstuvo de declarar; por ello, con el objeto de coadyuvar a la investigación, el 15 de marzo de 2005 se remitió a la Fiscalía la documentación legalizada referente a los 61 trámites de importación temporal bajo la modalidad RITEX, los cuales no fueron concluidos dentro del plazo establecido por ley; habiendo dispuesto el Fiscal de Materia que se acumule al cuaderno de investigación, señalando audiencia para recibir la declaración de Alfonso Saavedra Bruno, quien también se abstuvo de declarar.

Señala que el 1 de abril de 2005 la empresa “BOLPET S.R.L.”, presentó memorial solicitando rechazo de denuncia, que mereció el requerimiento fiscal de 11 de abril del mismo año, disponiendo que el expediente pase al Equipo Multidisciplinario de Investigación de Delitos Aduaneros (EMIDA) a efectos de que informe al Fiscal si las 61 operaciones bajo el régimen RITEX, que dieron origen al presente caso, fueron objeto de reexpedición o cambio de régimen aduanero; en cuya virtud, se emitió el informe técnico ULEZR EMIDA 61/05, de 11 de mayo de 2005, por el cual se estableció que en el cuaderno procesal no existía documentación que evidencie el cambio de régimen y/o reexportación de las mercancías comprendidas en las 61 operaciones mencionadas; por ello, en forma reiterada se solicitó se efectivice el allanamiento pendiente, a través de memorial de 5 de mayo de 2005, en el entendido de que era necesario verificar el destino de la mercancía internada bajo el régimen aduanero RITEX, mercadería que no podía ser comercializada sin que antes se hubiera efectuado el cambio de régimen y por consiguiente el pago de los tributos aduaneros, escrito que mereció el proveído en sentido de que no correspondía solicitar el allanamiento, toda vez que el representante de “BOLPET S.R.L.”, manifestó que la mercadería objeto de investigación no se encontraba en sus depósitos por cuanto fueron comercializadas, infiriéndose de ello que la empresa indicada reconoció espontáneamente que comercializó la mercadería en el mercado interno, sin efectuar el pago de los tributos aduaneros, es decir sin haberlo nacionalizado, adecuando su conducta al tipo penal del delito de contrabando.

Agrega que la Resolución de 16 de mayo de 2005, dictada por el Fiscal de Materia, que rechazó la investigación se funda en los siguientes puntos, los que pasa a desvirtuar: a) la afirmación de que la empresa referida realizó 61 importaciones bajo la modalidad RITEX y que al vencimiento de los 360 días -plazo establecido para ser reexportadas- solicitó cambio de régimen; esto es, de admisión temporal RITEX a consumo definitivo, que no es evidente, toda vez que del informe técnico UTEZR 20/2004 y de los antecedentes se puede establecer que la citada empresa no demostró que se realizó el cambio de régimen, por cuanto no es suficiente solicitar dicho cambio, ya que éste se perfecciona con el pago de tributos correspondientes, conforme a lo establecido por el art. 173 del DS 25870; b) asimismo, carece de veracidad el hecho de que la administración aduanera hubiera autorizado el cambio de régimen, para ello no se necesita de autorización, sino que el mismo se perfecciona con el pago de tributos aduaneros correspondientes, pagos que no cursan en el cuadernillo, porque nunca fueron efectivizados por parte de la empresa indicada; situación que tampoco fue tomada en cuenta por el Ministerio Público al momento de dictar la Resolución de rechazo de 16 de mayo de 2005; c) una prueba más de que la empresa comercializó la mercancía sin nacionalizarla pagando los tributos correspondientes, es el hecho de haber presentado una demanda contencioso tributaria ante el Juzgado Coactivo Fiscal sobre el pago del IVA; demanda que al no haber sido admitida no causa efecto legal alguno, pues aún no se trabó la relación procesal y lo único que busca es dilatar la ejecución tributaria iniciada por la Aduana; circunstancia que tampoco fue considerada por el representante del Ministerio Público; d) existen tres operaciones que fueron reexportadas; y las restantes 58 no; situación que no se tomó en cuenta para iniciar la investigación; e) respecto a lo aseverado por el Fiscal en sentido de que a través de la solicitud de “BOLPET S.R.L.”, se demostró la voluntad que existió de pagar el IVA, se tiene, que se valoró la “voluntad”, - que no es suficiente para liberar de responsabilidad- ante una realidad cual es el hecho de que la referida empresa no efectuó el cambio de régimen, por ende, no pagó tributos por la nacionalización de la mercadería y aún así comercializó la misma en el mercado interno; por cuanto si bien solicitó el cambio de régimen el hecho de no haber pagado los tributos por concepto de la importación, implica que no se efectivizó el cambio de régimen, es más, al reconocer que comercializó la mercancía por la cual no pago los tributos correspondientes, es una prueba de que se cometió delito de contrabando.

Finalmente, después de hacer una distinción entre el IVA importaciones y el IVA ventas, toda vez que cuanto tienen un hecho generador diferente, refirió que la empresa BOLPET S.R.L. manifestó haber presentado memoriales ante la Gerencia Regional el 20 de octubre y 14 de diciembre de 2004 y 1 de abril de 2005, ante el Fiscal señalando que no adeudaba tributos por concepto de IVA, por cuanto los mismos fueron pagados a impuestos nacionales dentro del programa transitorio, aseveración que no es cierta, por cuanto si bien se acogió a dicho beneficio, lo perdió, conforme consta del CITE GDSC/GRACO/DER/OF 1-131/2005 de 4 de marzo de 2005; ocurriendo similar situación respecto a lo sostenido en sentido de que se hubiera acogido a los protocolos adicionales del ACE 36 Acuerdo para Bolivia Mercado Común del Sur (MERCOSUR), al que no pudo acogerse, debido a que la disposición de la vigencia indefinida del certificado de origen establecida “no alcanza al RITEX”, pues dispone que el levantamiento del cómputo de vigencia de los certificados de origen se aplica a regímenes suspensivos cuyas mercancías no sufren ninguna alteración, lo que no sucede con el RITEX.

I.1.2.Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Considera lesionados los derechos a la defensa, al debido proceso y a la seguridad jurídica; así como el principio de legalidad.

I.1.3. Autoridades recurridas y petitorio

De acuerdo a lo señalado plantea recurso de amparo constitucional contra Jaime Soliz Phiel, Fiscal de Distrito y Raúl Roca, Fiscal de Materia, solicitando sea declarado procedente y se deje sin efecto la Resolución de rechazo de 16 de mayo de 2005 y por ende el Auto de 3 de junio de 2005, ordenándose al Fiscal que efectivice la investigación penal con la finalidad de que el Estado recupere los tributos no percibidos por concepto de la internación de la mercadería descrita.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de amparo constitucional


En la audiencia pública celebrada el 18 de noviembre de 2005 cuya acta corre de fs. 27 a 30 se suscitaron las siguientes actuaciones:
I.2.1.Ratificación del recurso

El abogado del recurrente ratificó y reiteró los argumentos expuestos en la demanda de amparo.

I.2.2.Informe de las autoridades recurridas

Jaime Soliz Phiel, Fiscal de Distrito del Departamento de Santa Cruz, en el informe cursante de fs. 24 a 25 vta., señaló que: a) el 18 de febrero de 2005, la Administración Regional Aduanera de Santa Cruz, presentó el acta de intervención y 61 Resoluciones sustentadas en declaraciones y pagos; sin embargo, del análisis de la documentación se evidenció que la empresa “BOLPET S.R.L.”, bajo el régimen de internación temporal para exportación RITEX, realizó importaciones de politereftalato de etileno para la producción y exportación de “PREFORMAS PET”, y debido al vencimiento de los plazos permitidos para la exportación bajo el sistema RITEX, solicitó a la Aduana Nacional el cambio de régimen del RITEX al de importación definitiva de todas las importaciones correspondientes a las declaraciones de liquidación, contando para ello con la autorización de la Administración Aduanera; b) a través de la solicitud de “BOLPET S.R.L.”, se demuestra la voluntad que ha existido de pagar el IVA respectivo, respaldado por los memoriales de 21 de febrero y 6 de mayo de 2003; c) por ello, luego de analizar la documentación que se encuentra en el cuaderno de investigación, se pudo evidenciar que la investigación no reunió los suficientes elementos de convicción como para fundar imputación en contra del representante de “BOLPET S.R.L.”, en virtud del cual, si bien el art. 21 del Código de Procedimiento Penal (CPP) establece la obligatoriedad para ejercer la acción de los delitos de acción pública, también esta misma norma procesal obliga a actuar con objetividad, tal como establece el art. 72 del mismo cuerpo de leyes, por lo que al tenor de lo previsto por el art. 304 inc. 3) del CPP y 45 inc. 7) de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), el Fiscal de Materia dispuso el rechazo de la denuncia presentada por la Gerencia Regional de Santa Cruz, así como el acta de intervención contra Alfonso Saavedra Bruno en tanto no varíen las circunstancias que la fundamentan; d) finalmente, la Aduana Nacional tiene expedita la vía para la conversión de la acción penal que puede ser ejercida, medio previsto por ley, en cuyo mérito solicita la improcedencia del presente recurso.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

El abogado del tercer interesado (fs. 28 y vta.) en la audiencia de amparo, señaló que la parte recurrente confundió el Tribunal de garantías con uno de conocimiento, por cuanto el primero no tiene competencia para discutir o conocer los detalles de un proceso, sino ver cuál fue la norma vulnerada en el mismo. Por otra parte, indicó que ningún exportador paga por la exportación a realizarse, es más en cumplimiento del principio país destino, y del principio de la neutralidad impositiva a todo exportador se le devuelve el IVA que ha sido pagado en el momento de la adquisición del bien destinado a la exportación que es devuelto por el Estado, es en ese orden que “BOLPET”, es una empresa que bajo el régimen RITEX realiza importación, se transforma ese insumo y se reexporta sin pagar el IVA, ahora bien, el exportador puede destinar esa mercancía a consumo, entonces hace el cambio de régimen y paga, régimen al que quiso someterse la empresa a la que representa; sin embargo, la Aduana no aceptó el pago del IVA no obstante que existe un protocolo suscrito entre Bolivia y el MERCOSUR, entendiendo la Aduana Regional Santa Cruz que el Parlamento debía aprobar tal Protocolo, para que se incorpore a la legislación interna; por ello acudieron a la Aduana Regional de Yacuiba la que aceptó dicho pago del IVA; por lo tanto, no existió en ningún momento daño económico al fisco y eso es una decisión que la definirá el juez en materia coactiva fiscal y tributaria.

I.2.4. Resolución

La Resolución de fs. 30 a 32 pronunciada el 18 de noviembre de 2005 por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, denegó el amparo solicitado, imponiendo la multa de Bs300.-. Fundamentando el fallo en los siguientes aspectos: a) respecto a la supuesta vulneración del derecho a la defensa, es necesario señalar que es un derecho exclusivo de todo acusado y en el presente caso la Aduana ejerce el rol de denunciante, en consecuencia no puede invocar dicho derecho; b) de otro lado, se tiene que el pronunciamiento de las resoluciones fiscales impugnadas no lesionan ni el principio de legalidad ni el derecho a la seguridad jurídica, habida cuenta que la acción investigativa y posteriormente el rechazo formulado al amparo del art. 304 necesariamente se encuentran dentro del marco de las atribuciones específicas del Ministerio Público, quien como ente acusador, está facultado para realizar investigaciones ya sea de oficio o a denuncia de parte, habiendo existido una investigación en la que el Ministerio Público, consideró que no tiene los elementos necesarios para continuar la investigación para llevar el caso a una imputación y posteriormente a una acusación formal o que amerite la continuación de la investigación, motivo por el cual rechazó la denuncia, Resolución que fue confirmada por el Fiscal de Distrito, y con ello no vulneró ningún derecho constitucional de la Aduana, habida cuenta que en su condición de víctima tiene la opción de solicitar la conversión de acciones ante el juez de Instrucción conforme lo estipula el art. 26 inc. 3) del CPP, procurando un proceso por su cuenta y bajo su responsabilidad, y con la obligación de probar lo que está afirmando, sin la necesidad de la participación del Ministerio Público, asumiendo su rol de acusador particular y demostrar que la parte denunciada ha cometido los ilícitos que le atribuye.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional

A solicitud del Magistrado Relator por requerir de mayor análisis y amplio estudio, de conformidad a lo establecido en el art. 2 de la Ley 1979, de 24 de mayo de 1999, mediante Acuerdo Jurisdiccional 123/2006, de 5 de septiembre (fs. 34) se amplió el plazo procesal en la mitad del término principal, siendo la fecha de nuevo vencimiento el 3 de octubre de 2006, por lo que la presente sentencia es pronunciada dentro del plazo legalmente establecido.

II. CONCLUSIONES

Luego del análisis de antecedentes, se establece las conclusiones siguientes:

II.1. El 18 de febrero de 2005, la fiscal Yolanda Aguilera Lijerón, en mérito al Acta de Intervención AN-GRSCZ-03-F-001/05 de la misma fecha informó al Juez cautelar de turno el inicio de la investigación, conforme a lo dispuesto en los arts. 289 y 298 del CPP; por el presunto delito de contrabando previsto por el art. 181 del CTB en contra de Alfonso Saavedra Bruno (fs. 1 y 3 al 6 del anexo 1 del expediente original).

II.2. Mediante Resolución de 16 de mayo de 2005, el fiscal Raúl Roca Arteaga, al tenor de lo previsto por el art. 304 inc. 3) del CPP y 45 inc. 7) de la LOMP, dispuso el rechazo de la denuncia presentada por la Gerencia de la Aduana Regional de Santa Cruz, representada por Luis Fernando Zenteno y Susana Ríos Barragán, así como el acta de intervención contra Alfonso Saavedra Bruno, en tanto no varíen las circunstancias que la fundamentan; al evidenciar que la investigación no reunió los suficientes elementos de convicción para fundar una imputación en contra del representante de “BOLPET S.R.L.”; por cuanto, si bien el art. 21 del CPP establece la obligatoriedad para ejercer la acción de los delitos de acción pública, también esta misma norma procesal obliga a actuar con objetividad, tal como lo prescribe el art. 72 del CPP.

La Resolución se sustenta en los siguientes fundamentos: “1. Que BOLPET S.R.L., realizó la importación de POLITEREFTALATO DE ETILENO bajo el régimen de admisión temporal RITEX con inicio en el año 2000; 2. Que al vencimiento de los 360 días, plazo establecido para ser reexportadas estas mercancías BOLPET S.R.L pide la solicitud de cambio de régimen de admisión temporal RITEX a consumo definitivo conforme reglamento ley de Aduanas D.S. No. 25870, Art. 172 y 173; 3. Que las Resoluciones de autorización para el cambio de régimen, fueron solicitadas por BOLPET S.R.L. y autorizadas por las administradores de Aduanas correspondientes; 4. Que en referencia al pago del IVA de acuerdo a la documentación presentada BOLPET S.R.L. se evidencia que existe una demanda contenciosa tributaria sobre el pago del IVA; 5. Existen 3 operaciones que fueron reexportadas, al como consta en el cuaderno de investigación; 6. Que a través de la solicitud de BOLPET S.R.L. se demuestra la voluntad que ha existido de pagar el IVA respectivo, respaldado en los memoriales de fecha 21 de febrero de 2002 y 6 de mayo de 2003, los mismos que se encuentran en el cuadernillo de investigación” (sic).

Dicha Resolución también sustentó su decisión en razón de que conforme a los dispuesto por el art. 181 inc. g) del CTB, el cual establece que se comete delito de contrabando, cuando existe la tenencia o comercialización de mercaderías extranjeras sin que previamente hubieran sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. Para que exista delito de contrabando, debe estar presente el dolo, lo que no ocurrió en las actuaciones de la empresa “BOLPET S.R.L.”, ya que ésta, demostró la voluntad de pagar los tributos aduaneros; no habiendo sido atendido en su momento por la Aduana Regional de Santa Cruz. Además agregó que las 58 operaciones realizadas fueron solicitadas y autorizadas al cambio de régimen a consumo definitivo por las Administraciones de Aduana correspondientes, lo que implica que dichas operaciones se realizaron dentro de lo previsto por el art. 173 del Reglamento de Aduanas, DS 25870, y en cuanto a las 3 operaciones restantes, fueron reexportadas sin ninguna observación de la Aduana correspondiente. Por otra parte, al existir una demanda contenciosa tributaria contra la Aduana Regional sobre el pago del IVA; no corresponde al suscrito Fiscal dirimir el pago o no pago, conforme establece el art. 173 del DS 25870, toda vez que la Fiscalía está para investigar hechos ilícitos, situación que no ha sido demostrada en el presente caso. (fs. 56 a 59 del anexo 1 del expediente).

II.3.Por memorial de 18 de mayo de 2005, el representante legal de la Gerencia Regional de la Aduana de Santa Cruz, objetó la Resolución de rechazo de denuncia (fs. 61 a 65 vta., del Anexo 1 del expediente).

II.4.Mediante Resolución de 3 de junio de 2005, el fiscal de Distrito Jaime Soliz Phiel, en cumplimiento de lo prescrito en el párrafo segundo del art. 305 del CPP, ratificó la Resolución de 16 de mayo de 2005, mediante la cual se rechazó la denuncia presentada por la Gerencia de la Aduana Regional Santa Cruz mediante Acta de Intervención AN-GRSCZ-03-F-001/05 (fs. 189 a 191 del anexo 2 del expediente).

La Resolución se sustenta en los siguientes fundamentos: a) del análisis de los hechos y de la actividad probatoria, se establece que el acusado Alfonso Saavedra Bruno haciendo uso de su derecho constitucional, se abstuvo de prestar su declaración informativa; b) que se tiene como hecho probatorio de que la empresa “BOLPET S.R.L.”, solicitó el cambio de régimen aduanero a importación y consumo como lo establece la normativa aduanera, siendo de escasa relevancia que hubiesen sido 58 o 61 las operaciones realizadas; c) que en la figura de contrabando exige siempre dolo, y sus elementos esenciales lo constituyen; la tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que hayan sido sometidas a un régimen aduanero, extremos que en caso concreto no han sido probados por la parte denunciante a quien corresponde la carga de la prueba, porque ante la existencia de una demanda contenciosa tributaria sobre el pago del IVA efectuado por la referida empresa, y la documentación que acredita que el régimen de la empresa corresponde al temporal y no al de importación definitiva, los elementos probatorios resultan “periféricos” y no demuestran la comisión del ilícito aduanero, máxime, si se toma en cuenta que toda duda debe ponderarse siempre a favor del encausado, en virtud al principio “in Dubio pro reo”.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El recurrente denuncia la vulneración de los derechos a la defensa, al debido proceso y a la seguridad jurídica; así como el principio de legalidad, de la Gerencia Regional de la Aduana Santa Cruz a la que representa, aduciendo que en mérito al acta de intervención AN-GRSCZ-03-F-001/05, de 18 de febrero de 2005, presentó denuncia contra la empresa “BOLPET S.R.L.”, por el presunto delito de contrabando, previsto y sancionado por el por el art. 166 de la LGA y el art. 181 inc. g) del CTB; sin embargo, el Fiscal asignado al caso, rechazó la misma, Resolución que fue ratificada por el Fiscal de Distrito aduciendo que la investigación no reunió los suficientes elementos de convicción para fundar una imputación contra la citada empresa, Resoluciones que -a decir suyo- emergen de una inadecuada valoración de la actividad probatoria en la etapa preparatoria. Consiguientemente, en revisión, corresponde analizar si los hechos reclamados se encuentran dentro del ámbito de protección que otorga el art. 19 de la Constitución Política del Estado (CPE).

III.1. En principio, dado que el problema jurídico planteado se circunscribe a cuestionar la legalidad de la Resolución fiscal de 3 de junio de 2005, emitida por el Fiscal de Distrito recurrido que dentro del trámite de objeción al rechazo de denuncia resolvió ratificar la Resolución de 16 de mayo de 2005, mediante la cual se rechazó la denuncia presentada por la Gerencia de la Aduana Regional de Santa Cruz; corresponde analizar si contra dicha Resolución, en observancia del principio de subsidiariedad cabe recurso alguno, que el recurrente en representación de la Gerencia de la Aduana Regional Santa Cruz, aún tenga expedito.

III.1.1. En ese orden, es preciso analizar el alcance del principio de subsidiariedad, que rige al recurso de amparo como una de sus características esenciales.

Así este Tribunal, en su reiterada y profusa jurisprudencia señaló que el amparo como garantía constitucional instituido para proteger derechos y garantías fundamentales, está regido por dos principios que marcan sus características, siendo uno de ellos el de inmediatez y el otro, el principio de subsidiariedad, tal cual se infiere claramente del art. 19.IV de la CPE que establece: "La autoridad judicial examinará la competencia del funcionario o los actos del particular y, encontrando cierta y efectiva la denuncia, concederá el amparo solicitado siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados....". En resguardo del mencionado principio, el art. 96 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), prescribe las causales de improcedencia del amparo, entre ellas, en su inc. 3), respecto a: "Las resoluciones judiciales que por cualquier otro recurso puedan ser modificadas o suprimidas aún cuando no se haya hecho uso oportuno de dicho recurso".

Precisando ese entendimiento normativo, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado reglas y subreglas de aplicación general que han sido determinadas por la SC 1337/2003-R, de 15 de septiembre, que señala que esta acción tutelar será improcedente por subsidiariedad cuando:

”(…) 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución.” ; interpretación constitucional que por mandato de las normas previstas por los arts. 4 y 44.I de la LTC es de carácter vinculante, y obliga a su aplicación.

III.1.2.
En ese orden, corresponde señalar que como ha entendido este Tribunal en la SC 1036/2002-R, de 29 de agosto, la etapa preparatoria o primera fase del proceso penal, se constituye por los actos iniciales o de la investigación preliminar (art. 284 y siguientes del CPP), que comienza con la denuncia, querella o notificación fehaciente que reciben las autoridades llamadas por ley (Policía- Fiscalía), sobre la comisión de un hecho; consiguientemente, el supuesto de rechazo de denuncia, querella o actuaciones policiales (art. 301 inc. 3) del CPP) es un supuesto alternativo a la imputación formal; es decir, que de manera alternativa a una imputación formal, el Fiscal, pronunciándose sobre el resultado de la investigación, podrá disponer el rechazo de la denuncia, cuando en la investigación no se hubieran aportado elementos suficientes para fundar la imputación (art. 304 inc. 3) del CPP); claro está, realizando una adecuada fundamentación (SC 760/2003-R de 4 de junio en su Fundamento Jurídico III.3).

Las partes pueden objetar ese rechazo, en cuyo caso el Fiscal superior en jerarquía deberá determinar la revocatoria o ratificación del rechazo, en el último caso el archivo de obrados, como establecen las previsiones de los arts. 301 inc. 3), 304 inc. 3) y 305 del CPP; disposición legal que en concordancia con el art. 40 inc. 15) LOMP, faculta al fiscal superior en jerarquía a conocer y resolver las objeciones de rechazo y sobreseimiento.

De donde resulta, que ante la decisión asumida por el Fiscal de Distrito, en la etapa preparatoria, esto es, de revocatoria o ratificación del rechazo de denuncia, que se constituye en un pronunciamiento fundamentado sobre el resultado de la investigación, alternativo a la imputación formal, el Código de Procedimiento Penal, no reconoce posibilidad alguna de impugnación ante el juez cautelar, dado que si bien esta autoridad es la competente para realizar el control de la investigación (art. 54 inc.1) del CPP), la facultad y atribuciones que le asigna el procedimiento penal deben ser ejercidas en el marco del Código de Procedimiento Penal, adscrito al sistema acusatorio y la delimitación de funciones y competencias del acusador y juzgador; en tal virtud, se debe diferenciar la función que tiene el juez de juzgar y no realizar actos investigativos y la función que tiene el fiscal de investigar, imputar y en su caso concluir en una de las formas previstas en el art. 301 inc. 2) y 3) y 323 del CPP.

Este entendimiento guarda coherencia también con las atribuciones y facultades que le asigna y reconoce la Constitución y la Ley al Ministerio Público; en cuyo mérito, el control de la determinación de rechazo a la denuncia o querella, según el trámite previsto por los arts. 301 inc.3), 304 y 305 del CPP, se opera al interior del Ministerio Público, toda vez que dicha decisión es consecuencia de la labor investigativa que corresponde de manera privativa a este órgano; en la cual la autoridad judicial no puede tener injerencia alguna; un entendimiento contrario, implicaría, en desconocimiento de la refuncionalización de los roles de los operadores de justicia penal, asignar una labor investigativa a la autoridad judicial, lo que ciertamente desconocería la nueva estructura del procedimiento penal actual, el que se rige por el principio acusatorio, según el cual, conforme a lo expresamente establecido en el párrafo segundo del art. 279 del CPP concordante con lo prescrito por el art. 54 inc. 1) de la misma norma, los fiscales no pueden realizar actos jurisdiccionales ni los jueces actos de investigación que comprometan su imparcialidad.

Así lo estableció la SC 0149/2006-R, de 6 de febrero, señalando ” El sistema procesal penal de corte acusatorio adoptado por el Código de procedimiento penal tiene esencialmente dos principios: a) el juez, quien ostenta el poder decisorio en un juicio, no puede iniciar una causa de oficio; b) no puede existir juicio sin acusación proveniente de un órgano ajeno al juez. Por consiguiente, la facultad de acusar y la obligación de fallar son responsabilidades que están bien individualizadas y no pueden confundirse en un solo órgano, “es decir que el juzgador no puede proceder al conocimiento y resolución de un hecho si no está precedido del ejercicio de la acción penal por parte del organismo que ostenta la responsabilidad de su desempeño; premisa que está representada en el aforismo nemo iudex sine actore”.

En ese mismo sentido la SC 0227/2004-R, de 16 de febrero, señala:

“(…) en el sistema penal actual rige el principio acusatorio, según el cual se tiene que diferenciar la función que tiene el Juez de juzgar y no realizar actos investigativos y la función que tiene el Fiscal de investigar, imputar, solicitar la aplicación de medidas cautelares y acusar, es decir que los últimos no realizan acto jurisdiccional alguno, todo en el marco establecido en la previsión del art. 279 del CPP.”

Conforme a lo anotado, no es posible concluir, que la autoridad competente para efectuar el control de la decisión asumida por el Fiscal de Distrito, esto es de revocatoria o rechazo de denuncia sea el juez cautelar que se encuentra a cargo del control jurisdiccional de la investigación, o tener la percepción de que atendiendo el carácter subsidiario que rige al recurso de amparo constitucional, el recurrente que cuestione la decisión final asumida por la autoridad fiscal en la etapa preparatoria, deba, antes de interponer esta acción tutelar acudir ante dicha autoridad judicial; dado que el alcance del principio de subsidiariedad, desarrollado en la uniforme y profusa jurisprudencia constitucional implica, conforme se concluyo en el Fundamento Jurídico III.1.1 en esencia, la obligación que tiene la parte recurrente de agotar todos los recursos que la legislación vigente le concede para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados antes de interponer el recurso de amparo; medios o recursos, que la norma procesal penal ordinaria no reconoce y menos ante el juez cautelar a efectos de que puedan ser utilizados, previamente para que se opere la subsidiariedad del recurso de amparo.

Expuestos los fundamentos precedentes; corresponde a este Tribunal reconducir la jurisprudencia sentada en las SSCC 0684/2006-R, de 17 de julio y 0808/2006-R, de 17 de agosto, habida cuenta que en dichos fallos, se concluyó que los recurrentes ante la determinación de ratificación del rechazo de la denuncia, podían acudir ante el juez cautelar, en reclamo de las supuestas irregularidades y omisiones en las que hubieran incurrido los fiscales de materia y de Distrito a su turno, sustentando dicha determinación en razón del carácter subsidiario del recurso de amparo.

III.1.3.
En este propósito, en cuanto al criterio sostenido por el Tribunal de amparo, así como por el Fiscal de Distrito recurrido, en sentido de que la Gerencia Regional de la Aduana de Santa Cruz, en su condición de víctima tiene la opción de solicitar la conversión de acciones ante el Juez de Instrucción conforme lo estipula el art. 26 inc. 3) del CPP; es necesario señalar que si bien la norma prevista en la parte final del art. 305 del CPP, dispone que en el caso de ratificatoria del rechazo de denuncia se ordenará el archivo de obrados, lo que no impedirá la conversión de acciones a pedido de la víctima o del querellante; en cuya lógica evidentemente, la resolución de ratificatoria de rechazo abre la posibilidad de la conversión de acciones; no es menos evidente, que el hecho de que se pueda convertir la acción penal no significa de modo alguno, que éste sea un medio de impugnación contra la Resolución de ratificatoria del rechazo de denuncia; máxime si conforme entendió la SC 0600/2003-R de 6 de mayo, la norma prevista por el art. 26 del CPP; que regula la conversión de la acción penal pública en acción privada, “(...) no condiciona, en todos los casos previstos en ella, como requisito previo y sine qua non a la conversión, la realización obligada de la investigación”; lo que significa que no es consecuencia, ni resultado, ni mucho menos se produce una vez que se desarrolle y concluya la etapa preparatoria y menos es una forma de impugnación ante el rechazo de la denuncia o querella previsto por los arts. 301 inc. 3), 304 y 305 del CPP; porque el acto de rechazo, sólo abre la posibilidad de reiniciar el proceso penal cuando se encuentren nuevos elementos que hagan posible que se reabra la investigación.

III.2. Ingresando al análisis de la problemática planteada, dado que, la parte recurrente en los hechos, cuestiona la valoración de la actividad probatoria en la etapa preparatoria que dio lugar a la Resolución fiscal de 3 de junio de 2005, emitida por el Fiscal de Distrito recurrido que dentro del trámite de objeción al rechazo de la denuncia resolvió ratificar la Resolución de 16 de mayo de 2005, mediante la cual se rechazó la denuncia presentada por la Gerencia de la Aduana Regional de Santa Cruz, bajo el argumento de que -a su juicio- no se tomaron algunos elementos probatorios y otros fueron valorados discrecionalmente por la autoridad fiscal en la decisión final; corresponde señalar en principio que a la jurisdicción constitucional no le corresponde revisar la valoración de la prueba realizada dentro de los procesos judiciales o administrativos; sin embargo, dicha regla general admite excepciones, que han sido desarrolladas por la doctrina constitucional.

Así, este Tribunal, ha establecido desde la SC 0577/2002-R, de 20 de mayo, que "(...) la facultad de valoración de la prueba aportada corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios, por lo que el Tribunal Constitucional no puede pronunciarse sobre cuestiones que son de exclusiva competencia de los jueces y tribunales ordinarios, y menos atribuirse la facultad de revisar la valoración de la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales competentes". Así las SSCC 075/2004-R, 0301/2004-R, y otras.

Dicha línea jurisprudencial tiene su excepción, cuando en dicha valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir (SC 0873/2004-R y 106/2005-R, entre otras), o b) cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales (SC 129/2004-R de 28 de enero).

Este entendimiento, respecto a la primera excepción, fue recogido por la SC 0873/2004-R, de 8 de junio, que expresó lo siguiente: “(...) la compulsa de las pruebas que se aporten con el fin de obtener la cesación de la detención preventiva, es facultad exclusiva del Juez Cautelar que esté a cargo del control de la investigación, pues en los únicos casos que este Tribunal puede intervenir en la revisión de dicho análisis será cuando el juzgador se hubiera apartado de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, si estos casos no se dan, esta jurisdicción no puede intervenir para dejar sin efecto la resolución que conceda la cesación o la rechace, ya que ello importaría una doble valoración de la prueba.” (las negrillas son nuestras).

Por su parte la SC 129/2004-R, de 28 de enero, con relación a la segunda excepción, señaló lo siguiente:

“III.2
De otro lado, corresponde señalar que este Tribunal en su uniforme jurisprudencia, ha delimitado claramente los alcances de su jurisdicción en materia de acción tutelar a derechos y garantías fundamentales, es decir, hasta donde alcanza su función; en ese orden ha establecido que, si bien por mandato de la Constitución debe otorgar protección ante una amenaza, restricción o supresión de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, ello no implica que deba abarcar la atribución de otras jurisdicciones, como el penal, de manera que esta jurisdicción no tiene facultad para compulsar los antecedentes producidos dentro de un proceso penal para determinar si los hechos denunciados constituyen delitos o no. En este entendido, el Tribunal, tampoco tiene competencia para analizar o rebatir el criterio de un juzgador o del Fiscal, en el inicio de una investigación, sobre la existencia o no de un delito, puesto que de hacerlo estaría atribuyéndose funciones que no le han sido encomendadas, ya que se estaría estableciendo, vía acción tutelar, la tipicidad o no de una conducta, por tanto la culpabilidad o no de un imputado.

Conforme al razonamiento expuesto, el recurrente a tiempo de plantear un amparo, como en el presente caso, no puede pretender que se obligue a la autoridad competente para conocer una denuncia, que presente una imputación o posteriormente una acusación, dado que esta decisión deberá ser tomada única y exclusivamente por el Fiscal de materia que conoce de la denuncia, luego de realizar el análisis de los hechos y actuados conocidos en la investigación preliminar y durante la etapa preparatoria, lo que significa, que bajo ningún concepto este Tribunal puede ingresar a la compulsa de fondo de los hechos y pruebas que surjan durante la etapa preparatoria de un proceso penal'.

III.3 No obstante lo referido precedentemente, cabe también indicar que, en resguardo de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, el acceso a la justicia y a una tutela efectiva, propios de la víctima que plantea la denuncia ante el Ministerio Público para que cumpla con su función de promover la acción de la justicia para perseguir y sancionar al autor del delito, este Tribunal puede analizar la conducta omisiva del representante del Ministerio Público, el juez cautelar u otra autoridad competente para intervenir en la etapa preparatoria; conductas omisivas expresadas, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso, en no recibir o providenciar memoriales denegando el derecho de petición, en no realizar actos solicitados por las partes a fin de demostrar su acusación o desvirtuar la misma, en negar el trámite de las impugnaciones o, en su caso, en la no aplicación objetiva de la Ley pertinente al caso; en consecuencia, la denuncia sobre las omisiones referidas podrá ser de conocimiento de este Tribunal y examinado el caso, se tendrá o no que otorgar la tutela. Empero es necesario dejar claro, que en lo relativo a prueba, la competencia sólo se reduce a establecer si fue o no valorada, pero no a imponer mediante este recurso cómo debe ser compulsada y menos a examinarla, lo que significa, que sólo se deberá disponer en casos de omisión de compulsa que se la analice siempre que curse en el expediente y que hubiera sido oportunamente presentada(...); de otro lado, en cuanto a la omisión en la aplicación objetiva de la Ley, ésta situación podrá ser analizada circunscribiéndose a determinar qué Ley dejó de aplicarse, empero, cuidando que en ese examen no se ingrese al ámbito de la tipificación de los hechos denunciados como delitos, toda vez que, como se tiene referido precedentemente, no corresponde a esta jurisdicción establecer la existencia o no de delitos, por lo mismo, establecer si existe o no suficientes elementos para admitir o rechazar una denuncia”. (las negrillas son nuestras).

Ahora bien, siendo competencia de la jurisdicción constitucional, revisar excepcionalmente la labor de valoración de la prueba desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente, se reitera, cuando en dicha valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; dicha competencia del Tribunal Constitucional, se reduce, en ambos casos, a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud omisiva en esta tarea, pero en ningún caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma.

En ese orden de razonamiento para que este Tribunal pueda cumplir con esta tarea, es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la valoración efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, invocando la lesión a sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa en los fundamentos jurídicos que sustenten su posición (recurso de amparo), lo siguiente:

Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; para ello, será preciso, que la prueba no admitida o no practicada, se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, solicitud, que en todo caso, no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales ordinarios, el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas, debiendo motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas. Por supuesto, una vez admitidas y practicadas las pruebas propuestas declaradas pertinentes, a los órganos judiciales, les compete también su valoración conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica, según lo alegado y probado.

Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada; puesto que resulta insuficiente, para la viabilidad del recurso de amparo, la mera relación de hechos; porque sólo en la medida en que el recurrente exprese adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos, la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación, que amerita este tema de revisión excepcional de la labor de la valoración de la prueba realizada por la jurisdicción ordinaria; máxime si se tiene en cuenta que el art. 97 de la LTC, ha previsto como un requisito de contenido, el exponer con precisión y claridad los hechos que le sirvan de fundamento y precisar los derechos o garantías que se consideren restringidos, suprimidos o amenazados, señalando en qué consiste la restricción o supresión.

Es de advertir, que esta última exigencia de acreditación de la relevancia de la prueba denegada, o de la prueba valorada irrazonable o inequitativamente, se proyecta en un doble plano: por un lado, el recurrente debe demostrar la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas o no practicadas, o en su caso de la interpretación discrecional o arbitraria de la prueba practicada; y, por otro lado, debe argumentar el modo en que la admisión y la práctica de la prueba objeto de la controversia, habrían podido tener una incidencia favorable a la estimación de sus pretensiones; sólo en tal caso -comprobada que la decisión final- pudo, tal vez, haber sido otra si la prueba se hubiera practicado o hubiese sido valorada conforme a derecho dentro de un marco de razonabilidad, podrá apreciarse también el menoscabo efectivo del derecho fundamental invocado de quien por este motivo solicita el amparo constitucional.

III.3.Efectuadas las precisiones precedentemente expuestas, corresponde a este Tribunal analizar y resolver la problemática planteada, a ese efecto es necesario expresar lo siguiente:

El recurrente, en representación de la Gerencia Regional de la Aduana de Santa Cruz, aduce que en mérito al acta de intervención AN-GRSCZ-03-F-001/05, de 18 de febrero de 2005 presentó denuncia contra la empresa “BOLPET S.R.L.”, por el presunto delito de contrabando previsto y sancionado por el por el art. 166 de la LGA y el inc. g) del art. 181 del CTB; sin embargo, el Fiscal asignado al caso, rechazó la misma, Resolución que fue ratificada por el Fiscal de Distrito aduciendo que la investigación no reunió los suficientes elementos de convicción para fundar una imputación contra la citada empresa, Resoluciones que -a decir suyo- emergen de una inadecuada valoración de la actividad probatoria en la etapa preparatoria.

De los hechos alegados, se tiene que, la parte recurrente, cuestiona, la valoración de la actividad probatoria en la etapa preparatoria que dio lugar a la Resolución fiscal de 3 de junio de 2005, emitida por el Fiscal de Distrito recurrido que dentro del trámite de objeción al rechazo de la denuncia resolvió ratificar la Resolución de 16 de mayo de 2005, mediante la cual se rechazó la denuncia presentada por la Gerencia de la Aduana Regional de Santa Cruz, bajo el argumento de que -a su juicio- no se tomaron algunos elementos probatorios y otros fueron valorados discrecionalmente por la autoridad fiscal en la decisión final; sin embargo, este Tribunal no puede ingresar a su análisis, ello debido a que el recurrente, en su memorial de demanda no ha expuesto con claridad y precisión los fundamentos jurídicos que sustentan su impugnación, pues no ha identificado claramente, conforme se precisó en el Fundamento Jurídico III.2, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; demostrando al efecto que la prueba no admitida o no practicada se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, no obstante haber sido -a su juicio- las pertinentes. Asimismo, tampoco explicó en la parte motiva de su demanda de amparo, en qué medida, en lo conducente dicha valoración cuestionada de irrazonable, de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada y declarada su pertinencia, tiene incidencia en la Resolución final, y que ésta sea constitucionalmente relevante, al haberle causado (indefensión material) -siendo parte querellante- lesión a su derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, no explicó, en qué medida la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada; puesto que resulta insuficiente, para la viabilidad del recurso de amparo, la mera relación de hechos; porque sólo en la medida en que el recurrente exprese adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación, que amerita este tema de revisión excepcional de la labor de la valoración de la prueba realizada por la jurisdicción ordinaria.

En el caso concreto, el recurrente, en su memorial del recurso, se limitó a relatar los hechos que se suscitaron en la etapa preparatoria y que a su juicio dieron lugar a la Resolución final dictada por el Fiscal de Distrito, que ratificó la Resolución de rechazo de denuncia, sin mayor fundamento jurídico constitucional, y sin cumplir los requisitos que hagan viable, la contrastación de revisión de la prueba por esta jurisdicción constitucional de manera excepcional; por ello, este Tribunal se ve impedido de poder analizar y resolver el fondo de la problemática planteada, por lo mismo de conceder la tutela solicitada.

Por lo expuesto, el Tribunal de amparo al haber denegado el recurso, ha valorado correctamente los hechos e interpretado adecuadamente los alcances del art. 19 de la CPE.



POR TANTO

El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los arts. 19.IV y 120.7ª de la CPE; arts. 7 inc. 8) y 102.V de la LTC, en revisión
APRUEBA la Resolución de 18 de noviembre de 2005, cursante de fs. 30 a 32 pronunciada por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz; y, en consecuencia, declara IMPROCEDENTE el recurso interpuesto, sin costas, por ser excusable.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional.

Fdo. Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas
presidenta

Fdo. Dra. Martha Rojas Álvarez
DECANA

Fdo. Dr. Artemio Arias Romano
magistrado

Fdo. Dra. Silvia Salame Farjat
MagistradA

Fdo. Dr. Wálter Raña Arana
MagistradO
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