SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0712/2006-R

Sucre, 21 de julio de 2006

ESTA SENTENCIA CONSTITUCIONAL REFIERE UN CASO EN EL QUE SE RESUELVE UN AMPARO CONSTITUCIONAL, BAJO EL FUNDAMENTO DE VULNERACION DE LA SEGURIDAD JURIDICA Y EL DEBIDO PROCESO.

SE REFIERE A UNA EXCEPCIÓN DE FALTA DE ACCION POR EXISTIR DOS DELITOS, DE DOS HECHOS DIFERENTES, EN EL MISMO PROCESO, SOBRE LA BASE DE DOS HIPOTESIS DE FALTA DE ACCION, POR QUE NO FUE LEGALMENTE PROMOVIDA, POR QUE EXISTE UN IMPEDIMENTO LEGAL PARA PROSEGUIRLA, ES DECIR CUANDO NO EXISTA DENUNCIA O QUERELLA DE LA VICTIMA EN DELITOS DE ACCION PRIVADA, CUANDO PREVIAMENTE SE REQUIERA CUALQUIER FORMA DE ANTE JUICIO O CUANDO EL QUERELLANTE NO SEA LA VICTIMA…

Expediente:2005-12737-26-RAC
Distrito:La Paz
Magistrada Relatora:Dra. Silvia Salame Farjat

En revisión la Resolución 031/2005, de 21 de octubre, pronunciada por la Sala Social Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, cursante de fs. 62 a 63 vta., dentro del recurso de amparo constitucional interpuesto por Carlos Laime Sandoval contra Soledad Molina Pereira, Fiscal Adjunta de Sustancias Controladas; Carlos Jaime Villarroel Ferrer y Blanca Alarcón de Villarroel, Vocales de la Sala Penal Tercera de la misma Corte, alegando la vulneración de su derecho a la seguridad jurídica, así como a la garantía del debido proceso, consagrados en los arts. 7 inc. a) y 16.IV de la Constitución Política del Estado (CPE).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido del recurso

I.1.1. Hechos que motivan el recurso

En el memorial de demanda presentado el 11 de octubre de 2005, cursante de fs. 33 a 36, el recurrente asevera que el 20 de junio de 2004 se aprehendió a Clemente Rubén Choque Calle y se le imputó el delito de tráfico de sustancias controladas, en cuyo mérito el 22 del mismo mes y año, el Juez Octavo de Instrucción en lo Penal dispuso su detención preventiva; imputado, que después de esa actuación, se dio a la fuga en circunstancias en que su persona se encontraba cumpliendo funciones de servidor judicial. Con ese antecedente, el 26 de junio de 2004, dentro del caso de tráfico de sustancias controladas, la Fiscal recurrida le imputó y posteriormente le acusó por el delito de favorecimiento a la evasión tipificado en el art. 73 de la Ley de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (L1008), con el argumento de no haber cumplido a cabalidad sus funciones, lo que dio lugar a la fuga de Clemente Rubén Choque Calle.

Agrega que la Fiscal correcurrida le acusa por el referido delito sin considerar que el hecho ilícito es siempre anterior al proceso, para la verificación de su comisión y determinación de la responsabilidad del imputado, lo que significa que se acumularon en una sola causa penal dos hechos con sospecha delictiva sin que exista ninguna condición de conexitud; es más, no se modificó la calificación de la conducta de Clemente Rubén Choque Calle; es decir, no se le acusó por el delito de evasión de modo que habría que preguntarse a quien favoreció su evasión. En consecuencia, la Fiscal dispuso la imputación formal y la acusación en su contra violando lo previsto en los arts. 124 de la CPE y 19 del Código de procedimiento penal (CPP). En ese criterio, sostiene que el Ministerio Público al haber cometido errores en el procesamiento para proceder a su imputación y acusación está ejerciendo incorrecta e indebidamente la acción pública, entidad que debe ajustar sus actos a la legalidad y a la correcta aplicación e interpretación de la ley procesal, por lo que la tramitación de dos hechos distintos en un solo proceso, constituye una actividad procesal defectuosa emergente de la falta de acción, por un mal planteamiento de la imputación y de la acusación, pues lo defectuoso es el procedimiento aplicado para su imputación y acusación, que constituye la base del juicio, de modo que si la base del juicio tiene el grave error de excluir la conducta que podía vincular a Clemente Rubén Choque Calle con su persona, el Ministerio Público violó todas las reglas del art. 67 del CPP que establecen las condiciones para que dos hechos se tramiten en una sola causa. Por esos motivos opuso excepción de falta de acción, que fue declarada probada por el Tribunal Tercero de Sentencia que dispuso la nulidad de obrados hasta que se corrijan los vicios procesales.

Apelada esta decisión por el Ministerio Público, los Vocales recurridos pronunciaron la Resolución 179/2005, en violación al orden público procesal convalidando la irregular actuación del Ministerio Público, sin considerar que lo que se juzga son los hechos y no las categorías jurídicas, además que los hechos deben tener congruencia, armonía y vínculo, pues de acuerdo a la calificación que se hace en su contra, se indica que no habría cumplido su deber con la custodia del detenido, quien hubiera sido conducido irresponsablemente por lo que se dio a la fuga, lo que significa que había un proceso abierto contra Clemente Rubén Choque Calle por tráfico de sustancias controladas, lo que no acreditaba ninguna condición para que se lo involucre dentro del mismo caso; es decir, la Fiscal recurrida no hizo una correcta interpretación de los hechos para darle una calificación jurídica, que genere investigación, imputación, acusación y juicio por separado como correspondía procesalmente; por el contrario, el Ministerio Público no imputó ni acusó a Clemente Rubén Choque Calle por el delito de evasión, entremezclando hechos distintos en un solo proceso y sin lógica jurídica violando el art. 67 del CPP, sin soslayar que la conexitud no la decide el Ministerio Público sino el Poder Judicial, aspectos no considerados por las autoridades recurridas.

Agrega que la Sala integrada por los recurridos llegó a la conclusión de que el Tribunal a quo no fundamentó su decisión conforme al art. 124 del CPP, por lo que debió en todo caso anular la Resolución y disponer se dicte una nueva debidamente fundamentada; sin embargo, en la parte resolutiva en franca contradicción con la convicción expresada en la parte considerativa, revocó el fallo y resolvió el fondo de la cuestión planteada, sobre la que no se refirió en los considerandos, situación que lo expone a un injusto e indebido proceso. Además que los recurridos vulneraron el principio de integridad judicial al convalidar las actuaciones sin anular adecuadamente los actos procesales defectuosos del Ministerio Público, violando las reglas de conexitud y omitiendo su deber de fundamentar lógica, coherente y congruentemente su decisión, por lo que al no existir recurso ulterior contra la decisión impugnada, es que interpone el presente recurso

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados

El recurrente alega la vulneración de su derecho a la seguridad jurídica, así como a la garantía del debido proceso, consagrados en los arts. 7 inc. a) y 16.IV de la CPE.

I.1.3. Autoridades recurridas y petitorio

De acuerdo a lo expuesto, interpone recurso de amparo contra Soledad Molina Pereira, Fiscal Adjunta de Sustancias Controladas, Carlos Jaime Villarroel Ferrer y Blanca Alarcón de Villarroel, Vocales de la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, impetrando se declare procedente, por ende, se disponga la tramitación de los hechos imputados en causas separadas.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de amparo constitucional

Efectuada la audiencia el 21 de octubre de 2005, con la presencia de las partes y la ausencia del representante del Ministerio Público, conforme consta en el acta de fs. 58 a 61, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación del recurso

La parte recurrente ratificó su demanda y la amplió señalando que el error de no imputar a Clemente Rubén Choque Calle por el delito de evasión, fue reiterado a tiempo de presentar la acusación, además que durante la etapa preparatoria, el Consejo de la Judicatura abrió un proceso disciplinario en su contra en el que se pronunció la Resolución 162/04 de 12 de enero de 2005 que declaró improbada la denuncia de incumplimiento de funciones. Además, de resultar incongruente que el Ministerio Público lo acuse de favorecimiento de evasión sin existir una acusación al sujeto principal por el delito de evasión, por lo que no se promovió legalmente la acción penal. Además, que los recurridos a más de no fundamentar su decisión no dieron cumplimiento al art. 15 de la Ley de Organización Judicial (LOJ) que impone la revisión de oficio cuando existan anomalías de parte de los tribunales inferiores.

I.2.2. Informe de las autoridades recurridas


La recurrida representante del Ministerio Público informó que el 21 de junio de 2004, se detuvo a Clemente Rubén Choque Calle al haber sido encontrado con seis kilos de cocaína, quien fue puesto a disposición del Juez de Instrucción que dispuso su detención preventiva; sin embargo, el recurrente antes de la audiencia cautelar omitió registrar al detenido y sortear un guardia de seguridad, actuando negligentemente, pues trasladó al detenido directamente al Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal sin ninguna custodia, permitiendo su fuga. Añadió que el Ministerio Público puede imputar el delito que vea conveniente; es así, que imputó a Clemente Rubén Choque Calle el delito de tráfico de sustancias controladas siendo un delito mayor que arrastra a la evasión, no pudiendo obligarse al Ministerio Público sobre qué delito va a imputar. De otra parte, el Ministerio Público no participó como denunciante en el proceso disciplinario por lo que fue declarada improbada la denuncia porque supuestamente no había un reglamento o manual de funciones sobre el manejo de detenidos en celdas de la Policía Judicial. Respecto a la conexitud, aclaró que nunca existieron dos procesos como se pretende hacer creer, sino una ampliación de imputación en la etapa preparatoria; además, que la defensa en esa etapa pudo proponer el incidente pero no lo hizo, lo que implica que aceptó tácitamente el procedimiento y la competencia del juez, pues incluso solicitó la suspensión condicional del proceso. Agrega que se han seguido las normas del Código de procedimiento penal, pues se ha recurrente formalmente y se notificó personalmente al imputado, sin soslayar que existen Sentencias Constitucionales que establecen que cuando se ha observado la falta de acción debe habérselo hecho en la etapa preparatoria pues en la fase de juicio ese derecho prescribe, por lo que solicitó la improcedencia del recurso.

El Vocal recurrido, Carlos Jaime Villarroel, informó que la recurrida representante del Ministerio Público explicó las circunstancias por las cuales el recurrente fue involucrado en el proceso principal por el caso de narcotráfico explicando los detalles de su autoría y participación; también, ilustró como el recurrente desde el inicio del proceso ejerció todos los derechos que la Constitución Política del Estado y el Código de procedimiento penal confieren a todo imputado, pues incluso solicitó la suspensión condicional del proceso, por lo que no puede sostenerse que se vulneró el debido proceso. Añadió que el recurrente fue imputado formalmente conforme los arts. 301 y 302 del CPP y fue objeto de una acusación de acuerdo a los arts. 340 y 341 y ss. del mismo cuerpo legal por lo que fue objeto de un debido proceso dentro de los alcances del Código de procedimiento penal.

Agrego que el Juez a quo luego de hacer una relación meramente cronológica del proceso sin ninguna fundamentación, infringió las normas del art. 124 del CPP; decisión que fue apelada por el Ministerio Público por lo que la el Tribunal que integra examinó los antecedentes procesales. Con relación a la conexitud, expresó que por la naturaleza de los delitos deben ser objeto de un mismo proceso; es decir, debe existir una relación directa entre el antecedente y el consecuente, resultando que el recurrente es el responsable de la evasión y de la fuga del detenido por delitos de narcotráfico, existiendo por lo tanto conexitud, por lo que no pueden tramitarse por cuerda separada situaciones que constituyen en el fondo un mismo proceso. De otra parte, negó que exista falta de congruencia en la Resolución impugnada, ya que el Tribunal haciendo uso del art. 15 de la LOJ, sólo aplicó la Constitución Política del Estado, la ley y el procedimiento, debiendo el recurrente someterse al juicio conforme determina el art. 329 del CPP; solicitando en definitiva la improcedencia del recurso, con costas.

La Vocal correcurrida se adhirió al anterior informe así como a los fundamentos expuestos que motivaron la Resolución 179/2005.

1.2.3. Resolución

La Resolución 031/2005, de 21 de octubre, cursante de fs. 62 a 63 y vta., concedió el recurso respecto a los Vocales recurridos sin responsabilidad por ser excusable, y denegó el mismo con relación a la correcurrida representante del Ministerio Público, por ende, dispuso la nulidad de la Resolución 179/2005, de 19 de agosto, y ordenó el pronunciamiento de una nueva Resolución, observando las normas legales, bajo los siguientes argumentos:

a)La decisión impugnada carece de fundamentación porque se puede colegir que en el numeral 1 de la consideración de antecedentes se refiere únicamente a la carencia de disposiciones legales en la emisión de la Resolución 16/2005; en el numeral 2 señala que se habrían cumplido los trámites del debido proceso, sin explicitar las particularidades de esta garantía; en el numeral 3 no existe la suficiente explicación para rechazar la conexitud; y, en el numeral 4 remite a las partes hacer valer sus derechos en el juicio oral.

b)La parte resolutiva de la Resolución 179/2005 no se pronunció sobre la excepción de falta de acción, lo que implica que se contravinieron normas procesales de orden público.

c)La falta de consideración del principio de integridad judicial y de la actividad procesal defectuosa, deberán ser consideradas por las autoridades recurridas, al tratarse de cuestiones que hacen al mismo proceso penal.

d)La Fiscal recurrida no intervino en la emisión de la Resolución 179/2005, por lo que carece de legitimación activa.

II. CONCLUSIONES

Luego del análisis de antecedentes, se establecen las conclusiones siguientes:

II.1. Por requerimiento de 21 de junio de 2004 (fs. 8 a 12), la Fiscal correcurrida imputó formalmente a Clemente Rubén Choque Calle la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, solicitando su detención preventiva, en cuyo mérito en la audiencia del 22 del mismo mes y año (fs. 13 a 15), el Juez Octavo de Instrucción en lo Penal dispuso la medida cautelar solicitada.

II.2. Por requerimiento de 26 de junio de 2004 (fs. 16 a 20) dentro del mismo proceso, la Fiscal correcurrida amplió formalmente la imputación contra el recurrente por la presunta comisión del delito de favorecimiento a la evasión con relación a delitos de narcotráfico, manifestando que después de la audiencia de medidas cautelares el imputado, Clemente Rubén Choque Calle, se dio a la fuga, como consecuencia de que el recurrente no hubiera cumplido sus funciones como alguacil en la conducción de detenidos.

II.3. Por memorial de 2 de diciembre de 2004 (fs. 56 a 57 vta.) el recurrente solicitó la suspensión condicional del proceso.

II.4. Por requerimiento de 16 de diciembre de 2004 (fs. 1 a 7), la correcurrida representante del Ministerio Público acusó a Clemente Rubén Choque Calle la presunta comisión del delito incurso en la sanción del art. 48 con relación al inc. m) de la L1008 y al recurrente el delito previsto en el art. 73 -favorecimiento a la evasión- de la misma ley.

II.5. Por Resolución 003/05, de 12 de enero de 2005 (fs. 53 a 55), el Tribunal Sumariante dentro del proceso disciplinario seguido contra el recurrente, declaró improbada la acusación seguida de oficio por el Consejo de la Judicatura contra éste por incumplimiento de obligaciones.

II.6. En la audiencia de juicio oral celebrada el 13 de junio de 2005 (fs. 26 a 28); la parte recurrente opuso excepción de falta de acción argumentando la inexistencia de vínculo entre los delitos de tráfico y favorecimiento a la evasión, por lo que debieron seguirse procesos diferentes, además de no existir imputación contra el sujeto principal a quien se le hubiera favorecido con la evasión, existiendo por lo tanto actividad procesal defectuosa de acuerdo al art. 167 del CPP, pues la acusación viola las reglas del art. 67 del CPP, solicitando la anulación de obrados hasta la imputación formal. Por Resolución 16/2005 de la misma fecha (fs. 28 a 29), el Tribunal Tercero de Sentencia declaró probada la excepción y la nulidad de obrados hasta la imputación a efectos de que rectifiquen las acusaciones contra el actor, bajo el argumento de que debe darse cumplimiento al principio de legalidad y observarse el debido proceso, por lo que teniendo en cuenta la responsabilidad del Ministerio Público, las faltas anulan las actuaciones por no haberse cumplido con lo establecido en el Código de procedimiento penal. Esta decisión fue apelada por el Ministerio Público (fs. 38 a 40).

II.7. Mediante Auto 179/2005, de 19 de agosto (fs. 24 a 25), la Sala Penal Tercera, integrada por los Vocales recurridos, declaró procedente la apelación incidental presentada por el Ministerio Público, y revocó la Resolución apelada disponiendo se prosigan los trámites del proceso conforme a procedimiento bajo los siguientes argumentos: i) la Resolución apelada se limitó a hacer un relación de elementos empíricos y apreciaciones subjetivas, sin haber hecho la cita de los impedimentos para seguir el proceso, menos hizo mención a las disposiciones legales que se hubieran vulnerado con la acusación fiscal; ii) a partir de la acusación de delitos de acción pública, por las previsiones del art. 48 de la L1008, una vez detenido el imputado Clemente Rubén Choque Calle, éste se dio a la fuga por el favorecimiento a la evasión del recurrente, como responsable directo de la evasión; de modo que la acusación demuestra que se han cumplido los trámites del debido proceso previsto por el art. 16 de la CPE, sin que exista la incongruencia señalada por el art. 362 del CPP; iii) la afirmación de conexitud no tiene asidero, ya que la actuación comprende un solo juicio contra el recurrente y Clemente Rubén Choque Calle; iv) la Resolución apelada incurre en la falta de fundamentación legal prevista por el art. 124 del CPP al no señalar cuales son las normas constitucionales, procesales o legales supuestamente violadas. La Resolución vulnera el derecho que tienen los sujetos procesales al juicio oral público continuo y contradictorio, donde la parte imputada puede y debe asumir su amplia defensa para demostrar su inculpablidad, lo contrario resulta una absolución prematura atentatoria a la seguridad jurídica.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte recurrente afirma que las autoridades recurridas vulneraron su derecho a la seguridad jurídica, así como a la garantía al debido proceso, pues: 1) la fiscal recurrida dentro de un proceso seguido a otro imputado por el delito de tráfico de sustancias controladas, le acusó por el delito de favorecimiento de evasión, sin considerar que el hecho ilícito es siempre anterior al proceso y no pueden acumularse en una sola causa dos hechos sobre los que no existe conexitud, además que no modificó la calificación de la conducta del imputado principal, por lo que está ejerciendo incorrecta e indebidamente la acción pública; 2) los Vocales correcurridos pronunciaron en apelación la Resolución 179/2005, convalidando la irregular actuación del Ministerio Público, sin considerar que lo que se juzga son los hechos y no categorías jurídicas, permitiendo un proceso por hechos distintos; además en forma contradictoria resolvió el fondo de la cuestión planteada sobre la que no se refirió en la parte considerativa. Corresponde considerar si en la especie es viable otorgar la tutela pretendida.

III.1. El art. 19.IV de la CPE establece que se: “ (....) concederá el amparo siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados (...)”, formulación general que ha sido precisada, por el art. 96.3 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC) que señala que: “El Recurso de Amparo no procederá contra las resoluciones judiciales que por cualquier otro recurso puedan ser modificadas o suprimidas aún cuando no se haya hecho uso oportuno de dicho recurso”, regulación que permitió complementar la configuración procesal del recurso de amparo constitucional. De estas previsiones constitucional y normativa, se desprende que el recurso de amparo se constituye en un instrumento subsidiario y supletorio en la protección de los derechos fundamentales, subsidiario porque no es posible utilizarlo si es que previamente no se agote la vía ordinaria de defensa y supletorio porque viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria.

El carácter subsidiario del recurso de amparo constitucional, ha sido desarrollado en la SC 1805/2003-R, de 5 de diciembre, Fundamento Jurídico III.3 -entre otras- al establecer lo siguiente: “(…) la tutela que brinda el amparo constitucional está referida a los casos en que han sido agotados los medios que la ley otorga para tal objeto, puesto que dicho recurso tiene como característica la subsidiariedad y no puede ser utilizado como un mecanismo alternativo o sustitutivo de protección, hecho que desnaturalizaría su esencia. Esa previsión está contenida en el art. 19 de la Constitución cuando expresa que la sentencia concederá el amparo 'siempre que no hubiera otro medio o recurso legal, para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” (Las negrillas son nuestras).

En desarrollo del principio de subsidiaridad del amparo, la jurisprudencia constitucional ha determinado sub reglas cuando: “1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución” (Las negrillas y el subrayado son nuestros). Entendimiento asumido en la SC 1337/2003-R, de 15 de septiembre, Fundamento Jurídico III.1.

III.2. En la problemática planteada, se tiene que el recurrente denuncia a través de la presente acción que la Fiscal correcurrida le acusó por el delito de favorecimiento de evasión dentro de un proceso seguido a otro imputado por el de tráfico de sustancias controladas, sin considerar que el hecho ilícito siempre es anterior al proceso y no pueden acumularse en una causa dos hechos cuando no existe conexitud, además de no haber modificado la calificación de la conducta del imputado principal, por lo que estaría ejerciendo incorrecta e indebidamente la acción pública; por otro lado, denuncia que los Vocales correcurridos pronunciaron en apelación la Resolución 179/2005 convalidando la actuación del Ministerio Público. Ahora bien, de los antecedentes que informan el cuaderno procesal se tiene que el recurrente en forma previa a la interposición del presente recurso, en la audiencia pública de juicio oral celebrada el 13 de junio de 2005, reclamó esos aspectos dentro del proceso penal seguido en su contra, a través de la formulación de una excepción de falta de acción que mereció el Auto 16/2005 por el cual el Tribunal Tercero de Sentencia declaró probada la excepción y dispuso la nulidad de obrados, decisión que apelada por el Ministerio Público, determinó el pronunciamiento del Auto 179/2005, de 19 de agosto -ahora impugnado-, pronunciado por los Vocales recurridos, que revocó la Resolución apelada y dispuso la prosecución de la causa; en ese entendido, corresponde determinar previamente si el medio de defensa empleado por el recurrente fue el idóneo a efectos de impugnar la actuación fiscal, teniendo en cuenta que a través de la presente acción tutelar, pretende que se disponga la tramitación de los hechos imputados en causas separadas.

III.3. En ese contexto, se hace menester hacer referencia a la importancia de la acción penal en el proceso, a su ejercicio y a la excepción de falta de acción.

III.3.1. De la producción de un hecho delictivo, nace la acción penal, habida cuenta que produce un daño de dos órdenes, uno público y otro privado. El primero, es el que sufre la sociedad y por consiguiente el Estado, como producto del acto antisocial del hombre que viola la ley penal; el segundo, es el que recae sobre el sujeto pasivo del delito, como resultado del hecho ejecutado por el agente activo, daño que origina un derecho a favor de la víctima o sus herederos para pedir la indemnización de los perjuicios causados por el delito, criterios que se encuentran establecidos en el art. 14 del CPP que señala: “De la comisión de todo delito nacen: la acción penal para la investigación del hecho, su juzgamiento y la imposición de una pena o medida de seguridad y la acción civil para la reparación de los daños y perjuicios emergentes.

Sin embargo, no resulta suficiente que concurran los elementos constitutivos del tipo penal, para la imposición de una determinada pena a la persona a quien se le atribuye su comisión, sino debe ser sometida al correspondiente proceso, a efectos de ser oído y juzgado previamente, así lo determinan los arts. 16.IV de la CPE y 1 del CPP.

De otra parte es menester señalar que si bien el desarrollo del proceso penal constituye una exigencia a efectos de que el Estado imponga una sanción al autor de un delito, ese proceso penal no puede ser concebido, y menos desarrollarse sin el ejercicio de la acción penal, que se constituye en un requisito de procesabilidad, al ser considerada como la: “La energía que anima el proceso en todo momento” (Oblitas Poblete Enrique. Tratado de Derecho Procesal Penal, pag. 186); sin soslayar la máxima en sentido de que no se tiene jurisdicción sin acción, tampoco se tendría ésta sin aquélla, y sin ella el proceso. De modo que la acción adquiere importancia trascendental, al cumplir una función de instrumento imprescindible para la operación de la jurisdicción.

En un intento de fijar un concepto de acción penal, se puede señalar, siguiendo el criterio sostenido por Morales Guillén (Código de Procedimiento Penal Concordado y Anotado, pag. 32), que es: “El ejercicio de una función correspondiente en principio al Estado, cuyos órganos componentes del Ministerio Público, requieren al órgano jurisdiccional competente la aplicación de la ley penal a un caso concreto”.

En cuanto a las modalidades de acción penal, ésta presenta las siguientes: la acción pública cuyo ejercicio corresponde a los órganos competentes del Estado, determinada por el interés de la sociedad en la investigación y represión de determinados tipos penales; función que en la mayoría de los ordenamientos procesales corresponde al Ministerio Público, en su calidad de órgano constitucional para representar los intereses del Estado y la sociedad; así, el art. 124 de la CPE, atribuye al Ministerio Público como finalidad, el promover la acción de la justicia, defender la legalidad, los intereses del Estado y la sociedad, conforme lo establecido en la Constitución y las leyes de la República; respecto a éstas, se puede mencionar al art. 70 del CPP que establece como una de las funciones del Ministerio Público, el promover la acción penal pública ante los órganos jurisdiccionales, bajo el principio de obligatoriedad previsto en los arts. 21 del CPP y 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP).

Una modalidad que emerge directamente de la anterior es la acción pública a instancia de parte, en cuyo caso estamos frente a una cuestión de derecho sustantivo que vincula el cumplimiento en concreto de la función represiva del Estado, a una específica actividad del particular directamente interesado en la tutela del bien, que el supuesto delito podría haber afectado. De aquí, que su imposición legal implique no sólo una limitación en cuanto a la persona que está facultada a denunciar o querellar con eficacia jurídico penal, sino también la imposibilidad de perseguir penalmente sin una previa declaración de voluntad, con valor de instancia en el sentido legal y que emane de quien tenga título para instar. En nuestro país esta acción está ejercida a través de la denuncia de los delitos de acción pública a instancia de parte, en los términos referidos en el art. 17 del CPP, de modo que producida la instancia a través de la denuncia, los órganos competentes podrán ejercer la persecución, sin posibilidad de ser detenida o paralizada por voluntad de la persona que instó. Esta modalidad constituye una manifestación intermedia entre la perseguibilidad de oficio (pública propiamente dicha) y la querella en los casos de delitos perseguibles por acción de ejercicio privado o exclusivo a cargo del querellante.

Por último, hacer mención a la acción privada, la misma que es ejercida por el particular u ofendido, a través de un acto procesal como la querella que se constituye en una condición de procedibilidad para el proceso penal, en los delitos que la ley enumera taxativa y específicamente (art. 20 del CPP), dejando el Estado a decisión del particular, el poder movilizar la actividad judicial o dejar de hacerlo, ante la presencia de un hecho punible, por el cual se considera ofendido.

III.3.2. Establecida la importancia de la acción penal para el proceso penal y diferenciadas las distintas clases, corresponde determinar como se promueve la acción penal, en ese sentido la SC 1036/2002-R, de 29 de agosto estableció: “El proceso consiste en una progresiva y continuada secuencia de actos. Así, el Código procesal vigente, al igual que sus similares aludidos, con diversos matices configuran el procedimiento ordinario del juicio penal en tres partes, a saber: 1) La Etapa Preparatoria; 2) La Etapa Intermedia y 3) El juicio propiamente dicho (oral y público). A su vez, cada Etapa está integrada por subetapas o fases claramente marcadas, cumpliendo cada una de ellas una finalidad específica dentro de la genérica que todas ellas tienen en su conjunto. Así, la Etapa Preparatoria, que es la que nos interesa analizar por su pertinencia, se halla integrada por tres fases: 1) Actos iniciales; 2) Desarrollo de la etapa preparatoria y, 3) Conclusión de la etapa preparatoria.

1) La primera fase, es decir, los actos iniciales o de la investigación preliminar, (art. 284 y siguientes CPP), comienza con la denuncia, querella o con la noticia fehaciente que reciben las autoridades llamadas por ley (Policía-Fiscalía), sobre la comisión de un delito”; esto implica que la acción penal se promueve a través de la denuncia en los términos señalados en el art. 284 del CPP, por medio de la querella conforme el art. 290 del cuerpo legal citado, o como consecuencia del informe de intervención policial preventiva, conocida también como noticia fehaciente de acuerdo al art. 293 del CPP.

III.3.3.
Por otra parte, la excepción en derecho procesal, siguiendo la opinión de Guillermo Cabanellas (Diccionario Enciclopédico del Derecho Usual, pag. 616); constituye el: “título o motivo que como medio de defensa, contradicción o repulsa, alega el demandado para excluir, dilatar o enervar la acción o demanda del actor”.

En el orden penal, la excepción constituye una de las posiciones jurídicas-procesales que el imputado adopta frente a la acción penal, alegando la falta de presupuestos procesales y que conllevan la denuncia de una defectuosa constitución de la relación jurídica-procesal y tienden a conseguir una resolución anterior a la que involucra la consideración del fondo del asunto, teniendo presente que la relación jurídica-procesal, se establece, con relación a la falta de acción, con el denominado "acto de instancia", que no es sino, la denuncia, querella o informe de intervención policial preventiva, lo que implica que si concurre cualquiera de las tres formas, la acción está legalmente promovida.

El art. 308 del CPP establece que las partes podrán oponerse a la acción penal, mediante las excepciones de previo y especial pronunciamiento, entre ellas, la falta de acción, conforme el inc. 3) de la citada disposición, que señala: “Porque no fue legalmente promovida o porque existe un impedimento legal para proseguirla”.

Por su parte el art. 312 del CPP, establece: “Cuando se declare probada la excepción de falta de acción, se archivarán las actuaciones hasta que se la promueva legalmente o desaparezca el impedimento legal.

Si el proceso penal depende de cualquier forma de antejuicio, el fiscal requerirá al juez de la instrucción que inste su trámite ante la autoridad que corresponda, sin perjuicio de que realice actos indispensables de investigación y de conservación de prueba.

Esta disposición regirá también cuando se requiera la conformidad de un gobierno extranjero y su trámite se instará por la vía diplomática.

La decisión sólo excluirá del proceso al imputado a quien beneficie”.

De las disposiciones contenidas en ambas normas, se establece la procedencia de la excepción de falta de acción, sobre la base de dos hipótesis: a) porque no fue legalmente promovida o, b) porque existe un impedimento legal para proseguirla; en ese ámbito, teniendo en cuenta el ejercicio de la acción, sus distintas modalidades y el contenido de ambas disposiciones legales, esta excepción procederá, entre otros casos, cuando no exista denuncia de la víctima en los delitos de acción pública a instancia de parte, cuando no exista una querella en delitos de acción privada, cuando previamente se requiera cualquier forma de antejuicio o la conformidad de un gobierno extranjero, o cuando el querellante no sea la víctima.

III.4. En la problemática planteada, se tiene de los antecedentes que informan el cuaderno procesal, que por requerimiento de 21 de junio de 2004, la Fiscal demandada imputó formalmente a Clemente Rubén Choque Calle por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, solicitando su detención preventiva, en cuyo mérito en la audiencia de 22 de junio del mismo año, el Juez Octavo de Instrucción en lo Penal dispuso la medida cautelar solicitada; y dentro del mismo proceso, por requerimiento de 26 de junio de 2004, la Fiscal recurrida amplió formalmente la imputación contra el recurrente por la presunta comisión del delito de favorecimiento a la evasión con relación a delitos de narcotráfico, manifestando que después de la audiencia de medidas cautelares el imputado, Clemente Rubén Choque Calle, se dio a la fuga, como consecuencia de que el recurrente no hubiera cumplido sus funciones como alguacil en cuanto a la conducción de los detenidos.

A esta altura del análisis y considerando los aspectos expuestos respecto a las clases de acción penal, a su ejercicio y a la excepción de falta de acción, se establece que ante la presunta comisión de un delito de acción pública como es el favorecimiento a la evasión, de acuerdo al art. 20 in fine del CPP que dispone: “Los demás delitos son de acción pública”, el Ministerio Público en cumplimiento de los arts. 21 del CPP y 6 de la LOMP; es decir, en observancia del principio de obligatoriedad, ejerció la acción penal pública ante la noticia fehaciente de la comisión del presunto ilícito, formulando requerimiento de imputación formal contra el recurrente, lo que implica incuestionablemente que la acción fue promovida en una de las formas previstas por ley y en la respectiva fase de la etapa preparatoria, constituyéndose de esa manera la relación jurídica procesal, reiterando que si concurre cualquiera de estas tres formas: denuncia, querella o informe de intervención policial preventiva, conocida también como noticia fehaciente, la acción está legalmente promovida.

En ese ámbito, la imputación formal contra el recurrente por una conducta distinta a la que motivó el inicio del proceso, incluso posterior a éste, no puede ser impugnada a través de la excepción de falta de acción -como sucedió en el caso de autos-, teniendo en cuenta que los motivos de impugnación de la acción por la vía de ese medio de defensa, son concretos e inequívocos, esto es, porque no fue legalmente promovida o porque existe un impedimento legal para proseguirla, hipótesis que no concurren en el caso de autos; lo que significa, que la posibilidad de que una persona sea investigada dentro de un proceso que tiene un hecho principal vinculado a circunstancias, personas, tiempos, modos y lugares distintos, constituye una problemática no vinculada al ejercicio de la acción penal, sino a una cuestión de separación de procesos o de incompetencia del juez para conocer los dos hechos en una sola causa, la misma que debió ser reclamada por el recurrente a través de una excepción de incompetencia y no por medio de una excepción de falta de acción como erróneamente lo hizo.

Consecuentemente, al establecerse que el recurrente utilizó un medio de defensa equivocado para impugnar la actuación del Ministerio Público en el proceso penal seguido en su contra, este Tribunal no puede ingresar al análisis de fondo respecto a la actuación de la fiscal recurrida y al contenido del Auto de Vista 179/2005, de 19 de agosto dictado por los Vocales recurridos, correspondiendo aplicar el caso de improcedencia de amparo por subsidiaridad prevista en la regla 2.a) de la SC 1337/2003-R, de 15 de septiembre.

De lo analizado se concluye que el Tribunal de amparo al haber concedido el recurso, no ha realizado una correcta aplicación del art. 19 de la CPE.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los arts. 19.IV y 120.7ª de la CPE; arts. 7 inc. 8) y 102.V de la LTC, en revisión, resuelve:

1ºREVOCAR la Resolución 031/2005 de 21 de octubre, pronunciada por la Sala Social Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, cursante de fs. 62 a 63 vta.; y, en consecuencia

2ºdeclarar IMPROCEDENTE el recurso planteado, sin costas ni multa por ser excusable.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional

No firma la Decana, Dra. Martha Rojas Álvarez, por encontrarse haciendo uso de su vacación anual.

Fdo. Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas
PRESIDENTA

Fdo. Dr. Artemio Arias Romano
MAGISTRADO

Fdo. Dra. Silvia Salame Farjat
MAGISTRADA

Fdo. Dr. Walter Raña Arana
MAGISTRADO

Fdo. Dr. Felipe Tredinnick Abasto
MAGISTRADO

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