SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0406/2007-R

EXCLUSION PROBTORIA

Sucre, 16 de mayo de 2007

Expediente:2006-13717-28-RAC
Distrito:Santa Cruz
Magistrada Relatora:Dra. Martha Rojas Álvarez

En revisión la Resolución 39/2006 de 4 de abril, cursante de fs. 522 vta. a 523, pronunciada por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del recurso de amparo constitucional interpuesto por Charles Andrés Jackson Barrientos y Luis Miguel Soliz Mendoza contra Zenón E. Rodríguez Zeballos, Juez Décimo de Instrucción en lo Penal del mismo Distrito Judicial, y Ángel Álvarez Banegas, Fiscal de Materia, alegando la vulneración de su derecho a la defensa y de la garantía del debido proceso, reconocidos por el art. 16.II y IV de la Constitución Política del Estado (CPE).



I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido del recurso

I.1.1. Hechos que motivan el recurso


En la demanda presentada el 28 de marzo de 2006, cursante de fs. 282 a 285, los recurrentes aseveran que el “18” de octubre de 2005, fueron notificados con la imputación formal presentada en su contra por el Fiscal recurrido por el delito de homicidio, imponiéndose su detención preventiva el 21 de “agosto” del mismo año, obteniendo su libertad el 14 de diciembre de 2005 bajo medidas sustitutivas.

Señalan que sin respetar ninguna formalidad legal y actuando contra el procedimiento, aparecen en el cuaderno de investigaciones del Fiscal las declaraciones testificales de cargo de Marleni Sagredo Pedrazas y Jorge Rubén Noya Rada, desconociendo si fueron propuestos por la parte querellante, por el Fiscal o por el Investigador asignado al caso; lo que implica, que no se les comunicó sobre la proposición probatoria, ni fueron notificados a objeto de estar presentes en dichas declaraciones, ya que de haberlo hecho hubieran tenido la posibilidad de contrainterrogar a los supuestos testigos. Con ese actuar, sostienen que se les coartó su derecho a la defensa, motivo por el cual el 22 de diciembre de 2005, en la vía incidental, solicitaron la nulidad de las declaraciones, motivando a que el Juez recurrido ordene su traslado; sin embargo, dejó de resolver el incidente en forma indefinida.

El 23 de febrero de 2006, recién pudieron presentar su proposición probatoria de descargo consistente en declaraciones testificales que fueron recibidas, faltando a la fecha por declarar tres ciudadanos para quienes solicitaron día y hora de recepción.

Sin embargo, en plena presentación de sus testigos de descargo y a la espera del incidente de exclusión de pruebas testificales, el 17 de marzo de 2006, el Fiscal recurrido presentó su acusación ante el Juez codemandado, a efectos de su sorteo al Tribunal de Sentencia para la sustanciación del juicio oral; motivo por el cual, el 21 de marzo de 2006, denunciaron dicha actuación ante el Juez correcurrido, solicitando la devolución de la acusación y la ampliación de la etapa preparatoria al límite máximo estatuido por el art. 134 del Código de Procedimiento Penal (CPP); pedido que mereció el Auto de 22 de marzo de 2006, por el cual la autoridad judicial recurrida lo desestimó, argumentando el transcurso de cinco meses de la etapa investigativa y que el hecho de que el Ministerio Público haya presentado el requerimiento conclusivo sin recibir la declaración de los testigos de descargo, no impide que sean presentados en el juicio oral.

En ese sentido, teniendo en cuenta el art. 134 del CPP y la SC 1036/2002-R de 29 de agosto, señalan que la etapa preparatoria se inicia con la notificación de la imputación formal, en el caso de autos el 19 de octubre de 2005, transcurriendo cinco meses hasta la solicitud de rechazo de acusación y ampliación de la etapa preparatoria, de los cuales dos estuvieron detenidos preventivamente, lo que implica que el Fiscal recurrido consideró la etapa preparatoria como aquella en que únicamente el Ministerio Público y la querellante, tienen la facultad de acumular indicios que le permitan fundar la acusación, haciendo abstracción del derecho de los imputados, por cuanto el acto de presentar acusación en el momento en el que los imputados ejercían su defensa, constituye un acto limitativo o atentatorio al derecho a la defensa que incumple el art. 72 del CPP, al negarse a los imputados la oportunidad de realizar actos y diligencias en su favor, cuyo resultado pueda incidir en el requerimiento conclusivo o ser incorporado en el juicio oral. Empero, el Juez recurrido al negar su petición y al no pronunciarse sobre el incidente de nulidad relativo a los testigos de cargo, convalidó la ilegalidad, por lo que interponen el presente recurso.

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados

Los recurrentes alegan la vulneración de su derecho a la defensa y de la garantía del debido proceso, reconocidos por el art. 16.II y IV de la CPE.

I.1.3. Autoridades recurridas y petitorio

De acuerdo a lo expuesto, interponen recurso de amparo constitucional contra Zenón E. Rodríguez Zeballos, Juez Décimo de Instrucción en lo Penal del Distrito Judicial de Santa Cruz, y Ángel Álvarez Banegas, Fiscal de Materia, impetrando se declare “procedente”, por ende, se anule el Auto Interlocutorio de 22 de marzo de 2006; además, se ordene al Juez recurrido disponga la ampliación de la etapa preparatoria, la devolución de la acusación y el respeto de parte del Fiscal del plazo máximo de la etapa preparatoria.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de amparo constitucional


Efectuada la audiencia el 4 de abril de 2006, con la presencia de la parte recurrente, del Fiscal recurrido y de la tercera interesada, en ausencia del Juez correcurrido y del representante del Ministerio Público, conforme consta en el acta cursante de fs. 518 a 522 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación del recurso

Los recurrentes por medio de su abogado reiteraron los extremos contenidos en su demanda, y la ampliaron señalando que el 23 de febrero de 2006, propusieron su prueba testifical, y cuando se recibió la declaración del cuarto testigo el 16 de marzo de 2006, comparecieron al día siguiente para continuar presentando sus testigos, siendo informados de la presentación de la acusación en su contra para su sorteo, por lo que solicitaron al Juez recurrido la ampliación de la etapa preparatoria hasta los seis meses, teniendo en cuenta que en la etapa investigativa, la defensa puede proponer todas las actuaciones y diligencias de descargo que le puedan favorecer, a fin de ser incorporadas al juicio oral y utilizadas en su defensa, habiéndose hecho un uso unilateral de la etapa preparatoria, pues se presentó acusación cuando los imputados se defendían; reiterando que el Juez cautelar no cumplió su función de filtrar todas aquellas pruebas impertinentes y contrarias a los principios procesales.

En uso de la réplica, señalaron que respecto a la falta de recepción de tres declaraciones debe analizarse también la SC 0405/2005-R de 20 de abril, pues sólo se pretende que se respete el límite máximo de los seis meses, al existir tres testigos y un incidente pendiente.

I.2.2. Informe de las autoridades recurridas

El Fiscal recurrido informó en audiencia que el Ministerio Público durante la investigación efectuada ante la denuncia de los delitos presuntos de asesinato y violación, efectuó su tarea conforme el ordenamiento jurídico, desarrollando la investigación y la recepción de pruebas conjuntamente con los investigadores, parte civil, denunciante, querellante y parte imputada.

El 24 de febrero de 2006, la parte imputada ofreció prueba testifical, recibiéndose las declaraciones de cuatro de los cinco testigos ofrecidos, siendo la última del 16 de marzo de 2006, por lo que el 17 del mismo mes y año, formuló la acusación de acuerdo al art. 323 inc. 1) del CPP. Agregó, que en ningún momento coartó el derecho a la defensa, puesto que paralelamente a la acusación presentada ante el Tribunal competente, los recurrentes podían seguir ofreciendo sus declaraciones testificales. Aclaró, que la exclusión probatoria no corresponde al Juez sino debe ser opuesta durante el juicio oral, consideró que los cinco meses es un tiempo prudencial para que el Ministerio Público haya presentado su acusación, por lo que no vulneró ningún derecho o garantía constitucional, habiendo el Ministerio Público obrado conforme el principio de objetividad que rige su actuación, solicitando la improcedencia del recurso.

El Juez correcurrido Zenón E. Rodríguez Zeballos, a fs. 288 y vta., informó que los fundamentos del presente recurso no se adecuan a las normas previstas en el art. 134 del CPP, que claramente señala que la ampliación de la etapa preparatoria sólo podrá ser solicitada por el Ministerio Público en los casos de delitos cometidos por organizaciones criminales, lo que no ocurre en el caso concreto. Por otro lado, señaló que de acuerdo al art. 54 del CPP, el Juez de Instrucción, no tiene la facultad de rechazar las acusaciones, siendo de competencia de los Tribunales de Sentencia.

Agregó que de acuerdo a la SC 1036/2002-R, no está permitido que el fiscal presente imputación y acusación a la vez, en ese caso, el juez debe señalar un plazo prudencial para que el imputado pueda defenderse, considerando cinco meses como suficientes para que los encausados se defiendan y presenten sus descargos, aspecto que no fue tomado en cuenta por los recurrentes; sin soslayar, que no están impedidos de presentar sus pruebas dentro del plazo que les otorga el segundo párrafo del art. 340 del CPP, por lo que no se puede alegar indefensión y menos violación a sus derechos y garantías constitucionales, por lo que solicitó la improcedencia del recurso con las condenaciones de ley.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

El abogado de la tercera interesada, Rosa Carrizo Rengifo, expresó que la causa se tramita desde el 22 de septiembre de 2004, lo que significa que se está a más de dieciocho meses de investigación, habiéndose sufrido el extravió completo de las pruebas, razón por la cual el Fiscal no pudo imputar oportunamente; una vez hecha la reposición, después de casi un año, se hizo la imputación y efectivamente desde esa fecha han transcurrido más de cinco meses; además, que la exclusión probatoria es un incidente que debe ser resuelto por el Tribunal de Sentencia y no por el Juez cautelar, por lo que solicitó se declare improcedente el recurso.

I.2.4. Resolución

La Resolución 39/2006 de 4 de abril, cursante de fs. 522 vta., a 523, denegó la tutela solicitada, sin costas ni multa, con el fundamento de que el art. 134 del CPP establece el plazo máximo de seis meses de la etapa preparatoria, sin que sea un plazo de cumplimiento obligatorio, pues la SC 1036/2002-R de ninguna manera obliga al fiscal a esperar los seis meses, pues entre la “impugnación” y la acusación debe haber un tiempo razonable, como en el presente caso de cinco meses, en el cual las partes aún estando detenidas pueden ejercer su derecho a la defensa.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional


Sorteado el expediente el 8 de enero de 2007, la fecha de vencimiento del plazo para pronunciar Resolución era el 7 de marzo de 2007; sin embargo, por requerir de mayor análisis y amplio estudio, de conformidad a lo establecido en el art. 2 de la Ley 1979 de 24 de mayo de 1999, mediante Acuerdo Jurisdiccional 23/2007 de 7 de marzo, se amplió el plazo procesal para dictar Resolución hasta el 4 de abril del presente año.

Al no haber obtenido el consenso necesario el proyecto presentado por el primer Magistrado Relator, mediante Acuerdo Jurisdiccional 29/07 de 26 de marzo de 2007, se dispuso la realización de un segundo sorteo, efectuándose en la misma fecha, siendo el nuevo término para dictar Resolución el 23 de mayo de 2007.

II. CONCLUSIONES

Luego del análisis de antecedentes, se establecen las conclusiones siguientes:

II.1. Por requerimiento de 3 de octubre de 2005 (fs. 83 a 84 vta.), el Fiscal recurrido imputó formalmente a los recurrentes la presunta comisión del delito de homicidio por la muerte de Irma Carrizo Rengifo acaecida el 21 de septiembre de 2004, solicitando su detención preventiva, siendo notificados los recurrentes el 19 de octubre de 2005 (fs. 88).

II.2. Por Resolución de 21 de octubre de 2005 (fs. 100 a 102), el Juez recurrido dispuso la detención preventiva de los recurrentes.

II.3. El 15 de noviembre de 2005 (fs. 193 a 194), se recibió la declaración de Marleni Sagredo Pedrazas y el 23 de noviembre de 2005 (fs. 195 y vta.), de Jorge Rubén Noya Rada.

II.4. Por Auto de 28 de noviembre de 2005 (fs. 198 vta. a 201), el Juez recurrido dispuso la cesación de la detención preventiva de los recurrentes bajo medidas sustitutivas.

II.5. Por memorial de 22 de diciembre de 2005 (fs. 223 y vta.), los recurrentes, en la vía incidental, solicitaron la exclusión de la etapa preparatoria, las declaraciones de Marleni Sagredo Pedrazas y Jorge Rubén Noya Rada, argumentando que dicha prueba debió ser propuesta a la parte imputada a los efectos de poder formular objeción y contrainterrogatorio. Por decreto de 23 de diciembre de 2005 (fs. 224), el Juez recurrido dispuso el traslado del incidente al Ministerio Público y parte querellante para su contestación en el plazo de tres días, sin cursar en antecedentes resolución.

II.6. Por memorial de 25 de enero de 2006 (fs. 354), los recurrentes impetraron fotocopias legalizadas de las declaraciones de los testigos Marleni Sagredo Pedrazas y Jorge Rubén Noya Rada, cuya extensión fue ordenada al día siguiente (fs. 354 vta.), por el Fiscal recurrido.

II.7. Por memorial de 30 de enero de 2006 (fs. 246), los recurrentes solicitaron la resolución del incidente de nulidad, meriendo el decreto de 31 de enero de 2006 (fs. 246 vta.), que dispuso por última vez su traslado a la parte querellante y al Ministerio Público.

II.8. Por memorial de 23 de febrero de 2006 (fs. 296 y vta.), los recurrentes propusieron prueba de descargo, consistente en declaraciones testificales de siete personas, solicitando día y hora de recepción. El 24 de febrero de 2006 (fs. 297), el Fiscal recurrido tuvo por ofrecidas las testificales ordenando su recepción al asignado al caso, siendo recibidas el 9 (fs. 298 a 303) y 16 de marzo de 2006 las declaraciones de cuatro personas (fs. 304 a 305).

II.9. Por requerimiento conclusivo presentado el 17 de marzo de 2006 (fs. 264 a 272 vta.), el Fiscal recurrido, formuló acusación contra los recurrentes por la presunta comisión de los delitos de asesinato y violación. Por decreto de 18 de marzo de 2006 (fs. 272 vta.), el Juez recurrido ordenó la remisión de obrados ante el Tribunal de Sentencia de turno.

II.10. Por memorial de 21 de marzo de 2006 (fs. 275 y vta.), los recurrentes denunciando indefensión, solicitaron el rechazo de la acusación y la ampliación de la etapa preparatoria a su límite legal, argumentando que el término máximo de la etapa preparatoria vence el 22 de abril de 2006, casi a treinta y un días de esa fecha, estando pendiente de resolución, la nulidad de dos declaraciones testificales de cargo; así como la recepción de las declaraciones de tres testigos de descargo para quienes se tiene solicitado día y hora ante el asignado al caso, por lo que la súbita presentación de la acusación en el momento de estar produciendo prueba de descargo, les coartó su derecho a la defensa.

II.11. Por decreto de 22 de marzo de 2006 (fs. 276), el Juez recurrido, desestimó el pedido al no ser su atribución rechazar una acusación; además, que la ampliación de la etapa preparatoria procede de acuerdo al Código de Procedimiento Penal en casos entre los que no se encuentra la causa. Por otra parte, argumentó que transcurrieron cinco meses desde que los encausados tomaran conocimiento de la imputación, tiempo prudencial y razonable para que los procesados se defiendan con todos los medios y recursos legales. El hecho de que el Ministerio Público haya presentado la acusación sin recibir las declaraciones de los testigos de descargo, no significa que los mismos no puedan declarar o ser ofrecidos como tales en el juicio oral. Además, señaló que tomando en cuenta el estado actual del proceso, los imputados si desean cuestionar alguna prueba de cargo, tienen el recurso legal de la exclusión probatoria en el juicio.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los recurrentes solicitan la tutela de su derecho a la defensa y de la garantía del debido proceso, pues: i) Al haberse recibido declaraciones desconociendo la proposición probatoria y sin que hayan sido notificados para objetarlas o contrainterrogarlas, solicitaron la nulidad de esas declaraciones, sin que el Juez recurrido haya resuelto el incidente; ii) En plena presentación de sus testigos de descargo y a la espera del incidente, el Fiscal correcurrido formuló acusación, por lo que solicitaron al Juez recurrido la devolución del requerimiento conclusivo y la ampliación de la etapa preparatoria al límite máximo previsto por el art. 134 del CPP; pedido, que fue desestimado por la autoridad judicial argumentando el transcurso de cinco meses de la investigación -sin considerar que estuvieron detenidos preventivamente dos meses-, y que la falta de recepción de la prueba testifical ofrecida no impedía que sea presentada en juicio oral. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos de los derechos fundamentales de los recurrentes a fin de otorgar o negar la tutela solicitada.

III.1. En principio para dilucidar adecuadamente la problemática planteada, corresponde precisar algunos aspectos relativos a la etapa preparatoria del proceso penal regulada por el Código de Procedimiento Penal.

III.1.1. Finalidad de la etapa preparatoria

Respecto a esta temática es menester recordar que la SC 1036/2002-R de 29 de agosto, al referirse al proceso penal y a las etapas que lo conforman, señaló: “El proceso consiste en una progresiva y continuada secuencia de actos. Así, el Código procesal vigente, al igual que sus similares aludidos, con diversos matices configuran el procedimiento ordinario del juicio penal en tres partes, a saber: 1) La Etapa Preparatoria; 2) La Etapa Intermedia y 3) El juicio propiamente dicho (oral y público). A su vez, cada Etapa está integrada por subetapas o fases claramente marcadas, cumpliendo cada una de ellas una finalidad específica dentro de la genérica que todas ellas tienen en su conjunto. Así, la Etapa Preparatoria, que es la que nos interesa analizar por su pertinencia, se halla integrada por tres fases: 1) Actos iniciales; 2) Desarrollo de la etapa preparatoria y, 3) Conclusión de la etapa preparatoria.

1) La primera fase, es decir, los actos iniciales o de la investigación preliminar, (art. 284 y siguientes del CPP), comienza con la denuncia, querella o con la noticia fehaciente que reciben las autoridades llamadas por ley (Policía-Fiscalía), sobre la comisión de un delito.

2) La segunda fase, esto es, el desarrollo de la etapa preparatoria, empieza con la imputación formal (art. 301 inc. 1) y 302 del CPP), y representa el inicio del proceso penal. Los supuestos 2), 3) y 4), que acoge el art. 301 no hacen al desarrollo de la Etapa Preparatoria, pues son opciones alternativas a la imputación formal.

3) La tercera fase se denomina conclusión de la etapa preparatoria, y está constituida por los 'actos conclusivos', entre los cuales se encuentra la presentación de la acusación por el fiscal al juez o presidente del Tribunal (art. 323 del CPP)”.

Esto significa que el proceso penal boliviano se encuentra dividido en etapas, constituyendo la primera la denominada preparatoria que de acuerdo al art. 277 del CPP, tiene la finalidad de preparar el juicio oral y público a través de la recolección de todos los elementos que permitan al Ministerio Público y a la parte querellante fundar una eventual acusación, y desde la situación del propio imputado para fundar su defensa, de modo que tenga la oportunidad durante su desarrollo de proponer todo acto o diligencia a su favor en ejercicio de sus derechos en los alcances previstos por el art. 84 del CPP, cuyos resultados pueda posteriormente incorporarlos a través de los medios de prueba reconocidos por el Código de Procedimiento Penal, durante la práctica probatoria en la sustanciación del juicio.

En ese sentido, la etapa preparatoria es esencialmente investigativa, y se halla bajo la dirección funcional del Ministerio Público de acuerdo a los arts. 69 tercer párrafo y 297 del CPP y 76 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP); y el control jurisdiccional del juez de instrucción de acuerdo a los arts. 54 inc. 1) y 279 del CPP; etapa en la cual: la Fiscalía, la parte querellante y el imputado, pueden proponer y desarrollar una serie de diligencias encaminadas a obtener elementos que sólo tienen un valor informativo que en su momento, puedan servir de fundamento de la acusación, y en su caso de la propia defensa para alegar durante el desarrollo del juicio la concurrencia de las situaciones previstas en el art. 363 incs. 1) y 2) del CPP fundamentalmente, lo que implica que esta etapa investigativa no es probatoria, teniendo en cuenta que la proposición, la recepción y la valoración de la prueba, que constituyen los momentos de la actividad probatoria, se desarrollarán durante el juicio oral, público, continuo y contradictorio. En ese sentido, la SC 0103/2004-R de 21 de enero, señaló: “(…) el nuevo sistema de investigación no tiene carácter probatorio, esto es, que todos los actos que durante él se desarrollen, y que de algún modo pueden contribuir al esclarecimiento del caso, sólo tienen un valor informativo para quienes llevan adelante la persecución, pero no se constituirán en elementos de prueba susceptibles de ser valorados en la sentencia, en tanto no sean producidos en el juicio oral, en las formas que el Código de Procedimiento Penal establece, salvo las excepciones previstas por el art. 333 incs. 1) y 3) del CPP, entre las que puede encontrarse la prueba pericial, cuando ha sido solicitada por el fiscal o cualquiera de las partes, y ha sido recibida conforme a las reglas del anticipo de prueba (art. 307 del CPP). Así por ejemplo, la declaración de un testigo ante el Ministerio Público le permite a los fiscales contar con información importante para formar su convicción acerca del caso y para recopilar nuevos antecedentes respecto del mismo, pero esa declaración no tienen ningún valor probatorio mientras el testigo no comparezca al juicio oral y la preste nuevamente en conformidad a las reglas que regulan tal etapa del procedimiento” (Las negrillas son nuestras).

III.1.2. Exclusión probatoria durante la etapa preparatoria

Precisada la finalidad de la etapa preparatoria, y a partir del criterio de que la misma de ningún modo tiene carácter probatorio, corresponde analizar si durante la etapa investigativa, el juez de instrucción en ejercicio de la competencia reconocida por el art. 54 incs. 1) y 2) del CPP, puede resolver un incidente de exclusión probatoria. El análisis debe partir del art. 167 del CPP que señala que no podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y el Código de Procedimiento Penal, salvo que el defecto pueda ser subsanado o convalidado; disposición, que se halla vinculada con el principio de libertad probatoria reconocido por el art. 171 del CPP que señala: “El juez admitirá como medios de prueba todos los elementos lícitos de convicción que puedan conducir al conocimiento de la verdad histórica del hecho, de la responsabilidad y de la personalidad del imputado (…)”, queda claro, que en un Estado de Derecho, como el caso de Bolivia, este principio de ningún modo es absoluto, pues en consideración a la necesidad de resguardar los derechos fundamentales y mantener la integridad de la administración de justicia, no puede concebirse que la investigación de la verdad se desarrolle bajo cualquier condición; al contrario, a fin de proteger a quien se halla sometido a un proceso frente a las instituciones, es necesario que la Fiscalía y los Tribunales de justicia actúen conforme a las reglas establecidas en las normas legales.

Por ese motivo, el art. 172 del CPP, establece: “Carecerán de toda eficacia probatoria los actos que vulneren derechos y garantías consagradas en la Constitución Política del Estado, en las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes, este Código y otras leyes de la república, así como la prueba obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito”. La disposición continúa: “Tampoco tendrán eficacia probatoria los medios de prueba incorporados al proceso sin observar las formalidades previstas en este Código”. Además, es menester señalar, que la exclusión probatoria tiene como fundamento el hecho de que el otorgar valor al resultado de un delito y apoyar sobre él una sentencia judicial, no sólo es contradictorio con el reproche formulado, sino que compromete la buena administración de justicia al pretender constituirla en beneficiaria del hecho ilícito.

Efectuadas esas consideraciones doctrinales y normativas, partimos del ejemplo de que durante la investigación preliminar se procedió al allanamiento de un domicilio sin ninguna orden judicial y se procedió al secuestro de algunos instrumentos vinculados al delito; a partir de ese supuesto, se tiene que durante la etapa preparatoria, el juez de instrucción, puede encontrarse en situaciones en las que debe adoptar una decisión en base a los fundamentos y elementos ofrecidos por las partes; así, el fiscal solicita la aplicación de una detención preventiva argumentando la concurrencia del requisito previsto por el art. 233 inc. 1) del CPP, ofreciendo los objetos secuestrados, o en su caso solicita la aplicación del procedimiento abreviado, con similar ofrecimiento a efectos de acreditar la existencia del hecho; como quiera que el juez de instrucción debe adoptar una decisión, en ambas situaciones, está en la obligación de velar que el secuestro de los objetos -si fueron ofrecidos en la audiencia cautelar o junto al requerimiento de aplicación de la salida alternativa- no se haya originado en actos contrarios en las normas legales, en cumplimiento del art. 167 del CPP; esto implica, que la única oportunidad en la que el juez de instrucción puede considerar la legalidad o ilegalidad de un acto relativo a la recolección de elementos, es cuando deba fundar su decisión en él.

En los demás casos, si el imputado considera que algún elemento ha sido recolectado durante la investigación, en forma contraria a sus derechos y garantías o a las formas previstas por ley, cuyo resultado pueda fundar una acusación fiscal o particular, deberá ser observada a través del incidente de exclusión probatoria, cuando se pretenda su judicialización o incorporación en el juicio oral y público, teniendo en cuenta que es el juicio donde se realiza efectivamente la actividad probatoria de las partes; de modo, que será el juez o el tribunal de sentencia según su competencia, el que resuelva ese incidente. Siguiendo el ejemplo planteado, en el caso de que los objetos secuestrados no hayan sido ofrecidos para sostener la solicitud de detención preventiva, el imputado no podrá oponer aisladamente su exclusión probatoria durante la investigación, sino deberá esperar la etapa del juicio, siempre y cuando hayan sido ofrecidos en la acusación y se pretenda su introducción a juicio.

III.1.3. Inicio y duración de la etapa preparatoria

Respecto a esta temática este Tribunal Constitucional en la citada SC 1036/2002-R, ha declarado que:“(...) aunque la ley no lo diga claramente, el proceso penal se inicia con la imputación formal, a partir de la cual corre el término de los seis meses de duración de la Etapa Preparatoria establecida por el párrafo primero del art. 134 del CPP, cuando textualmente dice: 'La etapa preparatoria deberá finalizar en el plazo máximo de seis meses de iniciado el proceso'.

Consecuentemente, dado el carácter público del proceso, el cómputo de los seis meses previstos por el art. 134 del CPP para el desarrollo de la Etapa Preparatoria, empieza a partir de que el Juez cautelar pone en conocimiento del encausado la imputación formal, siendo éste el actuado jurisdiccional que marca el inicio del proceso penal, y a partir de ahí, se tiene un término máximo de seis meses para presentar la acusación, ampliable únicamente en el supuesto establecido por el segundo párrafo del art. 134 del CPP; sin que esto quiera decir que la extinción opere ipso facto, como lo ha entendido la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional en las SSCC 0764/2002-R y 0895/2002-R; pues deben desarrollarse las formalidades establecidas por el mismo artículo 134 del CPP”.

Es preciso puntualizar que el término de los seis meses previsto para el desarrollo de la etapa preparatoria es un plazo máximo, conforme ha determinado la subregla establecida en la SC 0103/2004-R referida anteriormente, al señalar: “(...) el plazo de los seis meses previsto por el art. 134 del CPP es un plazo máximo, lo que significa que el Fiscal puede antes de su vencimiento presentar la acusación formal si estima que la investigación proporcionó fundamentos para el enjuiciamiento del imputado, decretar el sobreseimiento o requerir ante el juez de instrucción, la suspensión condicional del proceso, la aplicación de un procedimiento abreviado, de un criterio de oportunidad o que se promueva la conciliación” (Las negrillas son nuestras).

Conforme a la jurisprudencia glosada, la etapa preparatoria puede concluir antes del plazo máximo previsto en el art. 134 del CPP, de acuerdo a la simplicidad del caso, el número de imputados o avances de la investigación, siempre que ello no implique restringir la facultad de las partes a ofrecer elementos probatorios que permitan a los fiscales contar con la información necesaria para formar convicción y, en su caso presentar la acusación correspondiente.

Corresponde aclarar que la acusación tampoco puede ser presentada a escasos días de la notificación al imputado con la imputación formal, conforme determinó la ya citada SC 1036/2002-R, que expresó: “Que, de otro lado, debe tenerse presente que, conforme a los principios de igualdad (art. 12 del CPP), el Fiscal no puede emitir acusación de manera simultánea a la imputación formal o próxima a ésta, sino que debe existir un lapso de tiempo razonable entre la imputación formal y la acusación, que posibilite al imputado ejercer ampliamente su derecho a la defensa. Dicho término debe ser fijado por el Juez cautelar, y puede ser ampliado, en su caso, a petición de las partes, pero nunca más allá del límite de tiempo fijado para la Etapa Preparatoria” (Las negrillas son nuestras). Entendimiento que ha sido el pilar para una firme línea constitucional constituida por las SSCC 1262/2002-R, 1481/2002-R, entre otras.

III.2. Los defectos de procedimiento y su relevancia constitucional

Otra temática que debe ser mencionada, es la relativa a la relevancia constitucional de los errores o defectos de procedimiento; sobre el particular, la SC 0995/2004-R de 29 de junio, señaló que: “(…) los errores o defectos de procedimiento que materialmente no lesionan derechos y garantías fundamentales no tienen relevancia constitucional y por lo mismo, no son susceptibles de corrección por la vía del amparo, a menos que concurran necesariamente, los presupuestos jurídicos que se detallan a continuación: a) cuando el error o defecto procedimental en el que incurra el juez o tribunal, provoque una lesión evidente del debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; b) los errores o defectos procedimentales que ocasionan una indefensión material en una de las partes que interviene en el proceso judicial, impidiéndole toda posibilidad de que pueda hacer valer sus pretensiones, alegando, contrastando o probando; y c) esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados”.

En similar sentido, la SC 1262/2004-R de 10 de agosto, estableció que los errores o defectos de procedimiento adquieren relevancia constitucional cuando: “(...) provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión judicial adoptada en el proceso judicial, de manera tal que de no haberse producido dicho defecto el resultado sería otro; pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión objetada por los errores procesales, pues en este último caso se produciría un resultado adverso al sentido y esencia de la garantía al derecho del debido proceso, ya que simplemente demoraría la sustanciación del proceso judicial para llegar al mismo resultado”.

III.3. Caso analizado

III.3.1. Sobre la falta de resolución del incidente de exclusión de declaraciones.


En la problemática planteada se tiene de los antecedentes que informan el cuaderno procesal, que por requerimiento de 3 de octubre de 2005, el Fiscal recurrido imputó formalmente a los recurrentes la presunta comisión del delito de homicidio, recibiéndose durante la etapa preparatoria las declaraciones de Marleni Sagredo Pedrazas y de Jorge Rubén Noya Rada; en cuyo mérito, el 22 de diciembre de 2005, los recurrentes, en la vía incidental, solicitaron la exclusión de esas declaraciones, argumentando que dicha prueba debió ser propuesta a la parte imputada a los efectos de poder formular objeción y contrainterrogatorio; este pedido, mereció el decreto de 23 de diciembre de 2005, por el cual el Juez recurrido dispuso el traslado del incidente al Ministerio Público y parte querellante para su contestación en el plazo de tres días, sin cursar en antecedentes resolución que hubiese resuelto el incidente.

En ese sentido, los recurrentes denuncian a través del presente recurso de amparo constitucional, que la autoridad judicial recurrida vulneró su derecho a la defensa y la garantía del debido proceso, al no haber resuelto el referido incidente; sin embargo, teniendo en cuenta la finalidad de la etapa preparatoria y las atribuciones que tiene el juez cautelar, se concluye que si bien la autoridad judicial recurrida no se pronunció respecto al incidente, esa omisión no tiene relevancia constitucional, teniendo en cuenta, que de acuerdo a los antecedentes fácticos, en ningún caso el incidente hubiere prosperado y beneficiado a los intereses de los recurrentes, pues el contenido de esas declaraciones no iban a fundar ninguna decisión del Juez de Instrucción o cautelar, por lo que el incidente debe ser interpuesto ante al Tribunal de Sentencia que conozca del juicio oral y público, en el cual, los recurrentes bajo los principios de contradicción e inmediación, tendrán la posibilidad de examinar las declaraciones de los testigos que prestaron información durante la investigación, claro está siempre y cuando sean propuestos en la fase esencial del proceso; es más, no puede obviarse, que incluso ante la solicitud de los recurrentes, el 26 de enero de 2006, el Fiscal autorizó la extensión de fotocopias legalizadas de las declaraciones, lo que sin duda garantiza que los recurrentes asuman conocimiento de su contenido para en su caso delinear su estrategia en el juicio.

III.3.2. Sobre la presentación de la acusación

Por último, respecto a la presentación del requerimiento conclusivo de acusación, se tiene que el 19 de octubre de 2005, se notificó a los recurrentes con la imputación formal, momento a partir del cual se inició el cómputo del plazo máximo previsto para la etapa preparatoria, habiendo los imputados, por memorial de 23 de febrero de 2006, propuesto las declaraciones de siete personas, recibiéndose la declaración de cuatro de ellas el 9 y 16 de marzo de 2006, quedando pendiente la recepción de tres declaraciones; sin embargo, el 17 de marzo de 2006, cinco meses después de la notificación con la imputación, el Fiscal recurrido, formuló acusación contra los recurrentes por la presunta comisión de los delitos de asesinato y violación.

De acuerdo a lo relatado, se evidencia que el fiscal efectivamente presentó la acusación antes del vencimiento del plazo máximo previsto por el art. 134 del CPP, lo que de acuerdo a lo sostenido en el punto III.1.3 es posible siempre que no se restrinja la facultad de las partes a ofrecer elementos probatorios que permitan a los fiscales contar con la información necesaria para formar convicción y, en su caso presentar acusación.

En el caso analizado, si bien el Fiscal, conforme a lo sostenido precedentemente, debió esperar a que las declaraciones testificales sean recibidas en su integridad, tomando en cuenta que el plazo de los seis meses previsto por el procedimiento penal no había concluido; empero, se constata que ese defecto de procedimiento, en el supuesto concreto, carece de relevancia constitucional; toda vez que, en el marco de la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia, los recurrentes no han demostrado que esa infracción procedimental sea determinante para la decisión asumida por el Fiscal, de manera tal que de no haberse producido esa infracción el Fiscal ahora recurrido no habría presentado el requerimiento conclusivo de acusación, en el cual, esa autoridad hace una relación de los diferentes elementos probatorios compulsados.

En efecto, de acuerdo a la jurisprudencia contenida en la SC 0965/2006-R de 2 de octubre, para que el Tribunal pueda analizar la valoración de la prueba efectuada por el juez o, es este caso, el Fiscal, y determinar si la omisión en su producción y consideración tiene relevancia constitucional, el recurrente debe necesariamente establecer: “(…) en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada; puesto que resulta insuficiente, para la viabilidad del recurso de amparo, la mera relación de hechos; porque sólo en la medida en que el recurrente exprese adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos, la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación, que amerita este tema de revisión excepcional de la labor de la valoración de la prueba realizada por la jurisdicción ordinaria; máxime si se tiene en cuenta que el art. 97 de la LTC, ha previsto como un requisito de contenido, el exponer con precisión y claridad los hechos que le sirvan de fundamento y precisar los derechos o garantías que se consideren restringidos, suprimidos o amenazados, señalando en qué consiste la restricción o supresión.

Es de advertir, que esta última exigencia de acreditación de la relevancia de la prueba denegada, o de la prueba valorada irrazonable o inequitativamente, se proyecta en un doble plano: por un lado, el recurrente debe demostrar la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas o no practicadas, o en su caso de la interpretación discrecional o arbitraria de la prueba practicada; y, por otro lado, debe argumentar el modo en que la admisión y la práctica de la prueba objeto de la controversia, habrían podido tener una incidencia favorable a la estimación de sus pretensiones; sólo en tal caso -comprobada que la decisión final- pudo, tal vez, haber sido otra si la prueba se hubiera practicado o hubiese sido valorada conforme a derecho dentro de un marco de razonabilidad, podrá apreciarse también el menoscabo efectivo del derecho fundamental invocado de quien por este motivo solicita el amparo constitucional” (las negrillas son nuestras).

Exigencias jurisprudenciales que no se han cumplido en el caso analizado, ya que los recurrentes se limitaron a señalar que en plena presentación de sus testigos de descargo, cuando ejercían su derecho a la defensa, el Fiscal recurrido presentó su acusación, lo que constituye un acto limitativo o antentatorio al derecho a la defensa que incumple el art. 72 del CPP, al negarse a los imputados la oportunidad de realizar actos y diligencias en su favor, cuyo resultado pueda incidir en el requerimiento conclusivo o ser incorporado en el juicio oral.

Sin embargo, los recurrentes no explicaron de qué manera esas declaraciones incidirían en el requerimiento conclusivo presentado por el Fiscal; es decir, no justificaron la relevancia constitucional de la infracción procedimental que denuncian, lo que impide que este Tribunal aprecie el menoscabo efectivo del derecho fundamental invocado por los recurrentes.

A lo señalado debe agregarse que los recurrentes, de conformidad a lo establecido en el art. 340 del CPP, podrán ofrecer sus pruebas de descargo, entre ellas, las declaraciones testificales que estimaren convenientes, ejercitando ampliamente su derecho a la defensa.

Por otra parte, se debe considerar que la etapa preparatoria fue desarrollada en un tiempo razonable, cinco meses, en el que los recurrentes pudieron ejercer ampliamente su derecho a la defensa; aclarándose que en la problemática presente no es aplicable la SC 0405/2005-R, invocada por los recurrentes, ya que en el caso resuelto por la referida Sentencia, entre la imputación y la acusación transcurrieron sólo cuarenta días.

Consecuentemente, el Fiscal recurrido al presentar su acusación el 17 de marzo de 2006, y el Juez correcurrido al desestimar por decreto de 22 del mismo mes y año la solicitud de los recurrentes de disponer la devolución del requerimiento conclusivo y de ampliar la etapa preparatoria por el límite máximo, no incurrieron en ningún acto ilegal que amerite la tutela prevista por el art. 19 de la CPE.

Por lo expuesto, el Tribunal de amparo al haber denegado el recurso, ha valorado correctamente los hechos e interpretado adecuadamente los alcances del art. 19 de la CPE.



POR TANTO

El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 19.IV y 120.7ª de la CPE; arts. 7 inc. 8) y 102.V de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión, resuelve APROBAR la Resolución 39/2006 de 4 de abril, cursante de fs. 522 vta., a 523, pronunciada por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional.

No interviene la Presidenta, Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas, por encontrarse haciendo uso de su vacación anual. Asimismo se hace constar que la Magistrada, Silvia Salame Farjat, formulará aclaración de voto.

Fdo. Dra. Martha Rojas Álvarez
PRESIDENTA EN EJERCICO

Fdo. Dr. Artemio Arias Romano
magistrado

Fdo. Dra. Silvia Salame Farjat
MagistradA

Fdo. Dr. Walter
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